STC13295-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13295-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2022-00246-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 30 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Javier Diazgranados Villacis contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo de responsabilidad n\u00b0 2017-00145. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, el accionante acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abVIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCI\u00d3N\u00bb, igualdad e \u00abINDEBIDA VALORACI\u00d3N DE LAS PRUEBAS\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso, que comoquiera que \u00abpor un mal procedimiento m\u00e9dico, le CORTARON LA M\u00c9DULA ESPINAL\u00bb, demand\u00f3 a Coomeva EPS con el prop\u00f3sito de hacerla responsable por los da\u00f1os sufridos en su persona (n\u00b0 2017-00145), asunto donde el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta desestim\u00f3 sus pretensiones, pese a que no le fue debidamente notificado el auto que fij\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo la audiencia. <\/p>\n
Refiere que, aunque su abogado solicit\u00f3 el aplazamiento de la diligencia debido a que se encontraba enfermo, ello le fue negado, siendo \u00abdif\u00edcil conseguir otro profesional del derecho que lo reemplazara\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la nulidad de la sentencia, la que fue negada el 11 de mayo de la presente anualidad, \u00absin tener oportunidad de interponer recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Finalmente aduce que, aunque en la demanda su apoderado se\u00f1al\u00f3 el respectivo correo electr\u00f3nico \u00abpara que se surtieran las notificaciones de las providencias que se profirieran dentro del proceso\u00bb, el mismo se adelant\u00f3 en detrimento de sus prerrogativas, pues, \u00abno se nos notific\u00f3 legalmente providencia alguna en su oportunidad\u00bb. <\/p>\n
3. En raz\u00f3n de lo anterior, solicita que se \u00abdecrete la nulidad de la sentencia proferida\u00bb dentro del citado litigio, y que como consecuencia de lo anterior, \u00abse ordene notificarnos la providencia que resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad y dio por terminado el proceso, para que empiece a correr nuestra oportunidad de ejercer derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho judicial querellado, luego de relacionar cada una de las actuaciones desplegadas en el marco del proceso de responsabilidad civil criticado, inform\u00f3 que, no solo cada una de las decisiones han sido notificadas a las partes en legal forma, sino que pese a que \u00ablos demandantes estaban presentados por el togado que hoy formula el presente mecanismo constitucional\u00bb, no cuestion\u00f3 ninguna de ellas, y el 6 de mayo del a\u00f1o en curso pidi\u00f3 que se le notificara a su correo electr\u00f3nico el auto que neg\u00f3 la invalidez solicitada, lo que le fue denegado por improcedente en auto del d\u00eda 11 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2. La Fundaci\u00f3n Cardiovascular de Colombia solicit\u00f3 ser desvinculada de las diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras no encontrar \u00abrelaci\u00f3n alguna entre nuestra instituci\u00f3n y lo pretendido con la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. La Delegada del Ministerio P\u00fablico puso de presente, que el punto medular de la protecci\u00f3n relacionado con la exigencia de notificaci\u00f3n de cada una de las decisiones emitidas por el estrado judicial convocado a la direcci\u00f3n de correo del abogado del gestor, \u00abno se acompasa con la realidad expuesta en el Decreto 806 de 2020, ni en la Ley 2213 de 2022\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal Santa Marta 1 de la Regional Magdalena, se limit\u00f3 a se\u00f1alar el fundamento legal de su funci\u00f3n como gestora de la defensa y garant\u00eda de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en estado de vulnerabilidad. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, por considerar que el actor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa \u00abal no ser el pretensor el directo interesado en las resultas del proceso\u00bb, comoquiera que Carlos Javier Diazgranados Villacis es \u00abel directamente afectado con la presunta falta de notificaci\u00f3n de la providencia a trav\u00e9s de la cual se resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad\u00bb, y quien suscribe al tutela es el apoderado de \u00e9ste dentro del proceso cuestionado, quien no aport\u00f3 el respectivo mandato especial como correspond\u00eda, pese a los requerimientos efectuados. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 lo resuelto, se\u00f1alando que \u00abla tutela est\u00e1 presentada a mi nombre\u00bb, y en todo caso, si el poder allegado no cumpl\u00eda con los requisitos de ley, \u00ablo que correspond\u00eda era no tener al Doctor como apoderado y continuarse con el tr\u00e1mite\u00bb, m\u00e1xime cuando las exigencias previstas en la ley 2213 de 2022 frente a los poderes ya ha \u00abevolucionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de responsabilidad civil que el libelista y otros adelantaron contra Coomeva EPS, al negar la nulidad de la sentencia invocada (n\u00b0 2017-00145). <\/p>\n
2. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC10338-2022, 10 ago. 2022, rad. 00097-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC8514-2022, 6 jul. 2022, rad. 01155-01). <\/p>\n
3.2. En consecuencia, las advertidas omisiones en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por el recurrente, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.3. Por lo dem\u00e1s, aunque el gestor se duele de no haber recibido, ni su apoderado, en sus correos electr\u00f3nicos las decisiones respectivas, basta con se\u00f1alar que la Sala ha precisado que para formalizar la notificaci\u00f3n por estado de las disposiciones judiciales \u00abno se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u2018correos electr\u00f3nicos\u2019, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional\u2019. \u2018Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u2018notificaci\u00f3n\u2019, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477, reiterada en STC5776-2022, 11 may. 2022, rad. 00028-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia, pues, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC, 26 ene. 2011. exp. 00027-005048-2018, citada en STC5048-2018, 19 abr. 2018, rad. 00902-00). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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