STC13329-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13329-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2022-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 12 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Leonor G\u00f3mez de Moreno contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa y los intervinientes en el reivindicatorio n\u00ba 2016-00109. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderada judicial, la accionante invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso \u00aben conexidad con la vida, salud y vivienda de un adulto mayor\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, Angelino y Jos\u00e9 Abigail Castro Coy adelantaron contra Carlos Chaparro y ella proceso reivindicatorio respecto del inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 074-66752, donde present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n solicitando declarar a su favor la pertenencia del referido bien. <\/p>\n
Aduce que agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa en audiencia realizada el 29 de julio de 2020 desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n principal y las de reconvenci\u00f3n; empero, apelado lo resuelto por ambos extremos procesales, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama revoc\u00f3 lo decidido para acceder a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, reconociendo el pleno dominio del inmueble en cabeza de los demandantes y oblig\u00e1ndola a restituir el bien y a indemnizar a \u00e9stos, decisi\u00f3n que pidi\u00f3 aclarar \u00aba fin de que fuera revisado por la misma juez lo ordenado\u00bb, pero no fue modificada. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 de dicha determinaci\u00f3n, la \u00abfalta de apreciaci\u00f3n de las pruebas que obraban en el expediente y demostraban [su] calidad de poseedora del inmueble (\u2026)\u00bb, comoquiera que \u00ablleva a la fecha m\u00e1s de 20 a\u00f1os habitando all\u00ed, tiene su vida, sus recuerdos y su existencia gira alrededor de su vivienda que la percibe suya\u00bb, al punto que ha realizado mejoras para su conservaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la autoridad judicial convocada \u00ab(\u2026) rehaga su fallo confirmando la decisi\u00f3n del JUZGADO Primero Promiscuo Municipal de Paipa en cuanto a no acceder a la reivindicaci\u00f3n del bien, no condenar en frutos y acceder a la pertenencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Angelino y Jos\u00e9 Abigail Castro Coy, demandantes dentro del asunto criticado, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos esbozados en el escrito inicial y oponerse a lo reclamado, se\u00f1alaron que \u00ab la argumentaci\u00f3n propuesta por la accionante respecto a la decisi\u00f3n adoptada por el Juez de segunda instancia al decidir a favor de los propietarios del predio las suplicas (sic) de la demanda, no tiene fundamento alguno (\u2026) por si solas se traducen en interpretaciones y criterios eminentemente subjetivos, (\u2026) adem\u00e1s la accionante est\u00e1 reclamando en esta acci\u00f3n que se le reconozcan las mejoras hechas al inmueble, siendo que esta instancia no es procedente solicitar dichos valores\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Primero Promiscuo Municipal de Paipa solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n, toda vez que \u00abno ha incurrido en ninguna irregularidad en el tr\u00e1mite procesal, garantiz\u00e1ndose plenamente los derechos fundamentales de la hoy accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Duitama, remiti\u00f3 el link para ingresar al expediente contentivo de la actuaci\u00f3n procesal cuestionada. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que la decisi\u00f3n censurada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque la gestora considera que se desconocieron las pruebas aportadas al interior del proceso reivindicatorio cuestionado, \u00abla autoridad accionada decidi\u00f3 con observancia del orden legal, y sin desbordar la discrecionalidad interpretativa en perjuicio de los intereses del (sic) accionante. (\u2026) cada afirmaci\u00f3n en la que se bas\u00f3 para llegar a tal determinaci\u00f3n est\u00e1 sustentada en las normas preexistentes para la materia del caso\u00bb; raz\u00f3n por la cual, concluy\u00f3, no es posible evidenciar un vicio en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica o valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados al proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante reiterando las censuras a la decisi\u00f3n recriminada conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial. As\u00ed mismo, refut\u00f3 el fallo constitucional del tribunal constitucional de instancia, puesto que, \u00ab(\u2026) el Juez Primero Promiscuo Municipal de Paipa s\u00ed tuvo en cuenta las pruebas que no daban cr\u00e9dito de las pretensiones de la parte actora\u00bb, y por la cuant\u00eda, lo decidido no era susceptible de recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada para mantener la decisi\u00f3n que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de pertenencia en reconvenci\u00f3n presentada por la gestora del amparo, comenz\u00f3 por precisar, tal y como lo advirti\u00f3 el juez cognoscente, que \u00abexiste una coposesi\u00f3n del bien con el se\u00f1or Carlos Enrique Chaparro y por tanto no se cumple con el requisito exigido para la prosperidad de la acci\u00f3n como lo es la posesi\u00f3n exclusiva en el demandante\u00bb, al punto que ya con anterioridad la interesada hab\u00eda instaurado un proceso de pertenencia ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama (n\u00b0 2011-00141), donde le fueron negadas las pretensiones en fallo del 20 de noviembre de 2015. <\/p>\n
De este modo, se\u00f1al\u00f3, \u00abse logr\u00f3 establecer que la se\u00f1ora LEONOR G\u00d3MEZ de MORENO entr\u00f3 en posesi\u00f3n del inmueble al fallecimiento de su se\u00f1ora madre ELVIA MARQUEZ HERNANDEZ, el d\u00eda 27 de mayo de 2001, tal como lo confes\u00f3 en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 y se corrobor\u00f3 en la inspecci\u00f3n judicial realizada al inmueble en este proceso y as\u00ed mismo lo sostuvieron las testigos SOLEDAD CAMARGO SANABRIA y MAR\u00cdA DEL PILAR HERRERA PUERTO, quienes manifestaron que ella era poseedora de parte del predio por cuanto el local es pose\u00eddo por CARLOS ENRIQUE CHAPARRO\u00bb, existiendo as\u00ed una posesi\u00f3n conjunta sobre el inmueble objeto de usucapi\u00f3n, lo que hace imposible acceder a las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n invocadas por la querellante. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al abordar los reparos expuestos por los demandantes frente a la decisi\u00f3n de primera instancia, quienes afirman ser los propietarios del inmueble reclamado, advirti\u00f3 el juzgador que deb\u00eda revocarse lo decidido para acceder a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, al estar acreditado el derecho de dominio de la parte actora sobre la totalidad del predio, y aunque los demandados aducen que su posesi\u00f3n ha sido anterior a la fecha en que los demandantes adquirieron la propiedad del inmueble, se dej\u00f3 sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en orden a acreditar su dominio, los demandantes presentaron copias del trabajo de partici\u00f3n dentro del sucesorio de los se\u00f1ores PABLO EMILIO CASTRO RODRIGUEZ y RITA COY DE CASTRO y del auto aprobatorio del mismo de fecha 31 de mayo de 2013, el cual se tramit\u00f3 en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Paipa bajo el radicado 2012-00201, de la fijaci\u00f3n y desfijaci\u00f3n del edicto realizado por el citado juzgado, providencia que consta en la anotaci\u00f3n 5 del FMI 074-66752 en la que les fue adjudicado a los demandantes JOS\u00c9 ABIGAIL CASTRO COY y ANGELINO CASTRO COY el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de este proceso. <\/p>\n
A su vez, los demandantes acompa\u00f1aron con la demanda copia autenticada de la escritura p\u00fablica N\u00b0 142 del 20 de junio de 1969, de la Notaria de Paipa, por medio de la cual EUFEMIA RODR\u00cdGUEZ DE GUATIBONZA vende a PABLO EMILIO CASTRO RODR\u00cdGUEZ y RITA COY DE CASTRO el derecho de dominio, propiedad y posesi\u00f3n que ten\u00eda sobre el inmueble, el cual aparece registrado en la anotaci\u00f3n n\u00famero 1 del FMI 074-66752\u00bb. <\/p>\n
En ese orden precis\u00f3, que aunque los inconformes aducen que los demandantes adquirieron el derecho de dominio sobre el bien el 3 de julio de 2013, fecha posterior a su posesi\u00f3n, en la demanda aqu\u00e9llos \u00abhi[cieron] alusi\u00f3n al t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del derecho de propiedad de sus predecesores y solicit[aron] como medio de prueba la copia autenticada de la escritura p\u00fablica N\u00b0 142 de 1969 notaria \u00fanica de Paipa por medio de la cual los se\u00f1ores PABLO EMILIO CASTRO RODR\u00cdGUEZ y RITA COY DE CASTRO adquieren de EUFEMIA RODRIGUEZ DE GUATIBONZA el derecho de propiedad del citado predio e igualmente reclam\u00f3 como medio de prueba el certificado de tradici\u00f3n 074-66752, donde aparece el registro de la escritura en la anotaci\u00f3n N\u00b0 1, con lo cual la parte demandante est\u00e1 reclamando la aplicaci\u00f3n de la figura de la agregaci\u00f3n de t\u00edtulos, la cual es perfectamente v\u00e1lida en esta clase de procesos como bien lo han dejado establecidas las alta Cortes, en sentencia enunciada en precedencia, luego entonces, al agregarle el t\u00edtulo de compra, al demandante, de su tradente, o sea el de los se\u00f1ores PABLO EMILIO CASTRO RODRIGUEZ y RITA COY DE CASTRO, tendr\u00edamos que la suma de las fechas de los t\u00edtulos de dominio de los demandantes, data del a\u00f1o 1969, lo cual indica que es muy anterior a la posesi\u00f3n de los demandados, dichos t\u00edtulos, unidos los unos a los otros, dan cuenta de un derecho de propiedad anterior a la posesi\u00f3n que la demandada LEONOR G\u00d3MEZ DE MORENO viene ejerciendo desde el 27 de mayo de 2001, la cual se deriv\u00f3 de la compraventa que realizaron PABLO EMILIO CASTRO RODR\u00cdGUEZ y RITA COY DE CASTRO a ROQUE CHAPARRO mediante contrato del 10 de septiembre de 1975, fecha esta \u00faltima que sigue siendo posterior al derecho de dominio sobre el bien que aparece en la anotaci\u00f3n 1 del FMI 074-66752, esto es el 20 de junio de 1969; y a la coposesi\u00f3n con CARLOS ENRIQUE CHAPARRO desde el 30 de julio de 2015\u00bb. <\/p>\n
Tras colegir lo anterior, complement\u00f3 que, \u00abal no haber[se] tenido en cuenta la agregaci\u00f3n de t\u00edtulos que reclam\u00f3 la parte demandante, se debe acceder a la pretensi\u00f3n reivindicatoria del predio descrito en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente, respecto de las prestaciones mutuas, se\u00f1al\u00f3 que los demandados deber\u00e1n restituir el inmueble a la parte actora, y en materia de frutos, teniendo en cuenta que no se realiz\u00f3 juramento estimatorio, y que la demanda no fue inadmitida por ese hecho, \u00aben audiencia de pruebas se rindi\u00f3 informe pericial el cual fue sometido a contradicci\u00f3n y all\u00ed se establecieron unos frutos del local comercial, los cuales abarcan de los a\u00f1os 2004 al 2013, que no corresponde al periodo que deben pagarse los mismos, de este dictamen, tomaremos la f\u00f3rmula del porcentaje que el perito estableci\u00f3, esto es el 13%, teniendo en cuenta el promedio de arriendo para el 2013 que era de $75.000, porcentaje que no fue objeto de reparo en la diligencia correspondiendo entonces al despacho realizar las operaciones matem\u00e1ticas desde la fecha de contestaci\u00f3n de la demanda esto es 15 de julio de 2016\u00bb, para efectos de establecer el canon de arrendamiento del local comercial, c\u00e1lculo que arroj\u00f3 la suma de \u00ab$8.035.267\u00bb, que deber\u00e1 ser cancelada por los demandados. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el Juzgado del Circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba aportados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC6513-2022, 26 may. rad, 00079-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada en lo que a la valoraci\u00f3n probatoria y la interpretaci\u00f3n normativa se refiere respecto a los requisitos de la acci\u00f3n reivindicatoria, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13329-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC13329-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2022-00150-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67869","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67869","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67869"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67869\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67869"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67869"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67869"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}