STC13359-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00870-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Amparo P\u00e9rez Lozano, quien funge como agente oficiosa de David Camilo Guayacundo P\u00e9rez, contra los Juzgados Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Trece de Familia, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2015-00654. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en causa propia y como \u00abagente oficiosa\u00bb de su hijo David Camilo Guayacundo P\u00e9rez, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y dem\u00e1s que puedan haberse vulnerado por la autoridad judicial convocada, en el tr\u00e1mite del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que a favor de su hijo \u00abquien es una persona en condici\u00f3n de discapacidad cognitiva – retardo mental leve moderado, epilepsia sintom\u00e1tica\u00bb, impetr\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva de alimentos contra Iv\u00e1n Camilo Guayacundo Ram\u00edrez, padre de este, habida cuenta el incumplimiento en el pago de dicha prestaci\u00f3n establecida \u00aben acta de conciliaci\u00f3n No. 1157-2013 de fecha 27 de mayo de 2013 por la Comisar\u00eda Trece de Familia de Teusaquillo Bogot\u00e1\u00bb, obteniendo que con prove\u00eddo notificado el 15 de diciembre de 2015, el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1 librara orden de pago, y que en septiembre del a\u00f1o siguiente decretara \u00abel embargo y retenci\u00f3n en porcentajes de la mesada pensional del demandado, as\u00ed como la cuota de alimentos provisionales fijada por la Comisar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 26 de septiembre de 2017\u00bb, estando ya el asunto bajo el conocimiento del Juzgado Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, \u00abremit\u00ed memorial con la correspondiente liquidaci\u00f3n [donde] en el valor plasmado como \u201cmenos total abonos realizados\u201d se registr\u00f3 un valor de $2.460.000 correspondiente a los abonos realizados por el demandado (\u2026) antes de la demanda\u00bb, la cual fue modificada con auto notificado por estado el 14 de noviembre de esa anualidad, \u00abpresumo por errores en la liquidaci\u00f3n del porcentaje del IPC u otros detalles\u00bb. <\/p>\n
Que si bien el juzgado \u00aborden\u00f3 realizar la conversi\u00f3n de los t\u00edtulos en dep\u00f3sito en el Banco Agrario (\u2026), s\u00f3lo tuvo en cuenta los t\u00edtulos consignados a partir del mes de septiembre de 2017 hasta febrero de 2018 [solicit\u00f3] verificar a partir de qu\u00e9 mes y a\u00f1o se tuvieron en cuenta los descuentos de acuerdo a la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que para esa misma fecha yo solicit\u00e9 al Banco Agrario, una relaci\u00f3n de t\u00edtulos desde el inicio de los descuentos realizados al demandado por N\u00f3mina Pensionados MDN, evidenciando en mi apreciaci\u00f3n un saldo a favor, el cual no fue revelado en la liquidaci\u00f3n de fecha 14 de noviembre de 2017\u00bb, y \u00abs\u00f3lo hasta el 23 de febrero de 2018, me cancelaron [30] t\u00edtulos por valor de $9.969.909,11\u00bb, seg\u00fan \u00ab\u00f3rdenes de pago 2018001766, 2018001767, 2018001769 y 2018001770\u00bb. <\/p>\n
Que cotejada la relaci\u00f3n de dep\u00f3sitos que le proporcion\u00f3 el Banco Agrario con la de los pagados por el juzgado, no coincide la informaci\u00f3n, lo que, en su sentir, constituyen \u00abinconsistencias\u00bb en la liquidaci\u00f3n de cuotas alimentarias causadas a favor de su hijo, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 al accionado que ajustara la operaci\u00f3n contable conforme a los datos por ella suministrados, pero el resultado tampoco le satisface, porque \u00abse transcribieron dos veces\u00bb los dep\u00f3sitos que seg\u00fan \u00abla liquidaci\u00f3n del 08 de febrero de 2019 (\u2026) hab\u00edan sido cancelados en la liquidaci\u00f3n anterior\u00bb. <\/p>\n
En suma, luego de una extensa presentaci\u00f3n de lo que en su criterio constituyen \u00aberrores\u00bb del juzgado al actualizar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, de asegurar que existen dep\u00f3sitos judiciales \u00abpendientes de pago\u00bb y que en varias ocasiones se ha dilatado el pago de los alimentos por la modalidad empleada para ello, concluy\u00f3 que el acusado desconoce la realidad y el derecho al se\u00f1alar en \u00abauto 20 del 09 de marzo de 2022\u00bb, que la deuda ejecutada fue saldada, \u00abpues a la fecha no se me ha cancelado la cuota de marzo ni la cuota de abril de 2022\u00bb, y critic\u00f3 que se dispusiera el desembargo cuando \u00abmi hijo es una persona con discapacidad y que esta condici\u00f3n lo acredita autom\u00e1ticamente a tener derecho en la continuidad bajo la figura de sustituci\u00f3n pensional\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que lo pretendido es que se invalide la actuaci\u00f3n mediante la cual se modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y seguidamente dispuso la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos levantado medidas cautelares, y en su lugar resuelva lo que en derecho corresponda. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Oficina de Apoyo para los Juzgados de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 el link para acceder al respectivo expediente digital. <\/p>\n
2. La Coordinadora del Grupo Prestaciones Sociales de la Direcci\u00f3n de Veteranos y Rehabilitaci\u00f3n Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, afirm\u00f3 que \u00abuna vez verificados los aplicativos de n\u00f3mina de esta dependencia, se pudo evidenciar que los descuentos por embargo de alimentos, realizados a la mesada pensional del se\u00f1or Iv\u00e1n Camilo Guayacundo Ram\u00edrez, correspondiente a los meses de marzo y abril fueron consignados a \u00f3rdenes del Juzgado Primero De Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, por intermedio del Banco Agrario. A partir del mes de mayo hasta el mes de agosto y los que se contin\u00faan causando hasta nueva orden, se realizan directamente a la accionante, conforme las siguientes\u00bb. Solicit\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb del tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
3. El representante legal para Asuntos Judiciales del Banco Agrario de Colombia S.A., inform\u00f3 que, a disposici\u00f3n del asunto cuestionado, \u00abexisten 22 dep\u00f3sitos judiciales en estado PENDIENTE DE PAGO a \u00f3rdenes de la cuenta judicial OFIC EJEC ASUNTOS FAMI BOGOTA. Es preciso mencionar que las autoridades en las cuales se constituyeron los dep\u00f3sitos judiciales son quienes deben confirmar electr\u00f3nicamente para pago los dep\u00f3sitos pendientes, as\u00ed como deber\u00e1n verificar el beneficiario de los dep\u00f3sitos judiciales o cualquier novedad sobre los mismos (Conversi\u00f3n, Fraccionamiento, Reposici\u00f3n, Prescripci\u00f3n o Pago), lo anterior teniendo en cuenta que el Banco Agrario de Colombia no tiene la facultad o responsabilidad de autorizar para pago los dep\u00f3sitos judiciales que se han constituido en las cuentas de los despachos a cargo de Rama Judicial\u00bb. Pidi\u00f3 declarar \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva [por cuanto] no se evidencia que la entidad haya vulnerado los derechos fundamentales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio al considerar que el juzgado de ejecuci\u00f3n incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb porque \u00aben auto del 8 de marzo de 2022\u00bb decret\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo\u00bb, y \u00abaunque tal determinaci\u00f3n no fue oportunamente cuestionada, desconoce el alcance del mandamiento de pago y del auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n [en tanto estos] no limitaron el cobro solo a lo adeudado para ese momento, sino a las cuotas \u201cque se sigan causando\u201d\u00bb; por ello, invalid\u00f3 el referido auto en lo que ata\u00f1e a esa decisi\u00f3n, ordenando se \u00abretome la actuaci\u00f3n en el estado en que se encontraba\u00bb. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, descart\u00f3 yerro en las liquidaciones del cr\u00e9dito, aduciendo que \u00abde las cuentas relacionadas en detalle en el cuadro anexo y las \u00f3rdenes de pago obrantes en el proceso, se observa que las operaciones aritm\u00e9ticas aplicadas hasta el mes de marzo de 2020, se encuentran ajustadas a la legalidad, contrario a lo que afirma la accionante, el Juzgado no dej\u00f3 de considerar cuotas alimentarias, adem\u00e1s, aplic\u00f3 a las mismas el incremento legal pactado en el titulo ejecutivo base de la acci\u00f3n, as\u00ed como los intereses causados, y tambi\u00e9n pag\u00f3 lo concerniente a las costas\u00bb. Y agreg\u00f3 que \u00aben lo referente a que se revise la viabilidad de mantener el embargo de forma permanente, [por cuanto] tal asunto no ha sido solicitado en esos t\u00e9rminos al Juzgado (\u2026), prematuro ser\u00eda entrar a emitir alg\u00fan pronunciamiento al respecto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para insistir en que \u00abexisten falencias en la elaboraci\u00f3n de las liquidaciones que de manera reiterativa he solicitado la revisi\u00f3n y correcci\u00f3n de las mismas, emitiendo una respuesta incierta, imprecisa a lo pedido, en lo que concierne a la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos que se encuentran pendientes de pago en el Banco Agrario que legalmente le corresponden a mi hijo por derecho adquirido y no corresponden a la parte demandada\u00bb, por tanto, \u00abse presume que no se examinaron los argumentos presentados por la suscrita acerca de la conducta omisiva por parte del Juzgado Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n en cuanto a las liquidaciones mal elaboradas y la presunta devoluci\u00f3n de t\u00edtulos a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si el Juzgado Primero de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, al disponer sobre la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo de alimentos n\u00b0 2015-00654, \u00abpor pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio se ha sostenido que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Corte realiza a la queja constitucional y con observancia en los informes y piezas procesales adosados al expediente, se establece que el fallo de primera instancia habr\u00e1 de ser revocado para en su lugar denegar el resguardo, toda vez que la actuaci\u00f3n objeto de censura no se torna caprichosa o arbitraria, por tanto, no constituye defecto espec\u00edfico con la fuerza suficiente para quebrantar lo decidido, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, se recuerda que los falladores ordinarios tienen libertad razonable para interpretar y aplicar la ley, por lo que los jueces de tutela s\u00f3lo pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n de esta, toda vez que: \u00ab[e]l juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183, citada en STC12483-2021, 22 sep. 2021, rad. 00275-01). <\/p>\n
3.2. Precisado lo anterior, al abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada en esta sede, encuentra la sala que, en primer lugar, la razonabilidad se predica de la providencia proferida el 8 de marzo de 2022, mediante la cual el accionado procedi\u00f3 a \u00abmodificar la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que present\u00f3 la actora\u00bb, precisando que al disponerse la entrega a favor de la demandante de \u00abla suma de $3.706.035,40 [para saldar] lo adeudado por el demandado hasta el 31 de marzo de 2022\u00bb, quedaba aprobada \u00aben la suma de cero ($0) pesos, lo cual explica que quede un saldo a favor del demandado\u00bb. <\/p>\n
Para tal conclusi\u00f3n, la autoridad querellada desestim\u00f3 las reiteradas reclamaciones de la demandante, en donde se\u00f1alaba que \u00ablos dep\u00f3sitos pendientes de pago que se relacionaron en el auto que aprob\u00f3 la pasada liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, solo se le cancel\u00f3 $2.345.911,32, por lo que considera que queda un saldo de $3.801.516\u00bb, frente a lo cual el despacho aclar\u00f3 que \u00abconforme la cuenta que [se] efectu\u00f3 en el auto de 5 de agosto de 2021, a julio de dicho a\u00f1o el demandado solo adeudaba $2.345.731,32 y exist\u00edan dep\u00f3sitos judiciales para el presente proceso por $6.147.247,32, de modo que quedaba un saldo, a favor del demandado por $3.801.516, luego el valor que deb\u00eda entreg\u00e1rsele a la actora era $2.345.731,32 y no m\u00e1s, a lo que se procedi\u00f3 a trav\u00e9s de la orden de pago que obra a folio 273\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, frente a la manifestaci\u00f3n de la actora en el sentido de que \u00abaun cuando en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada el 16 de febrero de 2021, se cuantificaron los dep\u00f3sitos judiciales constituidos en los meses de noviembre y diciembre de 2020, en el \u00faltimo pago realizado a la parte demandante no se cancel\u00f3 el dep\u00f3sito consignado en el segundo de los meses mencionados, es decir, el No. 400100007878621\u00bb, el juzgado respondi\u00f3 \u00abque para el pago de los dep\u00f3sitos judiciales, no se tiene en cuenta la fecha de constituci\u00f3n de los mismos, pues se cancelan hasta concurrencia del valor por el cual se aprueba el estado de cuenta, independientemente de la fecha de consignaci\u00f3n de los dineros, todo de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 447 del C.G. del P.\u00bb, por lo que seg\u00fan la cuenta all\u00ed indicada \u00abde los dep\u00f3sitos all\u00ed relacionados solo deb\u00eda cancelarse a la [ejecutante] la suma de $437.093,68 (\u2026), la cual correspond\u00eda a la deuda generada hasta diciembre de 2020 y que, efectivamente, se entreg\u00f3 a la parte demandante a trav\u00e9s de la orden de pago que milita a folio 248 de este cuaderno\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, dijo que \u00aben esta liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no se tienen en cuenta los dep\u00f3sitos judiciales cancelados a la parte demandante mediante la orden de pago que milita a folio 273 de este cuaderno, toda vez que, previamente, se dispuso que los mismos se le entregaran, para pagarle lo adeudado hasta julio de 2021\u00bb, pasando a relacionar los \u00abdep\u00f3sitos pendientes de pago\u00bb cuya sumatoria arroja \u00ab$9.424.842\u00bb, y que al restarle lo causado hasta marzo 31 de 2022 por valor de \u00ab$3.706.035,40\u00bb, surg\u00eda un saldo a favor del demandado por la suma de \u00ab$5.718.806,60\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, al quedar definida la operaci\u00f3n contable con fundamento en el material probatorio acopiado y no avizorarse yerro en su aprobaci\u00f3n, tambi\u00e9n deviene razonable la consecuente resoluci\u00f3n proferida en la misma data, consistente en \u00abterminar el proceso ejecutivo de alimentos de Luz Amparo P\u00e9rez Lozano, actuando en representaci\u00f3n de los intereses de su hijo David Camilo Guaycundo P\u00e9rez, en contra de Iv\u00e1n Camilo Guayacundo Ram\u00edrez, por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, comoquiera que se ajusta a la normativa que rige el pleito alimentario (art\u00edculos 129 y 130 de la Ley 1098 de 2006 \u2013 C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia-, concordante con los preceptos 461 y 597-4 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Ciertamente, el juzgado soport\u00f3 tal decisi\u00f3n indicando que del \u00abcontenido de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se aprueba en auto dictado en la misma fecha, resulta claro que el ejecutado ha cancelado a la ejecutante la totalidad de lo adeudado por cuotas alimentarias hasta el 31 de marzo de 2022, inclusive; m\u00e1s a\u00fan, existe un saldo a favor de aqu\u00e9l por $5.718.806,60. Siendo ello as\u00ed, procede terminar el proceso de la referencia y ordenar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas hasta ahora, al cumplirse la hip\u00f3tesis prevista en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 461 del C.G. del P., tal como se infiere de la revisi\u00f3n atenta de la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito que elabor\u00f3 el despacho\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, precis\u00f3 que \u00abpara garantizar los derechos fundamentales del alimentario, el Despacho ordenar\u00e1 al \u00c1rea de Pensionados del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, que a partir de marzo de 2022, de la mesada pensional que devenga el se\u00f1or Iv\u00e1n Camilo Guayacundo Ram\u00edrez retenga el valor que corresponda a la cuota alimentaria y que, dentro de los ocho primeros d\u00edas h\u00e1biles del mes siguiente, lo consigne o transfiera a la cuenta [de la demandante]\u00bb, y advirti\u00f3 que \u00abuna vez el \u00c1rea de Pensionados del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa tome nota de la orden de descuento, se dispondr\u00e1 lo pertinente frente a la devoluci\u00f3n del saldo, a favor del demandado, que arroj\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se aprueba por auto dictado en la misma fecha\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior, que para ordenar el levantamiento de cautelas como consecuencia de la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, precedi\u00f3 no s\u00f3lo el pago de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial dirigido a cubrir la totalidad del saldo liquidado a favor de la ejecutante, sino que la orden se condicion\u00f3 a que estuviera garantizado el pago de los alimentos futuros, y para ello orden\u00f3 al respectivo pagador que \u00aba partir de marzo de 2022, retenga $471.068 mensuales de la pensi\u00f3n que devenga [el obligado], valor que se incrementar\u00e1 en enero de cada a\u00f1o de acuerdo con la variaci\u00f3n que haya registrado el I.P.C. del a\u00f1o inmediatamente anterior, dineros que, dentro de los ocho primeros d\u00edas h\u00e1biles del mes siguiente, deber\u00e1n consignarse o transferirse a la cuenta que, por escrito, le informe la se\u00f1ora Luz Amparo P\u00e9rez Lozano\u00bb. <\/p>\n
3.3. Seg\u00fan lo que acaba de verse, contrario a lo reprochado por la actora y a lo advertido por la colegiatura de primer grado para la concesi\u00f3n parcial del auxilio, al interior del ejecutivo de alimentos n\u00ba 2015-00654, el estrado convocado aplic\u00f3 lo previsto en el inciso 4\u00b0 del canon 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, consistente en que \u00abel embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb, porque, sin limitaci\u00f3n temporal alguna, mantuvo la retenci\u00f3n de la mesada pensional del demandado para que peri\u00f3dicamente se propenda por la satisfacci\u00f3n de las necesidades alimentarias de su hijo discapacitado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En este orden, la Sala reitera que es inviable el amparo cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n del enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso a la acci\u00f3n constitucional, porque: <\/p>\n
\u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada entre otras en STC12935-2021, 30 sep. 2021, rad. 00086-01 y STC532-2022, 26 ene. 2022, rad. 2021-01165-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido se se\u00f1ala que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite y por ende no la viabiliza, pues este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC9229-2022, 19 jul. 2022, rad. 00134-01). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo aducido por la actora sobre los posibles derechos de su hijo a una \u00absustituci\u00f3n pensional\u00bb en raz\u00f3n a su discapacidad, la Sala pone de manifiesto que tal situaci\u00f3n no es susceptible de tratarse en este excepcional escenario, por ser un asunto ajeno al juicio alimentario cuya actuaci\u00f3n es objeto de examen constitucional. <\/p>\n
Finalmente, si la actora considera necesario que se vari\u00e9 la modalidad de pago de las mesadas alimentarias, se advierte que, dada la naturaleza residual de la tutela, tal planteamiento no procede en esta sede, sino que corresponde hacerlo ante el juez cognoscente, a fin de que este dirima lo pertinente con observancia en las normas reglamentarias sobre manejo de dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se DENIEGA la protecci\u00f3n solicitada por Luz Amparo P\u00e9rez Lozano, quien obra en su propio nombre y como agente oficiosa de su hijo David Camilo Guayacundo P\u00e9rez; por consiguiente, se invalida la actuaci\u00f3n desplegada en cumplimiento del fallo de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC13359-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00870-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67893","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67893\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}