STC13270-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13270-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00285-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 13 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda constitucional de petici\u00f3n, presuntamente conculcada por la autoridad convocada, toda vez que solicit\u00f3 que se le informara el estado en que se encuentran todas las quejas y vigilancias administrativas que cursan en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, obteniendo como respuesta una negativa, de donde deriva su inconformidad. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00abSE ORDENE DAR RESPUESTA DE FONDO A LO PEDIDO POR MI DE NO AMAPRARSE MI ACCION, SE ACEPTE MI DESISTIMIENTO DE TODAS LAS QUEJAS Y VIGILANCIAS JUDICIALES QUE HAY A PRESENTADO CONTRA LA JUEZ 3 CIVIL CTO DE PEREIRA A FIN DE NO PERDER MAS MI TIEMPO\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, puso de presente que el gestor elev\u00f3 varias peticiones, dos de ellas el 21 de julio y otra m\u00e1s el 10 de agosto del presente a\u00f1o, mismas que fueron atendidas mediante oficios CSDJR21-N\u00b0 03059 del 5 de agosto y CSDJR21-N\u00b0 03233, de fecha 17 de agosto hoga\u00f1o. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, refiri\u00f3 que \u00abse ha dado repuesta a las peticiones del accionante dentro del t\u00e9rmino de ley establecido, y al correo electr\u00f3nico suministrado; tampoco es cierto que se ha negado informaci\u00f3n como expresa en el escrito de tutela, al actor se le ha solicitado informe los radicados de los procesos que requiere informaci\u00f3n y\/o copia, como quiera que el se\u00f1or JAVIER ELIAS ha presentado m\u00faltiples quejas ante esta Seccional, y en contra de la Jueza Tercera Civil del Circuito de Pereira, sin obtener respuesta del listado del procesos, y como se le expres\u00f3 en las respuestas mencionadas atr\u00e1s, los procesos disciplinarios tienen reserva legal (art\u00edculo 64 de la Ley 270 de 1996 y 95 de la Ley 734 de 2002, art\u00edculo 115 de la Ley 1952 de 2019), no siendo viable remitir copia, y menos sin tener informaci\u00f3n del estado actual del proceso, ni el radicado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo, al considerar que no ha trasgredido los derechos fundamentales del interesado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo al considerar que se presenta inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada, ya que \u00abEn efecto, con prontitud, resolvi\u00f3 las peticiones que le presentaron, explic\u00e1ndole al solicitante, por una parte, que no se le iba a brindar una relaci\u00f3n de las quejas que se tramitan contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito, dado que a \u00e9l se le hab\u00edan notificado las decisiones que se han proferido en esos tr\u00e1mites y en los que \u00e9l interviene, y por otra, que no se le pod\u00eda suministrar copias de todos los expedientes de quejas contra ese juzgado dado que podr\u00edan tener reserva legal; pero m\u00e1s que eso, se requiri\u00f3 al accionante para que informara, en espec\u00edfico, los radicados de los casos que deseaba visualizar, para verificar si ten\u00edan reserva legal, y seg\u00fan inform\u00f3 la autoridad encausada, \u00e9l guard\u00f3 silencio. As\u00ed que, al margen de que las respuestas hayan dejado insatisfecho al accionante, lo cierto es que son congruentes con sus solicitudes y las solucionan de fondo, de lo cual se desprende que su derecho fundamental de petici\u00f3n est\u00e1 a salvo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el pretensor, para insistir en su pretensi\u00f3n, indicando que \u00abapelo aunque no se que significa se declara IMRPOCEDENTE, apelo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda vulner\u00f3 la prerrogativa invocada por el gestor, en la medida en que, seg\u00fan aquel, no atendi\u00f3 sus peticiones tendientes a obtener informaci\u00f3n respecto de los asuntos disciplinarios a su cargo. <\/p>\n
2. Caso concreto – De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional, con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) (\u2026) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del estudio realizado a los argumentos de la demanda y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, en virtud de su improcedencia, comoquiera que en el presente asunto se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, contrario a lo afirmado por el quejoso, la autoridad fustigada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o desinteresada frente a sus diversas peticiones, puesto que, por el contrario, mediante oficios CSDJR21-N\u00b0 03059 del 5 de agosto y CSDJR21-N\u00b0 03233, de fecha 17 de agosto hoga\u00f1o, fueron atendidas las referidas solicitudes y notificadas al correo electr\u00f3nico se\u00f1alado al efecto, por lo que no se evidencia trasgresi\u00f3n del derecho fundamental invocado en el presente amparo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego tuitivo, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con las precitadas respuestas se encuentra satisfecha la garant\u00eda del derecho fundamental de petici\u00f3n, en tanto esta no implica necesariamente que la contestaci\u00f3n ofrecida por la autoridad querellada sea favorable o no a los intereses del peticionario; por ende, ante cualquier inconformidad al respecto, el promotor deber\u00e1 plantearla ante la autoridad competente. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
3. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al ruego encaminado a que se \u00ab SE ACEPTE MI DESISTIMIENTO DE TODAS LAS QUEJAS Y VIGILANCIAS JUDICIALES QUE HAYA PRESENTADO CONTRA LA JUEZ 3 CIVIL CTO DE PEREIRA\u00bb, se desestimar\u00e1 dicha reclamaci\u00f3n, por cuanto no obra en esta actuaci\u00f3n elemento de convicci\u00f3n que permita verificar que se formul\u00f3 alg\u00fan pedimento ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, para lograr lo manifestado por el quejoso; luego, no es posible requerir al \u00f3rgano enjuiciado para que emita contestaci\u00f3n en sede de tutela de una solicitud cuya presentaci\u00f3n no se demostr\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC1450-2018). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme lo anterior, se ratificar\u00e1 la inviabilidad del resguardo implorado, toda vez que no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional ante la ausencia de vulneraci\u00f3n por parte de la autoridad convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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