STC13318-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13318-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03260-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Orlando Guerrero Carrera contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Once Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las autoridades, partes e intervinientes relacionadas con el proceso penal distinguido con radicaci\u00f3n 2005-02358. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad que estima trasgredidos por las autoridades judiciales querelladas. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n recopilados se extracta que Jorge Orlando Guerrero Carrera se encuentra recluido en el COMEB La Picota, purgando 37 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n que, por el delito de homicidio agravado, le impuso el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 en sentencia de 2 de noviembre de 2005, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad el 31 de julio del a\u00f1o siguiente. <\/p>\n
La sanci\u00f3n alcanz\u00f3 firmeza luego de que la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, mediante fallo de 3 de mayo de 2007, resolviera desfavorablemente el recurso extraordinario formulado por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por lo que la actuaci\u00f3n fue remitida a la especialidad judicial de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, siendo asumida por el despacho Sexto de esta ciudad. <\/p>\n
3. El actor acude a esta herramienta supralegal pues considera que en el aludido juicio \u00ab[le] violaron descaradamente [sus] derechos fundamentales, [su] dignidad humana, entre muchos otros\u00bb pues pese a que \u00abcontaba con muchos elementos materiales probatorios\u00bb los mismos \u00abno fueron aportados por el abogado\u00bb que lo represent\u00f3, adem\u00e1s que \u00abla Fiscal\u2026 minti\u00f3 descaradamente y no recopil\u00f3 ninguna prueba a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
Dice que \u00aben el espurio proceso no fu[e] o\u00eddo como \u00fanico sobreviviente de los hechos\u00bb ni se tuvo en cuenta \u00abel s\u00edndrome de alienaci\u00f3n pariental [sic] que no fue discutido\u00bb, de all\u00ed que la condena se hubiera cimentado \u00aben las falacias presentadas por la fiscal\u00eda\u00bb y no haya tenido \u00abfundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica probatoria y jur\u00eddica con la verdadera identificaci\u00f3n de los motivos de estimaci\u00f3n y desestimaci\u00f3n de las pruebas admitidas en el juicio\u00bb. <\/p>\n
4. Por tal raz\u00f3n, solicita \u00abse materialice mi libertad en los t\u00e9rminos que considere y as\u00ed mismo pueda pronunciarse sobre las irregularidades presentadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por conducto de dos de sus magistrados, se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto, de un lado, el actor incurre en el ejercicio temerario de esta herramienta constitucional al haber \u00abinterpuesto m\u00e1s de 10 acciones de la misma naturaleza\u00bb, con identidad de objeto y causa y, de otro, porque lo pretendido es \u00abrevivir el debate probatorio y jur\u00eddico que se surti\u00f3 dentro del proceso en el que fue condenado\u00bb. <\/p>\n
2. Un remitente que se identific\u00f3 como \u00abDespacho 28 Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb dijo que las reclamaciones presentadas \u00abse estima[n] improcedentes, pues no es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para cuestionar el fallo judicial\u00bb al tiempo que, en el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n fustigada, \u00abno se vulner\u00f3 derecho fundamental [alguno]\u00bb. <\/p>\n
3. Una empleada del Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 denegar la salvaguarda dado que \u00abla actuaci\u00f3n de [ese] despacho se ha regido respetando legales y constitucionales de\u2026 Guerrero Carrera, sin que est\u00e9n configuradas las causales gen\u00e9ricas y espec\u00edficas para la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra\u2026 providencia [judicial]\u2026 adem\u00e1s de denotarse un actuar temerario por parte del accionante\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, agreg\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela\u2026 no es el mecanismo id\u00f3neo para resolver la pretensi\u00f3n invocada\u2026 pues no puede pretenderse que\u2026 se quieran revivir t\u00e9rminos y convertir en una especie de tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese despacho en tanto que, por una parte, las censuras \u00abse relacionan con presuntas omisiones en la fase de conocimiento\u00bb y, por otra, se han \u00abatendido las diferentes solicitudes [del] sentenciado, sin que se evidencie\u2026 petici\u00f3n pendiente por resolver\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, advirti\u00f3 que \u00ablo pretendido\u2026 no reviste ninguna relevancia constitucional, porque lo [que se busca] no es la protecci\u00f3n inmediata de derechos fundamentales, sino controvertir el fallo condenatorio\u00bb como si la acci\u00f3n supralegal fuera una instancia adicional, situaci\u00f3n que refuerza la inviabilidad del ruego. <\/p>\n
5. El Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar tambi\u00e9n solicit\u00f3 ser apartado del tr\u00e1mite pues, en la actualidad, no ejerce la vigilancia de la sanci\u00f3n impuesta a Guerrero Carrera en la medida que desde el mes de noviembre del a\u00f1o 2018 remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a sus hom\u00f3logos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
6. La Juez Treinta y Uno Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas dijo que ese estrado \u00abno trasgredi\u00f3 ning\u00fan derecho ius fundamental del actor\u00bb pues su actuaci\u00f3n en la causa cuestionada se limit\u00f3 a decidir acerca de una sustituci\u00f3n de la medida de aseguramiento impuesta a Guerrero Carrera, diligencia que \u00abse llev\u00f3 a cabo sin irregularidad conocida, quedando la decisi\u00f3n en firme\u00bb, de all\u00ed que la queja constitucional no guarde relaci\u00f3n alguna con dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el convocante incurri\u00f3 en temeridad por ejercer esta nueva acci\u00f3n de tutela y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron sus garant\u00edas fundamentales, al declararlo penalmente responsable del delito de homicidio agravado. <\/p>\n
2. La temeridad del amparo <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del auxilio supralegal entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
El asunto que se examina se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Jorge Orlando Guerrero Carrera ha promovido, con antelaci\u00f3n, varias acciones similares con las que busca la invalidaci\u00f3n del juicio penal que se le sigui\u00f3 como autor del delito de homicidio agravado y en las que censura las decisiones proferidas en su contra. <\/p>\n
Lo anterior aparece corroborado con la consulta efectuada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, que da cuenta que desde el a\u00f1o 2008 ha promovido un considerable n\u00famero de tutelas insistiendo en las supuestas irregularidades que rodearon la referida causa penal. Muestra de ello es la STC17414 de 25 de octubre de 2017, en la que se dijo, en torno a las s\u00faplicas, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n rogada por Jorge Orlando Guerrero Cabrera resulta improcedente, pues los reclamos encaminados contra el tr\u00e1mite y las decisiones de fondo que\u2026 adoptaron las autoridades convocadas, dentro del proceso penal donde result\u00f3 condenado a cumplir una pena de prisi\u00f3n de 37 a\u00f1os y 6 meses, tras ser hallado responsable de la comisi\u00f3n de homicidio agravado, ya fueron objeto de debate constitucional, comoquiera que esta Corporaci\u00f3n el 13 de julio de 2016, neg\u00f3 al tutelante el amparo constitucional invocado, tras resumir las inconformidades elevadas por \u00e9ste en que, \u00abi) \u00abno existi\u00f3 un control de legalidad\u00bb de la Jueza Once Penal del Circuito de Bogot\u00e1; ii) la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n no realiz\u00f3 \u00abuna investigaci\u00f3n integral\u00bb, pues no recopil\u00f3 todo el material probatorio necesario para esclarecer los hechos del homicidio imputado; iii) el Ministerio P\u00fablico no ejerci\u00f3 debidamente sus funciones; iv) no cont\u00f3 con defensa t\u00e9cnica; v) no se le permiti\u00f3 \u00absustentar [sus] pruebas y presentar [sus] argumentos, no llamar a juicio a todos [sus] testigos, aparte de tomar [su] silencio en [su] contra\u00bb; vi) se le restringi\u00f3 su derecho a la defensa en el transcurso de la audiencia de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, ya que el ad-quem \u00absolo le permit[i\u00f3] (20) veinte minutos\u00bb para sustentar el mismo; y, vii) en sede de casaci\u00f3n, \u00abtampoco se [le] permiti\u00f3 hablar (\u2026) y dar a conocer [su] posici\u00f3n en la sociedad\u00bb. Y frente a ello considerar que el resguardo no proced\u00eda por incumplir el requisito de la inmediatez (\u2026) <\/p>\n
Ahora, al ser remitido dicho expediente a la Corte Constitucional, \u00e9ste fue excluido de revisi\u00f3n seg\u00fan la informaci\u00f3n que arroja la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, por lo que la aludida decisi\u00f3n hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional (Art. 243 numeral 1\u00ba C.P.)\u00bb <\/p>\n
Se encuentra entonces que la queja frente a las actuaciones y fallos penales proferidos por las autoridades querelladas es el reflejo de un ejercicio m\u00faltiple de la salvaguarda, en un asunto esencialmente similar y replanteando un tema que ya ha sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n de varios jueces de amparo. <\/p>\n
As\u00ed entonces, la tutela cotejada concuerda con la actual en los puntos cardinales que las motivan, de all\u00ed que se pueda concluir que constituye una equivalencia de acciones que estructuran el presupuesto de improcedencia y la raz\u00f3n primordial para denegar el resguardo, pues no se evidencia motivo alguno que justifique el uso desmedido e irracional de esta herramienta. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible acudir al resguardo luego de conocer el resultado desfavorable de uno precedente y, como seg\u00fan lo discurrido en esta tutela es el reflejo del injustificado uso de otra esencialmente similar, no es posible su replanteamiento porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Resulta evidente que el objeto, la causa y las partes en este tr\u00e1mite constitucional guardan identidad con las acciones de tutela presentadas previamente por Jorge Orlando Guerrero Carrera, entre ellas, la resuelta con STC17414 de 25 de octubre de 2017, raz\u00f3n por la cual se declarar\u00e1 improcedente el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo deprecado. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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