STC13285-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13285-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03249-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por IPS Nueva Esperanza S.A.S., Inmobiliaria Proyectos Corozal S.A.S. y C\u00e9sar Tulio Valeta P\u00e9rez1 contra la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abdejar sin efectos la sentencia del 13 de julio de 2022, dictada por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo. En su lugar, ordenar que se contin\u00fae con la ejecuci\u00f3n a fin de que se proceda al pago de las facturas adeudadas por la Secretar\u00eda de Salud \u2013 Departamento de Sucre\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La IPS Nueva Esperanza S.A.S. formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra del Departamento de Sucre, con miras a obtener el pago de unas facturas por $573\u00b4635.097, $608\u00b4214.310; $5\u00b4276.194.435 y $1\u00b4727.418.784; asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil con Funciones Laborales de Corozal, autoridad que el 23 de marzo de 2021 libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 10 de junio de 2021 el estrado de conocimiento, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; determinaci\u00f3n apelada el ente territorial. <\/p>\n
2.3. El 13 de julio de 2022 el Tribunal encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abausencia del requisito esencial de exigibilidad del t\u00edtulo o t\u00edtulos valores de recaudo con el que se pretende el pago forzado\u00bb y, en consecuencia, revoc\u00f3 el fallo recurrido para, en su lugar, da por terminada la ejecuci\u00f3n, al considerar que los efectos del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos adelantado por el Departamento ejecutado, estaba vigente. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, no hab\u00eda lugar a revocar la orden de seguir con la ejecuci\u00f3n, toda vez que el acuerdo de reestructuraci\u00f3n tuvo vigencia hasta diciembre de 2020 seg\u00fan el escenario financiero, que si bien se autoriz\u00f3 al gobernador modificar la pr\u00f3rroga all\u00ed dispuesta, lo cierto es que \u00abno hizo uso de aquellas facultades. La prueba de ello lo constituye el hecho de que ante el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, no se encuentra inscrita ninguna modificaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la que los t\u00edtulos objeto de cobro s\u00ed cumple con el presupuesto de exigibilidad. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que si bien el Tribunal previo a emitir pronunciamiento decret\u00f3 como prueba de oficio requerir al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con el fin de que informara el plazo de la ejecuci\u00f3n del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos y certificara su vigencia, lo cierto es que dicha cartera ministerial con oficio n\u00b0 2-2022-013016 de 28 de marzo de 2022 se limit\u00f3 a indicar que \u00abse encuentra en estado VIGENTE\u00bb, sin indicar el plazo de la ejecuci\u00f3n de las acreencias, por lo que tal probanza no pod\u00eda atenderse, pues, insiste, se limit\u00f3 a la vigencia y no al plazo, llevando al desconocimiento de los art\u00edculos 5 y 35 de la Ley 550 de 1999 en punto a la fijaci\u00f3n del plazo. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que el colegiado le dio m\u00e1s valor probatorio a la comunicaci\u00f3n del Ministerio de Hacienda, que en su sentir est\u00e1 desactualizado, sin tener en cuenta los dem\u00e1s medios suasorios tales como el mismo acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos, la exposici\u00f3n de motivos y ordenanza n\u00b0 024 de 17 de julio de 2020, las 3 peticiones dirigidas por la parte ejecutante a la cartera ministerial, con las que se evidenciaba que dicho pacto tuvo vigencia hasta diciembre de 2020. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que la falta de pago de las obligaciones reclamadas conlleva a la alteraci\u00f3n de otros factores del sistema de salud, toda vez que tiene obligaciones pendientes con los ex trabajadores, asimismo, se evidencia \u00abun problema estructural del sistema de salud colombiano: la grave y absoluta desprotecci\u00f3n judicial de las instituciones prestadoras de salud, con las consecuentes afectaciones a los derechos de los usuarios, los trabajadores y en general a todos aquellos actores que de una u otra manera est\u00e1n vinculados con dichas instituciones\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, toda vez que est\u00e1 ajustada a un estudio cuidadoso de los medios suasorios y de los preceptos legales aplicables a la materia; anot\u00f3 que se remite a las consideraciones contenidas en el fallo criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico manifest\u00f3 que el acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del Departamento de Sucre est\u00e1 vigente conforme aparece consignado en el registro que para tal efecto dispone el numeral 16 del art\u00edculo 58 de la Ley 550 de 1999, as\u00ed como, con fundamento a la interpretaci\u00f3n que hizo el comit\u00e9 de vigilancia en virtud de los numerales 1\u00b0 y 10 del canon 33 de la misma norma y las funciones y reglas consignadas en el numeral 15 de la cl\u00e1usula 9, 33, 34 y 35 del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del departamento, consignada en el acta n\u00b0 35 de 28 y 29 de diciembre de 2020; que si el inter\u00e9s de los promotores ha sido el recaudo de la obligaci\u00f3n, debe acudir a las acciones procesales contempladas en el art\u00edculo 37 de la citada ley 550; que no vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Mario Andr\u00e9s Lara Salcedo, Luis Carlos Mendoza Herazo, Jos\u00e9 Luis Salgado Aguas, C\u00e9sar Augusto P\u00e9rez Ortega, Iv\u00e1n Andr\u00e9s Cuello Tovar, Alcides Mart\u00ednez D\u00edaz, Linda Yohana Mart\u00ednez Herazo, Pedro Xavier Contreras G\u00f3mez, Franchesco Javier Baleta P\u00e9rez, Daison Gabriel Boh\u00f3rquez Tovar, Jairo Alonso Barreto Cort\u00e9s y Estrella Matina Mart\u00ednez Herazo, quienes aducen actuar en calidad de ex trabajadores de la IPS Nueva Esperanza S.A.S., coadyuvaron las pretensiones constitucionales, pues al obtener un fallo favorable a favor de la accionante \u00abaliviar\u00eda la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica por la que est[\u00e1n] atravesando desde que [la] cerraron\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Departamento de Sucre, a trav\u00e9s de apoderado judicial, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues el acuerdo de reestructuraci\u00f3n est\u00e1 vigente, tal como lo certific\u00f3 el Ministerio, adem\u00e1s, no se han cancelado la totalidad de las obligaciones; manifest\u00f3 que incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, ante la Superintendencia de Sociedades los accionantes est\u00e1n solicitando que se declare las que las obligaciones post concordatarias adeudadas por el ente territorial y originadas en la IPS son claras y actualmente exigibles; que ante ciertas irregularidades presentadas, se adelant\u00f3 una auditor\u00eda y con dicha resultas se tramita una denuncia y un juicio penal <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal convocado en la providencia de 13 de julio de 2022, que revoc\u00f3 la dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal, el 10 de junio de 2021, tras citar la finalidad y disposiciones de la Ley 550 de 1999, espec\u00edficamente la reestructuraci\u00f3n de pasivos de entes territoriales, donde el promotor del acuerdo es el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y con apoyo en la jurisprudencia (C-493\/2002; C-061\/2010), consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026en aras de constatar la vigencia del Acuerdo en menci\u00f3n, esta Colegiatura por medio de prove\u00eddo del 18 de marzo de 2022 decret\u00f3 una prueba de oficio, consistente en requerir al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico – Direcci\u00f3n General de Apoyo Fiscal, a fin de que certificara dicha informaci\u00f3n, a lo que \u00e9ste, por medio de Oficio No. 2-2022-013016 del 28 de marzo de 2022, hizo constar lo siguiente: <\/p>\n
\u201c\u2026me permito remitir el registro que adelanta la Direcci\u00f3n General de Apoyo Fiscal como entidad nominadora de los acuerdos de reestructuraci\u00f3n de pasivos que ejecutan las entidades territoriales, en el cual se observa que el acuerdo suscrito entre el Departamento de Sucre y sus acreedores en el a\u00f1o 2010, se encuentra en estado VIGENTE\u201d (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Ante tal evidencia, forzoso es concluir que el t\u00e9rmino de vigor del acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos no ha expirado, persistiendo entonces los efectos del mismo, entre otros, los referentes a la imposibilidad de adelantar procesos ejecutivos en contra del Departamento de Sucre, para obtener el pago de cr\u00e9ditos previos o posteriores a la suscripci\u00f3n del mentado acuerdo, pues la Colegiatura conf\u00eda en la informaci\u00f3n suministrada por una autoridad p\u00fablica en ejercicio de sus funciones, entre las que precisamente se encuentra la de efectuar el seguimiento al desarrollo y ejecuci\u00f3n de los acuerdos de restructuraci\u00f3n de pasivos. <\/p>\n
Seguidamente, analiz\u00f3 la alegaci\u00f3n de cara al plazo de ejecuci\u00f3n del acuerdo de reestructuraci\u00f3n, dijo que: <\/p>\n
No obstante, al estar en desacuerdo con la certificaci\u00f3n expedida por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la parte actora adujo que el aludido Acuerdo perdi\u00f3 vigor, argumentando que el art\u00edculo 35 de la Ley 550 de 1990, al establecer las causales de terminaci\u00f3n del mismo, concibe el cumplimiento del plazo estipulado para su duraci\u00f3n. Que bajo esa premisa, el Acuerdo feneci\u00f3 en raz\u00f3n al vencimiento del plazo de ejecuci\u00f3n, pues si bien es cierto que \u00e9ste no aparece de manera clara y expresa dentro del clausulado, debe tenerse en cuenta que en el Anexo No. 2, que corresponde al Escenario Financiero, se incorpora de forma palmaria la programaci\u00f3n de los pagos a los acreedores, se\u00f1alando para efectos de ejecuci\u00f3n del Acuerdo un per\u00edodo comprendido entre el 10 de diciembre de 2010 y el 2020, es decir, de 10 a\u00f1os y 21 d\u00edas. <\/p>\n
Pues bien, a consideraci\u00f3n de la Sala, las aludidas disertaciones no son suficientes para arribar a la anterior conclusi\u00f3n, pues si bien es cierto que existe un escenario financiero que hace parte integrante del Acuerdo, tambi\u00e9n lo es que en las disposiciones finales de \u00e9ste, concretamente en el art\u00edculo 43, al establecer el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n, se dispone que \u201cEl presente ACUERDO se entender\u00e1 totalmente cumplido una vez queden canceladas la totalidad de las OBLIGACIONES relacionadas en el Anexo 1\u201d, y como quiera que en el plenario se desconoce si las acreencias adeudadas fueron satisfechas, resultan inoponibles las aseveraciones de la parte ejecutante, m\u00e1xime que como ya se dijera, no puede esta Colegiatura desconocer o apartarse de la certificaci\u00f3n de la autoridad leg\u00edtima que da fe que dicho convenio se encuentra en estado vigente. <\/p>\n
Ahora, es de recordar que las disposiciones contenidas en el Acuerdo son de obligatoria observancia para las partes que lo suscriben y para todos los acreedores internos y externos de la entidad, independientemente a que no hayan participado en la negociaci\u00f3n del Acuerdo o que, habi\u00e9ndolo hecho, no hayan consentido en \u00e9l, de conformidad a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 34 de la Ley 550 de 1999. <\/p>\n
En este sentido, llegar a una interpretaci\u00f3n que se aparta del t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 43 del Acuerdo, implica desconocer las disposiciones del mismo. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si bien el escenario financiero al que hace alusi\u00f3n la parte ejecutante establece unas anualidades, tambi\u00e9n es cierto que en el mismo no se restringe la operancia del Acuerdo a la llegada de las calendas ah\u00ed contenidas, de modo que a partir de esa probanza no es posible sostener la tesis del libelista. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 la ordenanza n\u00b0 24 del 15 de julio de 2020 expedida por la asamblea departamental de Sucre por medio del cual se confieren facultades al Gobernador del Departamento para promover, negociar y celebrar una modificaci\u00f3n del Acuerdo de pasivos, as\u00ed como a la exposici\u00f3n de motivos de 16 de junio de 2020 enviada por el Gobernador al presidente de la Asamblea Departamental de Sucre, precisando que: <\/p>\n
A consideraci\u00f3n de la IPS NUEVA ESPERANZA SAS, lo anterior implica que el plazo de ejecuci\u00f3n del Acuerdo venci\u00f3 en el mes de diciembre de 2020, porque el Gobernador no hizo uso de sus facultades, y prueba de ello es que ante el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico no se encuentra inscrita ninguna modificaci\u00f3n al Acuerdo, la cual es exigida por \u00e9ste y por la Ley 550 de 1999. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, estima esta Corporaci\u00f3n que a trav\u00e9s de la Ordenanza arrimada se conceden facultades al Gobernador para celebrar una modificaci\u00f3n al Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de Pasivos, sin embargo, en dicha decisi\u00f3n no se establece espec\u00edficamente para qu\u00e9 clase de modificaciones se conceden las potestades. En el texto simplemente se decide \u201cAutoriza al gobernador de sucre (sic) para promover, negociar y celebrar una modificaci\u00f3n al Acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos en los t\u00e9rminos de la ley 550 de 1999\u201d. Ahora, tampoco se tiene certeza de que en efecto el Gobernador no hizo uso de las facultades conferidas; en todo caso, ello por s\u00ed solo de ninguna manera conduce a concluir que la vigencia del Acuerdo expir\u00f3. <\/p>\n
Y es que tales potestades otorgadas al Gobernador bien pudieron realizarse en el marco de la cl\u00e1usula 29 del Acuerdo de reestructuraci\u00f3n, seg\u00fan la cual: \u201cEl COMIT\u00c9 DE VIGILANCIA queda facultado para modificar el presente ACUERDO, solo en lo relacionado con la actualizaci\u00f3n del flujo financiero del Anexo 2 que es parte integral del mismo; en los siguientes eventos: <\/p>\n
\uf0b7 Cuando la situaci\u00f3n financiera del departamento sea superior y difiera de los valores proyectados <\/p>\n
\uf0b7 Cuando se requiera incorporar acreencias derivadas de derechos laborales y decisiones judiciales en firme, respecto a hechos posteriores a la iniciaci\u00f3n de la promoci\u00f3n del presente ACUERDO con el fin de asegurar su cancelaci\u00f3n. <\/p>\n
\uf0b7 Aplazar obligaciones del DEPARTAMENTO distintas a las directamente relacionadas con el pago de las ACREENCIAS, fijando en cualquier caso el plazo para su cumplimiento. <\/p>\n
\uf0b7 Cuando el incumplimiento sea producto de circunstancias ajenas a las actuaciones de EL DEPARTAMENTO y \u00e9ste lo justifique plenamente, el COMIT\u00c9 DE VIGILANCIA podr\u00e1 prorrogar el pago de las OBLIGACIONES materia del presente ACUERDO hasta por un plazo m\u00e1ximo de un (1) a\u00f1o\u201d <\/p>\n
En este sentido, como quiera que de conformidad a la cl\u00e1usula 7 ib\u00eddem, el representante legal del Departamento de Sucre tambi\u00e9n hace parte del comit\u00e9 de vigilancia, bien pudo acontecer que las facultades concedidas se hubieren otorgado en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en las disposiciones citadas y no precisamente para un tema relacionado con el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de la convenci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, en lo que respecta a la exposici\u00f3n de motivos tra\u00edda a colaci\u00f3n por el representante judicial de la entidad actora, avizora esta Magistratura que la misma carece de sustento probatorio, pues el libelista simplemente se limit\u00f3 a citar el texto. Empero, si en gracia de discusi\u00f3n llegare a contarse con el sustento probatorio de \u00e9sta, la misma tampoco es determinante para el objetivo perseguido, pues al decir que \u201c\u2026nos encontramos a escasos meses de finalizaci\u00f3n del plazo del Acuerdo, definido en la negociaci\u00f3n\u2026\u201d, no se est\u00e1 indicando que la terminaci\u00f3n del Acuerdo se producir\u00e1 en el mes de diciembre del a\u00f1o 2020 o en otra fecha espec\u00edfica, pues es una afirmaci\u00f3n abstracta. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Lo expuesto lleva a esta Sala a concluir que los argumentos y documentales arrimadas por la parte ejecutante no son suficientes para quitarle m\u00e9rito a la certificaci\u00f3n aportada por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en virtud de la cual se hace constar que el Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de Pasivos suscrito por el DEPARTAMENTO DE SUCRE, goza de plena vigencia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Corolario de lo anterior, y atendiendo a que a\u00fan persisten los efectos del citado Acuerdo, no era posible adelantar el presente proceso ejecutivo en contra de la entidad territorial encausada, situaci\u00f3n que lleva a este Tribunal a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u201causencia del requisito esencial de exigibilidad del t\u00edtulo o t\u00edtulos valores de recaudo con el que se pretende el pago forzado\u201d propuesta por el DEPARTAMENTO DE SUCRE; dar por terminado el presente proceso, disponiendo a su vez el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y condenar en costas en primera instancia a la ejecutante IPS NUEVA ESPERANZA SAS. <\/p>\n
En adici\u00f3n, le precis\u00f3 a la ejecutante que: <\/p>\n
\u2026en manos de los interesados est\u00e1 hacer uso del mecanismo previsto en el numeral 3 del art\u00edculo 35 de la Ley 550 de 1999, para dar por terminado el Acuerdo de Reestructuraci\u00f3n de Pasivos, evento en el que, a voces del par\u00e1grafo de la referida norma, se realizar\u00e1 una reuni\u00f3n de acreedores internos y externos presidida por el promotor o quien haga sus veces, a la cual asistir\u00e1n los miembros del comit\u00e9 de vigilancia, y se decidir\u00e1 con el voto favorable de los acreedores. Sin embargo, en el caso de marras dicho tr\u00e1mite no se ha efectuado por parte de los interesados y tampoco se avizora que haya acaecido cualquier otra circunstancia que le reste vigencia a la mentada convenci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los quejosos es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 las normas y jurisprudencia que regulan el proceso de reestructuraci\u00f3n, as\u00ed como los medios suasorios allegados al plenario, concluyendo que el acuerdo de reestructuraci\u00f3n de pasivos del Departamento de Sucre suscrito con sus acreedores en el a\u00f1o 2010 est\u00e1 vigente conforme lo certific\u00f3 el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, por lo que, conforme a lo dispuesto en el numeral 13 del art\u00edculo 58 Ley 550 de 1999 y la sentencia C-061 de 2010 no es procedente iniciar procesos ejecutivos contra el ente territorial mientras dicho pacto est\u00e9 vigente, sin importar que el cr\u00e9dito haya nacido con anterioridad o posterioridad a la negociaci\u00f3n, de ah\u00ed que, la facturas base de cobro carecen de exigibilidad, sin que los dem\u00e1s medios suasorios allegados al plenario, den cuenta que dicha vigencia ya feneci\u00f3, m\u00e1xime cuando en tal acuerdo no se estableci\u00f3 de manera clara y expresa la vigencia de su ejecuci\u00f3n ni se prob\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la totalidad de las obligaciones all\u00ed contenidas. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00daltimos que aducen ser cesionarios parciales del cr\u00e9dito. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13285-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13285-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03249-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por IPS Nueva Esperanza S.A.S., Inmobiliaria Proyectos Corozal S.A.S. y C\u00e9sar Tulio Valeta P\u00e9rez1 contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}