STC13286-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13286-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03317-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n con radicado N\u00ba 2017-00003. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la entidad actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada en el juicio mencionado. <\/p>\n
En apoyo de su reclamo, se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra Jos\u00e9 Antonio Mendoza Cama\u00f1o para lograr que se decretara la expropiaci\u00f3n \u00abpor motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social\u00bb del inmueble rural con un \u00e1rea de 3.808,45m2, perteneciente a otro denominado La Malague\u00f1a, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 192-337, ubicado en San Roque \u2013La Loma, Chiriguan\u00e1 \u2013Cesar-, y anex\u00f3 el aval\u00fao realizado en 2015 por la Lonja Valuatoria de Propiedad Ra\u00edz, por la suma de $7.882.281. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, surtidas las etapas correspondientes, entre \u00e9stas la entrega anticipada del bien y las notificaciones del caso, el demandado objet\u00f3 el citado aval\u00fao, allegando otro por $169.190.255, del cual se corri\u00f3 traslado en auto de 22 de marzo de 2017. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, de manera oportuna, reclam\u00f3 la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n del \u00faltimo dictamen y, adem\u00e1s, reproch\u00f3 que el mismo no fuese un \u00abaval\u00fao corporativo\u00bb, como lo exige la Ley 1673 de 2013. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, en audiencia de 15 de agosto de 2017, el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 interrog\u00f3 a los peritos y resolvi\u00f3 decretar la expropiaci\u00f3n reclamada, imponi\u00e9ndole pagar al demandado la suma de $88.536.268, \u00abcomo valor del \u00e1rea total solicitada en el texto de la demanda junto con todos los bienes que en ella se encuentren\u00bb, previa deducci\u00f3n de los $7.882.281 ya sufragados. <\/p>\n
Sostuvo que apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n, para cuestionar la apreciaci\u00f3n de los aval\u00faos allegados, as\u00ed como el hecho de que la pericia aportada por el demandado no fuese realizada por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC ni por una Lonja de Propiedad Ra\u00edz y advirti\u00f3 adem\u00e1s, que el aval\u00fao que aport\u00f3 con la demanda se encontraba vigente, pues formul\u00f3 la oferta formal de compra dentro del a\u00f1o previsto en la Ley 1682 de 2013, ya que, seg\u00fan anot\u00f3, ni en esa norma ni en la Ley 388 de 1997, se establece que \u00abel aval\u00fao deba tener una vigencia de un a\u00f1o dentro del curso del proceso judicial, sino simplemente para la emisi\u00f3n y notificaci\u00f3n de la Oferta Formal de Compra\u00bb, toda vez que si lo pretendido es la actualizaci\u00f3n de la experticia, \u00abdicha iniciativa se puede realizar mediante la indexaci\u00f3n del valor ofertado\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el Tribunal Superior accionado el 12 de agosto de 2022, revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del a quo para ordenarle a la ANI pagarle al demandado la suma de $42.896.340,33, decisi\u00f3n lesiva de sus derechos, puesto que se valoraron de manera errada los peritajes, lo que condujo a lesionar los recursos p\u00fablicos, <\/p>\n
\u00abtoda vez que por tratarse del erario p\u00fablico se debe tener m\u00e1s meticulosidad a la hora de estudiar y decidir casos de inter\u00e9s general, que inclusive no atente con la seguridad jur\u00eddica, la cual se ve afectada pues los argumentos manifestados crean precedente y tal precedente no est\u00e1 sustentado en el objetivo de la norma, el estudio realizado a todo el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n desconoce el tr\u00e1mite administrativo preexistente el cual goza de total legalidad y ello atenta con el principio de legalidad y por consiguiente de seguridad jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Tribunal accionado \u00abque revoque su decisi\u00f3n y realice nuevamente el estudio f\u00e1ctico y jur\u00eddico para proferir un fallo conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 relat\u00f3 los antecedentes del proceso criticado y advirti\u00f3 que en sentencia de 12 de agosto de 2022 el Tribunal Superior de Valledupar revoc\u00f3 parcialmente la sentencia de primera instancia, tras lo cual le fueron devueltas las diligencias el 22 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2. Al momento de presentar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido otros pronunciamientos de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la entidad accionante reprocha, concretamente, la sentencia de 12 de agosto de 2022, mediante la cual el Tribunal Superior de Valledupar revoc\u00f3 parcialmente la de primera instancia, para disponer pagar al demandado Jos\u00e9 Antonio Mendoza Cama\u00f1o la suma de $42.896.340,33, por cuenta de la expropiaci\u00f3n decretada respecto del predio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 192-337, pues, seg\u00fan expone la ANI, se valoraron de manera insuficiente los aval\u00faos del predio allegados y con ello se afectaron los recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
En efecto, se encuentra que el Tribunal Superior de Valledupar, luego de relacionar lo ocurrido en el proceso, refiri\u00f3 que el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguan\u00e1 hab\u00eda ordenado el pago de $88.536.686 en favor del demandado, \u00abcon base en la libre apreciaci\u00f3n razonada (\u2026) y en ejercicio de su discreta autonom\u00eda, la experiencia, la equidad y los principios generales de derecho, tom\u00f3 un valor equidistante a los esgrimidos por las partes, es decir, el promedio entre $7.882.281 y $169.190.255\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, advirti\u00f3 que la ANI formul\u00f3 apelaci\u00f3n para cuestionar la idoneidad del peritaje aportado por el demandado, ya que no fue expedido por el IGAG ni por una Lonja de Propiedad Ra\u00edz y en raz\u00f3n a que el aportado con la demanda -seg\u00fan lo advirti\u00f3 tambi\u00e9n en esta tutela-, se hallaba vigente, por lo que, debi\u00f3 ser acogido sin observaciones adicionales. <\/p>\n
Frente a lo anterior, el Tribunal Superior se refiri\u00f3 a lo expresado en las sentencias C-153 de 1994, C-1074 de 2002 y C-750 de 2015 de la Corte Constitucional y a lo dispuesto en los art\u00edculos 3, 4 y 6 de la Ley 1742 de 2014, relativos al precio de los bienes objeto de expropiaci\u00f3n, para se\u00f1alar que \u00abel tr\u00e1mite judicial\u00bb en estos casos, \u00absignifica que quedaron atr\u00e1s los estadios de la oferta de compra del bien, adem\u00e1s del arreglo directo o enajenaci\u00f3n voluntaria\u00bb, indic\u00f3 adem\u00e1s, que del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y de la jurisprudencia citada, se extra\u00eda que la indemnizaci\u00f3n por causa de la expropiaci\u00f3n deb\u00eda ser completa, con un efecto reparador y en ocasiones restaurativo que inclu\u00eda el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, pues el expropiado no est\u00e1 obligado a soportar \u00abuna carga espec\u00edfica en beneficio del inter\u00e9s p\u00fablico o social\u00bb, lo que tambi\u00e9n pod\u00eda concluirse del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Con apoyo en lo anterior, la Corporaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3 que en la etapa judicial de la expropiaci\u00f3n, si bien se fijaba un monto de partida, siendo \u00e9ste el ofrecido por el Estado como oferta inicial de compra, deb\u00eda estimarse como concepto en su tasaci\u00f3n, por regla general \u00abel da\u00f1o emergente (representado en el valor del bien que sale del patrimonio del expropiado) y el lucro cesante (derivado de la actividad econ\u00f3mica que eventualmente se desarrolle en el inmueble afectado por el hecho de la expropiaci\u00f3n y que se concreta en la ganancia o provecho que se deja de reportar por la limitaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de la empresa que ven\u00eda realizando su propietario)\u00bb y, en caso de no existir esto \u00faltimo, igual \u00abes razonable establecer de esa contraprestaci\u00f3n una finalidad exclusivamente compensatoria\u00bb sin restarle su \u00abcondici\u00f3n justa\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, y en relaci\u00f3n al caso concreto, destac\u00f3 que la discusi\u00f3n radicaba en la valoraci\u00f3n de los dict\u00e1menes allegados por las partes en cuanto al precio para indemnizar al propietario expropiado del terreno, pues las pericias aportadas por cada extremo del proceso difer\u00edan sustancialmente en su valor ($7.882.281 y $169.190.255) y, ante las \u00abinconsistencias de los trabajos\u00bb aportados, el a quo hab\u00eda decidido realizar un promedio entre ambos precios y ordenar el pago de $88.536.268 para el demandado. <\/p>\n
Al punto, destac\u00f3 el Tribunal Superior, que el a quo no se equivoc\u00f3 al restarle valor demostrativo a la pericia de 26 de octubre de 2015 que aport\u00f3 la ANI, pues la misma estaba vencida a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda -12 de diciembre de 2016-, puesto que, para esa fecha hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, conforme lo declar\u00f3 el mismo perito que la elabor\u00f3. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3, entonces, que el art\u00edculo 24 de la Ley 1682 de 2013, era claro en referir el tiempo m\u00e1ximo de vigencia del aval\u00fao comercial, pues \u00e9ste indica que el plazo del a\u00f1o corre desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante o desde cuando se decide y notifica lo relativo a la \u00abrevisi\u00f3n o impugnaci\u00f3n\u00bb formuladas contra el mismo, y, por lo tanto, \u00abcuando la entidad expropiante recibi\u00f3 la comunicaci\u00f3n del aval\u00fao y lo acept\u00f3, como aqu\u00ed sucedi\u00f3, pues no hubo solicitud de revisi\u00f3n (\u2026), ni tampoco impugnaci\u00f3n ante el IGAC\u00bb, comenz\u00f3 a correr el a\u00f1o de vigencia del estudio para efectos de la presentaci\u00f3n de la demanda de expropiaci\u00f3n, entonces, como el aval\u00fao comercial corporativo de 26 de octubre de 2015, en que se bas\u00f3 la ANI para formular la oferta formal de compra a Jos\u00e9 Antonio Mendoza Caama\u00f1o, no fue objeto de revisi\u00f3n o impugnaci\u00f3n, era a partir de la mencionada fecha que se contaba el a\u00f1o de vigencia del aval\u00fao, no obstante, la demanda s\u00f3lo se plante\u00f3 hasta el 11 de enero de 2017, cuando dicha experticia ya estaba vencida. <\/p>\n
Por lo anterior, estim\u00f3 el Tribunal que el a quo hab\u00eda acertado al desestimar el aval\u00fao que alleg\u00f3 el demandante, sin embargo, anot\u00f3 que tampoco pod\u00eda acogerse el del demandado porque no reun\u00eda los requisitos establecidos en los art\u00edculos 232 y 399 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como tampoco los presupuestos espec\u00edficos de la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, expedida por el IGAC, en la que se establecen los procedimientos para los aval\u00faos. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo destac\u00f3, en t\u00e9rminos generales, que el perito que elabor\u00f3 dicho dictamen no estaba habilitado para ello al no pertenecer al IGAC y no contar con la aprobaci\u00f3n de ninguna Lonja de Propiedad Ra\u00edz, adem\u00e1s que, al trabajo pericial no se arrimaron los anexos e informaci\u00f3n requerida conforme al art\u00edculo 232 \u00eddem; y que para determinar el valor del bien por metro cuadrado, se hizo uso de un m\u00e9todo de comparaci\u00f3n de mercado que no atendi\u00f3 a lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 620 de 2008. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que las declaraciones del perito en la audiencia correspondiente, tambi\u00e9n evidenciaron inconsistencias e imprecisiones en la forma en que, a su juicio, deb\u00edan valorarse los componentes del aval\u00fao, relativos al precio del inmueble, las construcciones que conten\u00eda y el valor de las especies vegetales, y tras citar in extenso las declaraciones de dicho perito, el Tribunal Superior advirti\u00f3 que no pod\u00eda dar credibilidad a las manifestaciones de dicho experto porque <\/p>\n
(\u2026) a medida que desarrollaba su interrogatorio, hubo falencias al momento de aplicar el m\u00e9todo utilizado para determinar el valor del inmueble. Tampoco no acredit\u00f3 las construcciones que dijo en su informe escrito, estaban presentes en el terreno, sobre las cuales, en el entendido de que existiesen, no incluy\u00f3 la depreciaci\u00f3n, pues seg\u00fan afirm\u00f3, \u00e9l no ten\u00eda en cuenta ese aspecto en las construcciones. De igual forma, obr\u00f3 al momento de tasar las especies vegetales plantadas en el terreno, pues no tuvo en cuenta su edad, tama\u00f1o o estado, sino que frente al punto refiri\u00f3 aspectos como: \u00ablas valoro todas por igual porque las peque\u00f1as van a crecer\u00bb. (\u2026) Afirmaciones que est\u00e1n lejos de acompa\u00f1ar el tecnicismo, precisi\u00f3n y exhaustividad que distinguen una experticia, pues al final de cuentas esa era la labor que desarrollaba, pero, no se evidenci\u00f3 ni en el escrito, ni en su relato, ninguna de esas caracter\u00edsticas. Motivos todos que no permiten tampoco fundarse en dicho trabajo para estimar el valor del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, la Corporaci\u00f3n accionada se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado de conocimiento no debi\u00f3 realizar un promedio entre las cifras arrojadas por las dos pericias allegadas, pues de las mismas no lograba extraerse de manera correcta el precio a pagar por el terreno expropiado, por tanto, indic\u00f3 que debi\u00f3 acudir a los dem\u00e1s elementos probatorios que obraban en el expediente en aras, incluso, de proteger los recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
En punto, anot\u00f3 que en el proceso se contaba con la ficha predial del inmueble \u00abLa Malague\u00f1a, elaborado el 21 de octubre de 2015 por la Agencia Nacional de Infraestructura, respecto de la totalidad del inmueble\u00bb, del cual hac\u00eda parte la fracci\u00f3n materia de expropiaci\u00f3n, y en dicha ficha, adujo, se \u00abdescriben las caracter\u00edsticas del bien, el \u00e1rea total y requerida para la obra. All\u00ed se estableci\u00f3 que la actividad econ\u00f3mica del predio era: \u00abagr\u00edcola y ganadero\u00bb; tambi\u00e9n que ten\u00eda como cultivos y especies las siguientes plantaciones: \u00abcoco, 8 unidades; mango, 8 unidades mayores a 40 cm; vara santa, 1 unidad de 20 cm; palma, 5 unidades; tamarindo, 2 unidades mayores a 20 cm; una unidad de mango de 50 cm; tres unidades de mango de 30 cm; 1 mandarina de 10 cm; un mango de 15 cm; y tres unidades de uva lata mayores a 1.80\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en el expediente tambi\u00e9n figuraba un acta de aprobaci\u00f3n de aval\u00faos de la Lonja Valuatoria y de Propiedad Ra\u00edz que evalu\u00f3 \u00ablos terrenos pertenecientes a la vereda La Sierra, a la que pertenece el predio \u00abLa Malague\u00f1a\u00bb que ostentaba el demandado, se estimaron en sumas que van desde $998.691.20 y $2.528.632.60 (fls.14 y 15) y una contrapropuesta realizada por el demandado Jos\u00e9 Antonio Mendoza Caama\u00f1o a la oferta de compra que realizar\u00e1 el Estado, en la que estimaba como precio justo la suma de $42.896.340.33\u00bb. <\/p>\n
A la luz de lo anterior, determin\u00f3 que esa \u00faltima cifra -$42.896.340.33- era la que m\u00e1s se acompasaba con la realidad del caso, teniendo en cuenta los derechos e intereses que se ven afectados en el proceso y la obligaci\u00f3n de tasar de manera equilibrada el resarcimiento de los perjuicios para el expropiado. Resalt\u00f3 que seg\u00fan refiri\u00f3 la ANI en la ficha t\u00e9cnica del predio, exist\u00eda \u00abuna destinaci\u00f3n econ\u00f3mica del mismo y especies vegetales\u00bb, de donde pod\u00eda inferirse que de \u00e9ste se obten\u00eda provecho. Asimismo, destac\u00f3 que, si bien la primera llamada a tasar el precio del inmueble era la administraci\u00f3n, \u00e9sta hab\u00eda fallado en la presentaci\u00f3n del aval\u00fao, lo cual imped\u00eda acoger el mismo, siendo necesario acudir a los dem\u00e1s elementos demostrativos. <\/p>\n
3. Como atr\u00e1s se indic\u00f3, no se observa irregularidad susceptible de remediarse a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, ya que el Tribunal Superior de Valledupar resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n a su cargo de manera ponderada, con apego a las normas aplicables, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n de la persona que fue expropiada, quien deb\u00eda ser indemnizada de manera justa y completa, y sin afectar los recursos p\u00fablicos, pues se observa que adem\u00e1s de prosperar parcialmente la apelaci\u00f3n que propuso la ANI, ninguno de los dict\u00e1menes aportados fue acogido, el de la demandante por falta de vigencia \u2013dado el paso de m\u00e1s de un a\u00f1o entre su realizaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la demanda \u2013 y el del demandado porque desconoc\u00eda los presupuestos generales y espec\u00edficos para su presentaci\u00f3n. Por tanto, obr\u00f3 acertadamente el Tribunal al acudir a otros medios probatorios para determinar el verdadero valor del bien, siendo la misma contrapropuesta del demandado la que sirvi\u00f3 para ese efecto. <\/p>\n
Por tanto, este amparo no puede abrirse paso por la diferencia de criterio que pudiera tener el solicitante con la argumentaci\u00f3n expuesta, pues esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, como lo ha advertido esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (CSJ. STC825-2020, reiterada en STC2260-2022, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que en el punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13286-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13286-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03317-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por la Agencia Nacional […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}