STC13300-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13300-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00261-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 12 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Enrique L\u00f3pez Pizarro contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el sucesorio n\u00ba 2021-00143. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por el accionado al negar su reconocimiento como acreedor hereditario dentro del liquidatorio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que al enterarse de que los herederos y c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Julio Ram\u00f3n Pizarro P\u00e9rez hab\u00edan impetrado el respectivo juicio de sucesi\u00f3n, \u00abde inmediato el 6 de junio de 2022 le present\u00e9 a los herederos (\u2026), la solicitud de cobro de honorarios profesionales [de abogado] que me adeudaban [que ascienden a $39.550.862] por los procesos que les tramit\u00e9, uno ante la Inspecci\u00f3n de Taganga, Fiscal\u00eda de Santa Marta y otro ante la entidad Coorpamag regional Magdalena, respondi\u00e9ndome la se\u00f1ora Betshy Lucila Fern\u00e1ndez viuda de Pizarro (\u2026) el 14 de junio de 2022, que ella y los herederos no me adeudaban ni un solo peso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que el 19 de mayo de 2022 elev\u00f3 solicitud al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta para que \u00abfuesen tenidas en cuenta mis acreencias laborales que me adeudaban los herederos [empero] este juzgado no me ha hecho el reconocimiento de mi personer\u00eda jur\u00eddica ni como abogado ni como demandante dentro de ese proceso de sucesi\u00f3n\u00bb; que \u00abel d\u00eda 7 de junio de 2022 [solicit\u00f3 al juzgado] se me incluyera en la audiencia [de inventarios] que se celebrar\u00eda el d\u00eda 17 de junio del a\u00f1o 2022 (\u2026) y no me envi\u00f3 el link para ingresar [por lo que] no puede participar ni ejercer mi derecho de defensa\u00bb, pues en dicha oportunidad \u00ablos abogados de los herederos no aceptaron [la acreencia], por no tener un poder firmado por el causante\u00bb. <\/p>\n
Que, ante la situaci\u00f3n antes descrita, el estrado convocado decret\u00f3 la recepci\u00f3n de declaraciones de la c\u00f3nyuge sobreviviente y de los herederos del causante, fijando para el 26 de agosto de 2022 la continuaci\u00f3n de la audiencia, a la cual \u00abpresent\u00e9 mis declaraciones escritas, donde manifiesto la relaci\u00f3n laboral para la cual me contrataron los herederos (\u2026), a quienes les estoy cobrando mis honorarios [y] quienes me contrataron una vez falleci\u00f3 el causante Julio Pizarro P\u00e9rez (\u2026)\u00bb, ante lo cual \u00abme contactaron antes de la audiencia [alcanzando] un acuerdo conciliatorio con los herederos H\u00e9ctor, Edwin y Julio Pizarro P\u00e1jaro (\u2026), a pagarme la suma de $35.000.000 de los $39.550.862\u00bb. <\/p>\n
Que en la audiencia del 26 de agosto de 2022, el juez indag\u00f3 a la viuda mientras a \u00e9l lo interrogaron \u00abel juez y todos los abogados de los herederos\u00bb, y \u00abobviando las declaraciones de estos (\u2026), no me reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica como abogado, como tampoco me dej\u00f3 interrogar al resto de herederos\u00bb, defini\u00f3 desfavorablemente sus aspiraciones \u00abviol\u00e1ndose mi derecho al debido proceso [y que] al finalizar la audiencia [el juez] me manifest\u00f3 que deb\u00eda reclamarle a los herederos por otros medios jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que a trav\u00e9s de esta senda se proceda a \u00abordenar la nulidad de todo lo actuado dentro de las audiencias de fechas 17 de junio de 2022 y 26 de agosto de 2022 (\u2026), donde aprob\u00f3 el inventario y aval\u00fao de la sucesi\u00f3n del causante Julio Ram\u00f3n Pizarro P\u00e9rez, [y] revocar en su totalidad la decisi\u00f3n que tom\u00f3 el Juez Primero de Familia de Santa Marta [en relaci\u00f3n con la acreencia por \u00e9l reclamada]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez Primero de Familia de Santa Marta, inform\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite del mortuorio est\u00e1 en la etapa de partici\u00f3n puesto que el 26 de agosto de 2022 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de inventario y aval\u00fao en donde se aprob\u00f3 el inventario (\u2026), se neg\u00f3 el reconocimiento del se\u00f1or Miguel Enrique L\u00f3pez Pizarro como acreedor de la sucesi\u00f3n y se design[aron] partidores\u00bb. Advirti\u00f3 que el hoy quejoso \u00abcont\u00f3 con participaci\u00f3n activa, se le comparti\u00f3 el link de las audiencias, particip\u00f3 en todas las intervenciones p\u00fablicas y en la \u00faltima en donde se practicaron pruebas (el interrogatorio del propio accionante) se neg\u00f3 el reconocimiento y el se\u00f1or solicitante no recurri\u00f3 la decisi\u00f3n, es decir, estuvo conforme con aquella\u00bb, y que en raz\u00f3n a su naturaleza \u00abresidual\u00bb, pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente el ruego tutelar\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al encontrar que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, porque \u00abde cara a lo resuelto frente a su solicitud en el sentido de que se le tuviera como acreedor hereditario (\u2026), no ejerci\u00f3 ninguna defensa, cercenando de ese modo la posibilidad que ten\u00eda, en el escenario id\u00f3neo, de discutir todas aquellas aristas que hoy le generan inconformismo. Tampoco se ha obstaculizado su participaci\u00f3n en las audiencias, al contrario, en ellas esgrimi\u00f3 sus argumentos, se le escuch\u00f3 en declaraci\u00f3n; ha tenido acceso al expediente\u00bb, advirtiendo que \u00abel hecho de que no se le hubiere reconocido personer\u00eda como lo sostiene, si bien no existe un pronunciamiento en el sentido de que el juez le dijera que obraba en causa propia al ser abogado inscrito, no se ha erigido en impedimento para ejercer su defensa\u00bb. Acot\u00f3 que, \u00aben todo caso, para lograr la satisfacci\u00f3n de la acreencia (\u2026), tiene a su alcance (\u2026) otros medios de defensa judicial, verbi gratia, el proceso ejecutivo, de contar l\u00f3gicamente con el t\u00edtulo de recaudo que preste m\u00e9rito (\u2026), y de carecer de \u00e9l, podr\u00e1 iniciar uno declarativo, o incluso, el monitorio\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante para cuestionar que lo resuelto en el auto del 5 de abril de 2022, correspondiera a \u00abnuevos puntos\u00bb susceptibles de recursos, ya que al interponer la reposici\u00f3n, \u00abse esboz\u00f3 a manera de reiteraci\u00f3n y\/o complement[o] al auto recurrido [ante] la ausencia de pronunciamiento o tr\u00e1mite de los inventarios y\/o particiones adicionales, resaltando su injerencia en la partici\u00f3n pendiente, sin correr siquiera el traslado al demandado a pesar del amplio lapso de tiempo transcurrido\u00bb, e insisti\u00f3 en que acudi\u00f3 a la tutela porque \u00abes evidente en todas las formas el desequilibrio econ\u00f3mico derivado de las desfavorables decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por el quejoso, al no reconocerlo como acreedor hereditario dentro del liquidatorio n\u00ba 2021-00143. <\/p>\n
Esta Corte ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esencial el de la subsidiariedad, esto es, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido oportuna y adecuadamente a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n realizada al reclamo constitucional y a las piezas procesales incorporadas al expediente por los intervinientes, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio del auxilio deprecado, pero precisando que lo ser\u00e1 en raz\u00f3n a su improcedencia por no superar el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Para ello, es necesario precisar que la inconformidad del demandante consiste en que dentro del juicio de sucesi\u00f3n del causante Julio Ram\u00f3n Pizarro P\u00e9rez, no se tuvo como acreencia hereditaria, la partida de honorarios profesionales de abogado que adujo haberse causado a cargo de la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y de los herederos, porque, en su sentir, la gesti\u00f3n por \u00e9l desplegada redund\u00f3 en beneficio de la masa partible en el referido sucesorio. <\/p>\n
En ese sentido, prontamente se establece que el querellante se queja de actuaciones que no fueron refutadas por los mecanismos ordinarios que prev\u00e9 la ley, los cuales fueron desaprovechados pese a la idoneidad para formular la cr\u00edtica que ahora pretende traer mediante esta excepcional senda, sin que para ello se avizore una v\u00e1lida justificaci\u00f3n, pues dada su condici\u00f3n de abogado en ejercicio, no pod\u00eda excusarse en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
En efecto, contra el auto del 26 de agosto de 2022, proferido en la audiencia de inventarios y aval\u00faos, donde tras surtir el tr\u00e1mite incidental de objeci\u00f3n el juzgado resolvi\u00f3 \u00abnegar el reconocimiento del se\u00f1or Miguel L\u00f3pez Pizarro, como acreedor de la masa sucesoral y de la sociedad conyugal [conformada por el causante] y Bethsy Lucila Fern\u00e1ndez de Pizarro\u00bb, y como consecuencia \u00abaprobar\u00bb la relaci\u00f3n de inventarios presentada por los interesados, proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n conforme a lo contemplado en el inciso final del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abtodas las objeciones se decidir\u00e1n en la continuaci\u00f3n de la audiencia mediante auto apelable\u00bb, concordante con lo estatuido en el numeral 5\u00ba del canon 321 ib\u00eddem, el cual se\u00f1ala que es susceptible del recurso vertical el auto \u00abque rechace de plano un incidente y el que la resuelva\u00bb. Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Acerca de la aptitud del recurso previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada en STC6486-2022, 25 may. 2022, rad. 00126-01, entre otras). <\/p>\n
En las circunstancias descritas, cuando se acude a la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reproche, o cuando no se avizora justificaci\u00f3n para que la parte actora hubiese dejado de utilizar los recursos pertinentes o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, el quejoso queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC6125-2022, 19 may. 2022, rad. 00029-01, entre otras). <\/p>\n
De otro lado, conforme lo indic\u00f3 el tribunal a-quo, no se evidencia yerro del accionado por haber expresado el reconocimiento de personer\u00eda adjetiva del reclamante, pues al constatar que este obraba en causa propia -dada su calidad de abogado en ejercicio-, el juzgado autoriz\u00f3 su concurrencia y participaci\u00f3n en el juicio, tras lo cual tramit\u00f3 y resolvi\u00f3 de fondo su pretensi\u00f3n, independientemente de que su sentido no haya sido el que deseaba. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que desaprovech\u00f3, el actor no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, pues a ello se procede cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento, y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice, no acontece. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con la precisi\u00f3n explicada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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