STC13319-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13319-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03330-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Carolina Abello Ot\u00e1lora, quien dice actuar como representante judicial del Banco Davivienda S.A., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, Bancolombia S.A. y el Fideicomiso Patrimonio Aut\u00f3nomo Reintegra Cartera-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes e interesados en los procesos ejecutivos de radicados 2019-00191 y 2021-004521. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 19 de agosto de 2016, el Banco Davivienda S.A. suscribi\u00f3 un contrato de garant\u00eda mobiliaria con Mack Trailers S.A.S., respecto del veh\u00edculo de placas JBX563. <\/p>\n
2.2. El 29 de julio de 2019, Bancolombia promovi\u00f3 un proceso ejecutivo contra Mack Trailers S.A.S. y Rolando Alarc\u00f3n Morales, de radicado 2019-00191, en el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 libr\u00f3 mandamiento de pago el 5 de agosto siguiente y orden\u00f3 el registro del embargo del automotor referido, seg\u00fan la tutelante, \u00absin validar certificado de tradici\u00f3n del veh\u00edculo, (ya que no fue aportado por el demandante)\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 20 de enero y 18 de febrero de 2020, el Juzgado de conocimiento dispuso la retenci\u00f3n bien y autoriz\u00f3 la notificaci\u00f3n de Davivienda S.A., como acreedor prendario, la cual, de acuerdo con lo indicado en el escrito inicial, fue surtida en una direcci\u00f3n diferente a la registrada para tal fin en el certificado de c\u00e1mara de comercio. <\/p>\n
2.4. Ante la mora de Mack Trailers S.A.S., Davivienda S.A. promovi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la garant\u00eda mobiliaria e inici\u00f3 el tr\u00e1mite de pago directo ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9, asunto al que se le asign\u00f3 el radicado 2021-00452-00. <\/p>\n
2.5. Debido a que la apoderada judicial de Davivienda advirti\u00f3 que hab\u00eda una limitaci\u00f3n de embargo sobre la garant\u00eda, por cuenta del juicio ejecutivo tramitado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, solicit\u00f3 el reconocimiento como acreedores, as\u00ed como el desembargo del veh\u00edculo involucrado en el proceso compulsivo. <\/p>\n
2.6. El 8 de marzo de 2022 se fij\u00f3 fecha y hora para el remate del veh\u00edculo, decisi\u00f3n que fue revocada el 21 de abril siguiente, ordenando el levantamiento del embargo del automotor; frente a esta determinaci\u00f3n, Bancolombia interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.8. La actora censura que \u00abuna garant\u00eda Mobiliaria que sea oponible mediante su inscripci\u00f3n en el registro\u2026 TENDRA PRELACION SOBRE AQUELLA GARANTIA que no hubiere sido Inscrita\u00bb y que el Tribunal no tuvo en cuenta que Bancolombia, en el juicio ejecutivo, \u00abindujo en error\u00bb al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, debido a que no aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n del veh\u00edculo al solicitar la medida cautelar, por lo cual \u00e9ste no evidenci\u00f3 la existencia de la prenda ni de la garant\u00eda y, por ende, no orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de Davivienda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado de conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal en el auto del 1\u00ba de agosto de 2022, program\u00f3 diligencia de remate para el 22 de septiembre de este a\u00f1o, lo cual afecta los derechos de Davivienda, pues perder\u00eda la garant\u00eda, as\u00ed como la posibilidad de lograr pago directo en el tr\u00e1mite que se adelanta ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagu\u00e9; por esa raz\u00f3n, la actora asever\u00f3 que, el pasado 12 de agosto, radic\u00f3 una solicitud de nulidad, por indebida notificaci\u00f3n, en el juicio ejecutivo, que no hab\u00eda sido resuelta. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la tutelante solicit\u00f3: i) que se dejen sin efecto las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo cuestionado \u00abdesde el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago y por lo tanto decrete la nulidad del auto que fijo fecha de remate\u00bb; ii) se reconozca el derecho de Davivienda sobre la garant\u00eda mobiliaria del veh\u00edculo de placas JBX563; iii) se levante el embargo que pesa sobre el referido bien y se ponga a disposici\u00f3n del juicio de \u00abPAGO DIRECTO (\u2026) radicado 73001400300820210045200\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n, afirmando que la decisi\u00f3n del 1\u00ba de agosto del a\u00f1o en curso se sustent\u00f3 en lo dispuesto en el art\u00edculo 462 del C.G.P. y en las pruebas aportadas. <\/p>\n
2. Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 sostuvo que las decisiones adoptadas tienen soporte en las normas aplicables; precis\u00f3, adem\u00e1s, que fue el Tribunal la autoridad que neg\u00f3 el levantamiento del embargo cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante manifest\u00f3 actuar en representaci\u00f3n del Banco Davivienda S.A., cuyo derecho fundamental considera vulnerado, porque no se levant\u00f3 la medida de embargo del veh\u00edculo placas JBX563 y se orden\u00f3 su remate, pese a que la entidad financiera tiene a su favor registrada una garant\u00eda mobiliaria. <\/p>\n
2. Al respecto, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que la promotora no es la titular de los derechos fundamentales que reclama y no alleg\u00f3 poder especial que la faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: <\/p>\n
Podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo (Se subraya) (CSJ STC 29 sep. 2003, rad. 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, la Sala ha establecido que: <\/p>\n
<\/p>\n
la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (Se subraya). (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n en sede constitucional, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley, que le haya sido otorgado poder especial para el efecto o, en su defecto, que alegue y acredite las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
[\u2026] (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional (Se subraya)2. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, como se indic\u00f3, la tutelante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Davivienda S.A., pero no alleg\u00f3 el poder especial requerido para representar los intereses de aquella, de acuerdo con los presupuestos establecidos en la normativa aplicable y en la jurisprudencia citada. <\/p>\n
Al respecto, se precisa que, si bien la actora aport\u00f3 la escritura p\u00fablica 18.657 del 17 de agosto de 2021, por medio del cual el Banco Davivienda le otorg\u00f3 \u00abpoder general\u00bb para representar e intervenir ante los \u00abJueces Civiles\u00bb, en \u00abProcesos Ejecutivos, Hipotecarios, Singulares, Mixtos, de Reposici\u00f3n de T\u00edtulo Valor, de Restituci\u00f3n de Tenencia y Solicitud de Ejecuci\u00f3n de Garant\u00eda Mobiliaria\u00bb, dicho mandado no es especial para efectos de promover la presente tutela y, por lo mismo, resulta improcedente estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Mack Trailers S.A.S., Rolando Alberto Alarc\u00f3n Morales y el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada por la Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13319-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC13319-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03330-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Carolina Abello Ot\u00e1lora, quien […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67861","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67861"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67861\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}