STC13294-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13294-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03326-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Didier Antonio Montoya Casta\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 004-2022-00031-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, y acceso eficaz y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el se\u00f1or Johon Eduar Montoya Bayona, propietario del establecimiento de comercio JD Suministros M\u00e9dicos SAS, promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Hospital Federico Lleras Acosta ESE con el radicado No. 005-2014-00150-00 por los dineros adeudados por un contrato de suministros de productos farmac\u00e9uticos, medicamentos y dem\u00e1s servicios de salud prestados. <\/p>\n
En la citada actuaci\u00f3n el 7 de febrero de 2020 se celebr\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n, en la que se acordaron la totalidad de las s\u00faplicas demandadas en $6.000\u2019000.000. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 12 de febrero de 2019 bajo el principio de buena fe, suscribi\u00f3 un \u00abcontrato de transacci\u00f3n\u00bb con el propietario del establecimiento de comercio, en el que se estipul\u00f3 en la cl\u00e1usula segunda, \u00abque una vez se cancelaran los procesos adelantados por el se\u00f1or Montoya Bayona con el Hospital Federico Lleras Acosta ESE y Caprecom, el primero con radicaci\u00f3n 2016-00419 y el segundo con radicaci\u00f3n o. 2017-00382, los cuales se est\u00e1n tramitando ante el Tribunal Administrativo del Tolima, le ser\u00e1 entregado por el se\u00f1or Johon Eduardo Montoya Bayona, la mitad de lo que sea reconocido mediante sentencia judicial al se\u00f1or Didier Antonio Montoya Casta\u00f1o\u00bb, por tanto, de ese dinero deb\u00edan pagarle el 50%. <\/p>\n
Indic\u00f3 que de los $3.000\u2019000.000 que le adeudaban s\u00f3lo le fueron entregados $800\u2019000.000 porque el demandante descont\u00f3 $900\u2019000.000 por concepto de honorarios de abogado, y a la fecha le deben $1.300\u2019000.000 que es la suma pretendida. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que present\u00f3 demanda ejecutiva contra Johon Eduar Montoya Bayona de radicado No. 02-2022-00170-00 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el mandamiento de pago, al considerar que el t\u00edtulo de recaudo adolec\u00eda de exigibilidad, pues no se demostr\u00f3 que el hospital cancel\u00f3 las sumas pactadas y que los honorarios del abogado hubieran sido debidamente tasados, motivo por el cual solicit\u00f3 a la tesorer\u00eda del centro hospitalario que le expidiera un comprobante de pago. <\/p>\n
Sostuvo de nuevo promovi\u00f3 la acci\u00f3n de radicado n\u00famero 004-2022-00031-00, y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la orden de apremio el 16 de marzo de 2022, esta vez porque no se ten\u00eda certeza del valor adeudado por el ejecutado, y se\u00f1al\u00f3 que el mismo se encontraba atado a las resultas de los pleitos judiciales previa deducci\u00f3n de los valores correspondientes a honorarios y gastos procesales. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, y el Tribunal Superior accionado en providencia de 3 de junio de 2022 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n, sin valorar en debida forma los elementos aportados como material prueba y sin motivar la decisi\u00f3n, con lo que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, as\u00ed como por violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar a las autoridades judiciales accionadas, \u00abdeclarar el mandamiento de pago en la demanda ejecutiva de mayor cuant\u00eda de los mil trescientos millones de pesos M\/Cte ($1,300.000), a favor del accionante en el proceso bajo el N\u00b0, de radicado 7301310300420210003100\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 respondi\u00f3 que en el proceso ejecutivo 2022-00031-01 conoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, y en decisi\u00f3n de 3 de junio de 2022 confirm\u00f3 el auto de 16 de marzo de 2022, providencia adoptada conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, y a las pruebas aportadas, de donde concluy\u00f3 que el contrato de transacci\u00f3n, por s\u00ed mismo, ni en conjunto con los aportados como anexos de la demanda, sobreviene una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 indic\u00f3, que las actuaciones adelantadas en el proceso No. 2022-00031, se han ce\u00f1ido a la normativa vigente, sin vulnerar derecho fundamental alguno al accionante. <\/p>\n
3. El Juez Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 como vinculado manifest\u00f3 que, seg\u00fan el registro de actuaciones del Sistema Siglo XXI, pudo constatar que en ese Despacho curs\u00f3 el juicio con radicado No. 005-2014-00150-00, que finaliz\u00f3 por acuerdo conciliatorio entre las partes en audiencia celebrada el 7 de febrero de 2020, expediente que se encuentra en Archivo Central. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Didier Antonio Montoya Bayona dirige su reclamo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, sin embargo, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que profiri\u00f3 el juzgador de segundo grado, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede. <\/p>\n
3. Examinado el link que contiene el expediente digital del proceso ejecutivo No. 004-2022-00031-00 promovido por Didier Antonio Montoya Casta\u00f1o contra Johon Eduard Montoya Bayona, se advierte que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 16 de marzo de 2022, neg\u00f3 el mandamiento de pago por considerar que \u00abde la lectura del contrato no emerge una obligaci\u00f3n clara y exigible a cargo del ejecutado, en cuanto no se tiene certeza del valor que Johon Eduard Montoya Bayona debe entregar a Didier Antonio Montoya, pues est\u00e1 atado al valor que se pague en dos procesos judiciales, previa deducciones de las sumas correspondientes a honorarios y gastos del proceso, y con los documentos aportados no permiten establecer con grado de certeza la suma pagada y el valor de las deducciones, por lo que mal har\u00eda la juzgadora en acceder a un mandamiento de pago, cuando no se tiene claridad del valor de la obligaci\u00f3n que se asegura adeudada\u00bb. <\/p>\n
3.1 El ejecutante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n con el argument\u00f3 que las condiciones plasmadas en los numerales 2\u00b0 y 5\u00b0 del contrato de transacci\u00f3n ya se cumplieron, en tanto que el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagu\u00e9, ya cancel\u00f3 los dineros debidos al se\u00f1or Montoya Bayona, y que los honorarios del abogado, as\u00ed como los gastos del proceso ya fueron cubiertos, por tanto, de las documentales se desprende un t\u00edtulo ejecutivo, claro, expreso y exigible. <\/p>\n
3.2 El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en providencia de 3 de junio de 2022 confirm\u00f3 el auto recurrido, inicialmente explic\u00f3 en que consist\u00edan las obligaciones claras, expresas y exigibles, as\u00ed como el t\u00edtulo complejo, y en relaci\u00f3n a los documentos presentados dijo, <\/p>\n
En el presente asunto, de entrada advi\u00e9rtase que ni por asomo de duda, el documento titulado \u201ccontrato de transacci\u00f3n\u201d allegado tiene la connotaci\u00f3n de t\u00edtulo ejecutivo, pues del mismo no emerge una obligaci\u00f3n con las caracter\u00edsticas antes expresadas, en virtud a que del contenido de este, solo se extrae que \u201cuna vez sean cancelados los dineros correspondientes a los procesos judiciales adelantados por el se\u00f1or MONTOYA BAYONA contra el HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA y CAPRECOM, el primero con radicaci\u00f3n 2016-00419, y el segundo con radicaci\u00f3n 2017-00382, los cuales se est\u00e1n tramitando ante el Tribunal Administrativo del Tolima, le ser\u00e1 entregado por el se\u00f1or JOHON EDUARD MONTOYA BAYONA la mitad de lo que sea reconocido mediante sentencia judicial al se\u00f1or DIDIER ANTONIO MONTOYA CASTA\u00d1O\u201d; esto es, no es clara en la medida en que no est\u00e1n identificados acreedor y deudor, en tanto solo se indic\u00f3 que el aqu\u00ed ejecutado entregar\u00e1 una suma de dinero al actor, sin determinarse la naturaleza de la obligaci\u00f3n que incite a la entrega de dicha suma, ni los factores que la determinan para poder establecer que los aqu\u00ed integrantes de la litis tienen tal calidad; de igual forma, la obligaci\u00f3n no es expresa, pues no establece una cantidad de dinero espec\u00edfica a cancelar; tampoco es exigible pues no se trata de una obligaci\u00f3n pura y simple ya declarada, sino que est\u00e1 sometida a una condici\u00f3n, cual es, que los procesos radicados bajo los n\u00fameros 2016-00419 y 2017-00382 tramitados ante el Tribunal Administrativo del Tolima, se decidan a trav\u00e9s de sentencia; por tanto, \u201csiendo el t\u00edtulo ejecutivo presupuesto de cualquier acci\u00f3n de esta naturaleza, (\u2026) [n]ada debe investigar el juez que no conste en el t\u00edtulo mismo. Pero por esa raz\u00f3n, y como consecuencia l\u00f3gica, es necesario que el t\u00edtulo sea bastante por s\u00ed mismo, es decir, que debe reunir todos los elementos para actuar como t\u00edtulo ejecutivo\u201d, lo que no sucede en este caso, pues es muy escueto el documento allegado que no permite por s\u00ed solo nacer a la vida jur\u00eddica como t\u00edtulo ejecutivo, sin que sea del resorte del juez escudri\u00f1ar otros aspectos que no consten en el t\u00edtulo mismo. <\/p>\n
4. Ahora, si se tratara de un t\u00edtulo ejecutivo de los denominados complejos, v\u00e9ase que dentro del contrato de transacci\u00f3n se indic\u00f3 que al aqu\u00ed ejecutante, se le deb\u00eda entregar la mitad de lo que sea reconocido mediante sentencia judicial al se\u00f1or Johon Eduard Montoya Bayona, dentro de los procesos radicados 2016-00419 y 2017-00382 tramitados ante el Tribunal Administrativo del Tolima, esto es, se deb\u00eda aportar, como complemento del contrato citado, las sentencias emitidas dentro de los procesos referidos, con sus respectivas constancias de ejecutoria, sin que las mismas se aportaran. <\/p>\n
Ahora, tales documentos no pod\u00edan ser suplidos por la conciliaci\u00f3n realizada ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la localidad – numeral 4 de la demanda -, en virtud a que en el acta de la misma se indic\u00f3 que \u201cel HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA cancelar\u00e1 al ejecutante JHON EDUAR MONTOYA BAYONA la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS, la cual comprende capital, intereses de plazo, intereses de mora y costas del proceso\u201d, deduci\u00e9ndose sin esfuerzo alguno, que el proceso que estaba conciliando era el ejecutivo que en dicho juzgado se tramitaba bajo el radicado 2014-00150, no cobijando esa figura jur\u00eddica, los que se tramitaban ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa. <\/p>\n
Y si bien en el acta de la conciliaci\u00f3n se estableci\u00f3 que \u201ccomo consecuencia de la presente conciliaci\u00f3n, el ejecutante JHON EDUAR MONTOYA BAYONA se compromete a desistir de la demanda de reparaci\u00f3n directa que en la actualidad cursa ante el Tribunal Administrativo del Tolima bajo el radicado 2016-419 (\u2026), cristalinamente se desprende de dicho documento, que el proceso referido, nunca termin\u00f3 por sentencia y en \u00e9l no se hizo reconocimiento de sumas de dinero algunas, como deb\u00eda hacerse seg\u00fan lo se\u00f1alado en el contrato de transacci\u00f3n, aspecto reafirmado por el documento tambi\u00e9n aportado con la demanda titulado, \u201cConsulta De Procesos\u201d en donde se lee que con fecha 23 de julio de 2020 se emiti\u00f3 un auto por medio del cual se \u201cacepta desistimiento de la demanda\u201d, refiri\u00e9ndose al proceso radicado 73001-23-33-001-2016-00419-00. <\/p>\n
4. De acuerdo con el anterior recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas por el accionante, como quiera que, el Tribunal Superior cuestionado en la providencia de 3 de junio de 2022 se fundament\u00f3 en la normativa que rige la acci\u00f3n ejecutiva, en especial del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, que ordena la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo allegado (CSJ. STC18432-2016, reiterada en STC4808-2017, STC 2725 de 2020, STC13992-2021, STC 1182-2022, STC1463-2022 y STC11546-2022), al considerar que la obligaci\u00f3n no era clara, expresa y exigible como lo estipula el canon 422 ibidem. <\/p>\n
Lo anterior, porque al examinar el contrato de transacci\u00f3n suscrito el 30 de enero de 2019, encontr\u00f3 que los contratantes acordaron que el ejecutado Johon Eduard Montoya Bayona entregar\u00eda \u00abla mitad de lo que sea reconocido mediante sentencia judicial al se\u00f1or Didier Antonio Montoya Casta\u00f1o\u00bb en los procesos judiciales \u00abadelantados contra el Hospital Federico Lleras Acosta y Caprecom, el primero con radicaci\u00f3n 2016-00419 y el segundo con radicaci\u00f3n 2017-00382, los cuales se est\u00e1n tramitando ante el Tribunal Administrativo del Tolima\u00bb, sin que en dicha documental se haya hecho menci\u00f3n que las sumas demandadas correspond\u00edan a las canceladas al ejecutado en observancia del acuerdo conciliatorio aprobado por el Juez Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en el litigio con radicado No. 2014-00150-00. <\/p>\n
As\u00ed como tampoco, se pod\u00eda predicar la exigibilidad de la misma, pues estaba sometida a la condici\u00f3n que los \u00abcapitales reconocidos mediante sentencia judicial\u00bb en las acciones promovidas ante el Tribunal Administrativo del Tolima, ser\u00edan distribuidas en partes iguales, la que se observa no fue cumplida, pues lo pretendido es el monto acordado en un juicio conocido en la jurisdicci\u00f3n ordinaria en la especialidad civil. <\/p>\n
De igual manera expres\u00f3 que las pruebas allegadas, tales como la transacci\u00f3n, acta de conciliaci\u00f3n, as\u00ed como las certificaciones del hospital acerca del desembolso de dineros correspondiente al pago acordado ante Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 bajo el radicado No. 2014-00510, y de la expedida por Alexander Barrag\u00e1n Alfaro, en la que da cuenta que su mandante le entreg\u00f3 \u00ab$900.000.000 por concepto de tr\u00e1mite de proceso judicial\u00bb, tampoco se pod\u00eda considerar como un t\u00edtulo complejo, en raz\u00f3n a que en la conciliaci\u00f3n solo hizo menci\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n ejecutiva 2014-00510\u00bb, y tampoco pod\u00eda establecer cu\u00e1l fue el monto que por honorarios de abogado y gastos procesales se deb\u00eda deducidos del total demandado <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no puede atribuirse al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, una v\u00eda de hecho en la providencia aqu\u00ed reprochada pues lo hizo en acatamiento de las normas sustanciales, as\u00ed como las procesales que rigen la materia, sin que adem\u00e1s se advierta un desvi\u00f3 grosero del ordenamiento que rige ese tipo de litigio, en especial al examinar el documento objeto del recaudo, providencia que se encuentra motivada y no luce arbitraria. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Corte de vieja data ha considerado, que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ. STC1161-2021, STC 2261-2022 y STC5994-2022). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Didier Antonio Montoya Bayona contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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