STC13334-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13334-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 12 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Gilberto G\u00f3mez Sierra promovi\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Promiscuo Municipal de Sutatausa y citadas las partes e intervinientes en el proceso de servidumbre con radicado 2019-00014. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada, en el asunto previamente referido. <\/p>\n
Sostuvo que, con otras personas promovi\u00f3 proceso verbal de servidumbre contra Ergio Alfredo Gonz\u00e1lez y otros, en el que el Juzgado Promiscuo Municipal de Sutatausa, en sentencia de 18 de febrero de 2020 desestim\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Explic\u00f3 que de la alzada correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, y el expediente ingres\u00f3 al despacho en el mes de septiembre de 2020, cumpliendo ya dos a\u00f1os sin que profiera decisi\u00f3n, y, lo que le informa el Juzgado es que se encuentra en turno para proferir el respectivo fallo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, el art\u00edculo \u00ab521\u00bb (sic) del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abel plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal\u00bb, lapso que ya se encuentra fenecido para que la autoridad convocada decida de fondo el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9 que declare la p\u00e9rdida de competencia y ordene remitir el proceso de servidumbre al juez correspondiente para su decisi\u00f3n final. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Sutatausa, luego de detallar las actuaciones del proceso de servidumbre promovido entre otros, por el aqu\u00ed accionante, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n tras se\u00f1alar que todas las decisiones se fundamentaron en el respeto al debido proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, inform\u00f3 que, tramita el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sutatausa el 18 de febrero de 2020, alzada que fue admitida en auto de 17 de julio de 2020 y que, una vez surtido el respectivo traslado, fue ingresada al despacho el 30 de septiembre siguiente. <\/p>\n
Tras se\u00f1alar situaciones tales como la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las incapacidades otorgadas a quien en aquel entonces se desempe\u00f1aba como titular del despacho, pues al presentar renuncia, la actual Juez fue posesionada el 1\u00b0 de julio de 2022, resalt\u00f3 que, a la fecha, el accionante no ha elevado solicitud relacionada con la p\u00e9rdida de competencia, situaci\u00f3n que hace improcedente la protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca, declar\u00f3 improcedente el amparo, bajo el argumento que el accionante, no ha agotado el mecanismo ordinario que tiene a su alcance, pues no ha formulado ante el Juzgado de conocimiento petici\u00f3n sobre el vencimiento del t\u00e9rmino para fallar conforme el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n al considerar que el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, establece un deber para el juez, de remitir el proceso que le sigue en turno, al vencimiento del t\u00e9rmino de 6 meses sin que se hubiera proferido decisi\u00f3n de fondo, por lo que no debe mediar petici\u00f3n de parte, y, agreg\u00f3 que, la nulidad que se origina por p\u00e9rdida de competencia no es saneable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC2292-2022, STC6747-2022, STC7217-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la pretensi\u00f3n elevada por el se\u00f1or Gilberto G\u00f3mez Sierra, se circunscribe a que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, que declare la p\u00e9rdida de competencia para fallar la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sutatausa el 18 de febrero de 2020, en el proceso de servidumbre que promovi\u00f3 junto con Pedro Enrique Latorre Gait\u00e1n, Jos\u00e9 Belisario de Jes\u00fas Latorre Gait\u00e1n, Jos\u00e9 Dar\u00edo Prada Maldonado contra Ergio Alfredo Gonz\u00e1lez Acosta, Mar\u00eda Consuelo Vergara de Gonz\u00e1lez, Gustavo Tamayo Saenz, Gustavo Correales, Jaime Concha Mart\u00ednez y Mar\u00eda Clara Samper de Concha. <\/p>\n
3. De la revisi\u00f3n de las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, advierte la Corte la improcedencia de la impugnaci\u00f3n formulada y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia censurada, en tanto que, el se\u00f1or Gilberto G\u00f3mez Sierra, no ha elevado ninguna solicitud al Juzgado Civil del Circuito de Ubat\u00e9, encaminada a obtener la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, de tal forma que no puede pretender v\u00e1lidamente que a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se examine una tem\u00e1tica que, por principio, compete solucionar al fallador natural. <\/p>\n
La circunstancia descrita enmarcan esta tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha mencionado en varias oportunidades que, <\/p>\n
\u00ab[s]i no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (Ver CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019 STC547-2022, STC605-2022 y, STC2287-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. Ahora, frente a la inconformidad referente a que los funcionarios tienen el deber de declarar la p\u00e9rdida de competencia, sin que obre solicitud de parte, esto, conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 121 tantas veces reiterado, debe se\u00f1alarse que, la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019, declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso y la exequibilidad condicionada del resto de ese inciso, en el entendido de que la nulidad all\u00ed prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y subsiguientes del Estatuto Procesal. <\/p>\n
As\u00ed mismo, declar\u00f3 condicionalmente exequibles los incisos 2\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 121, en tanto la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino para fallar solo puede darse a solicitud de parte y el vencimiento de este t\u00e9rmino no implica la descalificaci\u00f3n autom\u00e1tica de desempe\u00f1o de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
5. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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