STC13282-2022<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13282-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-002-2022-00196-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 22 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que el Departamento del Cesar le promovi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de dicha ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso 20001-31-03-001-2019-00123-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La actora, demandada en el ejecutivo impulsado por el Centro Regional de Oncolog\u00eda S.A.S., solicit\u00f3 que se ordene al despacho convocado resolver el memorial presentado el pasado 30 de junio. Mediante \u00e9l pidi\u00f3 que se informe si se encuentran constituidos dep\u00f3sitos judiciales que garanticen el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas en el proceso, y en caso afirmativo, se le indique lo pertinente a sus destinatarios para que no las sigan aplicando. <\/p>\n
Adujo, en s\u00edntesis, que hasta la fecha -8 ag. 2022-, d\u00eda en que se radic\u00f3 el auxilio, no ha recibido la respuesta reclamada, lo que es relevante para evitar que no se \u00abafecte el presupuesto p\u00fablico constituyendo dep\u00f3sitos judiciales que excedan\u00bb el l\u00edmite de las cautelas. <\/p>\n
2.- El convocado, tras destacar que la petici\u00f3n no reposaba en el expediente y, por tanto, deb\u00eda realizar las diligencias pertinentes ante el Centro de Servicios de los Juzgados Civiles y Familia de la ciudad de Valledupar para su incorporaci\u00f3n, pidi\u00f3 negar el amparo, argumentando que la actora puede verificar \u00ablas retenciones de los dineros depositados en las cuentas bancarias\u00bb en el respectivo expediente, que tiene a su cargo m\u00faltiples controversias que desbordan su capacidad de respuesta, y que al hacer un coercitivo con diversas demandas acumuladas, se trata de \u00abun proceso que merece un estudio exhaustivo, por parte de los nuevos empleados y la titular del despacho a efectos de tomar las medidas\u00bb pertinentes. <\/p>\n
3.- El a-quo desestim\u00f3 el auxilio al considerar que \u00abno se advierten cumplidos los requisitos que permitan concluir una afectaci\u00f3n del derecho al debido proceso, pues en estricto sentido desde el 30 de junio de 2022 (\u2026), hasta la fecha del presente fallo, ha pasado un poco m\u00e1s de mes y medio (\u2026)\u00bb, sumado a que el demandado expuso motivos razonables para justificar la falta de resoluci\u00f3n, relativos al problema de congesti\u00f3n que afecta la administraci\u00f3n de justicia. Adicionalmente, en todo caso, el 16 de agosto anterior, la secretar\u00eda del juzgado \u00abprocur\u00f3 informar (\u2026) la gesti\u00f3n dada a su solicitud, remitiendo inclusive el link del proceso digital\u00bb, solo que el mensaje no se logr\u00f3 enviar porque el correo rebot\u00f3. <\/p>\n
4.- La actora, impugn\u00f3, insistiendo en la vulneraci\u00f3n denunciada. Destac\u00f3 que, si bien se le envi\u00f3 el link del expediente digital, eso no quiere decir que se haya respondido su requerimiento, en perjuicio del flujo financiero del ente territorial, \u00aben la medida que las cuentas de las diferentes entidades bancarias siguen bloqueadas\u00bb. Precis\u00f3, a su vez, que la soluci\u00f3n de su exigencia depende de \u00abuna simple consulta a la cuenta bancaria de titularidad del juzgado\u00bb. <\/p>\n
5.- Durante esta instancia -13 sep. 2022- se inst\u00f3 a la secretaria del juzgado que informara, \u00absi conforme se le indic\u00f3 al Departamento del Cesar el pasado 16 de agosto, en el proceso ejecutivo 2019-00123-00, la solicitud que radic\u00f3 el 30 de junio de este a\u00f1o fue ingresada al despacho, y si la rogativa ya fue tramitada\u00bb. Frente a lo cual, el 16 siguiente replic\u00f3 que \u00abal revisar el expediente la Juez encontr\u00f3 una complejidad relacionada con la digitalizaci\u00f3n del expediente, ya que las personas encargadas no lo hicieron en debida forma, generando confusi\u00f3n en la temporalidad de las actuaciones, por ello se tomar\u00e1 la decisi\u00f3n, una vez est\u00e1 organizado el proceso y se pueda verificar la situaci\u00f3n actual del expediente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El veredicto opugnado se revocar\u00e1 para, en su lugar, conceder el ruego implorado por el Departamento del Cesar. Todo, porque la autoridad denunciada se encuentra en mora de tramitar el reclamo de la gestora, no justific\u00f3 objetivamente la tardanza, y la misma perjudica los intereses p\u00fablicos que defiende el ente territorial. <\/p>\n
Para desarrollar dichas tesis, la Sala en primer lugar se referir\u00e1 a la mora judicial, a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de la importancia del cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, el deber de diligencia de los funcionarios y empleados judiciales, y la congesti\u00f3n judicial. Despu\u00e9s, aludir\u00e1 a los criterios a tener en cuenta para que la mora sea remediada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. Luego, descender\u00e1 al caso concreto, momento en el cual evaluar\u00e1 los factores que son relevantes para conceder la protecci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
2.- De la mora judicial: la importancia del cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, el deber de diligencia de los funcionarios y empleados judiciales, y la congesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
El legislador ha previsto plazos para que las autoridades judiciales tramiten los asuntos a cargo. Ello, no solo para materializar el derecho de las personas a que sus prerrogativas y deberes sean reconocidos en un plazo razonable1, sino para garantizar la efectividad de estos. <\/p>\n
Quien acude a la jurisdicci\u00f3n con el fin de que se le resuelva alg\u00fan conflicto que lo afecta, pone nada m\u00e1s y nada menos que, su vida, familia y patrimonio en manos de servidores judiciales. As\u00ed que, a tono con esa gran responsabilidad, se reclama de ellos diligencia en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo2. Principio y deber, que de acuerdo con el \u00abComentario sobre los Principios de Bangalore sobre conducta judicial3\u00bb, requiere que \u00abla magistratura \u2018desempe\u00f1e todos los deberes judiciales […] de manera eficiente, justa y con una prontitud razonable\u2019\u00bb4. De nada vale el reconocimiento de un derecho, si luego, ante el tiempo que ha tomado su definici\u00f3n, aquel carecer\u00e1 de toda eficacia. <\/p>\n
En ese contexto, deben comprenderse los alcances del deber de los servidores judiciales de \u00ab[r]esolver los asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos previstos en la ley y con sujeci\u00f3n a los principios y garant\u00edas que orientan el ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb (num. 15, art. 153 de la Ley 270 de 1996), y concretamente de los falladores, de \u00abdirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb, y \u00abdictar las providencias dentro de los t\u00e9rminos legales, fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal y asistir a ellas\u00bb (numerales 8 y 9 del C.G.P.) <\/p>\n
Ahora, cuando se infringe el deber de tramitar oportunamente las controversias, se estructura la mora judicial, en desmedro de la tutela jurisdiccional de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Claro, que exista mora no significa que haya un desempe\u00f1o negligente de las funciones jurisdiccionales. Hay m\u00faltiples circunstancias que la pueden provocar, y que pueden ser ajenas a la diligencia que se demanda de sus servidores. En ese sentido, el \u00abComentario relativo a los Principios de Bagalore sobre la conducta judicial\u00bb se\u00f1ala: <\/p>\n
La capacidad de actuar con diligencia en el desempe\u00f1o de las obligaciones judiciales puede depender de la carga de trabajo, la suficiencia de los recursos (incluida la disponibilidad de personal de apoyo y de asistencia t\u00e9cnica) y el tiempo para la investigaci\u00f3n, deliberaci\u00f3n, redacci\u00f3n y otras obligaciones judiciales que no sean la participaci\u00f3n en las audiencias del tribunal. <\/p>\n
En los tiempos que corren, en los que los que la conflictividad social se ha incrementado, y con ello, el n\u00famero de causas que debe resolver la administraci\u00f3n de justicia, la mora judicial se ha normalizado. Se ha vuelto tan ordinario no atender oportunamente las causas, que acatar los tiempos o no da lo mismo, cuando no es ni deber\u00eda ser as\u00ed. <\/p>\n
No hay duda que los anotados factores afectan el cumplimiento de los plazos consagrados por el legislador. Por eso, es comprensible que cuando ellos concurren, todas las controversias o algunas de ellas no se impulsen en tiempo. Pero ello no significa que el retardo est\u00e9 bien, o que este pueda asumirse como \u00abnatural\u00bb, ni mucho menos que el deber de los servidores de sustanciar oportunamente los asuntos se extinga. No. Como se vio, lo que est\u00e1 en juego es la efectividad de los derechos de los asociados. Por tanto, la diligencia que se reclama de las autoridades jurisdiccionales, impone, tambi\u00e9n, adoptar medidas razonables y concretas para superar la congesti\u00f3n. Todo, a fin de solucionar las contiendas oportunamente o en un plazo razonable. Mem\u00f3rese que \u00ab[l]a judicatura es una instituci\u00f3n de servicio a la comunidad\u00bb, de ah\u00ed que quienes laboran en ella est\u00e1n llamados a implementar las iniciativas que se estimen \u00fatiles para el mejoramiento del servicio5. <\/p>\n
Es que, pese a que la congesti\u00f3n judicial es un problema que afecta a la mayor\u00eda de los juzgados, propiciado, seg\u00fan se vio por m\u00faltiples factores, eso no releva al fallador y a sus colaboradores de enfilar esfuerzos para conjurar el problema, ya que pueden hacerlo a trav\u00e9s de los recursos de los que disponen, o gestionando aquellos que no tienen. <\/p>\n
En suma, toda vez que la efectividad de los derechos de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia est\u00e1 ligada al cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, los funcionarios y empleados judiciales deben procurar, estrictamente, su observancia. Y en virtud del deber de sustanciar diligentemente los asuntos a su cargo, est\u00e1n convocados a adoptar las medidas necesarias para remediar las circunstancias que entorpezcan su impulso oportuno. <\/p>\n
3.- De la acci\u00f3n de tutela y la mora judicial: los aspectos a evaluar para que sea conjurada a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
No obstante la importancia del cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, no toda mora judicial es susceptible de ser conjurada a trav\u00e9s de este sendero. Solo es susceptible de ser remediada, como lo ha dicho la Corte, aquella que es el resultado de \u00ab\u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC11155-2022, STC11379-2022, entre otras). <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la viabilidad de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial depende de que, en principio, se advierta la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n, y la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
3.1.- Para establecer lo primero, deber\u00e1 definirse cu\u00e1l es la norma que fija los plazos para atender la solicitud, y verificar que, en efecto, hayan sido superados al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
3.2.- Para lo segundo, importa indagar por las circunstancias que originaron la mora y c\u00f3mo ellas la provocaron. Con ese fin, deber\u00e1 confrontarse el expediente y analizarse las razones esgrimidas por el servidor judicial en aras de exculpar la desatenci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Ahora, no cualquier motivo tiene la virtualidad de escudar la mora judicial, solo aquella que la justifique, esto es, que pruebe, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la omisi\u00f3n no es atribuible a la dependencia judicial. As\u00ed se infiere al acudir al Diccionario de la lengua espa\u00f1ola que define el verbo \u00abjustificar\u00bb como la acci\u00f3n de \u00abprobar algo con razones convincentes, testigos o documentos\u00bb, \u00abprobar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Una de esas razones convincentes que pueden justificar la mora es la congesti\u00f3n judicial. Pero, como hacerlo equivale a probar que la inobservancia de los plazos es ajena al aludido deber de diligencia, cuando dicha circunstancia se alegue, no ser\u00e1 suficiente que el servidor la invoque. Deber\u00e1, adem\u00e1s, traer a este escenario prueba i) de su congesti\u00f3n, de suerte que el juez constitucional pueda constatar la carga laboral invocada; ii) de c\u00f3mo ella impacta en la atenci\u00f3n oportuna del caso concreto; iii) al igual que de las medidas razonables y concretas que ha enfilado para superar el represamiento. <\/p>\n
Es que, si bien, como se advirti\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, la congesti\u00f3n judicial tiene la capacidad de perturbar el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia y se predica de la mayor\u00eda de las agencias judiciales, no por eso puede acudirse a ella, gen\u00e9ricamente, para respaldar la mora. <\/p>\n
Lo anterior, porque dada la diversidad de controversias que la jurisdicci\u00f3n atiende, su naturaleza y complejidad, la demanda de justicia, as\u00ed como la distribuci\u00f3n de los jueces a lo largo del territorio nacional, la admisibilidad de las exculpaciones debe analizarse en cada caso en concreto, a la luz de sus particularidades. As\u00ed, un a\u00f1o de mora o m\u00e1s podr\u00e1 estar justificado en un asunto, mientras que, en otro, puede no estarlo ante los rasgos que lo caracterizan. <\/p>\n
Entonces, cuando en el marco de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial los funcionarios y empleados disculpen la tardanza en la congesti\u00f3n del despacho, deber\u00e1n justificarla a trav\u00e9s de la prueba de su existencia, de su incidencia en la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos, as\u00ed como de la debida diligencia empleada para remediarla. <\/p>\n
3.3.- Al lado de los anteriores criterios, a fin de determinar si es viable o no este sendero para que cese la mora judicial, se encuentra el de trascendencia la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Al igual que en otro tipo de auxilios, importa indagar, a efectos de determinar si la intervenci\u00f3n constitucional es o no necesaria, por el grado en que la acci\u00f3n o la vulneraci\u00f3n de la autoridad denunciada hiere las garant\u00edas fundamentales de quien la implora. <\/p>\n
Ahora, la citada trascendencia en ayudas como esta, en las que se denuncia la mora de las autoridades judiciales, se traduce en determinar la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante. <\/p>\n
Es que, bien puede ocurrir, que pese a la inobservancia un t\u00e9rmino para resolver determinado asunto, y la ausencia de motivos razonables para su incumplimiento, la intromisi\u00f3n no se justifique porque, por ejemplo, la intensidad de la afectaci\u00f3n del debido proceso es m\u00ednima, al ser pocos d\u00edas de mora, o bien porque la situaci\u00f3n del interesado no amerita la intervenci\u00f3n. Claro, no ser\u00e1 lo mismo cinco (5) d\u00edas que cinco (5) a\u00f1os de tardanza. Tampoco ser\u00e1 igual cuando la omisi\u00f3n compromete intereses de un sujeto de especial protecci\u00f3n, como un ni\u00f1o a una persona en condiciones de discapacidad. A su vez, la discusi\u00f3n ser\u00e1 diferente en la hip\u00f3tesis en que la infracci\u00f3n solo lesione el debido proceso, a que involucre otras garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Y es que, si la injerencia supralegal en los asuntos de mora judicial se traduce en indicarle al fallador que atienda determinado caso por encima de otros que tambi\u00e9n debe tramitar oportunamente, es claro que debe justificarse suficientemente la necesidad de la intromisi\u00f3n. De lo contrario, la acci\u00f3n de tutela terminar\u00eda convertida en una herramienta para alterar el orden de los turnos para fallar las causas, y no para proteger derechos fundamentales. <\/p>\n
De manera que cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los t\u00e9rminos para realizar determinada actuaci\u00f3n, no solo importa verificar, a efectos de determinar su procedencia, la existencia de la infracci\u00f3n y si la misma est\u00e1 debidamente justificada, tambi\u00e9n es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante. <\/p>\n
4.- Caso concreto: i) la mora del juzgado accionado, ii) la falta de justificaci\u00f3n de la mora, y iii) la trascendencia de la mora en los derechos de la quejosa: el tiempo de la tardanza denunciada y los intereses que envuelve la solicitud de la accionante, como factores para evaluar la intensidad de la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
4.1.- Mora del Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar en resolver la petici\u00f3n de la accionante. <\/p>\n
La c\u00e9lula judicial de la capital del Cesar est\u00e1 en mora de atender el reclamo de la promotora porque el plazo para impulsarlo y decidirlo se encuentra vencido. <\/p>\n
Al respecto, importa destacar que el art\u00edculo 109 del C\u00f3digo General del Proceso ense\u00f1a que \u00ab[e]l secretario har\u00e1 constar la fecha y hora de presentaci\u00f3n de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregar\u00e1 al expediente respectivo; los ingresar\u00e1 inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia\u00bb. Por su parte, el precepto 120 del mismo estatuto dispone que \u00ab[e]n las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas (\u2026), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, como lo inform\u00f3 la jueza acusada al enfrentar el escrito de tutela, la petici\u00f3n remitida por la impulsora el 30 de junio de 2022 ni siquiera hab\u00eda sido incorporada al expediente digital al 16 de agosto. <\/p>\n
Ahora, si bien, seg\u00fan lo explic\u00f3 la unidad judicial querellada, la responsabilidad de ingresar el memorial al despacho era del resorte del Centro de Servicios de los Juzgados Civiles y Familia de la ciudad de Valledupar, eso no descarta la mora que se le atribuye. En primer lugar, porque conoc\u00eda o deb\u00eda conocer de la existencia de la misiva, al hab\u00e9rsele remitido el escrito al canal digital que tiene habilitado para la atenci\u00f3n de los usuarios. Y en segunda medida, el juez es el director del proceso y, por ende, es quien debe \u00abvelar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n (\u2026) adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar mayor econom\u00eda procesal\u00bb (num. 1\u00b0 art. 42 del CGP.). <\/p>\n
Por otro lado, no sobra precisar, que a trav\u00e9s de la comunicaci\u00f3n enviada a la entidad interesada con ocasi\u00f3n de la salvaguarda -16 ag. 2022-, no se atendi\u00f3 su exigencia. All\u00ed, solo se le mand\u00f3 un informe de los t\u00edtulos consignados a \u00f3rdenes del proceso, se precis\u00f3 que las entidades llamadas a acatar las medidas cautelares deb\u00edan respetar el l\u00edmite de estas, y que para efectos de la respectiva cancelaci\u00f3n se ingresar\u00eda el expediente al despacho. <\/p>\n
Y con posterioridad, no ces\u00f3 la actuaci\u00f3n impugnada, ya que, de acuerdo con el expediente, la sentenciadora enjuiciada emiti\u00f3 auto el 19 de septiembre de 2022 con el fin de requerir a la secretar\u00eda para que organizara el expediente atendiendo a los protocolos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sin desatar de fondo los anhelos de la precursora. <\/p>\n
4.2.- La ausencia de justificaci\u00f3n de la tardanza denunciada. <\/p>\n
La mora en tramitar el ruego del Departamento del Cesar es injustificada, por cuanto agencia acusada no demostr\u00f3, con razones convincentes, que la tardanza fuera ajeno al cumplimiento del deber de diligencia. <\/p>\n
En el asunto, aunque se adujo que los empleados y la titular del despacho eran nuevos en el cargo, no se precis\u00f3 la fecha de su posesi\u00f3n ni c\u00f3mo la misma incid\u00eda en la resoluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n. Asimismo, pese a que la tardanza se escud\u00f3 en el volumen de las controversias a cargo del despacho, tampoco se describi\u00f3, ni se acredit\u00f3 su n\u00famero ni c\u00f3mo la din\u00e1mica de su composici\u00f3n imped\u00eda impulsar oportunamente la solicitud de la querellante. Mucho menos, se dio cuenta de las medidas aplicadas para superar la congesti\u00f3n alegada. <\/p>\n
Por otro lado, la indebida digitalizaci\u00f3n del expediente advertida en esta instancia tampoco es suficiente para secundar la demora. Si bien, el tr\u00e1mite del proceso depende en gran medida de dicha circunstancia, debido a que la prestaci\u00f3n del servicio de administraci\u00f3n de justicia, es por regla general, virtual, lo cierto es que en estos momentos, despu\u00e9s de haber transcurrido m\u00e1s de tres de meses desde la radicaci\u00f3n de la solicitud, y haberse concretado desde hace alg\u00fan tiempo el plan de digitalizaci\u00f3n en el circuito judicial de Valledupar, alegarla como motivo de impedimento para emitir la decisi\u00f3n correspondiente es inadmisible. Con mayor raz\u00f3n, si luego de la presentaci\u00f3n de la tutela no se evidencia la adopci\u00f3n de medidas serias, enfiladas a proveer sobre el reclamo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, en virtud del auxilio, la secretaria de la unidad judicial advirti\u00f3 a la entidad que ingresar\u00eda la solicitud al despacho -16 ag. 2022-, pero esa actuaci\u00f3n solo la cumpli\u00f3 entre el 13 y el 16 del mes siguiente, cuando en el tr\u00e1mite de esta instancia se le pidi\u00f3 que informara si as\u00ed se hab\u00eda procedido, lo que provoc\u00f3 la emisi\u00f3n del auto de 19 de septiembre, en el que, se repite, simplemente, se dispuso la organizaci\u00f3n del expediente, sin establecer, por ejemplo, un plazo para concretar dicho mandato. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, en la contienda examinada, las explicaciones suministradas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar para abstenerse de impartirle el tr\u00e1mite correspondiente a la exigencia del departamento del Cesar, al no estar debidamente soportadas, no justifican la mora advertida. <\/p>\n
4.3.- La trascendencia de la mora frente a los derechos de la quejosa: an\u00e1lisis del tiempo de la tardanza denunciada y los intereses que envuelve la solicitud de la accionante, como factores para evaluar la intensidad de la afectaci\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto, como lo apunt\u00f3 la Corporaci\u00f3n de origen, que la mora denunciada no es excesiva, si en cuenta se tiene que entre la radicaci\u00f3n de la solicitud -30 jun. 2022- hasta el 8 de agosto, cuando se promovi\u00f3 la tutela, ocurrieron 24 d\u00edas h\u00e1biles. A lo anterior, podr\u00eda sumarse el argumento seg\u00fan el cual, de todos modos, el juzgado est\u00e1 en camino de dirimir la rogativa, solo falta que la secretaria organice el expediente digital, lo ingrese nuevamente al despacho y la titular del despacho emita la providencia respectiva. Todo lo cual, en principio, denotar\u00eda la falta de trascendencia de la vulneraci\u00f3n y, por ende, la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Sin embargo, ello no es as\u00ed, toda vez que la intensidad de la afectaci\u00f3n debe valorarse, tambi\u00e9n, en funci\u00f3n de los intereses p\u00fablicos que pretende defender la accionante a trav\u00e9s de la s\u00faplica impulsada. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese, de un lado, que el departamento del Cesar es una entidad territorial y, por ende, los dineros que su propiedad son recursos p\u00fablicos destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad cesarense. Y por otro, que, en la petici\u00f3n de 30 de junio de 2022, tras rogar que se informara \u00absi a la fecha se encuentra constituido dep\u00f3sito judicial que garantice el l\u00edmite del embargo y\/o retenci\u00f3n de dinero\u00bb, esboz\u00f3: <\/p>\n
En caso afirmativo, pido se comunique a esta entidad y al resto de las entidades bancarias oficiales para dar cumplimiento al auto que decret\u00f3 medida cautelar, la constituci\u00f3n del dep\u00f3sito judicial, en raz\u00f3n a que se han presentado bloqueos de cuentas por otras entidades bancarias aun cuando se encuentran constituidos los respectivos dep\u00f3sitos judiciales, lo que dificulta la ejecuci\u00f3n presupuestal de la entidad territorial. <\/p>\n
Es decir, la s\u00faplica de la querellante reviste especial relevancia, al pretenderse, a trav\u00e9s de ella, el manejo del caudal que requiere con el objetivo de cumplir con sus funciones constitucionales y legales. De suerte que no es irrelevante frente a los intereses en juego, si se tramita oportunamente o algunos d\u00edas despu\u00e9s del tiempo contemplado en la ley (10 d\u00edas). <\/p>\n
Por otra parte, los administradores de justicia est\u00e1n llamados a adoptar las medidas pertinentes en aras de defender los intereses p\u00fablicos. La Corte ha dicho que \u00abno pueden ser simples convidados de piedra\u00bb, sino que deben ser proactivos para evitar el riesgo de ocasionar un detrimento al erario, en los casos en los que este se encuentre comprometido (STC037-2022, STC3937-2021, entre otras). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que el hecho de que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar no hubiese impulsado la solicitud que present\u00f3 el departamento del Cesar en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas compromete los intereses p\u00fablicos, dicha mora es trascendente y, por tanto, debe ser conjurada a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
2.- En resumen, como el despacho accionado se encuentra en mora de tramitar el reclamo de la gestora, no justific\u00f3 objetivamente la tardanza, y la misma perjudica los intereses p\u00fablicos que defiende el ente territorial, se infirmar\u00e1 el fallo del Tribunal de Valledupar, que neg\u00f3 el amparo instado por el departamento del Cesar y, en su lugar, se conceder\u00e1, orden\u00e1ndole a dicha agencia resolver lo pedido por la actora en un t\u00e9rmino de m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n invocada por el Departamento del Cesar. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Juez Primero Civil del Circuito de Valledupar que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del enteramiento de esta providencia, defina de fondo la solicitud elevada por la entidad accionante el 30 de junio de 2022, en el ejecutivo 20001-31-03-001-2019-00123-00. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El art\u00edculo 8\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, la cual hace parte de la Carta de Derechos, en virtud del Bloque de Constitucionalidad, establece como garant\u00eda judicial que \u00ab[t]oda persona tiene derecho a ser o\u00edda con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter. El canon 29 de la Carta Pol\u00edtica establece como garant\u00eda a favor de los personas el debido proceso sin dilaciones injustificadas. Por su parte, el precepto 228 consagra que \u00ablos t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado\u00bb. El art\u00edculo 2 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abtoda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeci\u00f3n a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable. Los t\u00e9rminos se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento injustificado ser\u00e1 sancionado\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 270 de 1996: \u00abLa administraci\u00f3n de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley. <\/p>\n
3\u0002 Fueron reconocidos, en 2006, por el Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas, y est\u00e1n \u00abformulados para servir de gu\u00eda a los jueces y para proporcionar a la judicatura un marco que regule la conducta judicial\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 El mismo principio es reiterado por la \u00abGu\u00eda sobre c\u00f3mo elaborar e implementar C\u00f3digos de Conducta Judicial\u00bb, elaborado por la Red Mundial de Integridad Judicial, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, 2019, as\u00ed como por otros instrumentos (C\u00f3digo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial, Declaraci\u00f3n de Londres sobre \u00c9tica Judicial, Principios Espa\u00f1oles de \u00c9tica Judicial, entre otros). <\/p>\n
5\u0002 El numeral 12 del art\u00edculo 153 de la Ley Estatuaria de Administraci\u00f3n de Justicia contempla: Son deberes de los funcionarios y empleados, seg\u00fan corresponda (\u2026): Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administraci\u00f3n y las iniciativas que se estimen \u00fatiles para el mejoramiento del servicio. <\/p>\n
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STC13282-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13282-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 20001-22-14-002-2022-00196-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo emitido por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67832","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67832"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67832\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}