STC13324-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13324-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00232-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Ubaldina Isabel Garc\u00eda Barraza, Ram\u00f3n Eduardo Cadavid Rodr\u00edguez y Luzcelin Leonor Cadavid Rodr\u00edguez, frente a la sentencia del pasado 22 de agosto, emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquellos contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de la precitada ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los convocantes pidieron por intermedio de apoderado judicial, el respeto de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por las dependencias jurisdiccionales requeridas, dentro del consecutivo de amparo n.\u00b0 \u00ab47001418900420220013001\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto pidi\u00f3, se ordene a los Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, \u00abse revoque el fallo [de] 21 de julio de 2022 (\u2026) que confirm\u00f3 el fallo constitucional de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los promotores presentaron la referida acci\u00f3n de tutela contra la decisi\u00f3n policiva administrativa proferida el 14 de marzo del presente a\u00f1o por la Inspecci\u00f3n Sur de Santa Martha, dentro del expediente No. 003-2022, con que se impuso medida correctiva de restituci\u00f3n y protecci\u00f3n de bienes a favor de Rosa Mar\u00eda Camargo Yepez, la Secretar\u00eda de Gobierno de Santa Marta y Bayron Arrieta Jim\u00e9nez, dentro de la querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n por ocupaci\u00f3n arbitraria promovida por aquella contra personas indeterminadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La solicitud de amparo fue negada el 26 de mayo de los corrientes por el Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, porque no se agotaron los recursos procedentes contra la decisi\u00f3n cuestionada, sentencia que impugnaron los aqu\u00ed accionantes, pero fue confirmada el 21 de julio siguiente por EL Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad.<\/p>\n
3. Aseveran que en dicho decurso se present\u00f3 una \u00absituaci\u00f3n fraudulenta\u00bb, porque se concedi\u00f3 el amparo policivo sobre un inmueble que no corresponde con el solicitado por la querellante, ya que el perito que intervino en la actuaci\u00f3n dictamin\u00f3 que se trata de un predio diferente, irregularidad que no procede exponerla ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s de demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, lo que en su criterio justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta alleg\u00f3 link de acceso al expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Rosa Mar\u00eda Camargo Yepez y Ricardo Carrillo Camargo manifestaron que los promotores act\u00faan con temeridad, porque est\u00e1n interponiendo acci\u00f3n de tutela contra hechos ya juzgados, en dos instancias, en un escenario de la misma naturaleza. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Personer\u00eda Delegada para la Rama Jurisdiccional y Autoridades Administrativas indic\u00f3 que no particip\u00f3 en la actuaci\u00f3n policiva cuestionada, por lo que no le es posible manifestarse sobre lo que all\u00ed ocurri\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta corrobor\u00f3 que el 21 de julio del presente a\u00f1o resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada contra el fallo de 26 de mayo de 2022 del Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, confirmando lo decidido, con fundamento en que el cuestionamiento reca\u00eda en la decisi\u00f3n tomada en un procedimiento policivo, que seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 223 de la Ley 1801 de 2016 (C\u00f3digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), era susceptible de los recursos de reposici\u00f3n apelaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que adem\u00e1s no fue producto del fraude, sino del an\u00e1lisis de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra actuaciones policivas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, porque la tem\u00e1tica plateada ya fue objeto de pronunciamiento de tutela por parte de los Juzgados accionados, lo que impide un reestudio de la causa. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por los convocantes, con persistencia en sus reproches. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que las inconformidades elevadas en el presente se dirigen contra el fallo de tutela dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta el 22 de julio de 2022, que confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 26 de mayo anterior del Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, con que se neg\u00f3 el amparo por aquellos promovido contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Sur de Santa Marta y la Secretar\u00eda de Gobierno de la misma ciudad, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, al no haberse interpuesto ning\u00fan recurso contra la decisi\u00f3n emitida en la actuaci\u00f3n policiva all\u00ed cuestionada. <\/p>\n
Lo evidenciado cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica, al encontrar la Sala que ya fue debatida en otra ocasi\u00f3n a trav\u00e9s de un mecanismo del mismo linaje constitucional del presente. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada1, sin que los promotores hicieran reparo alguno ante dicha autoridad, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
5. Se impone reafirmar lo prove\u00eddo por el tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Auto T8966478 de 19 de septiembre de 2022 <\/p>\n
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