STC13255-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13255-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03328-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por David Arnoldo Salazar Rodriguez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Sexto de Familia de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene al Tribunal \u00abdictar la providencia correspondiente reconociendo que el leasing s\u00ed genera derechos en cabeza de las partes\u00bb. De manera subsidiaria, solicit\u00f3 que se ordene al juzgado convocado \u00abresolver lo pertinente sobre el decreto de la prueba del contrato de leasing\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. David Arnoldo Salazar Rodriguez promovi\u00f3 acci\u00f3n de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra Ver\u00f3nica del Pilar Flores Sep\u00falveda. <\/p>\n
2.2. Admitido el libelo y notificada la enjuiciada, se adelant\u00f3 diligencia de inventarios y aval\u00faos, en la que el actor relacion\u00f3, como activo de la sociedad conyugal, \u00abel 100% de los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble\u2026 identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No.040-80150\u00bb, partida que avalu\u00f3 en $596\u2019145.000; mientras que la demandada incluy\u00f3 el mismo bien, pero precis\u00f3 que limitaba el aporte al \u00ab70% del contrato de leasing\u00bb, avalu\u00e1ndolo en $459.741.555. <\/p>\n
2.3. Adelantada la prenotada audiencia, en la que se formularon objeciones a los inventarios y aval\u00faos presentados, el 17 de mayo de 2022, el juzgado accionado resolvi\u00f3 las referidas objeciones, excluyendo \u00abdel activo social la partida primera correspondiente al inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 040-80150\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con providencia del 12 de septiembre pasado. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juzgado accionado \u00abexcluy\u00f3 los derechos derivados del contrato de leasing del bien inmueble aduciendo que el contrato\u2026. no fue anexado como prueba por ninguna de las partes\u00bb, dejando de valorar el \u00abhist\u00f3rico de pagos\u2026 donde figuran canceladas todas las cuotas del referido contrato de leasing, con lo cual estar\u00eda \u00fanicamente pendiente de cancelar la opci\u00f3n de compra\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que los falladores accionados desconocieron que la demandada \u00abconsinti\u00f3 y no objet\u00f3 en ning\u00fan momento, ni el activo ni el valor monetario dado al contrato de leasing, dejando sentado que, lo \u00fanico que quedaba pendiente por cancelar era la opci\u00f3n de compra\u00bb; y que el ad quem convocado \u00abtuvo como causa para la exclusi\u00f3n de los derechos derivados del contrato de leasing, el hecho de que la propiedad no apareciera en cabeza de ninguno de los c\u00f3nyuges\u00bb, sin tener en cuenta que \u00ablo perseguido eran las acciones o derechos\u2026 derivados de dicho contrato y no el bien en s\u00ed mismo\u00bb. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que no se tuvo en cuenta que en el decurso procesal se demostr\u00f3 que \u00ablas cuotas del leasing fueron canceladas \u00edntegramente con dineros gananciales y durante la vigencia de la sociedad conyugal, no quedando ninguna pendiente\u00bb, por lo que \u00abse [consolid\u00f3] en cabeza de la locataria\u2026, Ver\u00f3nica del Pilar Fl\u00f3rez Sep\u00falveda, derecho patrimonial de contenido econ\u00f3mico, tal como el derecho de opci\u00f3n de compra\u00bb, que debi\u00f3 ser incluido dentro de los inventarios y aval\u00faos efectuados en el tr\u00e1mite acusado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el proceso criticado. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla manifest\u00f3 que, \u00abal momento de proferirse el auto de\u2026 septiembre 12 de 2022, y en relaci\u00f3n con la exclusi\u00f3n del bien situado en la Calle 92 No. 42B1-97 de esta ciudad, este inmueble es de propiedad de Davivienda, por lo que como tal no hace parte de la sociedad conyugal Salazar \u2013 Fl\u00f3rez\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De entrada, ha de precisarse que el estudio que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo de 12 de septiembre de 2022, que resolvi\u00f3 las apelaciones que se formularon frente al dictado el 17 de mayo de esta anualidad, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate suscitado en torno a la inclusi\u00f3n de los derechos derivados del contrato de leasing celebrado respecto del bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No.040-80150, en los inventarios y aval\u00faos confeccionados en el juicio criticado. <\/p>\n
3. En ese orden de ideas, ha de resaltarse que en los precisos casos en los cuales el funcionario judicial incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.1. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque al resolver sobre la inclusi\u00f3n de los derechos derivados del contrato de leasing en el activo de la sociedad conyugal a liquidar, desconoci\u00f3 lo que aconteci\u00f3 en el proceso cuestionado, pues las diligencias daban cuenta de la existencia de dicho cr\u00e9dito, as\u00ed como de su aval\u00fao, limit\u00e1ndose el desacuerdo de las partes al porcentaje por el cual deb\u00eda inventariarse dicho activo. <\/p>\n
3.2. En efecto, para desestimar la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el demandante contra el prove\u00eddo de 17 de mayo de 2022, espec\u00edficamente, frente a la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la inclusi\u00f3n del prenotado activo (derechos derivados del contrato de leasing), el ad quem cuestionado precis\u00f3 que: <\/p>\n
Primer reparo de la parte demandante: Se opone a la exclusi\u00f3n del bien inmueble identificado con Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 040-80150, en tanto el despacho consider\u00f3 que no se encontraba acreditada la existencia del contrato de leasing. <\/p>\n
Es de destacar, que si bien la Juez A-quo, para excluir el bien inmueble en menci\u00f3n, a la vez se\u00f1al\u00f3 que lo hac\u00eda por cuanto, el bien no se encuentra en cabeza de ninguno de los exc\u00f3nyuges. <\/p>\n
Al respecto, se tiene que dentro del expediente aparece el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-80150, del cual se desprende de la \u00faltima anotaci\u00f3n No. 25 de fecha 9 de marzo de 2005, el registro de la Escritura P\u00fablica No. 0527 del 8 de marzo de 2005, de la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo Notarial de Barranquilla, que contiene el contrato de compraventa celebrado entre\u2026 Quintero P\u00e9rez Luis Eduardo y Banco Davivienda SA, con lo cual se demuestra que efectivamente, el inmueble situado en la Calle 92 No. 42B1-97, de esta ciudad, se encuentra en cabeza de la entidad Davivienda S.A. <\/p>\n
El art\u00edculo 1781 del C.C. se\u00f1ala en el numeral 5\u00b0, que hacen parte de la sociedad conyugal los bienes adquiridos por cualquiera de los c\u00f3nyuges, durante el matrimonio a t\u00edtulo oneroso, y en el caso que nos ocupa, el inmueble en menci\u00f3n no fue adquirido por alguno de los exc\u00f3nyuges, siendo su actual propietario desde el 9 de marzo de 2005, la entidad Davivienda SA, por tanto, dicho bien no puede incluirse como activo de la sociedad conyugal Salazar \u2013 Fl\u00f3rez. <\/p>\n
En cuanto a la inclusi\u00f3n como activo de la sociedad conyugal los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble ubicado en la Calle 92 No. 42B1-97 de esta ciudad, es de tener en cuenta el Decreto 1787 de 2004\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Las partes aceptan expresamente que sobre el inmueble situado en la Calle 92 No. 42B1-97 de esta ciudad, existe un contrato de leasing habitacional, dentro del cual aparece como locataria\u2026 Ver\u00f3nica Fl\u00f3rez Sep\u00falveda, o sea, que es en la actualidad una tenedora de dicho inmueble. <\/p>\n
Si bien de acuerdo a ese contrato\u2026, Ver\u00f3nica Fl\u00f3rez Sep\u00falveda, tiene a su disposici\u00f3n la opci\u00f3n de comprarlo al finalizar el contrato, previo el pago de una suma de dinero, s\u00f3lo ser\u00e1 propietaria cuando se cancele el \u00faltimo canon de arriendo y el valor de la opci\u00f3n de compra, mientras ello no ocurra, ostenta \u00fanicamente la calidad de tenedora del inmueble, y como tal no tiene derecho alguno sobre el inmueble que sea materia de esta diligencia de inventarios y aval\u00faos, razones suficientes para confirmar la decisi\u00f3n en este sentido.- <\/p>\n
De acuerdo con lo antes trascrito, evidente es que el Colegiado accionado consider\u00f3 que no era posible inventariar, como activo de la sociedad conyugal, el \u00abinmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-80150\u00bb, porque, de un lado, la propiedad de dicho bien no estaba en cabeza de ninguno de los exc\u00f3nyuges y, por otra parte, por cuanto si bien sobre el referido predio exist\u00eda un contrato de leasing, en el que fung\u00eda como locataria la demandada, lo cierto es que, en virtud de dicho acto jur\u00eddico, ella ostentaba la tenencia del bien, lo que no le daba \u00abderecho alguno sobre el inmueble\u00bb. <\/p>\n
3.3. Luego, evidente es el yerro en el que incurri\u00f3 el Tribunal al concluir que lo perseguido por el demandante era la inclusi\u00f3n del referido bien ra\u00edz en los inventarios y aval\u00faos del proceso liquidatorio, pues lo cierto es que lo inventariado por aquel e, incluso, por su contraparte, eran los derechos derivados del contrato de leasing que pesaba sobre el inmueble. <\/p>\n
Ciertamente, revisadas las copias del expediente contentivo del juicio criticado, verifica la Sala que, ambas partes, en los inventarios y aval\u00faos que presentaron, relacionaron como activo de la sucesi\u00f3n los referidos derechos, conforme consta en los archivos digitales denominados \u00ab14InventariosYAvaluos.pdf1\u00bb y \u00ab15InventarioAvaluosDemandada.pdf2\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, se verifica que, en la audiencia de 31 de marzo de 2022, en la que se presentaron los referidos inventarios y aval\u00faos (archivo \u00ab16AudeinciaInicial.mp4\u00bb), las partes acordaron que el aval\u00fao del referido cr\u00e9dito ser\u00eda $524\u2019941.000 (minuto 38:40 y siguientes de la referida diligencia), centrando su contienda en el porcentaje de la inclusi\u00f3n, pues el actor esgrimi\u00f3 que deb\u00eda inventariarse el 100% de los referidos derechos, mientras que la enjuiciada limit\u00f3 el aporte al 70%. <\/p>\n
Entonces, evidente es que lo inventariado por las partes en el asunto criticado era un cr\u00e9dito, cuya existencia fue reconocida por los contendientes, as\u00ed como tambi\u00e9n su aval\u00fao, por lo que no era necesaria una prueba adicional para acreditarlo, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, lo \u00fanico controvertido era el porcentaje en el cual deb\u00eda incluirse dicho activo, aspecto que, valga anotar, no fue resuelto por los falladores accionados. <\/p>\n
En otras palabras, no era procedente la exclusi\u00f3n de los inventarios y aval\u00faos del citado cr\u00e9dito, pues su existencia estaba demostrada en el juicio criticado, con las manifestaciones que hicieron las partes, sin que se requiriera de una prueba adicional para esos efectos. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, indiscutible es que el estrado criticado incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, al resolver la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente a la decisi\u00f3n que excluy\u00f3 el mencionado activo (derechos derivados del contrato de leasing), toda vez que desconoci\u00f3 que lo inventariado era un derecho de cr\u00e9dito (no un inmueble), cuya existencia estaba plenamente demostrada en el plenario, quedando \u00fanicamente por resolver lo atinente al porcentaje en el cual deb\u00eda hacerse la inclusi\u00f3n (100% o 70%). <\/p>\n
Sobre la procedencia del resguardo, en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, dicte la decisi\u00f3n que corresponda, en la que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado (radicaci\u00f3n 08001-31-10-006-2018-00320), deje sin efecto la providencia de 12 de septiembre de 2022, mediante la cual resolvi\u00f3 la alzada formulada contra la dictada el 17 de mayo de estas mismas, as\u00ed como tambi\u00e9n todas las actuaciones que de dicha determinaci\u00f3n se desprendieron, espec\u00edficamente, en lo tocante a la inclusi\u00f3n en el activo de los derechos derivados del contrato de leasing celebrado respecto del bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No.040-80150. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, contado desde la misma data, emita una nueva decisi\u00f3n en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda env\u00edesele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Ordenar al Juzgado Sexto de Familia de Barranquilla, remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anterior. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. Para efectos del cumplimiento de la orden de amparo, rem\u00edtaseles a las autoridades accionadas copia de esta providencia. <\/p>\n
Las sedes judiciales querelladas informar\u00e1n a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En dicho documento el demandante incluyo como activo de la sociedad conyugal \u00abEl 100% de los derechos sobre el contrato de leasing del bien inmueble ubicado en Calle 92 No.42B1-97 Urbanizaci\u00f3n la Cumbre Barranquilla. Identificado con la matricula inmobiliaria No.040-80150\u00bb (negrillas por la Sala). <\/p>\n
2\u0002 Por su parte, la enjuiciada inventari\u00f3, en el activo de la prenotada sociedad de bienes, el \u00ab70% del Contrato de Leasing sobre Inmueble ubicado en la Carrera 92 No. 42B 197 identificado con Matricula inmobiliaria numero 040 80150\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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