STC13305-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13305-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03296-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por C\u00e9sar Alberto Zuluaga Hoyos contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Quince Penal del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes del proceso penal objeto de censura. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 28 de junio de 20171, la Fiscal\u00eda 1\u00aa Seccional de la Unidad de Seguridad P\u00fablica de Cali profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n contra el tutelante, como autor material del delito de fraude procesal, decisi\u00f3n que fue confirmada el 19 de septiembre de 2018, en sede de apelaci\u00f3n, por la Fiscal\u00eda 1\u00aa Delegada ante el Tribunal Superior de Cali2. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el Juzgado Quince Penal del Circuito de Cali dict\u00f3 sentencia el 9 de agosto de 20193, por la cual conden\u00f3 al actor a 54 meses de prisi\u00f3n, multa de 300 s.m.l.m.v. e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 5 a\u00f1os, decisi\u00f3n que fue confirmada el 15 de octubre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali4. <\/p>\n
2.3. El 27 de abril de 20225, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no cas\u00f3 la sentencia proferida por el Tribunal, \u00abbajo el entendido que la acci\u00f3n penal respecto del delito de fraude procesal, por el que fue condenado, no se haya prescrita\u00bb. <\/p>\n
2.4. El promotor cuestiona a la autoridad judicial accionada, por inaplicar el \u00abprecedente jurisprudencial contenido en decisi\u00f3n del 5 octubre de 2016, Rad. 48804, del 8 de julio de 2015, radicado 46204, de la misma Sala\u00bb, relativo a la prescripci\u00f3n del tipo penal por el cual fue condenado, omitiendo motivar las razones para no acoger lo all\u00ed definido, como se aludi\u00f3 en los salvamentos de voto formulados. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene dejar sin efectos el fallo del 27 de abril de 2022 y emitir una nueva providencia, \u00abde conformidad con la evoluci\u00f3n jurisprudencial de la misma corporaci\u00f3n, referida por quienes salvaron su voto\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n afirm\u00f3 que la tesis mayoritaria, frente al delito de fraude procesal, se orienta a se\u00f1alar que aqu\u00e9l \u00abpersiste mientras la inducci\u00f3n en el error subsista\u00bb y con base en esa postura se resolvi\u00f3 el asunto; no obstante, lo planteado por el tutelante es que prime el criterio minoritario, referido a que dicho delito es de resultado y no de conducta, como se plante\u00f3 en los salvamentos de voto, lo cual es improcedente a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Penal del Circuito de Cali solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, pues \u00abno tiene relaci\u00f3n con (\u2026) los hechos que (\u2026) el accionante y su apoderado han tachado de conculcadores de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali remiti\u00f3 copia de la determinaci\u00f3n emitida el 15 de octubre de 2019. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el promotor, con ocasi\u00f3n del fallo dictado el 27 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, por el cual no cas\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia, toda vez que, en criterio del tutelante, se desconoci\u00f3 el precedente aplicable en la materia. <\/p>\n
2. Al respecto, se observa que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 los motivos por los cuales no cas\u00f3 la sentencia de segundo grado. Comenz\u00f3 por destacar que, seg\u00fan el art\u00edculo 453 de la Ley 599 de 2000, incurre en el delito de fraude procesal \u00abquien utiliza un medio fraudulento para inducir en error a un servidor p\u00fablico con el fin de obtener sentencia, resoluci\u00f3n o acto administrativo contrario a la ley\u00bb y que lo cuestionado en el caso particular era \u00abcu\u00e1ndo se consuma el delito y se comienza a contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con lo anterior, advirti\u00f3 que la Sala ha reiterado que \u00abel fraude procesal es un delito que se consuma con la inducci\u00f3n en error, como injusto de mera conducta que es -no con el resultado\u2014, y que es un delito de conducta permanente, pues la agresi\u00f3n al bien jur\u00eddico subsiste mientras el funcionario persista en el error\u00bb y, aunque alg\u00fan sector ha cuestionado dicho criterio, lo cierto es que la Corte, \u00aben una l\u00ednea jurisprudencial constante\u00bb, ha concluido que \u00abes al cesar los efectos antijur\u00eddicos que se empieza a contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
No obstante, sostuvo que, en lo referido al delito de fraude procesal en actuaciones administrativas, en la providencia CSJ SP3631-2018 se mencion\u00f3 un caso en el que se obtuvo el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n y de las mesadas sucesivas, en el cual se afirm\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se contabiliza a partir del \u00faltimo acto orientado a hacer incurrir en error al servidor p\u00fablico competente para tomar la respectiva decisi\u00f3n\u00bb. Asimismo, cit\u00f3 la decisi\u00f3n AP del 8 de julio de 2015, radicado 46204, en la cual se estudi\u00f3 el caso de un registro de una escritura p\u00fablica falsa y en la cual la Corte consider\u00f3 que no era en \u00abel instante en que se registraron las escrituras espurias en la correspondiente oficina, que deben entenderse materializados los dos punibles atribuidos a ambos acusados, sino cuando estas conductas dejaron de producir efectos\u00bb; y, frente a los actos de registro ante oficinas de tr\u00e1nsito, en lo tocante con la prescripci\u00f3n expuso que: <\/p>\n
la jurisprudencia ha aclarado que ese t\u00e9rmino empieza a contarse, no a partir de la firmeza del acto administrativo, este caso, sino del \u00faltimo acto de inducci\u00f3n en error, entendiendo \u00e9ste no como aquel momento hist\u00f3rico en el que el servidor p\u00fablico dict\u00f3 el acto contrario a la ley -cuando ello alcanza a materializarse- sino hasta cuando la il\u00edcita conducta ha dejado de producir sus consecuencias y cese, en consecuencia, la lesi\u00f3n que por ese medio se ven\u00eda ocasionando a la administraci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Con base en los precedentes de la Sala referidos, concluy\u00f3 que el fraude procesal es un delito de \u00abmera conducta y de conducta permanente y que, en cualquier caso, tal como lo sostiene la actual interpretaci\u00f3n jurisprudencial, el error al que es inducido el funcionario administrativo o judicial persist[e]\u00bb, por lo cual, asumir que \u00aben las actuaciones administrativas la consumaci\u00f3n de la conducta y el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal es diferente al de actuaciones judiciales es una apreciaci\u00f3n incorrecta\u00bb, toda vez que la \u00abjurisprudencia sintetiza las dos posibilidades bajo la idea de que el delito permanece mientras subsista el error en los dos casos\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, precis\u00f3 que, en el presente asunto, como la anotaci\u00f3n fraudulenta persisti\u00f3 hasta el 19 de diciembre de 2016, data en que la fiscal\u00eda orden\u00f3 las medidas tendientes a dejar sin efecto la anotaci\u00f3n ilegal en el registro, era a partir de aquella que deb\u00eda contabilizarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y, tomando \u00abcomo referente la pena de 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n -no la de normas posteriores que ser\u00edan aplicables por la permanencia de la conducta\u2014 con que se sancionaba el delito para cuando se inici\u00f3 la acci\u00f3n, esta [prescribir\u00eda] el 19 de diciembre de 2024\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, precis\u00f3 que como \u00abla calificaci\u00f3n qued\u00f3 en firme el 19 de septiembre de 2018, ese t\u00e9rmino no se cumpli\u00f3 en la fase de instrucci\u00f3n penal\u00bb y que al tomar esa data como punto de partida para \u00abestablecer la prescripci\u00f3n en la etapa del juicio, ese t\u00e9rmino se reduce a la mitad, sin que pueda ser inferior a 5 a\u00f1os\u00bb, lo que, al tenor de lo estipulado en el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal, conducir\u00eda a establecer que \u00abla acci\u00f3n penal prescribir\u00eda el 19 de septiembre de 2023, lo cual no ha ocurrido\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n impetrada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad: la determinaci\u00f3n emitida no puede calificarse como irrazonable o caprichosa. En efecto, la providencia censurada fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial en torno al tema debatido, todo lo cual llev\u00f3 a concluir que en el presente caso la acci\u00f3n penal no hab\u00eda prescrito, toda vez que el delito de fraude procesal se mantiene mientras la inducci\u00f3n en el error subsista y sus efectos persistan, criterio que es apoyado por la mayor\u00eda de los integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia penal, tal y como se vislumbra en la sentencia CSJ SP3631-2018, en el fallo reprochado y en otras providencias que sirvieron de soporte para adoptar la determinaci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
As\u00ed, en un asunto con alguna similitud, la Hom\u00f3loga Penal reiter\u00f3 su postura actual y mayoritaria, al se\u00f1alar: <\/p>\n
La referencia jurisprudencial se realiza con el fin de dejar claro que, frente a conductas punibles como la ac\u00e1 descrita (inscripci\u00f3n ap\u00f3crifa en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos), al delito de Fraude procesal es de mera conducta y tambi\u00e9n de conducta permanente, esto por cuanto se consuma con la inducci\u00f3n en el error provocada al servidor p\u00fablico (descartando con ello que se trate de un delito \u201cde resultado\u201d que admite el grado de tentativa, impensable en el ordenamiento colombiano para el Fraude procesal), y la agresi\u00f3n al bien jur\u00eddicamente tutelado persiste en el tiempo hasta cuando el funcionario salga del error en el que fue inducido\u2026 <\/p>\n
Es por ello que, para descartar contradicciones jur\u00eddicas, debe establecerse que en el delito de Fraude procesal (\u2026) la prescripci\u00f3n inicia su conteo desde que desaparezcan los efectos jur\u00eddicos de la inducci\u00f3n en el error al servidor p\u00fablico, y a la sociedad en general por cuanto el certificado de libertad y tradici\u00f3n de un bien inmueble es el oponible a terceros. (Se subraya. CSJ SP2879-2022). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se reitera que los salvamentos de voto \u00abno tienen fuerza vinculante, adem\u00e1s, que ello no configura, per se, una v\u00eda de hecho en la providencia atacada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb (CSJ STC9817-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el actor, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones del ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb7. <\/p>\n
5. Esto es, se impone negar la salvaguarda invocada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 110-119 Archivo PDF \u00ab2018-00086 cuaderno original\u00bb del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 141-149 Archivo PDF \u00ab2018-00086 cuaderno original\u00bb del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 235-286 Archivo PDF \u00ab2018-00086 cuaderno original\u00bb del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 317-344 Archivo PDF \u00ab2018-00086 cuaderno original\u00bb del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 18-34 Archivo PDF \u00ab2018-00086 cuaderno CSJ\u00bb del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 SP del 29 de agosto de 2018, radicado 53066. <\/p>\n
7\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13305-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC13305-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03296-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por C\u00e9sar Alberto Zuluaga […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67848","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67848","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67848"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67848\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67848"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67848"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67848"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}