STC13262-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13262-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01752-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Henry Mart\u00ednez Esquivel contra el Juzgado Treinta Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso divisorio de radicado 2015-00661. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada judicial, demand\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n justicia y seguridad jur\u00eddica, presuntamente conculcadas por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Henry Mart\u00ednez Esquivel adelant\u00f3 un proceso divisorio contra Mar\u00eda Adela Forero, respecto del bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50C-1400147. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que, mediante auto de 15 de febrero de 2017, orden\u00f3 la venta forzada del inmueble en p\u00fablica subasta1. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el promotor que, luego de solicitar en reiteradas oportunidades la programaci\u00f3n de la diligencia de remate, mediante prove\u00eddo dictado el 13 de julio de 2021, se fij\u00f3 como fecha para llevarla a cabo el 19 de agosto siguiente, pero se declar\u00f3 desierta por falta de postores2. <\/p>\n
2.4. El 8 de octubre de 2021, se estableci\u00f3 el 15 de febrero de 2022 para efectuar el remate y se determin\u00f3 como base para hacer postura en la licitaci\u00f3n el total del aval\u00fao del bien3; disposici\u00f3n \u00faltima respecto de la cual se solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, de conformidad con la regla contenida en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso4. <\/p>\n
2.6. El 3 de mayo de 2022, el Juzgado censurado, en ejercicio del control de legalidad previsto en el art\u00edculo 448 del estatuto procesal civil vigente, suspendi\u00f3 la audiencia y, previo a fijar nueva fecha, orden\u00f3 a la parte actora actualizar el aval\u00fao del bien materia de almoneda, en raz\u00f3n a que la \u00faltima estimaci\u00f3n correspond\u00eda al a\u00f1o 20196. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada el 11 de agosto de los corrientes7. <\/p>\n
2.7. El actor cuestiona la demora en que ha incurrido el despacho frente al remate y la orden de actualizar el aval\u00fao del bien, pues \u00abexiste un \u00faltimo aval\u00fao en firme (\u2026) sobre el cual ya se someti\u00f3 el bien inmueble a subasta p\u00fablica por el 100%\u00bb y \u00absi llegare a cambiar (\u2026), no estar\u00edamos hablando de la misma base para hacer postura\u00bb, situaci\u00f3n que \u00abgenerar\u00eda nulidad de la actuaci\u00f3n\u00bb; sumado a que \u00abninguna de las partes ha solicitado actualizar el aval\u00fao en los precisos t\u00e9rminos del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado convocado que, en el t\u00e9rmino de 48 horas, se\u00f1ale fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de remate, con la advertencia de que la base para hacer postura ser\u00e1 del \u00ab70% del aval\u00fao comercial que se encuentra en firme\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 sostuvo que su decisi\u00f3n se soport\u00f3 en la jurisprudencia aplicable y en lo reglado en los art\u00edculos 411, 448 numeral 3\u00ba y 457 inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso8. <\/p>\n
2. Yolanda Stella Calder\u00f3n Villamizar, perito designada en el proceso, hizo referencia a su intervenci\u00f3n en dicho tr\u00e1mite9. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, en raz\u00f3n a que el \u00fanico aval\u00fao respecto del bien inmueble objeto de divisi\u00f3n se aport\u00f3 el 31 de julio de 2019, de manera que, acorde con la jurisprudencia de la Corte, es necesaria la actualizaci\u00f3n del justiprecio del predio, en beneficio de los intereses econ\u00f3micos de las partes. Destac\u00f3, a su vez, que el actor puede allegar un aval\u00fao que considere ajustado a la realidad o controvertir el que sea aportado por su contraparte. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor, cuestionando que se ordene un nuevo aval\u00fao \u00absin llevar a cabo la segunda diligencia de que trata el art\u00edculo 411 del C.G.P.\u00bb y precisando que \u00abno es cierto que solo exista un aval\u00fao\u00bb, toda vez que, \u00aben su momento\u00bb, aquel \u00abavalu\u00f3 [el] bien por su valor catastral\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo proferido el 11 de agosto de 2022 por el Juzgado Treinta Civil del Circuito accionado, mediante el cual requiri\u00f3 la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del bien objeto de divisi\u00f3n. <\/p>\n
2. En torno al tema debatido, se observa que el Juzgado de conocimiento, al resolver el recurso de reposici\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a reponer el numeral segundo prove\u00eddo censurado, atinente a la suspensi\u00f3n de la diligencia de remate hasta tanto no se actualice el aval\u00fao del inmueble materia de almoneda. <\/p>\n
Para el efecto, se\u00f1al\u00f3 que, como por disposici\u00f3n del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo General del Proceso son aplicables a la venta de los bienes comunes en el proceso divisorio las normas que regulan el tr\u00e1mite de remate establecidas para los juicios ejecutivos, ejerci\u00f3 el control de legalidad previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 448 ibidem y orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del precio objeto de litigio, porque hab\u00eda \u00abtranscurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior qued\u00f3 en firme\u00bb; ello, en virtud de lo reglado en el inciso 2\u00ba del precepto 457 ejusdem, que contempla esa posibilidad \u00abcuando haya trascurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior qued\u00f3 en firme\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dicha decisi\u00f3n se tom\u00f3 con el prop\u00f3sito de que \u00abla divisi\u00f3n ad valorem (\u2026) se acompase con el valor real del bien (\u2026) [y de] evitar un detrimento patrimonial de los condue\u00f1os, el que se producir\u00eda si se adelanta la almoneda con soporte en una suma que no guarda relaci\u00f3n con el importe actual del predio\u00bb, pues el \u00faltimo aval\u00fao del bien data del a\u00f1o 2019; de manera que tiene casi tres a\u00f1os de antig\u00fcedad. <\/p>\n
En sustento de su decisi\u00f3n, hizo referencia a la sentencia dictada por esta Sala el 13 de agosto de 2012, rad. 2012-01147-01, de la cual, en lo atinente a la diligencia de remate, destac\u00f3 que: <\/p>\n
si el funcionario judicial funge como representante del due\u00f1o de los bienes cautelados y ocupa el lugar del vendedor en la almoneda, mal puede auspiciar que dicho negocio jur\u00eddico de tenor procesal, en cambio de que se perfeccione mediante el recaudo del verdadero precio que detenta el bien a la saz\u00f3n de su venta, se lleve a cabo por el pago de uno inferior al que comercialmente tiene atribuido (\u2026) ya que, no hay duda, ambas partes se benefician cuando el objeto de la almoneda se realiza por una cantidad dineraria acorde a su valor presente (Resaltado del original). <\/p>\n
Finalmente, enfatiz\u00f3 que, con sustento en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 411 del estatuto procesal civil vigente, la base para hacer postura en la licitaci\u00f3n ser\u00e1 del 70% del aval\u00fao de bien, debido a que la primera diligencia de remate se declar\u00f3 desierta, \u00abCircunstancia que no configura impedimento alguno para que aquella valoraci\u00f3n del bien se ajuste a la realidad\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron, motivadamente, los argumentos de la parte interesada y en los que se insiste en sede de tutela. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado convocado, en ejercicio de sus facultades como director el proceso divisorio, al advertir que \u00faltimo aval\u00fao del predio objeto de remate se realiz\u00f3 el 31 de julio de 201910, orden\u00f3 su actualizaci\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 457 ibidem, que contempla esa posibilidad cuando dicha valoraci\u00f3n tienen m\u00e1s de un a\u00f1o, como ocurri\u00f3 en este caso, pues han transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme. Lo anterior, con el prop\u00f3sito de acercar al presente el importe de dicho inmueble, para que las partes en litis no vean damnificadas sus prerrogativas con la diligencia de venta forzada en p\u00fablica subasta; ello, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. Al respecto, esta Sala ha considerado en asuntos con alguna similitud que, mientras no se haya surtido el remate, adem\u00e1s de las partes, el juez -a\u00fan de oficio- tiene la facultad de actualizar el aval\u00fao del bien, a fin de que el importe del predio sea cercano a la realidad de mercado, para que no se menoscaben los intereses econ\u00f3micos de alguno de los extremos de la litis. En efecto, en un caso de an\u00e1logos contornos, al estudiar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 533 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que hoy corresponde al citado precepto 457 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
La norma citada prev\u00e9 varias posibilidades para actualizar el aval\u00fao cuando no es posible realizar el remate: la primera de ellas es la que tiene cualquiera de los acreedores una vez ha fracasado la segunda licitaci\u00f3n, en cuyo evento podr\u00e1n aportar un nuevo aval\u00fao que se someter\u00e1 a contradicci\u00f3n en la forma prevista en el art\u00edculo 516. La otra posibilidad es la que tiene el demandado cuando ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme. <\/p>\n
A partir de una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica y apegada al tenor estrictamente literal de la disposici\u00f3n, se podr\u00eda llegar a pensar que s\u00f3lo las partes est\u00e1n facultadas para solicitar la actualizaci\u00f3n del precio del bien que ser\u00e1 subastado. <\/p>\n
Pero de ninguna manera puede aceptarse, por ser una conclusi\u00f3n absurda y contraevidente, que las normas procesales son una limitante para lograr ese objetivo, ni mucho menos que deba proponerse el bien por un valor manifiestamente inferior al que determinan las leyes de la oferta y la demanda, pues no cabe duda que esto \u00faltimo generar\u00eda un grave e injustificado perjuicio econ\u00f3mico a la parte demandada, lo cual no es, en modo alguno, el prop\u00f3sito del proceso ejecutivo. <\/p>\n
A tal respecto esta Corporaci\u00f3n ha manifestado que cuando el dictamen que obra en el expediente no se adecua al valor real del bien, el funcionario judicial est\u00e1 obligado a indagar por la verdad material que subyace al asunto del que conoce, pues no le es dable asumir una actitud de completa indiferencia cuando las pruebas muestran una falta de correspondencia con la realidad. <\/p>\n
(\u2026) Esta interpretaci\u00f3n de ning\u00fan modo perjudica los intereses del accionante y, por el contrario, comporta una decisi\u00f3n razonable para la materializaci\u00f3n de los principios de justicia y equidad, y para el aseguramiento de los fines que persiguen las normas procesales sobre la realizaci\u00f3n de la venta en p\u00fablica subasta, tal como lo ha admitido esta Corporaci\u00f3n en distintos pronunciamientos referidos a la necesidad de actualizar el aval\u00fao… (Se destaca) (CSJ STC8710-2014, postura similar ha sido adoptada, entre otras, en CSJ STC4861-2017; CSJ STC11355-2017; CSJ STC1208-2018 y CSJ STC9484-2020). <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, se evidencia que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la Sala comparta o no todos los argumentos expuestos, no puede calificarse como arbitraria o caprichosa, pues, como se indic\u00f3, no luce totalmente alejada de lo atendible ni abiertamente desconectada del ordenamiento jur\u00eddico, en tanto se soport\u00f3 en una interpretaci\u00f3n motivada y razonable de la normativa aplicable y se profiri\u00f3 con fundamento en un precedente de la Sala, emitido el 13 de agosto de 2012, rad. 2012-01147-01, en el cual se consider\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 del tenor procesal de la norma, la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao propende por la protecci\u00f3n de los derechos en disputa y de los intereses de los sujetos en litigio, pues \u00abambas partes se benefician cuando el objeto de la almoneda se realiza por una cantidad dineraria acorde a su valor presente\u00bb, criterio que ha sido planteado por esta Sala en algunas oportunidades; y, por tanto, no se advierte una irregularidad tal que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En ese orden, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb11. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 164 a 169, Archivo \u201c01DemandaFisicayAnexos\u201d. Carpeta \u201cCUADERNO No. 1 PRINCIPAL\u201d. Carpeta \u201c12ProcesoJuzgado30CivilCircuito\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivos \u201c10FijaFechaRemate\u201d y \u201c14ActaRemateVirtualDesierto\u201d. Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c16AutoFijaFechaRemate\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivos \u201c17AclaracionAuto\u201d. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivos \u201c20AutoSe\u00f1alaFechaRemateRequerirSecuestre\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Archivos \u201c27MantieneAutoCorrigeRequerir\u201d. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Archivos \u201c33AutoResuelveReposicion\u201d. Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Archivos \u201c11Contestaci\u00f3nTutela2022-1752\u201d. Ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Archivos \u201c14Rta Tutela Ag 22\u201d. Ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Folios 324 a 334, Archivo \u201c01DemandaFisicayAnexos\u201d. Carpeta \u201cCUADERNO No. 1 PRINCIPAL\u201d. Carpeta \u201c12ProcesoJuzgado30CivilCircuito\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Tesis reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022, CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13262-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13262-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-01752-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67820","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67820","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67820"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67820\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67820"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67820"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67820"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}