STC13290-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13290-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos P\u00e9rez Jubiz, Luis Eduardo Pich\u00f3n Acosta y Carlos Vengal P\u00e9rez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n y \u00abgarant\u00eda de aplicaci\u00f3n preferente de la ley penal m\u00e1s favorable\u00bb, que dicen vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, \u00abdejar sin efecto las providencias judiciales demandadas y ordenar a los accionados, resolver de fondo la solicitud de preclusi\u00f3n hecha por la defensa con fundamento en el numeral 7\u00b0 del art. 332 del C. de P.P.\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 8 de septiembre de 2018 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Galapa (Atl\u00e1ntico) con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, se adelant\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n en contra de Carlos P\u00e9rez Jubiz, Luis Eduardo Pich\u00f3n Acosta y Carlos Vengal P\u00e9rez por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 5 de diciembre de 2019 la Fiscal\u00eda present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n, cuya diligencia adelant\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, donde la defensa de los acusados formul\u00f3 nulidad con fundamento en los art\u00edculos 455 y 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la que fue denegada por el despacho; decisi\u00f3n que, en sede de alzada, el 28 de febrero de 2020 revoc\u00f3 el Tribunal, declarando la anulaci\u00f3n desde el escrito de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Anotaron los promotores que, ante la falta de escrito de acusaci\u00f3n y luego de 1090 d\u00edas, a trav\u00e9s de su mandatario solicitaron la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n con fundamento en la causal 7\u00b0 del art\u00edculo 332 de la Ley 906 de 2004; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, autoridad que el 25 de noviembre de 2021 se declar\u00f3 inhibida de resolver tal petici\u00f3n; determinaci\u00f3n que, el 14 de julio de 2022 el Tribunal revoc\u00f3, para en su lugar, negar por improcedente, pues los t\u00e9rminos dispuestos en los art\u00edculos 294 y 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal no corren de manera continua e ininterrumpida, toda vez que, luego del vencimiento del t\u00e9rmino previsto en el referido canon 175 el Fiscal perder\u00e1 competencia e informar\u00e1 a su superior para designaci\u00f3n de una nuevo, cumplido lo anterior comenzar\u00e1 a correr el t\u00e9rmino adicional, que para el caso concreto, el Fiscal inicial no ha rehusado su competencia, por lo que el promotor pod\u00eda recusarlo y no lo hizo, sumado a que existe m\u00e9rito para acusar. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duelen los quejosos, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, \u00abcomo la ley no consagra un t\u00e9rmino espec\u00edfico para que el fiscal a cargo avise al superior sobe el vencimiento del t\u00e9rmino y para que a su vez este nombre a otro fiscal para el vencimiento de los 90 d\u00edas; ha de entenderse que ese t\u00e9rmino es un lapso razonable y por ende no puede pasar de 30 d\u00edas, dada la naturaleza sencilla del asunto\u00bb, que para el caso concreto, han transcurrido m\u00e1s de 1000 d\u00edas sin que se haya dado cumplimiento a la ley por parte del ente investigador lo que conlleva a una dilaci\u00f3n injustificada, pues el nombramiento de un segundo fiscal no es atribuible al procesado. <\/p>\n
2.5. Indicaron que no se les puede imponer la carga de recusar al fiscal, pues el art\u00edculo 60 de la ley 906 de 2004 \u00abdice podr\u00e1, no deber\u00e1, lo que demuestra que la recusaci\u00f3n en ning\u00fan caso es obligatoria para los sujetos procesales\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agregaron que \u00abdebi\u00f3 aplicarse la excepci\u00f3n de inconstitucional y entenderse que dada el desproporcionado paso del tiempo sin que la Fiscal\u00eda haya nombrado un segundo fiscal (m\u00e1s de mil d\u00edas) se activa el derecho de defensa a pedir a preclusi\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s que, no existe m\u00e9rito de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Fiscal\u00eda 17 Adscrita a la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que si bien se declar\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la presentaci\u00f3n del escrito de acusaci\u00f3n, lo cierto es que no se dispuso su retiro; que la fiscal\u00eda no pod\u00eda solicitar la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n con base en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 250 de la Constituci\u00f3n, ya que de desistir de una presunta duda probatoria esta deber\u00e1 ser resuelta en fase de juicio; que la causal invocada de preclusi\u00f3n no se fundamenta \u00fanicamente en el factor objetivo, sino que debe armonizarse con la norma superior citada; que no se vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 29 Seccional de la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica Corrupci\u00f3n Administrativa manifest\u00f3 que revisada la base de datos, la noticia criminal est\u00e1 asignada a la fiscal\u00eda 17 seccional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Ministerio del Deporte solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; insto la improcedencia del resguardo por inexistencia de vulneraci\u00f3n y\/o amenaza de derecho fundamental, comoquiera que, con apeg\u00f3 a la normatividad y un estudio minucioso del caso, neg\u00f3 la preclusi\u00f3n, decisi\u00f3n que no luce arbitraria. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla cont\u00f3 lo actuado en esa instancia; indic\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues connot\u00f3 la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal en cuanto al conteo de t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 294 y 175 de la Ley 906 de 2004, para que se configure la preclusi\u00f3n prevista en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 332 \u00eddem, concluyendo que los t\u00e9rminos no corren de manera continua e ininterrumpida, toda vez que a partir del vencimiento del t\u00e9rmino previsto en el canon 175 el Fiscal perder\u00e1 competencia, lo que informar\u00e1 a su superior, y desde ese momento comenzar\u00e1 a correr el t\u00e9rmino adicional; que ante la ausencia del fiscal en informar a su superior, los promotores pod\u00edan recusarlo, lo que no hicieron, sin que ello sea una carga excesiva; remiti\u00f3 link de acceso al expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo al considerar que las decisiones criticadas no lucen arbitrarias, pues est\u00e1n ajustadas al procedimiento de la norma, por lo que al no haberse designado fiscal, el t\u00e9rmino a\u00fan no hab\u00eda comenzado a correr, relievando que, es la Fiscal\u00eda la facultada, en principio, para solicitar la preclusi\u00f3n, que designado el nuevo ente investigador, la misma puede ser invocada por la defensa o el ministerio p\u00fablico. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la solicitud de amparo incumple el presupuesto de subsidiariedad, comoquiera que, el proceso est\u00e1 en curso, por lo que no puede el juzgador constitucional establecer si existe o no m\u00e9rito para acusar. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el tutelante insistiendo en sus argumentos iniciales, pues, refiere han pasado m\u00e1s de 1000 d\u00edas sin que se nombre el segundo fiscal, sumado a que, no existe m\u00e9rito para acusar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, al margen de la decisi\u00f3n censurada de 14 de julio de 2022 (resaltando que all\u00ed se defini\u00f3 negativamente la pretendida preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por vencimiento de t\u00e9rmino e inexistencia de m\u00e9rito de acusaci\u00f3n), los actores pueden cuestionar en el tr\u00e1mite procesal la no terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en su contra, situaci\u00f3n de la que por esta v\u00eda se duele, pues en dicho juicio los hechos o circunstancias relativas a la comisi\u00f3n de la conducta delictiva y sus consecuencias, as\u00ed como la responsabilidad penal en su contra puede exponerlas en las diferentes etapas del proceso, e incluso presentar los recursos ordinarios en el supuesto que resulten desfavorables las determinaciones adoptadas. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por los promotores de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Y es que, de configurarse la anomal\u00eda denunciada por los tutelantes, bien puede aquella alegarse a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de apelaci\u00f3n contra el fallo de primer grado e, incluso, como soporte de un eventual recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que los accionantes tildan como irregular. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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