STC13277-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13277-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2022-00178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que Paula Andrea Giraldo Guar\u00edn formul\u00f3 frente al fallo emitido por la Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 29 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le interpuso a la Intendencia Regional de Manizales de la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Gestora Urbana S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante, acreedora reconocida en el procedimiento acusado, solicit\u00f3 dejar sin efecto el numeral vig\u00e9simo sexto del interlocutorio No. 670-000507 de 5 de agosto de 2022, por medio del cual la accionada, tras decretar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Gestora Urbana S.A.S., dispuso: \u00ab[a]dvertir que el contrato de fiducia mercantil inmobiliario de administraci\u00f3n de Fideicomiso La Ceiba suscrito por la sociedad deudora en su calidad de fideicomitente, con la fiduciaria Davivienda S.A., no se dar\u00e1 por terminado, por cuanto no corresponde a uno de aquellos a que se refiere el art\u00edculo 50 numeral 4 y 7 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. Para que, en su lugar, se ordene a la convocada \u00abdar por terminado\u00bb dicho negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Para soportar sus anhelos explic\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n contraviene los numerales 4 y 7 del art\u00edculo 50 de la Ley 1116, de acuerdo con los cuales, a ra\u00edz de la liquidaci\u00f3n judicial del deudor, opera la terminaci\u00f3n de pleno derecho de los contratos de fiducia mercantil celebrados por \u00e9l, con el fin de que los bienes objeto de los mismos hagan parte del respectivo proceso. Asimismo, por esa v\u00eda, y con desconocimiento, entre otros, de los principios de universalidad e igualdad que rige ese tipo de controversia, se privilegia el pago de los cr\u00e9ditos de los acreedores que est\u00e1n asociados al contrato de fiducia mercantil inmobiliaria, como el Banco Davivienda S.A., y \u00ablos promitentes compradores de los apartamentos que hacen parte del Edificio La Ceiba P.H.\u00bb, frente a los dem\u00e1s, quienes, en virtud de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos que se encuentra en firme, tienen igual o mejor derecho que aquellos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que para defender sus derechos no tiene mecanismo distinto a este, comoquiera que, seg\u00fan lo advirti\u00f3 la accionada, contra la decisi\u00f3n objetada no procede recurso alguno. Para respaldar su postura invoc\u00f3 varias decisiones emitidas por la Superintendencia de Sociedades en las que se dispuso la terminaci\u00f3n de contratos de fiducia mercantil como el cuestionado. <\/p>\n
2.- La autoridad convocada, el liquidador de la sociedad Gestora Urbana S.A.S., el Banco Davivienda S.A. (acreedor), Carlos Arturo Guti\u00e9rrez Garc\u00eda (acreedor) y Luis Alfonso Castrill\u00f3n S\u00e1nchez, quien se anunci\u00f3 como apoderado reconocido de varios de los promitentes compradores en el proyecto inmobiliario para el cual fue constituido la fiducia cuya extinci\u00f3n se pretende, defendieron la determinaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Por su parte, Alfredo Mu\u00f1oz, Inversiones Marco G\u00f3mez S.A.S, Juli\u00e1n Pareja Garc\u00eda, Daniela Jim\u00e9nez Giraldo, Mar\u00eda Milena Giraldo Guar\u00edn, Mar\u00eda Eugenia R\u00edos Rom\u00e1n, Luis Antonio Franco Cardona, Luisa Mar\u00eda Garc\u00eda Mart\u00ednez, Juan Esteban Giraldo G\u00f3mez, Gr\u00faas Cerezo Colombia S.A.S., Yobny Cort\u00e9s Restrepo, Andrea Hern\u00e1ndez Parra, Jorge Andr\u00e9s Trujillo G\u00f3mez, H\u00e9ctor Fabio Betancur y Roberto Londo\u00f1o G\u00f3mez S.A.S., coadyuvaron la queja. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el resguardo al estimar que la \u201cinterpretaci\u00f3n signada por la encartada a los numerales 4 y 7 del art\u00edculo 50 de la Ley 1116 de 2006 resulta razonable, si en cuenta se tiene que los negocios fiduciarios cuya terminaci\u00f3n se impone por ministerio de esas normas, son los constituidos por la deudora para garantizar deudas propias o ajenas; aspecto que no se cumple enteramente en este asunto, m\u00e1xime cuando, como lo explic\u00f3 el liquidador, el fideicomitido fue el que adquiri\u00f3 el cr\u00e9dito hipotecario y si bien la insolvente es deudora solidaria de ese pasivo, lo cierto es que la acreencia es posterior a la fiducia\u201d. Adem\u00e1s, el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 50 de la Ley 1116 faculta al juez del concurso para autorizar la continuaci\u00f3n de los encargos fiduciarios. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 la impulsora, apoyada en que si bien pod\u00eda afirmarse que el numeral 7\u00b0 del referido art\u00edculo 50 no es aplicable al Contrato Fideicomiso La Ceiba, porque regula lo referente a la fiducia en garant\u00eda, no puede decirse lo mismo respecto del numeral 4\u00b0, comoquiera que el negocio cumple con todos los supuestos all\u00ed contemplados para reputarse como una fiducia destinada a \u00abamparar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes\u00bb; es un contrato de tracto sucesivo, es una fiducia mercantil, celebrado por la deudora concursal para amparar obligaciones propias o ajenas, tiene por objeto un lote que era de propiedad de esta y que fue transferido a Fiduciaria Davivienda \u00aba t\u00edtulo de incremento del Fideicomiso La Ceiba\u00bb, y \u201cno es una garant\u00eda de pago, pero s\u00ed el medio utilizado para constituir la garant\u00eda hipotecaria a favor del Banco Davivienda S.A. para asegurarle el pago del cr\u00e9dito constructor\u201d. Todo lo cual, no se advirti\u00f3 al avalar la versi\u00f3n del liquidador en torno a que hab\u00eda sido el fideicomiso quien adquiri\u00f3 el cr\u00e9dito hipotecario, cuando lo fue Gestora Urbana S.A.S., y omitir valorar el referido contrato y la escritura p\u00fablica No. 3490 de 5 de junio de 2018 de la Notar\u00eda Segunda de Manizales. A\u00f1adi\u00f3 que, si bien el juez del concurso pod\u00eda preservar los encargos fiduciarios, dicha facultad deb\u00eda respetar los principios orientadores de los procesos de insolvencia. Finalmente, destac\u00f3 que no se valoraron los precedentes invocados en el escrito inaugural. <\/p>\n
Tambi\u00e9n recurrieron el veredicto H\u00e9ctor Fabio Betancur Bedoya, Inversiones Marco G\u00f3mez S.A.S., Juan Esteban Giraldo G\u00f3mez, Lorena Orrego Garc\u00eda, Luisa Mar\u00eda Gaviria Mart\u00ednez, Alfredo G\u00f3mez Mar\u00edn, Daniel Jim\u00e9nez Giraldo, Luis Antonio Franco Cardona, Francisco Javier Espinosa Cabrera, Juli\u00e1n Pareja Garc\u00eda, Luis Mar\u00eda Gaviria Mart\u00ednez, Mar\u00eda Milena Giraldo Guar\u00edn, todos acreedores de la sociedad concursada, respaldando las observaciones de la gestora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto confutado se ratificar\u00e1, comoquiera que, en efecto, la resoluci\u00f3n mediante la cual la Superintendencia accionada determin\u00f3 que \u00abel contrato de fiducia mercantil inmobiliario de administraci\u00f3n de Fideicomiso La Ceiba suscrito por la sociedad deudora en su calidad de fideicomitente, con la fiduciaria Davivienda S.A.\u00bb no deb\u00eda terminarse tras la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de Gestora Urbana S.A.S. no merece, desde la perspectiva constitucional, reproche constitucional alguno. <\/p>\n
La intromisi\u00f3n supralegal, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, est\u00e1 reservada para casos de indiscutible arbitrariedad, esto es, cuando \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb (CSJ STC4330-2021, entre otras). <\/p>\n
Ahora, en el caso, tras confrontar la directriz examinada, el expediente objeto de queja constitucional, as\u00ed como el informe rendido por la Superintendencia querellada, se advierte que tal defecto no se estructura, comoquiera que la postura confrontada se edific\u00f3 en una hermen\u00e9utica razonable de los numerales 4 y 7 del precepto 50 de la Ley 11161, as\u00ed como los alcances del convenio disputado. <\/p>\n
As\u00ed, por un lado, estim\u00f3 que, al tenor literal de dichas pautas, la finalizaci\u00f3n de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, a ra\u00edz de la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial, se predicaba solo de aquellos negocios jur\u00eddicos de esa estirpe que tuvieran \u00abcomo fin amparar o garantizar obligaciones propias o ajenas\u00bb de la entidad concursada. Y por otro, que no ten\u00eda dicha calidad el enjuiciado por la accionante, al estar destinado al desarrollo de un proyecto de construcci\u00f3n, el cual involucraba recursos no solo de la sociedad deudora sino de los terceros interesados en adquirir alguna de las unidades inmobiliarias. <\/p>\n
Ahora, que los recurrentes discrepen de esa interpretaci\u00f3n, porque, a su juicio, el convenio disputado se enmarca en el supuesto del numeral 4\u00b0, en la medida que el patrimonio aut\u00f3nomo est\u00e1 amparando el cr\u00e9dito hipotecario gestionado para la construcci\u00f3n del proyecto inmobiliario, y, de todos modos, es un contrato de tracto sucesivo, no torna exitoso el resguardo. Se trata, en \u00faltimas, de una alternativa interpretativa, que no puede imponerse al fallador convocado, ya que, como se vio, su ex\u00e9gesis no es descabellada. Asimismo, es fruto de la firmeza de las decisiones adoptadas con anterioridad en el asunto, concretamente del interlocutorio por medio del cual la autoridad convocada defini\u00f3 lo pertinente en torno a la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de votos, y lo referente al inventario de los bienes que conformar\u00edan el activo de la sociedad deudora. <\/p>\n
Es as\u00ed, toda vez que all\u00ed la Superintendencia de Sociedades determin\u00f3 que pese a la insolvencia de Gestora Urbana S.A.S., el pacto conservar\u00eda todo su vigor; lo hizo al precisar que los bienes objeto del respectivo patrimonio aut\u00f3nomo no har\u00edan parte de la masa concursal, al ser propiedad de este y estar destinados a cumplir con las promesas de compraventa suscritas en desarrollo del proyecto de construcci\u00f3n, no as\u00ed, los derechos econ\u00f3micos que percibiera la compa\u00f1\u00eda en virtud de la fiducia mercantil. En estos t\u00e9rminos lo expuso: <\/p>\n
No obstante la titularidad de los bienes en cabeza del Patrimonio Aut\u00f3nomo, desde el punto de vista de los Estados financieros, la Normatividad contable, dispuesta por las Normas internacionales de Informaci\u00f3n Financiera NIIF Plenas, por pertenecer la concursada el Grupo 1 del proceso de convergencia a las mismas, es consecuente con lo anteriormente expresado, al definir los Activos, en su Marco conceptual P\u00e1rrafos 4.3 y 4.4 el Anexo 1 del DUR 2420 de 2015 as\u00ed: <\/p>\n
En ese orden de ideas la existencia del contrato de Fiducia mercantil de administraci\u00f3n, con su consecuente transferencia de dominio de los bienes fideicomitidos, denota la posibilidad de la concursada de obtener beneficios econ\u00f3micos que puedan surgir de la operaci\u00f3n, as\u00ed como eventuales p\u00e9rdidas, pues se trata de un contrato de medio y no de resultados donde el fideicomitente asume los riesgos, tal como lo establece el contrato de fiducia, raz\u00f3n de m\u00e1s para afirmar en el caso que nos ocupa que los activos cuya exclusi\u00f3n se solicita encuadran en la definici\u00f3n de activos de la sociedad por lo cual no resulta procedente excluirlos del Inventario. <\/p>\n
Ahora, que la concursada, tomando como soporte la definici\u00f3n de activo de las NIIF plenas, incluya dentro de sus Activos los bienes fideicomitidos, no implica que tenga la titularidad o propiedad de los mismos, o que estos hacen parte de la masa concursal para atender los acreedores, o el pasivo concursal, pues es claro que estos inmuebles est\u00e1n titulados al Patrimonio aut\u00f3nomo, destinados a honrar los t\u00e9rminos del contrato de fiducia y garantizar a los promitentes compradores el cumplimiento de lo prometido, y no podr\u00e1n disponerse para atender obligaciones del concursado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Excluir del inventario de activos los inmuebles de la sociedad concursada, tal como se solicita en la objeci\u00f3n presentada por la apoderada del Banco Davivienda, tendr\u00eda efectos en el contenido del contrato de Fiducia y los fines que este persigue; y podr\u00eda afectar la continuidad del contrato en desmedro de lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley 1116 de 2006, sobre la continuidad de los contratos. <\/p>\n
Adem\u00e1s encontramos que esta consideraci\u00f3n de activo, no afecta ni desvirt\u00faa el derecho de propiedad respecto de esos activos, los cuales se encuentran en titularidad del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso la Ceiba, y la clasificaci\u00f3n como activo no da lugar a que estos inmuebles sean destinado a integrar la masa concursal para satisfacer a los acreedores u otras obligaciones de la deudora, toda vez que esos inmuebles han sido transferidos para satisfacer las aspiraciones de los fideicomisarios, en los t\u00e9rminos previstos en el contrato de fiducia (\u2026) (se enfatiza, Acta de 11 y 17 de noviembre de 2021). <\/p>\n
Y aunque dicha determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 en el marco del proceso de reorganizaci\u00f3n de Gestora Urbana S.A.S., mem\u00f3rese que sus efectos se extienden hasta la liquidaci\u00f3n. As\u00ed se desprende del canon 53 de la Ley 1116, a cuyas voces: <\/p>\n
\u00ab[e]l liquidador proceder\u00e1 a actualizar los cr\u00e9ditos reconocidos y graduados y el inventario de bienes en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y a incorporar los cr\u00e9ditos calificados y graduados en el concordato, si fuere el caso, los derechos de votos y los cr\u00e9ditos en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n fallido y a realizar el inventario de bienes en estos dos \u00faltimos, desde la fecha del vencimiento de la obligaci\u00f3n hasta la de inicio del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, en los t\u00e9rminos previstos en la presente ley. <\/p>\n
Como puede verse, la preservaci\u00f3n de la fiducia mercantil celebrada entre Gestora Urbana S.A.S. y la Fiduciaria Davivienda S.A. es fruto de un raciocinio objetivo que as\u00ed no se comparta debe ser respetado. Conclusi\u00f3n que, a su paso, excluye que en este escenario se valoren los documentos relativos a dicha relaci\u00f3n contractual, con mayor raz\u00f3n si el juez natural ya lo hizo, o se descalifiquen las deducciones de la Superintendencia, a prop\u00f3sito de la existencia de decisiones emitidas en casos con alguna similitud a este, cuanto m\u00e1s, si seg\u00fan se analiz\u00f3, aquellas son el producto de las particularidades del asunto. <\/p>\n
Por otro lado, el desconocimiento de los principios de universalidad e igualdad del juicio concursal es inexistente. <\/p>\n
Primero, no es cierto que se beneficie el Banco Davivienda en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s acreedores; como se desprende de la referida acta de 11 y 17 de noviembre de 2021, la Superintendencia, al resolver las objeciones a la graduaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, record\u00f3 que \u00abmediante auto 670-000217 (\u2026) de 29 de marzo de 2021 y auto 670-000438 (\u2026) del 18 de junio de 2021, resolvi\u00f3 la ineficacia de los pagos realizados por la Fiduciaria Davivienda S.A., a favor del Banco Davivienda S.A.\u00bb, advirtiendo, adem\u00e1s, que no pod\u00eda ser graduada en tercera clase como acreedora hipotecaria, porque \u00abel titular de la hipoteca es la Fiduciaria Davivienda S.A., como administradora y vocera del patrimonio aut\u00f3nomo, el cual la sociedad concursada le transfiri\u00f3 el dominio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Segundo, como se dijo en p\u00e1rrafos precedentes, los derechos econ\u00f3micos que llegare a percibir Gestora Urbana S.A.S. en virtud de la fiducia inmobiliaria fueron incluidos como activos de la compa\u00f1\u00eda. De suerte que no hay razones para sostener que quedan excluidos de la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero, si bien el cumplimiento del contrato comporta un beneficio para los promitentes compradores de unidades inmobiliarias del proyecto de construcci\u00f3n, pues sus cr\u00e9ditos se solucionar\u00edan con la materializaci\u00f3n de la venta prometida, no debe perderse de vista que ese trato desigual est\u00e1 justificado en el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 125 de la Ley 388 de 1997, al tratarlos como \u00abcr\u00e9ditos privilegiados de segunda clase\u00bb. Por eso, la entidad denunciada advirti\u00f3 sobre el particular: \u00abEn ese sentido, el legislador estableci\u00f3 mecanismos adecuados para la protecci\u00f3n de los compradores de vivienda, a fin de que su derecho de vivienda digna no se vea desmejorado al no otorgarles un tratamiento diferenciado que reconozca la calidad su calidad frente al deudor en insolvencia. Ahora bien, trat\u00e1ndose de una excepci\u00f3n a los principios de universalidad e igualdad, la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas que consagran es restrictiva, es un criterio hermen\u00e9utico que responde al principio de taxatividad, por ende, si la norma es clara en distinguir que esta protecci\u00f3n especial se aplica a los promitentes compradores de vivienda\u00bb. La diferencia, adem\u00e1s, tiene sustento en el art\u00edculo 51 de la Ley 1116, por cuanto habilita la ejecuci\u00f3n de la venta prometida en el marco de la liquidaci\u00f3n judicial. Al respecto, dicho canon consagra: <\/p>\n
Los promitentes compradores de bienes inmuebles destinados a vivienda, deber\u00e1n comparecer al proceso dentro de la oportunidad legal, a solicitar la ejecuci\u00f3n de la venta prometida. <\/p>\n
En tal caso, el juez del concurso, ordenar\u00e1 al liquidador el otorgamiento de la escritura p\u00fablica de compraventa, previa consignaci\u00f3n a sus \u00f3rdenes del valor restante del precio si lo hubiere, y de las sanciones contractuales e intereses de mora generados por el no cumplimiento, para lo cual proceder\u00e1 al levantamiento de las medidas cautelares que lo afecten. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Entonces, como la preservaci\u00f3n de la fiducia mercantil materia de reclamo est\u00e1 soportada en una tesitura plausible de las normas llamadas a regir la controversia, as\u00ed como en las determinaciones adoptadas en el curso de la insolvencia de la sociedad deudora, la intervenci\u00f3n constitucional deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La declaraci\u00f3n judicial del proceso de liquidaci\u00f3n judicial produce: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4. La terminaci\u00f3n de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea, no necesarios para la preservaci\u00f3n de los activos, as\u00ed como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorizaci\u00f3n para continuar su ejecuci\u00f3n impartido por el juez del concurso. <\/p>\n
7. La finalizaci\u00f3n de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes. El juez del proceso ordenar\u00e1 la cancelaci\u00f3n de los certificados de garant\u00eda y la restituci\u00f3n de los bienes que conforman el patrimonio aut\u00f3nomo. Ser\u00e1n tenidas como obligaciones del fideicomitente las adquiridas por cuenta del patrimonio aut\u00f3nomo. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
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