STC13307-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13307-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03125-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alejandro Echeverri Cano contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Risaralda, la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y el Derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional \u2013 DIJIN \u2013, y las Procuradur\u00edas Segunda y Tercera Delegadas para la Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, solicita la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, el 2 de junio de 2014 fue capturado por autoridades policiales brasileras en el municipio de Tibatinga (Brasil) en posesi\u00f3n de \u00ab3.260 gramos de coca\u00edna\u00bb, hechos por los que fue judicializado y condenado por el Juzgado Penal de esa localidad a la pena de \u00ab3 a\u00f1os, 10 meses y 20 d\u00edas de prisi\u00f3n\u00bb \u2013 fallo del 24 de octubre de 2014 \u2013, sin embargo, comoquiera que acept\u00f3 su responsabilidad y en virtud de la ausencia de circunstancias agravantes y antecedentes penales, la autoridad judicial le concedi\u00f3 la \u00absustituci\u00f3n de la pena por la prestaci\u00f3n de servicios generales y de limpieza en la escuela Estatal Concei\u00e7ao Xavier de Alencar, y en la construcci\u00f3n del Centro Integral Educacional CIE, alternativamente y por el tiempo de la condena \u201clo que resulta en 1.154 horas que no podr\u00e1 ser cumplida en un plazo inferior a un (1) a\u00f1o, siete (7) meses y un (1) d\u00eda\u201d\u00bb. <\/p>\n
Relata que, le fue otorgada la libertad condicionada a presentarse al juzgado cada mes durante el tiempo de la ejecuci\u00f3n de la pena; empero, admite que solo prest\u00f3 los servicios en la mencionada escuela Estatal en noviembre y diciembre del 2014 y compareci\u00f3 al juzgado durante los primeros seis meses, luego de los cuales regres\u00f3 a Colombia. <\/p>\n
Destaca que, el 9 de mayo de 2017 fue requerido por el despacho penal a fin de que justificara el motivo del incumplimiento de la sentencia, pero, \u00abcomo hizo caso omiso de este requerimiento judicial, el Juzgado Penal de Tabatinga, decid[i\u00f3] decretar la Reconversi\u00f3n de la Pena, y el Gobierno de Brasil solicit[\u00f3] al gobierno de Colombia su extradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, fue recapturado el 3 de octubre de 2021 y hasta la fecha lleva 11 meses detenido en espera de \u00absu libertad por prescripci\u00f3n de la pena en Colombia\u00bb. El 27 de julio de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal emiti\u00f3 concepto favorable al pedido de extradici\u00f3n en su contra presentado por Brasil. <\/p>\n
Cuestiona la determinaci\u00f3n proferida por la Sala Especializada que refrend\u00f3 el requerimiento del pa\u00eds extranjero; especialmente, aduce que la sanci\u00f3n que le fue impuesta prescribi\u00f3 en Colombia, por cuanto, la figura de la reconversi\u00f3n de la pena no existe en la normativa nacional, por lo que aquella no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo, por lo tanto, \u00abcorrespond\u00eda a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, analizar si, a la luz de la Constituci\u00f3n y las leyes de Colombia la pena impuesta por la justicia de la Rep\u00fablica de Brasil [\u2026] habr\u00eda prescrito para la fecha de su captura (3 de octubre de 2021) en cumplimiento de la solicitud de extradici\u00f3n presentada [\u2026] siete (7) a\u00f1os despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Reprocha que, en lugar de lo anterior, la Sala accionada aplic\u00f3 \u00abuna norma for\u00e1nea seg\u00fan la cual la prescripci\u00f3n de la pena se interrumpe tambi\u00e9n en Colombia con la reconversi\u00f3n de la pena que se hizo en el pa\u00eds requirente, sin mencionar en su an\u00e1lisis norma legal, tratado o convenio alguno para respaldar su decisi\u00f3n, con lo cual incurri\u00f3 en falsa motivaci\u00f3n y en consecuencia, violaci\u00f3n al debido proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se deje sin efecto el concepto favorable de extradici\u00f3n emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 27 de julio de 2022 y se ordene su libertad. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal por intermedio del magistrado ponente del concepto discutido, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada y precis\u00f3 que, en dicho pronunciamiento \u00abse estudi\u00f3 el aspecto de la prescripci\u00f3n de la pena, con fundamento en la normatividad que gobierna la materia, tanto en el pa\u00eds requirente como en la ley patria, concluyendo que la sanci\u00f3n no hab\u00eda prescrito\u00bb. <\/p>\n
2. La directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores explic\u00f3 las funciones de esa cartera en los tr\u00e1mites de extradici\u00f3n, en los que funge primordialmente como \u00abinterlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones oficiales que se adelanten entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros pa\u00edses\u00bb, es decir, como v\u00eda diplom\u00e1tica entre el Estado requirente y las instituciones nacionales, por lo cual, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la demanda en tanto que, \u00abno obra hecho alguno atribuible a este ministerio que permita inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La directora de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n efectu\u00f3 un recuento del procedimiento adelantado respecto del accionante desde el momento en que fue requerido en extradici\u00f3n, y aclar\u00f3 que, seg\u00fan jurisprudencia de esta Corte, la fiscal\u00eda \u00absimplemente cumple la tarea administrativa de ordenar la captura con fines de extradici\u00f3n, medida que no admite ninguna controversia, como no la admite tampoco la etapa previa de alistamiento de la documentaci\u00f3n que cumple el ejecutivo nacional\u00bb. En cuanto a la alegaci\u00f3n sobre la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, destac\u00f3 que la Sala accionada se ocup\u00f3 de dicho de tema en el concepto cuestionado. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en sendas respuestas de dos de sus delegados ante la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que, en el caso del actor Echeverri Cano, emiti\u00f3, el 23 de mayo de 2022, concepto favorable (por parte de la Procuradora 2 Delegada para la Casaci\u00f3n Penal) al pedido de extradici\u00f3n de la Rep\u00fablica Federativa de Brasil para que sea tenido en cuenta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la cual lo refrend\u00f3 y expidi\u00f3 concepto definitivo en el mismo sentido, en el que abord\u00f3 el aspecto de la prescripci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
5. El Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y el Derecho se opuso a la prosperidad del presente resguardo por no satisfacer \u00abel presupuesto de la subsidiariedad [pues] la decisi\u00f3n sobre la extradici\u00f3n es susceptible de ser cuestionada ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s del mecanismo estipulado en el art\u00edculo 148 de la ley 1437 de 2011 [\u2026] lo que permite evidenciar la inviabilidad de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la Sala convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por conceptuar favorablemente sobre el pedido de extradici\u00f3n radicado por la Rep\u00fablica Federativa de Brasil en relaci\u00f3n con el aqu\u00ed accionante, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por, supuestamente, desconocer que la sanci\u00f3n que le fue impuesta en dicho pa\u00eds, prescribi\u00f3 a la luz de la normativa penal colombiana. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a \u00e9se car\u00e1cter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos judiciales o administrativos estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Sin embargo, bajo la anterior perspectiva, para la Sala las pretensiones expuestas no pueden salir avantes, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n que se plantea en torno a la prescripci\u00f3n de la pena y la procedencia de la extradici\u00f3n, dado que, el tutelante a\u00fan cuenta con mecanismos de defensa a trav\u00e9s de los cuales puede formular los reproches que trae a esta senda, pues aunque la Hom\u00f3loga acusada conceptu\u00f3 favorablemente la solicitud de extradici\u00f3n presentada por Brasil, todav\u00eda se encuentran a su alcance, en primer lugar, los recursos frente a la resoluci\u00f3n gubernamental que resuelva sobre la misma, as\u00ed como la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para alegar la ilegalidad de dicho acto administrativo (que eventualmente la conceda de forma definitiva), que le corresponde proferir al Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, mem\u00f3rese que dicho concepto no tiene efectos vinculantes sobre el pedido de extradici\u00f3n cuando \u00e9ste es aprobatorio, conforme a lo reglado por el art\u00edculo 501 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004 que reza: \u00ab(\u2026) El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligar\u00e1 al gobierno; pero si fuere favorable a la extradici\u00f3n, lo dejar\u00e1 en libertad de obrar seg\u00fan las conveniencias nacionales (\u2026)\u00bb (Resalta la sala). <\/p>\n
De suerte que, la decisi\u00f3n final acerca de conceder la entrega del ac\u00e1 accionante al Estado requirente radica exclusivamente en el Gobierno Nacional, quien tiene la \u00faltima palabra en el asunto. <\/p>\n
En un caso de id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica al presente, la Sala consider\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) los cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el art\u00edculo 85 del c\u00f3digo contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d, (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente (CSJ STC2451-2017). <\/p>\n
De este modo, por lo precisado se advierte el fracaso de la presente tutela, pues pendiente se encuentran otros mecanismos de salvaguarda a los que podr\u00e1 acudir el promotor en procura del amparo de las garant\u00edas invocadas, sin que pueda el juez constitucional interferir en competencias ajenas para pronunciarse sobre un asunto que a\u00fan no ha cobrado firmeza. <\/p>\n
Finalmente, dada la existencia de otro medio de defensa judicial, tampoco se abre paso la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, por cuanto para que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable, se requiere que el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, rad. 2011-00194-01, reiterada entre otras en STC11415-2017, 3 ag. 2017, rad. 00294-01), elementos determinantes que por dem\u00e1s ac\u00e1 no fueron ni siquiera alegados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Devienen improcedente las garant\u00edas reclamadas, comoquiera que es evidente que el actor cuenta con otras v\u00edas judiciales id\u00f3neas para procurar la defensa adecuada de sus derechos, si es que la resoluci\u00f3n administrativa que dicte el Gobierno Nacional corrobora el concepto favorable emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal atinente al pedido de extradici\u00f3n en su contra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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