STC13352-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13352-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de septiembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que John Alexander Guti\u00e9rrez Hern\u00e1ndez le instaur\u00f3 a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-21352. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y petici\u00f3n\u00bb para que, se ordenara a autoridad acusada \u00abque de manera inmediata realice el tr\u00e1mite consecuente y de respuesta a los requerimientos impetrados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo que la dependencia accionada, mediante auto n\u00ba 10659 (02 feb.), admiti\u00f3 la demanda de protecci\u00f3n al consumidor de m\u00ednima cuant\u00eda que promovi\u00f3 contra Madecentro Colombia S.A.S.; empero, \u00abdesde [el] 03 de febrero de 2022, no se evidencia actuaci\u00f3n alguna en pro del proceso de la referencia\u00bb, ya que s\u00f3lo se observa \u00abcertificado de acuse de recibido, correspondiente al envi\u00f3 hecho bajo n\u00famero de radicado 22-21352-3\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, posteriormente, le elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n (21 jul.), en el que \u00ab[solicit\u00f3] se proceda con presteza procesal y prosiga con el tramite pertinente, en aras de evitar perjuicios (\u2026) toda vez que se encuentra adelantando los tr\u00e1mites y diligencias necesarias para la pensi\u00f3n\u00bb; sin embargo, a la fecha de interposici\u00f3n del ruego no ha obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Industria y Comercio afirm\u00f3 que por medio de \u00abAuto Nro. 106078 de 6 de septiembre de 2022, (\u2026) inform\u00f3 al se\u00f1or JOHN ALEXANDER GUTIERREZ HERNANDEZ que el derecho de petici\u00f3n y las solicitudes de impulso procesal no resultan procedentes como mecanismo para requerir el cumplimiento de funciones judiciales o para impulsar el aparato jurisdiccional\u00bb; que \u00ablos procesos son atendidos de acuerdo con el orden cronol\u00f3gico de ingreso al Despacho\u00bb; aunado a que \u00abcon corte a 31 de julio de 2022, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales cursan 25.963, por lo tanto, requieren atenci\u00f3n prioritaria por tener un vencimiento de instancia m\u00e1s cercano y, en ese sentido, se adjuntaron las estad\u00edsticas que permiten demostrar la cantidad de procesos que se tienen pendientes de fallo con la respectiva vigencia (\u2026) la capacidad instalada en talento humano como en equipo operativo, daba como resultado una finalizaci\u00f3n m\u00e1xima de 2.000 procesos al mes, lo cual contrastaba con la admisi\u00f3n de demandas que es de un promedio de 2.300 demandas al mes\u00bb. Tambi\u00e9n le enunci\u00f3 que \u00abse prorrog\u00f3 la instancia hasta el 24 de marzo de 2023 de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En dicho sentido, requiri\u00f3 se disponga la inexistencia de la \u00abmora judicial\u00bb endilgada y de la presunta \u00abviolaci\u00f3n a los derechos fundamentales atribuibles\u00bb, debido al volumen de expedientes que tiene para fallar, ya que \u00abel nivel de demandas presentadas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se ha incrementado de una forma exponencial y en la actualidad el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor tiene 25.963 procesos activos con corte a 31 de julio de 2022 y muchos de esos procesos corresponden a radicados de meses anteriores a la fecha de presentaci\u00f3n del proceso jurisdiccional en cuestionamiento\u00bb, en el cual, \u00abLa notificaci\u00f3n a los demandados se realiz\u00f3 el d\u00eda 3 de febrero de 2022 y estos decidieron guardar silencio, raz\u00f3n por la cual, el proceso se encuentra en la \u00faltima etapa procesal que es aquella que decide de fondo el asunto a trav\u00e9s de sentencia\u00bb. <\/p>\n
Adjunt\u00f3 la estad\u00edstica que solo \u00abcorresponde a Demandas de Protecci\u00f3n al Consumidor adelantadas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio; en todos los procesos ya se encuentra vinculada la parte accionada, dado que la Entidad notifica a los demandados una vez admite la demanda\u00bb; por lo que, adver\u00f3, para terminar la cantidad de pleitos \u00abel Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor solo cuenta 29 funcionarios hasta la fecha, as\u00ed las cosas, la capacidad instalada tanto en talento humano como en equipo operativo, da como resultado una finalizaci\u00f3n m\u00e1xima de 2000 procesos al mes\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el amparo, toda vez que \u00abaunque no puede desconocer la Sala las dificultades estructurales que aquejan a la accionada para hacer frente a la carga laboral, se advierte que se ha incurrido en mora judicial injustificada por incumplimiento del t\u00e9rmino previsto en el art. 120 del C.G.P para dictar las providencias fuera de audiencia,10 d\u00edas para autos y 40 para sentencias, contados a partir del ingreso del expediente al despacho\u00bb, tanto m\u00e1s si \u00abse toma en cuenta que en el caso que se estudia la Delegatura accionada inform\u00f3 que el demandado se notific\u00f3 el 3 de febrero de 2022 y no contest\u00f3 la demanda, lo que significa que el asunto puede adelantarse con mayor facilidad\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, le mand\u00f3 a la SIC \u00abque en cumplimiento del t\u00e9rmino previsto en el art. 120 del C.G.P., proceda a tomar la decisi\u00f3n que estime pertinente, pero que comporte impulso procesal efectivo, en lugar de su dilaci\u00f3n, dentro del proceso 22-21352\u00bb y, de conformidad con el art\u00edculo 24 del Decreto 2591 de 1991, que \u00abdentro de sus posibilidades administrativas y presupuestales, en el t\u00e9rmino de los 3 meses siguientes, dise\u00f1e un plan de contingencia que le permita conjurar el estado de mora que presenta la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en relaci\u00f3n con los grupos de trabajo encargados de las acciones de consumidor, que pueda entrar en ejecuci\u00f3n, o llevar a cabo y cumplirse, en el curso de un a\u00f1o siguiente. Ese plan lo deber\u00e1 presentar a este despacho a m\u00e1s tardar al vencimiento de los tres meses concedidos con el fin de hacer seguimiento a la orden impartida\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio con id\u00e9nticos planteamientos a los esbozados en la contestaci\u00f3n al resguardo y resalt\u00f3 que \u00abno desconoce que el debido proceso se cimienta en la celeridad en las actuaciones de los funcionarios del Estado, pero tampoco se puede olvidar que dicha vulneraci\u00f3n se presenta cuando los encargados de administrar justicia se exceden de una manera injustificada en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para proferir decisiones judiciales\u00bb, lo que, en su criterio no acaeci\u00f3, dado que \u00abno existi\u00f3 la mora judicial adjudicada a [esa] Superintendencia por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, en sentencia de tutela, pues – se insiste – los Jueces cuentan con el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la demanda para proferir sentencia (art. 121 del CGP). Y, para el caso particular, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC tiene hasta el 04 de febrero de 2023 para decidir la demanda interpuesta por JOHN ALEXANDER GUTI\u00c9RREZ HERN\u00c1NDEZ\u00bb. <\/p>\n
Para justificar la \u00abmora judicial\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que en la defensa esgrimida \u00abse evidenci\u00f3 que el nivel de demandas presentadas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC se ha incrementado de una forma exponencial y en la actualidad, el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor tiene 26.318 procesos activos con corte a 31 de agosto de 2022 y muchos de esos procesos corresponden a radicados de meses anteriores a la fecha de presentaci\u00f3n del proceso jurisdiccional en cuestionamiento, los cuales, por ser m\u00e1s antiguos tienen prioridad\u00bb, por lo que, volvi\u00f3 a adjuntar las \u00abestad\u00edsticas\u00bb que permiten explicar la cantidad de \u00abprocesos\u00bb que se tienen pendientes de sentencia con la respectiva vigencia, en los periodos de 2014 al 2021 y el incremento en esta anualidad. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que \u00abpara administrar justicia, el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor solo cuenta con 29 funcionarios hasta la fecha, as\u00ed las cosas, la capacidad instalada tanto en talento humano como en equipo operativo, da como resultado una finalizaci\u00f3n m\u00e1xima de 2000 procesos al mes. Igualmente, se debe tener en cuenta que, en ese mismo lapso, se est\u00e1n admitiendo un promedio de 2300 demandas, con lo cual, denotamos un mayor nivel de ingreso de procesos frente a lo que humanamente puede gestionar la Entidad\u00bb, de ah\u00ed que, citando diferentes precedentes jurisprudenciales sobre la \u00abjustificaci\u00f3n de la mora\u00bb, suplic\u00f3, \u00abse tengan en cuenta los informes presentados por [esa] Superintendencia, donde se encuentra ampliamente justificado el t\u00e9rmino para emitir pronunciamientos de fondo en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor, asimismo, ruego que se tenga presente que los t\u00e9rminos usados para gestionar los casos en la Delegatura son consecuencia de la disponibilidad con la que se cuenta\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, dijo que \u00abel numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, puede afectar el principio de gradualidad de la oferta, en tanto le exige a la administraci\u00f3n adoptar medidas de celeridad procesal, de manera m\u00e1s estricta que lo se\u00f1alado por el legislador\u00bb, ello, porque \u00abtal como lo indic\u00f3 la Corte Constitucional, el principio de gradualidad de la oferta permite que las autoridades administrativas se\u00f1alen el t\u00e9rmino en el que operaran las funciones jurisdiccionales, as\u00ed como las condiciones de estas, para garantizar que paulatinamente se implementen dichas funciones conforme a las medidas que la respectiva autoridad implemente\u00bb; m\u00e1xime si, \u00abel dise\u00f1o de un plan de contingencia para implementarlo dentro de un a\u00f1o implica evaluar la adopci\u00f3n de medidas de reorganizaci\u00f3n, que no pueden ser verificadas en el plazo de tres meses\u00bb. <\/p>\n
4.1.- Madecentro S.A.S, tambi\u00e9n apel\u00f3, aduciendo que el a quo \u00aberr\u00f3neamente\u00bb manifest\u00f3 que \u00abMADECENTRO COLOMBIA S.A.S \u201cno contest\u00f3 la demanda\u201d y que esta \u201cse admiti\u00f3 el 2 de febrero de 2022 y al d\u00eda siguiente se notific\u00f3 el demandado que guard\u00f3 silencio dentro del t\u00e9rmino de traslado\u201d. Estas afirmaciones carecen de fundamentos f\u00e1cticos toda vez que esta sociedad comercial NO guard\u00f3 silencio frente a la demanda, todo lo contrario, el d\u00eda 11 de febrero de 2022 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S envi\u00f3 la correspondiente contestaci\u00f3n de la demanda al correo que SIEMPRE se ha utilizado para realizar estos tr\u00e1mites contactenos@sic.gov.co cumpliendo con el t\u00e9rmino establecido para la contestaci\u00f3n\u00bb, a causa de ello, incluy\u00f3 como prueba \u00abel correo electr\u00f3nico con fecha y hora en el que claramente se puede observar que esta sociedad comercial contest\u00f3 la demanda\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, \u00absolicit\u00f3 se revoque el fallo de primera instancia, para que en su lugar se declare que MADECENTRO COLOMBIA S.A.S (\u2026) si ejerci\u00f3 su derecho a la defensa y se d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente respetando el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia el fracaso de la salvaguarda y, por ende, la infirmaci\u00f3n del veredicto opugnado, ante la \u00abjustificaci\u00f3n de la mora judicial\u00bb atribuida a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
1.1.- El \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no se predica de \u00abactuaciones judiciales\u00bb, ya que, sometidas como se encuentran a las formas propias de cada litigio, deben ser sorteadas acorde con esos puntuales par\u00e1metros y dentro de las oportunidades procesales previstas (STC7405-2020; STC15807-2021). <\/p>\n
Ahora, como lo rogado por Guti\u00e9rrez Hern\u00e1ndez es que se resuelvan las plegarias encaminadas a que \u00ab(\u2026) se proceda con presteza procesal y prosiga con el tramite pertinente, en aras de evitar perjuicios\u2026\u00bb formuladas el 21 de julio de 2022, conciernen a acciones propias del \u00abproceso de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb en el que funge como demandante (n\u00ba 2022-21352), deben analizarse en el marco legal de ese procedimiento, sin que resulten aplicables las reglas del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 que lo haya requerido v\u00eda \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, no puede aspirar que a sus pedimentos se les imprima \u00abrespuesta\u00bb bajo la perspectiva de tal atributo y, por tanto, que su inobservancia constituya una infracci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
1.2.- La prueba obrante en el plenario permite constatar que, si bien la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio pudo haber reportado dilaci\u00f3n en solventar el escrito del gestor, lo cierto es que esa tardanza en la actualidad no tiene relevancia en la \u00f3rbita superlativa, toda vez que, luego de la radicaci\u00f3n de este amparo (2 sep. 2022), en el tr\u00e1mite de la primera instancia, se pronunci\u00f3 respecto del memorial, a trav\u00e9s de auto n\u00ba 106078 del 6 de septiembre hoga\u00f1o, en el que, indic\u00f3 al petente \u00abQue dada la naturaleza jurisdiccional de [ese] tr\u00e1mite, el derecho de petici\u00f3n no resulta[ba] procedente\u00bb; no obstante, con el fin de darle una respuesta completa, le precis\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) es posible advertir que al proceso jurisdiccional Nro. 22-21352, se la est\u00e1 impartiendo el tr\u00e1mite que en derecho corresponde de conformidad con lo descrito en el art\u00edculo 390 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso propio del proceso verbal sumario, sin embargo, se advierte que, de conformidad con lo establecido en el C\u00f3digo General del Proceso (Ley 1564 de 2012), la Delegatura cuenta con el t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o para emitir sentencia despu\u00e9s de notificada la demanda prorrogables hasta por seis (6) meses m\u00e1s, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 121 del Estatuto Procesal Civil y, una vez se encuentre en la \u00faltima etapa procesal, se decidir\u00e1 de fondo el asunto de acuerdo al orden de ingreso de los procesos al despacho. <\/p>\n
4. Por otra parte, es oportuno precisar que el nivel de demandas presentadas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se ha incrementado de una forma exponencial y en la actualidad el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor tiene 25.9636 procesos activos con corte 31 de julio de 2022. <\/p>\n
Luego de lo cual, le adjunt\u00f3 la estad\u00edstica que \u00abpermite demostrar la cantidad de procesos que se tienen pendientes de fallo con la respectiva vigencia\u00bb, y le record\u00f3 que \u00abcomo parte en el proceso tiene el deber de hacer vigilancia continua del caso. Para tal efecto, su proceso puede ser consultado accediendo virtualmente al Sistema de Tr\u00e1mites [y] se pone de presente que las notificaciones de los autos que se profieran durante el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n, por disposici\u00f3n art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, se realizan por estado\u00bb. <\/p>\n
1.3.- Con base en lo anterior, emerge que, se configur\u00f3 la superaci\u00f3n del hecho activante, contrario a lo determinado por el a quo, porque la aducida \u00abmora judicial o dilaci\u00f3n injustificada\u00bb que se endilg\u00f3 al despacho querellado no se encuentra evidenciada, ya que no se observa que haya incurrido en un comportamiento ap\u00e1tico, indiferente, negligente o arbitrario, que transgreda el \u00abderecho al debido proceso\u00bb del quejoso, menos a\u00fan cuando el incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales no constituye en s\u00ed mismo una violaci\u00f3n a dicho privilegio. <\/p>\n
No, porque la SIC \u00abjustific\u00f3 objetivamente la mora\u00bb en impartir el tr\u00e1mite subsiguiente al paginario objetado, debido al \u00abnivel de demandas presentadas ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC se ha incrementado de una forma exponencial y en la actualidad, el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor tiene 26.318 procesos activos con corte a 31 de agosto de 2022 y muchos de esos procesos corresponden a radicados de meses anteriores a la fecha de presentaci\u00f3n del proceso jurisdiccional en cuestionamiento, los cuales, por ser m\u00e1s antiguos tienen prioridad\u00bb, ligado ello, al escaso nivel de personal con el que cuenta para despachar los asuntos pendientes, puesto que \u00absolo cuenta con 29 funcionarios hasta la fecha, as\u00ed las cosas, la capacidad instalada tanto en talento humano como en equipo operativo, da como resultado una finalizaci\u00f3n m\u00e1xima de 2000 procesos al mes. Igualmente, se debe tener en cuenta que, en ese mismo lapso, se est\u00e1n admitiendo un promedio de 2300 demandas, con lo cual, denotamos un mayor nivel de ingreso de procesos frente a lo que humanamente puede gestionar la Entidad\u00bb. <\/p>\n
Esta Magistratura, en punto a la \u00abmora injustificada\u00bb, ha esbozado: <\/p>\n
[l]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (STC195-2021 y STC4786-2022). <\/p>\n
1.4.- De igual manera, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales aport\u00f3 tanto en el prove\u00eddo n\u00ba 106078 del 6 de septiembre \u00faltimo, en el que dirimi\u00f3 lo peticionado por el censor, como en la \u00abcontestaci\u00f3n\u00bb en esta v\u00eda superlativa, la siguiente estad\u00edstica: <\/p>\n
De lo anterior se deduce tambi\u00e9n que, si bien al momento de ejercerse este medio tuitivo no se cumpli\u00f3 con lo previsto, esto es, emitir la determinaci\u00f3n que resolviera la instancia, no fue por deseo o apat\u00eda del funcionario confutado, sino, porque respetando el sistema de turnos con que cuenta esa entidad, no ha podido hacerlo. <\/p>\n
Y es que el \u00absistema de turnos\u00bb al que est\u00e1 sujeta la entidad reprochada, ha de ser acatado, en raz\u00f3n a que proceder en contra de ello implicar\u00eda el desconocimiento del \u00abderecho a la igualdad\u00bb de los dem\u00e1s usuarios en similares condiciones a las del impulsor, m\u00e1xime cuando este no aleg\u00f3, ni acredit\u00f3 ser un \u00absujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb, menos a\u00fan que la situaci\u00f3n puesta de presente le estuviese ocasionado un perjuicio irremediable, que ameritara un trato prioritario y el \u00abcambio de turno de resoluci\u00f3n del litigio\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Magistratura ha se\u00f1alado que no es posible anhelar mediante una \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, que se \u00abalteren los turnos\u00bb, <\/p>\n
(\u2026) porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos (STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 y, STC16975-2015, 10 dic. rad. 02027-01, citadas en STC11986-2021). <\/p>\n
De igual forma, y debido a que el \u00abprincipio del turno del fallo no es absoluto\u00bb, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n
(\u2026) la ley confiere al funcionario judicial la valoraci\u00f3n de las circunstancias que permitir\u00edan modificar ese orden de decisi\u00f3n. Los criterios fijados por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, \u201cla naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio P\u00fablico en atenci\u00f3n a su importancia jur\u00eddica y trascendencia social\u201d, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cu\u00e1ndo un asunto puesto a su consideraci\u00f3n puede ser resuelto sin atenci\u00f3n al turno de respuesta que le ha sido fijado. <\/p>\n
Por ello, debe entenderse que es el juez de la causa el \u00fanico funcionario habilitado por la ley para evaluar las condiciones especiales del caso y autorizar un posible cambio en el turno de resoluci\u00f3n del pleito. Los principios de autonom\u00eda e independencia judicial obligan a considerar que el \u00fanico autorizado para modificar el orden regular de soluci\u00f3n de los asuntos puestos a consideraci\u00f3n es el juez que tramita el proceso correspondiente. La Corte ha defendido este principio al advertir que el juez de tutela est\u00e1 inhabilitado, en principio, para subvertir el orden de prelaci\u00f3n de los fallos judiciales, pues tal determinaci\u00f3n hace parte de la \u00f3rbita de decisi\u00f3n del juez natural (CC. T-945A\/08, reiterada en STC11168-2019 y STC11986-2021) -Resalta la Sala-. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abjustificada objetivamente\u00bb la \u00abmora judicial\u00bb enrostrada al organismo cuestionado, las \u00f3rdenes impartidas en el prove\u00eddo opugnado ser\u00e1n revocadas, sin necesidad de ahondar en los reparos de la \u00abafectaci\u00f3n del principio de gradualidad de la oferta\u00bb, por lo ya discurrido. <\/p>\n
2.- En lo concerniente con el \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb de Madecentro S.A.S., cuyo reparo contra la providencia de primer grado hizo consistir en que \u00abNO guard\u00f3 silencio frente a la demanda, todo lo contrario, el d\u00eda 11 de febrero de 2022 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S envi\u00f3 la correspondiente contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, pues incluy\u00f3 \u00ab[prueba] del correo electr\u00f3nico con fecha y hora en el que claramente se puede observar que [esa] sociedad comercial contest\u00f3 la demanda [de protecci\u00f3n al consumidor]\u00bb, por lo que, procura \u00abse revoque el fallo de primera instancia, para que en su lugar se declare que (\u2026) si ejerci\u00f3 su derecho a la defensa y se d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente respetando el debido proceso\u00bb; aclara la Sala que tal rogativa resulta extra\u00f1a a los fines de este instrumento, cuyo prop\u00f3sito es conjurar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los privilegios b\u00e1sicos de los ciudadanos, de manera que cualquier otra aspiraci\u00f3n le es ajena y, por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad (STC7810-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la \u00abinformaci\u00f3n\u00bb que Madecentro busca \u00abrectificar\u00bb corresponde a la brindada por la dependencia fustigada, de ah\u00ed que, bien puede y debe ser clamada directamente ante ella, lo que denota la infracci\u00f3n del \u00abpresupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13352-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC13352-2022 (Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de septiembre de 2022 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67889","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67889","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67889"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67889\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67889"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67889"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67889"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}