STC13335-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13335-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00271-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 7 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2022-00048. <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 24 de febrero de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Pijaos Salud EPS-I, debido a que, supuestamente, en el sitio donde esta \u00faltima presta sus servicios \u00abno [se] garantiza unidad sanitaria p[\u00fa]blica para [personas con discapacidad]\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado. <\/p>\n
El 18 de abril hoga\u00f1o, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, no obstante, a juicio del actor \u00abse incumple [el] art 34 [de la] ley 472 de 1998 al no existir fallo en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le [impone dicha norma]\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la c\u00e9lula cognoscente proferir sentencia \u00aben un t\u00e9rmino no superior a 24 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa con Funciones de Procurador Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no hab\u00eda presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. Pijaos Salud EPS-I inform\u00f3 que el libelista instaur\u00f3 simult\u00e1neamente otro amparo con identidad de hechos y pretensiones, el cual \u00abest\u00e1 siendo tramita[do] por el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA SALA CIVIL \u2013 FAMILIA Magistrado Sustanciador; Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo (\u2026)\u00bb, por consiguiente, \u00abse configura (\u2026) un hecho temerario y de mala fe\u00bb. Finalmente, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al considerar que no le corresponde \u00abhacer efectiva la satisfacci\u00f3n de las pretensiones del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda realiz\u00f3 un recuento de los hechos e indic\u00f3 que mediante fallo de 29 de agosto siguiente ampar\u00f3 los derechos colectivos invocados por el solicitante. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio, argumentando que \u00abel [quejoso] present\u00f3 dos veces la misma acci\u00f3n de tutela ante este Tribunal, correspondiendo a una el c\u00f3digo de tutela en l\u00ednea 1025636, radicado 66001221300020220027200, y a la otra el c\u00f3digo 1025629, que es la que ahora se resuelve (\u2026). Comparadas las demandas se concluye que guardan identidad f\u00e1ctica, de partes y de objeto, de donde brota diamantino la duplicidad o el paralelismo de resguardos, que se tramitan en forma simult\u00e1nea\u00bb. Por \u00faltimo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abse impondr\u00e1 sanci\u00f3n en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026), que se traduce en una condena en costas a cargo del actor, asimilable a una multa a favor de la Rama Judicial, por valor de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante, pidiendo que se revoque la multa que le impuso el fallador constitucional de primer grado, porque, en su criterio, \u00ablo que existi[\u00f3] [fue] un error de [su] parte, de manera involuntaria pero NUNCA ACTUANDO CON TEMERIDAD Y MENOS MALA FE\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el gestor est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si la autoridad encartada vulner\u00f3 la garant\u00eda esencial del querellante, porque, supuestamente, no ha dado el impulso pertinente a la acci\u00f3n popular referenciada. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Mario Alberto Restrepo Zapata promovi\u00f3 otro amparo contra el estrado denunciado, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, en el cual tambi\u00e9n pretendi\u00f3 que se dictara fallo \u00aben un t\u00e9rmino no superior a 24 horas\u00bb en la acci\u00f3n popular 2022-00048, dado que, presuntamente, \u00abse incumple [el] art 34 [de la] ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3.1. En efecto, ese ruego tuitivo correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, quien, mediante fallo de 8 de septiembre de 2022 (rad. n.\u00b0 2022-00272), neg\u00f3 la protecci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. As\u00ed entonces, deviene di\u00e1fano que esa causa concuerda con la actual en todos los puntos que la motivan, por lo que puede concluirse que se constituye una evidente equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia del auxilio y que revela el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como la presente acci\u00f3n corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto de iguales contornos, que ya fue definido en primera instancia y que actualmente tambi\u00e9n est\u00e1 siendo conocido en sede de impugnaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n1, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por el libelista, porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7704-2017, 1 jun. 2017, rad. 00275-01). <\/p>\n
3.3. Ahora, tras avalar la improcedencia de la acci\u00f3n cuando se ha interpuesto una simult\u00e1nea en la que coinciden partes, causa y pretensiones u objeto, lo cual dimana de lo previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb, surge el tema de la sanci\u00f3n impuesta como consecuencia del comportamiento temerario del convocante. <\/p>\n
Esto, porque al mantenerse id\u00e9ntica aspiraci\u00f3n y los mismos presupuestos que motivan ambas quejas constitucionales, se constituye un paralelismo de acciones que estructuran un supuesto de abuso y exceso en el ejercicio del auxilio; concretamente, el inciso final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 reprocha ese proceder, se\u00f1alando que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
La disposici\u00f3n legal en cita fue encontrada ajustada a la Carta Pol\u00edtica, al precisar el \u00f3rgano jurisdiccional competente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ning\u00fan motivo de inconstitucionalidad encuentra la Corte en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, tambi\u00e9n acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a indicar la natural consecuencia atribuida por el Derecho, en aplicaci\u00f3n de criterios de justicia, a la comprobaci\u00f3n del da\u00f1o que se deriva de acci\u00f3n u omisi\u00f3n antijur\u00eddica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo de quien lo ocasion\u00f3, tal como dispone el art\u00edculo 90 de la Constituci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
Desde luego, no se trata de sustituir a la jurisdicci\u00f3n especializada ya que el juez de tutela tan s\u00f3lo tiene autorizaci\u00f3n para ordenar la condena en abstracto y su liquidaci\u00f3n corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo o al juez competente, lo cual en nada se opone a las previsiones constitucionales. <\/p>\n
Tiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
Considera la Corte que no es el art\u00edculo acusado el que puede tildarse de contrario a la preceptiva superior, toda vez que en \u00e9l no se dispone ni autoriza que la actuaci\u00f3n judicial se lleve a cabo de espaldas a las reglas constitucionales aludidas. Su texto en modo alguno excluye el debido proceso y m\u00e1s bien lo supone, raz\u00f3n por la cual no es admisible la tesis del actor sobre posible desconocimiento de las normas fundamentales que lo consagran. <\/p>\n
<\/p>\n
Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u00bb (CC C-543\/92). <\/p>\n
Referente al tema, la Sala destac\u00f3: \u00abla denominada \u00abcondena en costas\u00bb en sede de tutela, al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su promotor, ha sido avalado por la Corte Constitucional, autoridad que al revisar algunos asuntos ha dispuesto directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02\u00bb, y puntualiz\u00f3 que \u00abatendiendo a lo expuesto por la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a las acciones de tutela formuladas contra la Defensor\u00eda del Pueblo, las que tambi\u00e9n esta Sala en repetidas oportunidades ha considerado temerarias, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n\u00bb (CSJ STC11363-2017, 2 ago. 2017, rad. 00451-02). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En consecuencia, como el ejercicio de la salvaguarda debe ser razonable y ponderado para evitar un desgaste innecesario de la administraci\u00f3n de justicia, en este evento se estructura una circunstancia que genera el fracaso de la solicitud formulada en la impugnaci\u00f3n, e implica, como acaba de verse, que tambi\u00e9n deba convalidarse la sanci\u00f3n impuesta al gestor por obrar con temeridad. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rad. 66001-22-13-000-2022-00272-01. <\/p>\n
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