STC13355-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13355-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01843-01\u202f <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Nini Tatiana Gonz\u00e1lez Salas y Audinet Consultores SAS, contra la Superintendencia de Sociedades – Delegatura de Intervenci\u00f3n y Asuntos Financieros, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes de Plataforma Universal SAS, de Rad. 2018-01-442792. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifestaron que mediante Resoluci\u00f3n 300-004195 de 8 de octubre de 2018, el Superintendente Delegado para la Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, orden\u00f3 la suspensi\u00f3n inmediata de las operaciones de captaci\u00f3n masiva a varias sociedades, entre ellas Plataforma Universal SAS, sin tener competencia para suscribir ese acto. <\/p>\n
Agregaron que mediante auto 460-003942 de 14 de mayo de 2019 (Rad. 2019-01-197503), se orden\u00f3 la intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de Plataforma Universal SAS, adem\u00e1s de Audinet Consultores SAS, y Nini Tatiana Gonz\u00e1lez Salas, por tener ambas la calidad de revisores fiscales de la primera, Unisercoop, Coopsolidaria y Platacoop. <\/p>\n
Indicaron que esa decisi\u00f3n de intervenir a la sociedad de contadores y a las personas naturales designadas como revisores fiscales, se fundament\u00f3 en una interpretaci\u00f3n literal del art\u00edculo 5\u00ba del Decreto Ley 4334 de 2008, que desconoce la exequibilidad condicionada del mismo declarada mediante sentencia C-145\/2009 y C-533\/2019. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, por lo anterior, solicitaron a la Superintendencia de Sociedades \u00abdesintervenir el patrimonio, bienes y haberes de los revisores fiscales\u00bb, salvo que se demostrara una participaci\u00f3n directa de los mismos en las operaciones de captaci\u00f3n masiva e ilegal de recursos del p\u00fablico. <\/p>\n
Explicaron que, en auto de 18 de diciembre de 2021, esas peticiones fueron despachadas desfavorablemente y se resolvi\u00f3 no excluir a los revisores fiscales, con fundamento en que omitieron denunciar las operaciones de captaci\u00f3n no autorizada de recursos, situaci\u00f3n que corresponde a un incumplimiento de las funciones legales que les fueron asignadas, y se cit\u00f3 la STC9443-2021 como si sus obligaciones fueran de resultado. <\/p>\n
Afirmaron que, contra esa decisi\u00f3n, se interpuso recurso de reposici\u00f3n, poniendo de presente las anteriores circunstancias, adem\u00e1s que se desconoc\u00eda el principio de unidad de la prueba, el cual fue resuelto en providencia de 27 de febrero de 2022, manteniendo la decisi\u00f3n, reiterando los argumentos inicialmente sostenidos. <\/p>\n
2. Por lo anterior, solicitaron declarar que la accionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales reclamados, \u00abcon la decisi\u00f3n de no exclusi\u00f3n o desvinculaci\u00f3n de los revisores fiscales NINI TATIANA GONZ\u00c1LEZ SALAS y AUDINET CONSULTORES S.A.S., Sociedad en la que es accionista el poderdante EDGAR M\u00c1XIMO LEON, documentada en los autos 910-017492 del 18 de diciembre de 2021 y 910-002901 del 27 de febrero de 2022\u00bb y, mantener intervenidos los revisores fiscales constituye defecto sustantivo, por lo que, en consecuencia se ordene \u00abaplicar la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 5\u00ba del Decreto Ley 4334 de 2008\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades contest\u00f3 que las providencias atacadas gozan de validez, puesto que los accionantes no lograron desvirtuar la responsabilidad derivada de su gesti\u00f3n como revisores fiscales de las sociedades intervenidas durante el periodo de captaci\u00f3n. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en ning\u00fan apartado de las sentencias de constitucionalidad citadas se dice que los revisores fiscales se encuentran excluidos de la aplicaci\u00f3n de las prescripciones del Decreto 4334 de 2008, sino que dentro de los sujetos de la captaci\u00f3n no deben entenderse aquellos terceros de buena fe que hayan prestado sus servicios a las personas intervenidas, y record\u00f3 que de conformidad con el art\u00edculo 5 del decreto en menci\u00f3n, dentro de los sujetos de las medidas de intervenci\u00f3n, se encuentran enunciados los contadores y los revisores fiscales, adem\u00e1s que conforme al art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil, es tan responsable el que capta como el participa de manera indirecta. <\/p>\n
Asever\u00f3 que en este caso no existe una vulneraci\u00f3n al debido proceso porque se analizaron los argumentos expuestos por los aqu\u00ed accionantes, as\u00ed como los medios de prueba, asign\u00e1ndoles un valor frente a la decisi\u00f3n y se aplicaron las prescripciones propias del proceso judicial que se adelanta. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n por falta de inmediatez respecto a la Resoluci\u00f3n de 8 de octubre de 2018, adem\u00e1s que no se configur\u00f3 el defecto alegado, en tanto que fue adoptada por el funcionario que ten\u00eda en el momento las funciones jurisdiccionales, de acuerdo con los numerales 2 y 3 del art\u00edculo 29 del Decreto 1736 de 2020. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo invocado, y para el efecto sostuvo que las providencias de 18 de diciembre de 2021 y 27 de febrero de 2022 que negaron la solicitud de desintervenci\u00f3n, reflejan una actividad de ponderaci\u00f3n de las pruebas allegadas al juicio y de las normas aplicables al caso, a partir de las cuales concluy\u00f3 la Superintendencia que las accionantes obrando como revisoras fiscales de Plataforma Universal SAS pudieron conocer de las actividades de captaci\u00f3n irregular de recursos que desarrollaba, por lo que faltaron a sus deberes profesionales ocultando esa situaci\u00f3n a la autoridad encargada de la vigilancia y control competente, por lo que no resultaba v\u00e1lido afirmar que, en este caso se desatendieron de manera caprichosa las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la parte accionante con fundamento en que, la Superintendencia de Sociedades como Juez del conocimiento se abstuvo de analizar el alcance de las normas especiales que regulan la profesi\u00f3n del contador p\u00fablico en general, y las de la revisor\u00eda fiscal en particular. <\/p>\n
Tambi\u00e9n omiti\u00f3 evaluar las actuaciones de los accionantes conforme a las pruebas aportadas y concluir, si el patrimonio de los revisores fiscales fue intervenido atendiendo los lineamentos fijados por la Corte Constitucional en sentencias C-145\/2009 y C-533\/2019. <\/p>\n
Agregaron que los contadores p\u00fablicos y los revisores fiscales, por el solo hecho de prestar servicios profesionales a una entidad intervenida, no est\u00e1n llamados a correr la misma suerte de los accionistas y administradores, cuando procedan de buena fe, como terceros proveedores de servicios, no pueden ser objeto de intervenci\u00f3n, ni su patrimonio perseguido. <\/p>\n
Tampoco se tuvo en cuenta que los hechos por los que la SuperSociedades inici\u00f3 la medida de intervenci\u00f3n a la sociedad Plataforma Universal SAS, no son de la autor\u00eda de la revisor\u00eda fiscal, adem\u00e1s que el acervo probatorio acredita que los revisores fiscales no contaron con evidencia material o hallazgos que permitieran formular una denuncia objetiva, seria y responsable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
2. Previamente, se advierte la falta de legitimaci\u00f3n de Edgar Maximino Le\u00f3n Gonz\u00e1lez, para presentar acci\u00f3n de tutela en nombre de Audinet Consultores SAS, atendiendo que no se acredit\u00f3 que tuviera la calidad de representante legal de esa sociedad, adem\u00e1s que, el poder suscrito por el se\u00f1or Le\u00f3n Gonz\u00e1lez para promover esta acci\u00f3n constitucional tampoco se otorg\u00f3 en calidad de representante legal de esa sociedad, sino en nombre propio. N\u00f3tese que dice: \u201cEDGAR MAXIMINO LE\u00d3N GONZ\u00c1LEZ, (\u2026) actuando en mi nombre propio, en mi calidad de accionista de la sociedad de contadores p\u00fablicos AUDINET CONSULTORES S.A.S., (\u2026) por medio del presente documento manifiesto a usted que confiero poder especial, amplio y suficiente a (\u2026)\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, la calidad de socio tampoco habilita la presentaci\u00f3n de acci\u00f3n de tutela en favor de la sociedad, atendiendo que esta es una persona distinta a sus socios individualmente considerados (art\u00edculo 2079, inciso 2, C\u00f3digo Civil y 98, inciso 2 del C\u00f3digo de Comercio) y act\u00faa por medio de sus representantes legales, sin que aquellos \u00abpueden confundirse con ella, que mientras la sociedad no se liquide, ninguno de los socios, o el socio \u00fanico, por cuya raz\u00f3n aquella se haya disuelto, puede considerar propio derecho o inter\u00e9s alguno de la sociedad, y que en caso extremo, por actos y omisiones de los administradores de la sociedad, un socio \u2013que se considere perjudicado por tal comportamiento- podr\u00eda actuar paralelamente o en vez de aquellos administradores, pero no iure propio, sino iure societario, es decir, no para s\u00ed, sino para la sociedad (CSJ STC, 11 sep. 1998, rad. 5238; reiterada en STC11306-2019, STC9349-2020, entre otros)\u00bb (STC6515-2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en auto de 14 de mayo de 2019, la Superintendencia de Sociedades, se dispuso designar como agente interventora a la doctora Mar\u00eda Claudia Echand\u00eda Bautista, para que tuviera la representaci\u00f3n legal de las intervenidas. <\/p>\n
La misma informaci\u00f3n emerge de consultar la representaci\u00f3n legal de esa sociedad en la p\u00e1gina de internet https:\/\/www.rues.org.co, en donde dice: \u00abpor Auto no. 003942 de Superintendencia de Sociedades del 14 de mayo de 2019, inscrita el 22 de mayo de 2019 bajo el n\u00famero 02468179 del libro IX, fue (ron) nombrado (s): Nombre AGENTE INTERVENTOR: ECHAND\u00cdA BAUTISTA MAR\u00cdA CLAUDIA\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, en esta instancia solo se proferir\u00e1 pronunciamiento respecto de Nini Tatiana Gonz\u00e1lez Salas. <\/p>\n
3. A trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional la se\u00f1ora Nini Tatiana Gonz\u00e1lez Salas censur\u00f3 la denegatoria de exclusi\u00f3n o desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n en calidad de revisora fiscal por parte de la SuperSociedades, mediante el auto de 18 de diciembre de 2021, confirmado en providencia de 27 de febrero de 2022, puntualmente por desconocer que el art\u00edculo 5 del Decreto Ley 4334 de 2008, fue declarado exequible condicionalmente en sentencia C-145\/2009 y C-533\/2019 proferidas por la Corte Constitucional. <\/p>\n
3.1 El tr\u00e1mite que subyace a este amparo, inici\u00f3 por virtud de la Resoluci\u00f3n No. 300-004195 de 8 de octubre 2018, mediante la cual el Superintendente Delegado para Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades, orden\u00f3 la suspensi\u00f3n inmediata de las operaciones de captaci\u00f3n masiva de Plataforma Universal SAS, y la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa, al Grupo de Intervenidas de la misma entidad para que dentro del \u00e1mbito de su competencia establecida en el Decreto 4334 de 2008, adoptara cualquiera de las medidas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 7\u00b0 del citado Decreto (Resoluci\u00f3n 2018. Pdf.). <\/p>\n
3.2 Mediante auto de 14 de mayo de 2019, la accionada orden\u00f3 la intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de entre otras sociedades a Plataforma Universal SAS, y a Nini Tatiana Gonz\u00e1lez Salas, por tener la calidad de revisora fiscal (Auto-2019- decreta intervenci\u00f3n). <\/p>\n
Para ese efecto, se tuvo en cuenta que en la mencionada Resoluci\u00f3n se concluy\u00f3 que la actividad desarrollada por ese ente, constitu\u00eda un esquema de financiaci\u00f3n abusivo y fraudulento, a trav\u00e9s de la captaci\u00f3n de recursos de los clientes inversionistas (Auto -2019- -decreta intervenci\u00f3n-). <\/p>\n
3.3 En providencia de 18 de diciembre de 2021, se resolvi\u00f3 negativamente las solicitudes presentadas entre otras personas por la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Salas, enfilada a que se ordenara su exclusi\u00f3n de dicho tr\u00e1mite (Auto 2021-01-778098). <\/p>\n
Para esa finalidad, se tuvo en cuenta que Nini Tatiana Gonz\u00e1lez Salas, fue designada como revisora fiscal de Plataforma Universal SAS, Innova Gesti\u00f3n de Negocios SAS, Cooperativa Multiactiva Universal de Servicios Cooperativos Unisercoop, Cooperativa Solidaria Abre Tu Coraz\u00f3n en liquidaci\u00f3n, y Cooperativa Plataforma Cooperativa Multiactiva Platacoop, todas en toma de posesi\u00f3n, cargo que desempe\u00f1\u00f3 durante el periodo de captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico. <\/p>\n
Con respecto a la conducta de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez en la aludida providencia se dijo, <\/p>\n
140. Como (\u2026) se advirti\u00f3, el da\u00f1o corresponde a aquellos causados con la captaci\u00f3n ilegal de recursos del p\u00fablico, que en este caso fueron 13 afectados reconocidos por la interventora, con fundamento en el art\u00edculo 10 del Decreto 4334 de 2008, por lo menos por $10.285.533.825. <\/p>\n
141. Sobre la conducta que ocasion\u00f3 el da\u00f1o, el actuar falt\u00f3 de diligencia del revisor fiscal, como se expuso en los p\u00e1rrafos precedentes, permiti\u00f3 la configuraci\u00f3n de los hechos objetivos de captaci\u00f3n. Son precisamente estos hechos los que ocasionaron el da\u00f1o, por lo que se explica el nexo entre ambos. <\/p>\n
142. En relaci\u00f3n con la responsabilidad, consta que la Sra. Gonzales Salas actu\u00f3 como revisora fiscal principal, designada por la sociedad Audinet Consultores S.A.S., durante m\u00e1s de 1 a\u00f1o, como se se\u00f1al\u00f3 previamente. Durante este tiempo, era la encargada de realizar las funciones de revisora fiscal, ya que la persona jur\u00eddica no puede actuar por s\u00ed misma, sino que requiere la representaci\u00f3n. Durante el tiempo que actu\u00f3 como revisora fiscal, cargo que adem\u00e1s fue inscrito en la C\u00e1mara de Comercio, no existe prueba de su actuar diligente en relaci\u00f3n con las responsabilidades de su cargo, como se expuso para la sociedad Audinet Consultores S.A.S. <\/p>\n
143. Como se desprende de las pruebas aportadas, se advierte por el contrario que pese a las auditor\u00edas realizadas, en las que se se\u00f1alan algunas de las irregularidades que resultaron determinando la captaci\u00f3n, no se hicieron gestiones activas para denunciar ante las autoridades o incluso, para evitar que se continuara con las actividades que resultaron siendo la captaci\u00f3n. Por lo tanto, ante la ausencia de pruebas de actuar diligente, se encuentra que en su condici\u00f3n de revisora fiscal principal es responsable por lo menos indirectamente de la captaci\u00f3n y del da\u00f1o ocasionado (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Como puede verse, la se\u00f1ora Nini Tatiana Gonz\u00e1lez Salas no fue excluida del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n bajo la modalidad de toma de posesi\u00f3n, porque se consider\u00f3 que durante el tiempo que actu\u00f3 como revisora fiscal no actu\u00f3 de manera diligente en relaci\u00f3n con las responsabilidades de su cargo, en tanto que, durante ese periodo no se hicieron gestiones activas para denunciar ante las autoridades o incluso, para evitar que se continuara con las actividades que resultaron siendo la captaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4 Frente a esa determinaci\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n que se sustent\u00f3 en lo siguiente, i) se aplique el precedente judicial relacionado con la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, que estableci\u00f3 que los revisores fiscales y contadores no pueden ser objeto de la medida de intervenci\u00f3n; y ii) se valoren las pruebas con unidad, adem\u00e1s que no se pod\u00eda exigir denunciar unas actividades de captaci\u00f3n que no se conocen atendiendo que sus obligaciones son de medio y no de resultado. <\/p>\n
3.5 En el auto de 27 de febrero de 2022, la accionada resolvi\u00f3 recurso de reposici\u00f3n que fue despachado desfavorablemente con base en estos argumentos, <\/p>\n
i) \u00abLas sentencias C-145 de 2009 y C-533 de 2019 no indicaron en ninguna parte, ni en la ratio decidendi ni en la parte resolutiva, que los revisores fiscales no deben ser objeto de las medidas de intervenci\u00f3n. Esta afirmaci\u00f3n no es m\u00e1s que una interpretaci\u00f3n subjetiva del recurrente\u00bb, y, <\/p>\n
ii) \u00abLo que se dice es que si los revisores fiscales, al igual que otros terceros, objeto de las medidas, lo son de buena fe en la prestaci\u00f3n de sus servicios a la sociedad captadora, no deben ser objeto de la medida. Esto implica que los revisores fiscales, al igual que otros terceros, deben probar que actuaron de buena fe en la prestaci\u00f3n de sus servicios, para no ser objeto de la medida\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la valoraci\u00f3n probatoria, se dijo, <\/p>\n
En el tr\u00e1mite del proceso, se establecieron expresamente las pruebas que se iban a tener en cuenta para decidir las solicitudes de desintervenci\u00f3n presentadas. Por su parte, en el auto recurrido se explic\u00f3 ampliamente el an\u00e1lisis probatorio efectuado, el valor asignado y las pruebas y las razones por las que se consider\u00f3 que los intervenidos se\u00f1alados no probaron la buena fe en sus actuaciones y, por el contrario, se encontr\u00f3 que no actuaron de forma diligente de conformidad con las responsabilidades legales asignados a su cargo, que tambi\u00e9n fueron explicados (\u2026). <\/p>\n
Nini Tatiana Gonzales como revisora fiscal principal, realiz\u00f3 auditor\u00edas a estados financieros, a los cr\u00e9ditos otorgados con pagar\u00e9s libranzas, y a otros aspectos operativos de las sociedades luego objeto de intervenci\u00f3n, haciendo recomendaciones de mejora, pero sin advertir a las autoridades de las irregularidades que encontraban, y que fueron determinantes a la hora de iniciar contra estas la medida de intervenci\u00f3n judicial. Todo esto, dentro del periodo de captaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
En otros memoriales que constan como prueba dentro del proceso, y que fueron citados en los numerales 116 y siguientes del Auto recurrido, es posible observar que, si bien los revisores fiscales encontraron irregularidades en la sociedad fiscalizada, que al final resultaron ser la captaci\u00f3n, nunca efectuaron la correspondiente denuncia ante alguna de las autoridades competentes (\u2026). <\/p>\n
En el recurso se cita la Ley 1778 de 2016, articulo 7 y el Decreto 302 de 2015, NIA 240. En dichas normas precisamente se habla, por un lado, del deber que tienen los revisores fiscales de efectuar la denuncia correspondiente si conocen en ejercicio de sus funciones de la comisi\u00f3n de un hecho il\u00edcito; y por el otro del riesgo de no detectar errores dentro de la informaci\u00f3n financiera, aun a pesar de haber efectuado la auditoria correspondiente de manera correcta (destaca la Sala). <\/p>\n
Nuevamente en esta providencia, se hace alusi\u00f3n a que la conducta reprochada a la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez fue que \u00abdurante el tiempo que actu\u00f3 como revisora fiscal\u00bb, no hizo gestiones activas para denunciar ante las autoridades o incluso, para evitar que se continuara con las actividades que resultaron siendo la captaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Ahora bien, la solicitante en la impugnaci\u00f3n insiste en que la sociedad accionada, se abstuvo de examinar si la intervenci\u00f3n se ajustaba a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en sentencias C-145\/2009 y C-533\/2019, argumentos que en verdad resultan infundados, en la medida que, con respecto a la exequibilidad condicionada del art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, en auto de 18 de diciembre de 2021, mediante el cual se resolvieron las solicitudes de desintervenci\u00f3n, se dijo, <\/p>\n
La Corte Constitucional consider\u00f3: \u201cEl art\u00edculo 5 del Decreto que se revisa dispone que son sujetos de intervenci\u00f3n las actividades, negocios y operaciones de personas naturales o jur\u00eddicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores, empresas y dem\u00e1s personas naturales o jur\u00eddicas, vinculadas \u2018directa o indirectamente, distintos a quienes tienen exclusivamente como relaci\u00f3n con estos negocios el de (sic) haber entregado sus recursos\u2019. (\u2026). <\/p>\n
Advierte esta Corte que la anterior enunciaci\u00f3n de las actividades, negocios, operaciones y personas que son sujetos de intervenci\u00f3n se aviene a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, pues es una medida apta para alcanzar los fines de la intervenci\u00f3n regulada en el Decreto 4334 de 2008, en cuanto permite delimitar el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, as\u00ed como el de la aplicaci\u00f3n de las medidas de excepci\u00f3n que, como se ha explicado, est\u00e1n orientadas a combatir las actividades sobrevinientes de personas naturales y jur\u00eddicas que atentan contra el inter\u00e9s p\u00fablico mediante la captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros del p\u00fablico sin autorizaci\u00f3n del Estado. <\/p>\n
Sin embargo, la expresi\u00f3n \u201co indirectamente\u201d presenta problemas constitucionales, toda vez que, como advierte el Procurador, puede ser interpretada en el sentido de hacer destinatarios de las medidas de excepci\u00f3n reguladas en el Decreto 4334 de 2008 a terceros de buena fe distintos de quienes entregaron recursos, v. gr. empleados y proveedores, que en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa (arts. 25 y 333 Const.), o de sus actividades econ\u00f3micas correctas, leg\u00edtimamente proveyeron bienes y\/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas. Por tal raz\u00f3n, se declarar\u00e1 su exequibilidad en el entendido de que no abarca a terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el \u00e1mbito de sus actividades l\u00edcitas ordinarias o habituales\u201d (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los sujetos destinatarios de la medida de intervenci\u00f3n se sostuvo que \u00abse encuentran los contadores y los revisores fiscales, de las personas que fueron determinadas como realizadoras de las actividades de captaci\u00f3n. Es necesario insistir en que esta norma fue encontrada ajustada a la constituci\u00f3n\u00bb, y se puso de presente que esa entidad ha dicho, \u00abcomo los hechos que dan origen a la intervenci\u00f3n consisten en una actividad il\u00edcita, los sujetos intervenidos son todas aquellas personas que, directa o indirectamente, han tenido relaci\u00f3n con dicha operaci\u00f3n, sin importar que hayan tenido un rol activo en la estructuraci\u00f3n o en el desarrollo de las actividades de captaci\u00f3n masiva e ilegal\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 a la par, que como en las operaciones previstas en ese Decreto pueden intervenir directa o indirectamente una pluralidad de personas pasibles de la medida de intervenci\u00f3n, \u00abDebe entonces definirse de qu\u00e9 manera intervienen los distintos obligados a devolver, en especial teniendo en cuenta que la solidaridad, en nuestro ordenamiento, solo puede tener origen en la voluntad de las partes o en una disposici\u00f3n legal que as\u00ed lo prevea\u00bb, y para dar respuesta a ese interrogante concluy\u00f3 que \u00abse obtiene del an\u00e1lisis de la normativa del C\u00f3digo Civil. De acuerdo con el art\u00edculo 2344 de dicho estatuto, cuando en las obligaciones derivadas del hecho il\u00edcito existe una pluralidad de sujetos, todos ellos responden solidariamente por su pago: \u201cSi un delito o culpa ha sido cometido por dos o m\u00e1s personas, cada una de ellas ser\u00e1 solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los art\u00edculos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o m\u00e1s personas produce la acci\u00f3n solidaria del precedente inciso\u00bb. <\/p>\n
Luego del anterior an\u00e1lisis sostuvo que, \u00abes en este contexto en el que debe entenderse el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008. Esta norma considera tan responsable al que capta como al que tiene con \u00e9l una participaci\u00f3n indirecta en la actividad de captaci\u00f3n, cuando se trata de una colaboraci\u00f3n determinante, y las labores de uno y otro est\u00e1n vinculadas al desarrollo de las operaciones reprochadas por el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb y, por tanto, \u00abla responsabilidad de los beneficiarios de la captaci\u00f3n se ci\u00f1e por las reglas de la solidaridad. Por lo tanto, en el tr\u00e1mite del proceso de intervenci\u00f3n es posible exigir de todos ellos el pago de la totalidad de las devoluciones en las que los beneficiarios comparten la calidad de codeudores con el captador y el estructurador de la operaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De igual modo advirti\u00f3 que \u00abcon la decisi\u00f3n adoptada en la investigaci\u00f3n relacionada con la determinaci\u00f3n de sujetos de las medidas, se genera una presunci\u00f3n legal, que puede ser desvirtuada, ah\u00ed si en el curso del proceso judicial. As\u00ed, es al Juez al que le corresponde, en la etapa procesal pertinente, analizar si se desvirtuaron las presunciones legales que supusieron la intervenci\u00f3n de una persona. Este es el papel del Juez: analizar si se desvirt\u00faan las presunciones legales derivadas de la intervenci\u00f3n de los sujetos\u00bb. <\/p>\n
El anterior recuento permite sostener que la entidad accionada, contrario a lo que se quiere hacer ver, s\u00ed tuvo en cuenta en su an\u00e1lisis normativo el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, que fue declarado exequible condicionadamente por la Corte Constitucional, en el entendido de que no abarca a terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el \u00e1mbito de sus actividades l\u00edcitas ordinarias o habituales. <\/p>\n
En la mencionada providencia incluso se contrast\u00f3 la responsabilidad de los revisores fiscales, y el alcance de la mencionada regla. N\u00f3tese, se explic\u00f3: \u00abSe insiste en que el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, fue encontrado ajustado a la Constituci\u00f3n, por la entidad competente. Partiendo de este hecho, es preciso pronunciarse sobre la responsabilidad de los contadores y revisores fiscales y su vinculaci\u00f3n con los captadores, lo que los hace sujetos de la responsabilidad derivadas de las medidas de intervenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Puso de manifiesto que \u00abel revisor fiscal no protege \u00fanicamente los intereses de la compa\u00f1\u00eda mercantil en la que preste sus servicios, sino tambi\u00e9n lo de sus acreedores, los del Estado, y los de la Sociedad en general, frente a eventuales irregularidades en la administraci\u00f3n de ese actor del mercado\u00bb, y record\u00f3 que por virtud del art\u00edculo 207 del C\u00f3digo de Comercio, aquellos tienen \u00abel deber legal de colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspecci\u00f3n y vigilancia sobre la compa\u00f1\u00eda revisada, y debe rendir los informes a que haya lugar o que le sean solicitados al efecto, deber est\u00e9 \u00faltimo especialmente reforzado por la previsi\u00f3n del art\u00edculo 25.5 de la Ley 43 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que cuando el experto en contabilidad da fe p\u00fablica de \u00e9sta, y posteriormente, se encuentra que la misma fue utilizada para encubrir actividades de captaci\u00f3n masiva y habitual no autorizada \u00abes claro que los profesionales que suscribieron los mencionados estados financieros faltaron a sus deberes profesionales, por dos razones (i) por no advertir dicha situaci\u00f3n a las autoridades competentes y (ii) por suscribir, certificar o dictaminar la informaci\u00f3n contable y financiera que no corresponde a la realidad y que distorsiona la labor supervisora del Estado\u00bb. <\/p>\n
De manera mucho m\u00e1s amplia sostuvo que los revisores fiscales no son profesionales pasivos, sino que legalmente se les exige una actitud activa de diligencia, cuidado y prevenci\u00f3n, adem\u00e1s que se infiere que conocen o por lo menos, deben conocer que la actividad desarrollada se encuentra proscrita por el ordenamiento jur\u00eddico. Se dijo, <\/p>\n
De esta forma, el no reflejar fidedignamente los hechos econ\u00f3micos dentro de la informaci\u00f3n financiera reportada a las entidades estatales, favorece la conducta de captaci\u00f3n masiva y habitual no autorizada (\u2026) As\u00ed, es claro que los revisores fiscales no son profesionales pasivos, sino que legalmente se les exige una actitud activa de diligencia, cuidado y prevenci\u00f3n, siendo precisamente esta la necesidad de esta figura en las sociedades. Si con la informaci\u00f3n contable se est\u00e1 encubriendo o eventualmente permitiendo la simulaci\u00f3n de la actividad de captaci\u00f3n, se est\u00e1 incurriendo en una vulneraci\u00f3n de sus deberes legales, adem\u00e1s que pueden inducir a terceros de buena fe a concluir que la actividad de captaci\u00f3n es legal. Por lo tanto, es apenas natural que sean sujetos de las medidas de intervenci\u00f3n, en cuanto su actividad result\u00f3 esencial para la finalidad ilegal buscada por los sujetos a quienes se les demostr\u00f3 haber realizado actividades de captaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto, entre otras cosas, por la naturaleza de la profesi\u00f3n del revisor fiscal, que le permite conocer de primera mano el alcance de las actividades de la empresa a la que prestan sus servicios. De esto se deduce que conocen o por lo menos, deben conocer que la actividad desarrollada se encuentra proscrita por el ordenamiento jur\u00eddico. Esto se traduce en la responsabilidad que se deriva a los revisores fiscales que conociendo o debiendo conocer de este tipo de conductas, no las ponen en conocimiento de las autoridades, en sustracci\u00f3n de sus deberes legales y constitucionales. <\/p>\n
En ese orden, la accionada tuvo en cuenta el art\u00edculo 5 del Decreto 4334 de 2008, en el sentido de que era posible pronunciarse sobre la responsabilidad de los contadores y revisores fiscales y su vinculaci\u00f3n con los captadores, y que por tanto estos son sujetos de la responsabilidad derivada de las medidas de intervenci\u00f3n, siempre y cuando no tengan la calidad de terceros proveedores de bienes y servicios que hayan procedido de buena fe, en el \u00e1mbito de sus actividades l\u00edcitas ordinarias o habituales, y en particular. <\/p>\n
De igual modo, resalt\u00f3 que a esos profesionales se exige una actitud activa de diligencia, cuidado y prevenci\u00f3n, adem\u00e1s que se infiere que conocen o por lo menos, deben conocer que la actividad desarrollada se encuentra proscrita por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
5. Todo el anterior recuento, impone concluir que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una interpretaci\u00f3n plausible que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, en particular porque se tuvo en cuenta la condicionalidad del mentado art\u00edculo, y que la valoraci\u00f3n probatoria condujo a reprochar a la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Salas que \u00abdurante el tiempo que actu\u00f3 como revisora fiscal\u00bb, no adelant\u00f3 gestiones activas para denunciar ante las autoridades las actividades que resultaron siendo la captaci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, la parte recurrente insiste de manera gen\u00e9rica en que se debi\u00f3 analizar el alcance de las normas que regulan la profesi\u00f3n de contador, evaluar las actuaciones de conformidad con las pruebas aportadas, que los hechos por los que se inici\u00f3 la medida de intervenci\u00f3n no fueron de su autor\u00eda, no se identific\u00f3 si la revisor\u00eda fiscal deb\u00eda conocer los hechos, y que no contaron con evidencia que permitiera hacer una denuncia objetiva. <\/p>\n
De esas manifestaciones emerge que la parte actora en puridad, no comparte los argumentos sostenidos en esa providencia para negar la solicitud de exclusi\u00f3n de ese tr\u00e1mite, echando de menos que este no corresponde a un recurso adicional, sino un remedio excepcional y residual, en el que la divergencia de posturas no es una raz\u00f3n para que salga avante, atendiendo que este no es un \u00abinstrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela\u00bb. (CSJ. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022, reiteradas en STC11814-2022). <\/p>\n
Finalmente, y por su importancia, se reitera que el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para escoger cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juez, o de las partes o intervinientes, resultan m\u00e1s apropiados, y menos \u00abbajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01). <\/p>\n
6. En conclusi\u00f3n, la providencia controvertida se encuentra motivada y no luce arbitraria, no emerge v\u00eda de hecho que haga procedente la acci\u00f3n de tutela, dado que contiene una respetable hermen\u00e9utica del ordenamiento, raz\u00f3n por la cual, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la falta de legitimaci\u00f3n de Edgar Maximino Le\u00f3n Gonz\u00e1lez, para representar a Audinet Consultores SAS. <\/p>\n
SEGUNDO: Confirmar en lo dem\u00e1s la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13355-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13355-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01843-01\u202f (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67891"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67891\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}