STC13259-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13259-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2022-00505-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que neg\u00f3, por improcedente, el amparo implorado por Luis Oderiz Rivera Moreno contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad Bello, Antioquia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Ruth Margarita Betancourt Montoya. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y petici\u00f3n, presuntamente conculcados por la autoridad judicial cuestionada en el ejecutivo de radicado 2021-00023. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ruth Margarita Betancourt Montoya promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario de mayor cuant\u00eda en contra del tutelante, con el prop\u00f3sito cobrar una letra de cambio y de hacer efectiva la garant\u00eda real constituida sobre el 50% del derecho real de dominio com\u00fan y proindiviso que tiene el demandado sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 012-585001. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 11 de marzo de 20212 y el 14 de agosto siguiente orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, as\u00ed como el remate del referido bien3, decisi\u00f3n \u00faltima que no fue objeto de reproche. <\/p>\n
2.3. El 12 de mayo de 2022, esa autoridad judicial fij\u00f3 como fecha para llevar a cabo el remate del bien el 29 de junio siguiente y determin\u00f3 como base para hacer postura el 70% del aval\u00fao del derecho de propiedad del demandado sobre la heredad objeto de almoneda, avaluada en $424.807.9374; no obstante, dicha diligencia se declar\u00f3 desierta por falta de postores5. <\/p>\n
2.4. Refiere el promotor que, ante la declaratoria de desierta de la diligencia de remate, present\u00f3 diversas peticiones ante el estrado censurado, siendo la \u00faltima del 8 de agosto pasado, solicitando que se adjudique el 50% del derecho su real de dominio a la ejecutante, con el prop\u00f3sito de cubrir la obligaci\u00f3n crediticia insoluta6; sin embargo, el 9 de agosto de 2022, el estrado confutado estableci\u00f3 el 6 de septiembre de 2022, como nueva fecha para llevar a cabo el remate7. <\/p>\n
3. El tutelante censura que el estrado del circuito accionado no ha dado respuesta a los requerimientos por \u00e9l formulados y que, en el auto del 9 de agosto de 2022, se limit\u00f3 a programar el remate en las mismas condiciones anteriores, a pesar de que, en su criterio, lo procedente era adjudicar a la ejecutante el 50% del dominio. Advirti\u00f3 que, de llevarse a cabo el remate por el 70% del aval\u00fao de su derecho sobre el inmueble, se le estar\u00eda causando un perjuicio irremediable, que se ver\u00eda reflejado en el desmedro de su patrimonio. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 dejar sin efecto el auto del 9 de agosto de 2022, que se ordene al Juzgado convocado que \u00able asigne el 50% de la porci\u00f3n del bien\u00bb a la demandante, que disponga el respectivo registro y suspenda de la subasta programada para el 6 de septiembre de los corrientes. <\/p>\n
<\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, por improcedente, ante la ausencia del presupuesto de la subsidiariedad, dado que no se recurri\u00f3 el auto atacado, y precis\u00f3 que lo reclamado no pod\u00eda definirse con un derecho de petici\u00f3n, sino como una actuaci\u00f3n judicial y, por esa raz\u00f3n, era necesario hacer uso de los medios ordinarios de defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, quien insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor reclam\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentes, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado por el Juzgado censurado el 9 de agosto de 2022, en tanto fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la diligencia de remate sin resolver previamente las solicitudes por \u00e9l presentadas, orientados a que dicha diligencia no se realizara. <\/p>\n
2. Al respecto, la Sala advierte el auto controvertido fue notificado por estado electr\u00f3nico 114 del 11 de agosto de 2022; sin embargo, el interesado no interpuso recurso alguno, pese a que proced\u00eda el de reposici\u00f3n, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
Sobre la importancia de dicha figura, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. De otro lado, resulta pertinente se\u00f1alar, respecto de la solicitud de suspender la diligencia de remate, que no es viable acudir a este auxilio con ese fin, pues dicha medida fue adoptada en la providencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la cual se encuentra en firme. En ese sentido, la Sala ha establecido que: <\/p>\n
[L]a tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (CSJ sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01). (Postura reiterada en CSJ STC16630-2015 y en CSJ STC038-2020). <\/p>\n
4. Ahora bien, en relaci\u00f3n con el perjuicio irremediable aducido por el promotor, en asuntos similares, esta Sala ha indicado que: <\/p>\n
[e]n principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales [\u2026]. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales. (Se subraya. STC del 29 de noviembre de 2006, exp. 2006-00079-01, citada en CSJ STC638-2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la orden de remate se dict\u00f3 al disponer seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en el tr\u00e1mite de un proceso en el cual el tutelante pudo intervenir y ejercer su derecho de defensa, el auxilio reclamado no es procedente. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Carpeta \u201c20ExpedienteRecibido\u201d, \u201c01Principal\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0023Automandamientodepago\u201d. Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0044Ordenaseguiradelanteconlaejecucinhip\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0122FijaFechaDeRemate\u201d. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c0134ActaDeDiligenciaDeRemate\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Archivos \u201c0136Peticion\u201d, \u201c0137ReiteraPeticion\u201d, \u201c0139ReiteraPeticion\u201d. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Archivos \u201c0140AutoFijaFechaDeRemate\u201d. Ibidem. <\/p>\n
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