STC13365-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13365-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01892-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 15 de septiembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Ramiro Bejarano Guzm\u00e1n (coadyuvado por Eternit Colombia SA) formul\u00f3 contra el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual radicado bajo el n\u00famero 2019-026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso (defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia), presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el juicio relacionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en el proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por Helen Xiomara Rodr\u00edguez, Diego Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Arias, Blanca Aurora Mora Sopo, Numael Esneider Rodr\u00edguez Mora, Sarah Isabel Torres Rodr\u00edguez a trav\u00e9s de su progenitora Xiomara Rodr\u00edguez Mora y, Mar\u00eda Helena Guti\u00e9rrez Hern\u00e1ndez contra Eternit Colombia SA, en calidad de apoderado judicial de la demandada, present\u00f3 solicitud de dar por terminado el amparo de pobreza concedido a los demandantes, pues se encontraban reunidos los elementos que daban cuenta que contaban con recursos para atender los gastos del proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en auto de 18 de enero de 2022 no accedi\u00f3 a lo pedido e impuso una multa junto a su mandante, de un (1) smlmv, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 158 C\u00f3digo General del Proceso, providencia que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n para lo cual argument\u00f3 que los demandantes contaban con recursos, y que la sanci\u00f3n impuesta no pod\u00eda ser objetiva, ya que no actu\u00f3 de manera temeraria y tampoco se surti\u00f3 el procedimiento previsto en el art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
Sostuvo que el 14 julio de 2022, el Juzgado de conocimiento confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n, pero dej\u00f3 sin efecto el amparo otorgado a una de las demandantes y, pese a esto y a la prosperidad parcial de su petici\u00f3n, mantuvo inc\u00f3lume la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3, que en las providencias referidas el Juzgado accionado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por falta de motivaci\u00f3n, como quiera que se impusieron sanciones objetivas y no se atendieron otros presupuestos como la temeridad o uso ileg\u00edtimo de las v\u00edas judiciales y, adem\u00e1s, se confirm\u00f3 la multa, sin tener en cuenta que al final no se neg\u00f3 por completo su petici\u00f3n al haberse terminado el amparo respecto de uno de los demandantes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, de lo narrado, solicit\u00f3, ordenar al Juzgado accionado revocar o modificar las providencias de 18 de enero (con la que se deneg\u00f3 el levantamiento del amparo de pobreza y se impusieron sendas multas) y 14 de julio de 2022 (que confirm\u00f3 dichas determinaciones) proferidas en el citado proceso, y levantar el amparo de pobreza respecto de los demandantes, o dejar sin efectos las \u201csanciones objetivas\u201d impuestas en su contra. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que las providencias cuestionadas se ajustaron a las normas vigentes, y el argumento consistente en que la multa opera cuando se niega \u00edntegramente la solicitud de terminaci\u00f3n del amparo y no en el caso de no prosperar respecto de uno de los demandantes es novedoso. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la cancelaci\u00f3n parcial se produjo en virtud del control oficioso, y que, de todas maneras, ese levantamiento parcial del amparo de pobreza no conduce a modificar la providencia ni disminuir la multa, pues la petici\u00f3n del actor no alcanz\u00f3 el cometido propuesto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo tras considerar razonables las decisiones cuestionadas, en tanto que, \u00ablos prove\u00eddos emitidos el 18 de enero1 y 14 julio de 20222, no lucen manifiestamente caprichosos o arbitrarios, y en cambio se observa que \u00e9stos se fundaron en la valoraci\u00f3n de los elementos probatorios recaudados, en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las disposiciones alusivas a la figura del amparo de pobreza y su terminaci\u00f3n, en el an\u00e1lisis de los argumentos expuestos por las partes en sus respectivas oportunidades (solicitud de levantamiento, r\u00e9plica y recurso), y en general, en la realidad del caso que encontr\u00f3 el Juzgado, al margen de que la tesis adoptada por \u00e9ste \u00faltimo no fuera compartida por el ahora accionante y la sociedad que lo coadyuva, pues precisamente su labor se cumpli\u00f3 al resolver la controversia planteada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte accionante para insistir en sus pretensiones y se\u00f1alar que \u00abel a quo no ley\u00f3 el escrito de tutela o por lo menos que pes\u00f3 m\u00e1s en su entendimiento los razonamientos con base en los cuales la Jueza 20 Civil del Circuito procedi\u00f3 en su momento\u00bb, a la vez que no realiz\u00f3 ninguna consideraci\u00f3n sobre los raciocinios jur\u00eddicos que formul\u00f3 con su tutela, para discutir las decisiones objeto de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Ramiro Bejarano Guzm\u00e1n (coadyuvado por Eternit Colombia SA) acudi\u00f3 inconforme con las providencias de 18 de enero y 14 de julio de 2022, proferidas por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en el proceso de responsabilidad civil extracontractual radicado bajo el n\u00famero 2019-026, a trav\u00e9s de las cuales, en compendio, se decidi\u00f3 lo referente al levantamiento de un amparo de pobreza otorgado a los all\u00ed demandantes, y se impusieron multas a los actores de esta tutela, con base en lo dispuesto en el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Analizada la primera de las providencias relacionadas, se observa que la autoridad accionada, luego de analizar la instituci\u00f3n del amparo de pobreza y citar reciente jurisprudencia de esta Corte, consider\u00f3, <\/p>\n
De entrada, el Despacho avizora, estar llamada a no prosperar la solicitud elevada, como se pasa a exponer. <\/p>\n
La solicitud del apoderado demandado se ciment\u00f3 en el hecho de haber expuesto los convocantes encontrarse trabajando, adicional estar devengando uno de \u00e9stos una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, si bien esas declaraciones fueron presentadas en los interrogatorios practicados, los mismos no son suficientes para pretender el levantamiento del beneficio del amparo de pobreza. <\/p>\n
Siguiendo por ese mismo derrotero, con el prop\u00f3sito de indagar sobre el sustento de los convocantes, mediante auto de 20 de abril anterior, se orden\u00f3 oficiar con el fin de arribar al plenario certificaci\u00f3n laboral, la igual, (Sic) pensional de \u00e9stos, (\u2026) <\/p>\n
Ahora, sin mayor esfuerzo es f\u00e1cil concluir que los anteriores ingresos reportados por los actores, no son suficientes para poder apalancar el levantamiento del beneficio del amparo de pobreza; i) obs\u00e9rvese \u00e9stos no resultan exorbitantes; ii) se puede poner en peligro su congrua subsistencia y la de las personas a cargo y, iii) el amparo no es solo la designaci\u00f3n de un abogado de oficio sino el deber de incurrir en las costas del proceso. <\/p>\n
Se le recuerda a la parte pasiva, la afirmaci\u00f3n exigida por el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo General del Proceso, es bajo juramento, imponi\u00e9ndole una mayor exigencia probatoria para quien solicite la terminaci\u00f3n del amparo, pues en este caso debe aportar las pruebas que desvirt\u00faen la condici\u00f3n del amparado, tal como se deriva del canon 158 Ib\u00eddem. <\/p>\n
En ese orden, como las \u00fanicas pruebas presentadas fueron las declaraciones de los demandantes, junto con lo devengado aportado por la actora en virtud de lo ordenado por este despacho en auto del 20 de abril del 2021, es claro ser lo \u00faltimo indicado para su propia subsistencia, significando, de proceder el levantamiento suplicado, se ver\u00eda menoscabado el m\u00ednimo vital de los actores. Conforme lo brevemente expuesto, no se accede al levantamiento del amparo de pobreza concedido. <\/p>\n
Conforme lo ordena el art\u00edculo 158 del C. G. del P., se impone al demandado y a su apoderado Ramiro Bejarano, una multa de un salario m\u00ednimo mensual vigente. <\/p>\n
Ahora bien, en la providencia de 14 de julio de 2022, consign\u00f3 lo siguiente, <\/p>\n
Si bien el censor alude que los supuestos que desacreditan la vigencia del amparo de pobreza se probaron con documentos arrimados, se hace precisi\u00f3n, ins\u00edstase, en que la solicitud de terminar dicho amparo se justific\u00f3 solamente de la narrativa de los absolventes en los interrogatorios vertidos en las audiencias p\u00fablicas en las cuales se practicaron las actividades del art. 372 del C.G.P. (archivos 12 y 20), y es que no se descarta que el interrogatorio es medio de prueba (art. 165 del C.G.P), sin embargo, no es suficiente para demostrar la capacidad real de los actores de procurarse el pago de los gastos del proceso, como lo ser\u00eda una cauci\u00f3n judicial para el decreto de medidas cautelares, la cual ha podido ascender a $455.546.901,02, equivalente al 20% de las pretensiones pecuniarias objeto de este proceso y de $331.015.720,08 respecto de las pretensiones del proceso acumulado No. 2019-00066 (numeral 2, art. 590 del C.G.P); y es que no hubo necesidad de recaudar tales cauciones, precisamente en virtud del amparo de pobreza decretado. <\/p>\n
Cabe recordar que, en virtud de las exigencias del Despacho se recaudaron otros elementos de prueba para definir los ingresos de los amparados por pobres, cuyos sumatorias se dejaron plasmadas en el prove\u00eddo criticado, en el cual se expres\u00f3 que Diego Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Arias percibe $1.245.672, Numael Esneider Rodr\u00edguez Mora devenga $2.475.000, Helen Xiomara Rodr\u00edguez Mora percibe $2.906.000 y Blanca Aurora Mora Sopo percibe $762.956, frente a quien debe advertirse, adem\u00e1s, que disfruta de una pensi\u00f3n de sobrevivientes a causa del fallecimiento de Numael Rodr\u00edguez Guti\u00e9rrez, acorde con la comunicaci\u00f3n emanada de Colpensiones de fecha 5 de agosto de 2021 (archivo 44), lo que se respalda con el soporte de pago del Banco de Bogot\u00e1 arrimado por el apoderado de los demandantes (archivo 29), documento del cual se colige que para el a\u00f1o 2018 percib\u00eda por ese concepto la suma de $888.808. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, el Juzgado accionado refiri\u00f3, <\/p>\n
Aunque es verdad que durante el proceso los citados -Sic- personas ya no estar\u00e1n obligados a prestar cauciones, en tanto que no hay necesidad de decretar medidas cautelares con ocasi\u00f3n a que el extremo pasivo as\u00ed lo impidi\u00f3 conforme lo permite el inciso 4, literal c), numeral 1\u00ba del art. 590 del C.G.P, aunado a que tampoco emerge necesario surtir notificaciones de alguna \u00edndole y mucho menos refulge la obligaci\u00f3n de pagar honorarios de auxiliares de la justicia, ello no impide mantener vigente el amparo de pobreza, en la medida en que tal instituto no solo revierte la obligaci\u00f3n de pagar gastos en el inmediato y mediano plazo, sino tambi\u00e9n aquellos que se llegaren a causar en el largo plazo, como ocurr\u00eda en el evento de ser condenados en costas y agencias en derecho, tanto en primera como en segunda instancia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n explic\u00f3, <\/p>\n
Ahora, el \u00faltimo contrato de prestaci\u00f3n de servicios que la se\u00f1ora Helen Xiomara Rodr\u00edguez Mora celebr\u00f3 con el Sena -comprendido entre el 02 de febrero al 16 de diciembre de 2021- por valor de $40.690.000, no permite considerarla una ciudadana prestante, por cuanto no se arrimaron medios probatorios que acrediten que, en virtud de su calidad de contratista, posea un flujo de recursos altamente estimables, ni se advierten circunstancias que demuestren que continuar\u00e1 celebrando contratos de prestaci\u00f3n de servicios durante el curso del proceso, adem\u00e1s que, el citado contrato informado por el recurrente ya feneci\u00f3, luego al dividir su valor por los once meses en los cuales fue ejecutado, significa que los ingresos en virtud del mismo eran de $3.699.090,90, sin perjuicio de los descuentos que por concepto de parafiscales deb\u00eda realizar, sumas que posiblemente en su momento fueron invertidas, pero que en todo caso no se compadecen con los eventuales costos de este litigio. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con Numael Esneider Rodr\u00edguez Mora, cuyos ingresos descritos en el auto recurrido, son abiertamente desproporcionales frente a las sumas de dinero a las cuales puede ser condenado por concepto de costas y agencias en derecho -en caso de perder el proceso- as\u00ed como otros gastos que sobrevengan, de todas maneras debe aclararse que el contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales No. CO PCCNTR.3319182 celebrado el 20 de enero de 2022 con la Secretar\u00eda Distrital de Educaci\u00f3n, arrimado por el inconforme, no se torna en presupuesto suficiente para concluir que posea aptitud de pagar los precitados costos -sin menoscabo de lo necesario para su subsistencia- pues el ingreso que resulta de dividir el precio del contrato, esto es, $33.330.000 -por los once meses de su ejecuci\u00f3n- arrojan un total mensual de $3.030.000, sin perjuicio de los parafiscales que deba descontar, suma que no guarda consonancia de cara a los costos que tendr\u00eda que asumir si perdiera el presente asunto, y que en virtud de su condici\u00f3n de ciudadano de clase media no est\u00e1 en capacidad de cubrir. <\/p>\n
En la misma situaci\u00f3n se encuentran Diego Andr\u00e9s Rodr\u00edguez Arias y Blanca Aurora Mora Sopo, cuyos ingresos mensuales no podr\u00edan verse fraccionados con el fin de cubrir futuros costos procesales, m\u00e1xime por cuanto quedo decantado que sus recursos son sumamente escasos de cara a las eventuales costas y dem\u00e1s gastos del proceso, de manera que la finalizaci\u00f3n del amparo dispensado crear\u00eda zozobra en un escenario donde los sujetos deben encontrarse libres de cualquier apremio e indemnes de erogar expensas cuando su situaci\u00f3n econ\u00f3mica lo amerite. <\/p>\n
A lo anterior, adicion\u00f3, <\/p>\n
Pues bien, el hecho de que los amparados no cuenten con los beneficios del Sisben y se encuentre afiliados a determinadas EPS, sumado a la circunstancia de haber celebrado contratos p\u00fablicos de servicios, no son muestras de alta prestancia econ\u00f3mica o que se tornen merecedores de continuar realizando convenios de ese linaje, cuando menos el hecho de actuar por conducto de abogado amerita considerarlos ciudadanos con ingresos que les permitan cubrir una condena en costas y agencias en derecho, e incluso gastos del proceso que pudieran sobrevenir, sin menoscabo de invertir lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley deben alimentos. <\/p>\n
Tampoco hay lugar a detenerse con el fin de razonar sobre la hermen\u00e9utica que m\u00e1s se ajuste a la expresi\u00f3n \u201cexorbitante\u201d plasmada en el auto recurrido, teniendo en cuenta las precisiones realizadas en virtud de las cuales se concluye que los recursos econ\u00f3micos de los amparados no son suficientemente aptos para cubrir los costos del presente asunto, de suerte que se mantendr\u00e1 la salvaguarda de pobreza que les fue otorgada y, en consecuencia, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n objeto de censura. <\/p>\n
Finalmente, y en relaci\u00f3n con la multa impuesta al recurrente y a la sociedad que representa, explic\u00f3, <\/p>\n
delanteramente se advierte que la tesis seg\u00fan la cual, debe agotarse primero el procedimiento dispuesto por el art. 59 de la Ley 270 de 1996, as\u00ed como acreditarse una conducta culposa, no tiene cabida dentro del asunto que concita la atenci\u00f3n, comoquiera que la precita -SIC- norma tiene aplicaci\u00f3n en el evento de imponer las sanciones previstas en los cinco primeros numerales del art. 44 del C.G.P, seg\u00fan se desprende del par\u00e1grafo de este \u00faltimo art\u00edculo, incluso porque la aplicaci\u00f3n del citado art. 59 ib\u00eddem, inicialmente se pens\u00f3 para casos donde se estimare pertinente imponer sanciones en virtud de las conductas se\u00f1aladas en los numerales 1 a 3 del art. 58 del anotado Estatuto de Administraci\u00f3n de Justicia, luego debe seguirse con rigor el principio general que reza: \u201cDonde el legislador no distingue no le es dado hacerlo al int\u00e9rprete\u201d, de tal modo que si la parte final del precepto 158 adjetivo dispone que: \u201cEn caso de que la solicitud no prospere, al peticionario y a su apoderado se les impondr\u00e1 sendas multas de un salario m\u00ednimo mensual.\u201d, al ser denegada la petici\u00f3n de levantamiento del amparo de pobreza, significa que, el libelista debe ser multado junto con su poderdante, sin que medie el procedimiento del precitado art\u00edculo 59 de la Ley 270 de 1996, el cual, advi\u00e9rtase, \u00fanicamente aplica en casos en que deba imponerse alg\u00fan tipo de sanci\u00f3n correccional y no en el evento de la prenotada multa. <\/p>\n
4. De los argumentos transcritos no se extrae arbitrariedad o desafuero alguno, porque en el expediente no obran pruebas suficientes que permitan inferir, razonablemente, que los all\u00ed demandantes contaban con los recursos econ\u00f3micos necesarios para sobrellevar los eventuales gastos en los que incurrieran al tramitar el asunto referido, \u00absin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos\u00bb3, raz\u00f3n por la cual, es claro que el an\u00e1lisis realizado por el Juzgado accionado se encuentra acorde con el material probatorio recaudado y la ley, y no se evidencia un error preeminente con la entidad necesaria para derruir las providencias cuestionadas. <\/p>\n
En igual sentido lo que guarda relaci\u00f3n con la sanci\u00f3n que contempla el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que este le exige a quien solicita la terminaci\u00f3n de un amparo de pobreza, que pruebe que cesaron los motivos que le dieron origen al mismo, sin lo cual se har\u00eda acreedor a sendas multas de un salario m\u00ednimo mensual, sin necesidad de tr\u00e1mite adicional alguno, ya que, como ciertamente lo refiri\u00f3 el accionante, se trata de una sanci\u00f3n \u00abobjetiva\u00bb contemplada de manera puntual por el propio Legislador. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta, adem\u00e1s, que, en este caso, el levantamiento que se hizo frente al amparo concedido a Mar\u00eda Helena Guti\u00e9rrez Hern\u00e1ndez, obedeci\u00f3 a un \u00abcontrol de legalidad\u00bb ejercido por la juzgadora convocada, \u00aben la medida en que tal ciudadana no procedi\u00f3 en la forma dispuesta por el inciso 2 del art. 152 ib\u00eddem, toda vez que su nombre no aparece re en el escrito donde se pidi\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo, como tampoco se observa su firma\u00bb y no como consecuencia de la petici\u00f3n elevada por los actores, lo que de tajo descartaba la posibilidad de eximirlos de la multa en comento. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, al margen de que se compartan o no la decisiones referidas, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, porque obedecieron a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n avalada por el contexto particular que revelaba el proceso, lo que de entrada tambi\u00e9n conduc\u00eda a la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes -en su sentir- les fueron desfavorables, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, lo que llevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio inadecuado de una facultad constitucional muy excepcional. (CSJ. STC138-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede olvidarse que sobre la garant\u00eda de acceder a la justicia, en condiciones de igualdad y sin obst\u00e1culos injustificados, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido lo siguiente, \u00abEl derecho a acceder a la justicia implica, para ser real y efectivo, al menos tres obligaciones, a saber: (i) la obligaci\u00f3n de no hacer del Estado (deber de respeto del derecho), en el sentido de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realizaci\u00f3n y de evitar tomar medidas discriminatorias respecto de este acceso; (ii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de protecci\u00f3n del derecho), en el sentido de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administraci\u00f3n de justicia del titular del derecho; y (iii) la obligaci\u00f3n de hacer del Estado (deber de realizaci\u00f3n del derecho), en el sentido de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo su goce\u00bb (CSJ. STC2680-2021 reiterada en STC11578-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por medio del cual el Despacho accionado resolvi\u00f3 \u201cno declarar terminado el beneficio de amparo de pobreza\u201d y multar a Eternit Colombia S.A. y a su apoderado con un salario m\u00ednimo. <\/p>\n
2\u0002 En la que se confirm\u00f3 la anterior decisi\u00f3n en sede de reposici\u00f3n, y se dispuso, en ejercicio de control de legalidad y de oficio, dejar sin valor el amparo dispensado a la demandante Mar\u00eda Helena Guti\u00e9rrez Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 151 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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STC13365-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC13365-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01892-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67895","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67895","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67895"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67895\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67895"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67895"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67895"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}