STC13311-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13311-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03316-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Urshela Castro frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso de ejecutivo de radicado 2020-000541. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y dignidad humana, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 12 de marzo de 2020, \u00c1lvaro Urshela Castro promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Hern\u00e1n Dar\u00edo Nicholls Garc\u00eda, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 27 de julio siguiente y, en auto de la misma fecha, decret\u00f3 algunas medidas cautelares. Y neg\u00f3 el \u00abembargo y secuestro de los lotes de inhumaci\u00f3n ubicados en el Cementerio Jardines de Cartagena\u00bb, en virtud de lo previsto en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que no fue recurrida. <\/p>\n
2.2. Surtidas las etapas procesales y proferido el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el 8 de noviembre de 2021, el promotor insisti\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la cautela sobre los referidos lotes y, por auto del 15 de diciembre siguiente, el Juzgado dispuso estarse a lo resuelto en decisi\u00f3n del 27 de julio de 2020, determinaci\u00f3n que fue ratificada, en sede de reposici\u00f3n, el 7 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.3. El 2 de agosto de los corrientes, el Tribunal accionado confirm\u00f3 el prove\u00eddo del 15 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el promotor argumenta que es pertinente inaplicar el numeral 9 del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso para ese preciso juicio, por inconstitucional, dado que est\u00e1 \u00abdemostrado que el ejecutado ha obrado de forma indebida y abusando del derecho para defraudar a sus acreedores\u00bb, por cuanto, vali\u00e9ndose de su amplio conocimiento jur\u00eddico, ha adquirido bienes que no son embargables, pero tienen alto valor y son de f\u00e1cil negociaci\u00f3n, a efectos de que no puedan ser perseguidos para saldar sus obligaciones. Afirma que la ejecuci\u00f3n del accionado \u00abdeviene de un actuar irregular en su profesi\u00f3n de abogado\u00bb, pues se apropi\u00f3 \u00abde unos dineros agencias en derecho que no le pertenecen legalmente\u00bb, raz\u00f3n por la cual tambi\u00e9n promovi\u00f3 un proceso disciplinario en su contra. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene inaplicar el numeral 9 del art\u00edculo 594 del C.G.P.2, \u00abpor Inconstitucional, \u00fanica y exclusivamente para este preciso asunto\u00bb. Y, en consecuencia, que se decrete el embargo y secuestro de los lotes de inhumaci\u00f3n ubicados en el Cementerio Jardines de Cartagena de propiedad del ejecutado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena respald\u00f3 la legalidad de su providencia. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena inform\u00f3 que la medida de embargo atacada fue negada inicialmente con auto del 27 de julio de 2020, providencia frente a la cual no se interpuso recurso alguno, de manera que cobr\u00f3 fuerza ejecutoria. Respecto de la solicitud posterior, adujo que tambi\u00e9n fue negada por el a quem y, por tanto, la presente tutela va encaminada a constituir una tercera instancia, lo cual es improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos del accionante con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n del 2 de agosto de 2022, que confirm\u00f3 el auto proferido el 15 de diciembre de 2021 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en tanto dispuso estarse a lo resuelto en el prove\u00eddo del 27 de julio de 2020, que neg\u00f3 el embargo y secuestro de los lotes de inhumaci\u00f3n de propiedad del ejecutado. <\/p>\n
2. Revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la providencia del 2 de agosto del a\u00f1o en curso, el Tribunal convocado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto del 15 de diciembre de 2021, en primer lugar, refiri\u00f3 que si el accionante estaba en desacuerdo con la negativa del decreto de la medida cautelar cuestionada debi\u00f3 interponer los recursos procedentes contra el auto de 27 de julio de 2020, raz\u00f3n por lo cual, en principio, podr\u00eda \u00abconcluirse que ese aspecto qued\u00f3 zanjado con lo resuelto en la referida providencia cuya firmeza imposibilitar\u00eda analizar nuevamente si las cautelas reclamadas podr\u00edan ser procedentes contra ese tipo de bienes\u00bb. <\/p>\n
3.Sin perjuicio de lo anterior, precis\u00f3 que la nueva solicitud del actor, fundamentada en que, para el caso concreto, se aplique la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad respecto del numeral 9\u00ba del art\u00edculo 594 del C\u00f3digo General del Proceso, porque la conducta del all\u00ed ejecutado \u00abha dado lugar a entender que su intenci\u00f3n es \u201cdefraudar la ley, a trav\u00e9s de un claro abuso del derecho\u201d\u00bb, tampoco era procedente, pues \u00abno salta a la vista una ostensible, grave y manifiesta contradicci\u00f3n entre esa disposici\u00f3n y las normas constitucionales\u00bb. En sustento, cit\u00f3 jurisprudencia de esta Sala relacionada con el control de constitucionalidad, destacando que: <\/p>\n
[\u2026] lo que aqu\u00ed se discute, es del caso resaltar que el campo de acci\u00f3n de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad est\u00e1 restringido a aquellos casos espec\u00edficos, en los que la utilizaci\u00f3n de una norma legal comporta el quebranto franco y directo de una constitucional, hip\u00f3tesis en la cual, debe aplicarse la segunda e inaplicarse la primera, sin afectar la vigencia general de esta \u00faltima. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala Civil de la Corte tiene precisado que \u201cno es cualquier discrepancia la que autoriza desde\u00f1ar la aplicaci\u00f3n de un precepto de inferior jerarqu\u00eda frente a la Carta\u201d, puesto que comprometido como queda \u201cel principio que establece la presunci\u00f3n de constitucionalidad de las normas, la incompatibilidad que hace procedente esa forma excepcional de control debe ser evidente; la oposici\u00f3n ha de ser tan grave que ambas \u2018no pueden regir en forma simult\u00e1nea (…) el antagonismo entre los dos extremos de la proposici\u00f3n ha de ser tan ostensible que salte a la vista del int\u00e9rprete, haciendo superflua cualquier elaboraci\u00f3n jur\u00eddica que busque establecer o demostrar que existe\u2019, cosa que aqu\u00ed no despunta (T 614\/1992)\u201d (CSJ, SC del 22 de septiembre de 2004, Rad. n.\u00b0 1999-0310-02; negrillas fuera del texto). <\/p>\n
En tiempo reciente y con mayor amplitud, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Si bien la observancia del ordenamiento jur\u00eddico es imperios[a] para los encargados de administrar justicia, no puede pasarse por alto que de conformidad con el art\u00edculo 4 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en \u2018todo caso de incompatibilidad entre la Constituci\u00f3n y la ley u otra norma jur\u00eddica, se aplicar\u00e1n las disposiciones constitucionales\u2019\u2026 <\/p>\n
Discernimiento que consiste en la aplicaci\u00f3n de la \u2018excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u2019, con el prop\u00f3sito de reconocer la supremac\u00eda de las normas de orden superior frente a las de menor entidad, sin que conlleve la derogatoria de estas \u00faltimas, cuando chocan en una causa particular, por lo que sus efectos son inter partes. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n se requiere de una explicaci\u00f3n seria, mesurada y categ\u00f3rica, que justifique la desatenci\u00f3n de preceptos que en otras circunstancias tendr\u00edan pleno valor, dejando de lado el capricho o la arbitrariedad. <\/p>\n
Como se recalc\u00f3 en CSJ SC 22 sep. 2004, rad. 1999-0310-02, \u2018la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad procede cuando la incompatibilidad entre una norma de inferior jerarqu\u00eda con la Carta Pol\u00edtica es manifiesta, que en este preciso evento su aplicaci\u00f3n resulta pertinente\u2019\u2026 (Se subraya, CSJ SC295-2021). <\/p>\n
En ese sentido, concluy\u00f3 que el recurrente \u00abno explic\u00f3 cu\u00e1les eran los preceptos superiores que se ajustar\u00edan al presente asunto, ni dej\u00f3 ver en qu\u00e9 consisti\u00f3 la discordancia que hiciera incompatible su aplicaci\u00f3n\u00bb, sino que se limit\u00f3 a afirmar que el all\u00ed ejecutado ha tenido como prop\u00f3sito \u00abdefraudar la ley\u00bb, porque adquiere este tipo de bienes inembargables, con el \u00fanico fin de \u00abdefraudar a sus acreedores\u00bb. Afirmaciones que, de un lado, carecen de los elementos probatorios que las acrediten. Y, de otro, se alejan del fin de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad invocada; en consecuencia, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n censurada no resulta arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de la normativa que gobierna el asunto y de jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la autoridad judicial accionada motiv\u00f3 su decisi\u00f3n en la inembargabilidad dispuesta por el legislador frente a los bienes utilizados como cementerios (num. 9 del art\u00edculo 594 del C.G.P). Y en la imposibilidad de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad sobre el citado numeral 9 del art\u00edculo 594 del C.G.P., por cuanto no se argument\u00f3 ni acredit\u00f3 una grave y manifiesta contradicci\u00f3n entre dicho precepto y alguna norma constitucional. Esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb3. <\/p>\n
5. Esto es, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Hern\u00e1n Dar\u00edo Nicholls Garc\u00eda. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 594: (\u2026) no se podr\u00e1n embargar: (\u2026) 9. Los terrenos o lugares utilizados como cementerios o enterramientos. <\/p>\n
3\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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