STC13279-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13279-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00399-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 8 de septiembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por P\u00e9treos Maquinaria y Transporte S.A.S. contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza y la Agencia Nacional de Miner\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica accionante, obrando por conducto de su representante legal, acude a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Dice que en el Juzgado Civil del Circuito de Funza se adelanta el ejecutivo 2021-00172 promovido contra la sociedad Garz\u00f3n Romero G. S.A.S., en el cual se libr\u00f3 orden de pago el 4 de junio de 2021. <\/p>\n
Afirma que con auto del pasado 10 de marzo el despacho cognoscente decret\u00f3 unas medidas cautelares y que, para materializarlas, el 18 de abril siguiente \u00abexpidi\u00f3\u2026 el oficio 370 dirigido a la Agencia Nacional de Miner\u00eda\u2026 en [el] cual se infirm\u00f3\u2026 el embargo de los derechos de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n que le puedan corresponder a la sociedad demandada\u00bb, al tiempo que \u00absolicit\u00f3 se sirviera proceder con la inscripci\u00f3n en catastro minero correspondiente al contrato de cesi\u00f3n 20718 limit\u00e1ndose la medida en la suma de seiscientos millones de pesos\u2026\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1ala, a trav\u00e9s del oficio 371 de la referida data se comunic\u00f3 a la autoridad minera \u00abel embargo de la producci\u00f3n in situ y producciones futuras por el valor del 50 % del contrato de concesi\u00f3n 207118 cuyo titular minero corresponde a la sociedad Garz\u00f3n Romero G. S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Asegura que, aun cuando el 20 de mayo del a\u00f1o en curso radic\u00f3 los anteriores documentos ante la Agencia Nacional de Miner\u00eda1, tal entidad \u00abno ha acatado la orden del juzgado\u2026 pese a que en varias y reiteradas oportunidades a trav\u00e9s de llamada telef\u00f3nica\u2026 se ha solicitado respuesta frente a la negativa de cumplir lo ordenado y solicitar escalamiento para revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal motivo, solicita que se ordene al referido organismo que proceda \u00abde manera inmediata\u2026 con la inscripci\u00f3n ordenada en el Registro \u00danico Minero\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial accionada confirm\u00f3 que, en efecto, el 18 de abril de 2022 expidi\u00f3 los oficios 370 y 371 dirigidos a la Agencia Nacional de Miner\u00eda, comunicando el decreto de unas cautelas, \u00absin que a la fecha se haya recibido respuesta por parte de aquella\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, agreg\u00f3 que \u00abdispuso\u2026 se ingrese el proceso al despacho para efectos de requerir a dicha Agencia bajo los apremios legales a fin de que d\u00e9 pleno cumplimiento a lo ordenado… y as\u00ed continuar con el tr\u00e1mite procesal correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 desestimar el ruego dado que \u00abno se est\u00e1 vulnerando derecho fundamental alguno al accionante por cuanto se han brindado los impulsos procesales requeridos\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Miner\u00eda, por conducto de apoderada judicial, inform\u00f3 que el pasado 2 de septiembre, puso en conocimiento del juzgado cognoscente \u00abla objeci\u00f3n encontrada para proceder con la inscripci\u00f3n de la medida cautelar de embargo\u00bb comunicado con oficio 371 del 18 de abril anterior, comoquiera que \u00abde conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 332 de la Ley 685 de 2011, literal F, la autoridad minera solo tiene competencia para inscribir la medida cautelar de embargo sobre los derechos a explotar y explotar minerales emanados de un t\u00edtulo y teniendo en cuenta que la orden proferida\u2026 recae sobre la producci\u00f3n in situ y futura, no es procedente\u2026 acceder a la orden de embargo\u2026\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, solicit\u00f3 declarar \u00abla improcedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n\u00bb comoquiera que atendi\u00f3 \u00abla petici\u00f3n elevada por la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Una persona que dijo ser la \u00abrepresentante legal de Garz\u00f3n Romero G. SAS\u00bb2, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda porque \u00abla accionante tiene a su alcance medios procesales ordinarios para lograr su cometido\u00bb. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la tutela tras considerar que desatiende el presupuesto de la subsidiariedad pues la gestora \u00abno ha solicitado al juzgado de conocimiento las actuaciones necesarias tendientes a obtener el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas\u00bb, siendo \u00ablabor del juez de conocimiento y no del\u2026 constitucional, adoptar las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de las \u00f3rdenes que imparti\u00f3 en el ejercicio de sus funciones\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante aleg\u00f3 que el tribunal no tuvo en cuenta que la agencia convocada, en su respuesta, nada dijo acerca de la orden de embargo comunicada con el oficio 370 de 18 de abril de 2022, persistiendo en su conducta omisiva frente a la inscripci\u00f3n de la cautela decretada sobre \u00ablos derechos de explotaci\u00f3n y explotaci\u00f3n que le pueden corresponder a\u2026 Garz\u00f3n Romero G. S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron los derechos fundamentales de la persona jur\u00eddica accionante, por cuanto, a la fecha, no se han materializado los embargos decretados dentro del ejecutivo en el que funge como demandante, pese a que dichas \u00f3rdenes fueron comunicadas a la ANM el 18 de abril de 2022. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, tiene cabida para proteger de manera inmediata derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de organismos p\u00fablicos o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre que el interesado carezca de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
Entonces, este mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del requisito que se viene analizando y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas procedentes para solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
En el presente asunto, se configura la segunda modalidad, dado que la promotora cuenta con herramientas al interior de la actuaci\u00f3n, para proponer las inquietudes que son objeto de esta solicitud de amparo pues, ciertamente, no ha formulado petici\u00f3n alguna a la c\u00e9lula judicial cognoscente encaminada a obtener la materializaci\u00f3n de la orden impartida en auto de 10 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
En el mismo sentido que la sala a quo, la Corte considera que la gestora, pese a tener una v\u00eda id\u00f3nea, prefiri\u00f3 acudir directamente a esta particular senda, con el fin de obtener un pronunciamiento expedito por fuera de los cauces propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, obviando que es al interior de ella donde se deben realizar ese tipo de pedimentos para ser resueltos por el funcionario competente, m\u00e1xime cuando el proceso no ha concluido, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de este instrumento supralegal que ha sido erigido para proteger derechos fundamentales y no para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Significa lo anterior que el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que, es deber de la parte interesada, agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
Sobre este tema, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo analizado, se ratificar\u00e1 el fallo censurado porque el resguardo implorado desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Asign\u00e1ndosele la radicaci\u00f3n 20225501058872. <\/p>\n
2\u0002 No aport\u00f3 documento alguno que acreditara la calidad con la que dice comparecer. <\/p>\n
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STC13279-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC13279-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00399-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}