STC13366-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13366-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03267-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Analyda Margarita Messa de Aristizabal, contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene al Juzgado o al Tribunal accionado que procedan \u00aba decidir de nuevo sobre la solicitud de prestar cauci\u00f3n para la continuidad de la medida cautelar solicitada y decretada a favor del demandante\u2026\u00bb; y que el fallador de primer grado fije \u00abla cauci\u00f3n para la aplicaci\u00f3n de medidas cautelares\u2026 y que en caso de que no se presente por el demandante se apliquen las consecuencias establecidas en CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edgar Salvador Arango Huertas promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Analyda Margarita Messa de Aristizabal, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, el que en autos de 26 de julio y 25 de octubre de 2021 decret\u00f3 unas medidas cautelares. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo de 9 de junio de 2022 se neg\u00f3 la cauci\u00f3n que deprec\u00f3 la ejecutada, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n, pero que la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, en auto de 14 de julio siguiente, declar\u00f3 improcedente el recurso. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que el C\u00f3digo General del Proceso proteg\u00eda al ejecutado de la mala fe de su contraparte, pues proponiendo excepciones de fondo contra el mandamiento ejecutivo pod\u00eda solicitar se le impusiera una cauci\u00f3n al ejecutante; y que el estrado acusado no accedi\u00f3 a dicha cauci\u00f3n, pese a que dentro del tr\u00e1mite propuso excepciones de m\u00e9rito y tach\u00f3 el t\u00edtulo que se ejecuta. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que present\u00f3 denuncia penal, la que le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda 15 Seccional por falsificaci\u00f3n de documento privado; que cuando el ejecutado formulaba excepciones de m\u00e9rito pod\u00eda solicitar que se prestaran cauciones; y que se estaba prejuzgando el asunto, adem\u00e1s de imponerle un requisito no contemplado en la ley. <\/p>\n
2.5. Adujo que cumpl\u00eda con los requisitos exigidos para el efecto, pues se trataba de un juicio ejecutivo y hab\u00eda propuesto las respectivas defensas; que se configur\u00f3 un defecto procedimental absoluto por la interpretaci\u00f3n irrazonable del art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso; y que fue revictimizada por el ad-quem al no decidir de fondo la alzada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales indic\u00f3 que le dio al proceso el tr\u00e1mite legalmente se\u00f1alado; que resolvi\u00f3 todas las peticiones de la gestora; y que se estar\u00eda a lo que se probara y resolviera en este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que en providencia de 14 de julio de 2022 declar\u00f3 inadmisible la alzada propuesta frente al prove\u00eddo con el que se deneg\u00f3 la fijaci\u00f3n de una cauci\u00f3n para responder por los perjuicios que se ocasionaran con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares decretadas; y que el hecho de que la accionante no estuviera conforme con la decisi\u00f3n emitida no constitu\u00eda una transgresi\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, pues lo resuelto se fund\u00f3 en los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que el juzgador del circuito criticado, en providencia de 9 de junio de 2022 consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Frente a la solicitud hecha por la parte demandada mediante memorial que fue allegado el viernes 3 de junio, para que se requiera al demandante con el fin de que preste cauci\u00f3n Judicial hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecuci\u00f3n para responder por los perjuicios que se causen con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares solicitadas so pena del levantamiento de las medidas cautelares, esta se NIEGA, toda vez que, luego de una apreciaci\u00f3n provisional de la demanda, observa este despacho que el derecho objeto de la pretensi\u00f3n parece probable y racional, y el soporte probatorio, esto es, el titulo valor que se pretende cobrar y que est\u00e1 anexado con la demanda, permite considerar que la pretensi\u00f3n eventualmente podr\u00eda ser concedida. En conclusi\u00f3n, la reclamaci\u00f3n ofrece una apariencia racional de buen derecho, por lo que no hay lugar a decretar la contracautela solicitada\u2026 <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se anticipa que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a prosperar, puesto que se transgredieron las garant\u00edas de primer orden de la promotora, en tanto que el estrado acusado no hizo una valoraci\u00f3n completa de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica puesta a su conocimiento. <\/p>\n
Ciertamente, el juzgador del circuito querellado, sin mayor an\u00e1lisis de los argumentos de la ahora accionante, para denegar la cauci\u00f3n pretendida, se limit\u00f3 a indicar que el derecho parec\u00eda probable y la pretensi\u00f3n podr\u00eda ser concedida, dejando de lado que el art\u00edculo 599 del C\u00f3digo General del Proceso le impon\u00eda la valoraci\u00f3n de la clase de bienes sobre los que reca\u00eda la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de m\u00e9rito propuestas, y en esa medida su motivaci\u00f3n fue deficiente. <\/p>\n
En lo relativo a las medidas cautelares y su alcance, esta Sala destac\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El r\u00e9gimen de medidas cautelares, fortalecido ampliamente en el nuevo estatuto de procedimiento, se nutre en buena parte de la tutela jurisdiccional efectiva, en principio, a favor de la parte demandante para garantizarle la realizaci\u00f3n positiva de su eventual pretensi\u00f3n. Pero tambi\u00e9n se contemplan distintas alternativas en beneficio del extremo demandado, por ejemplo, con la incorporaci\u00f3n del postulado de mutabilidad que autoriza la sustituci\u00f3n de las medidas cautelares en ciertos casos o incluso impide su pr\u00e1ctica a cambio de una contra-cautela, com\u00fanmente por medio de cauci\u00f3n\u2026 (STC9730-2022, 27 jul. 2022, rad. 2022-02160-00). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se concluye que la referida sede judicial convocada no sustent\u00f3 de forma suficiente y precisa la providencia de 9 de junio de 2022, en la que deneg\u00f3 la cauci\u00f3n pretendida, y, en esa medida, esta Corporaci\u00f3n considera que su argumentaci\u00f3n fue insatisfactoria. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n
6. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, ante la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental al debido proceso de la gestora, por lo que se ordenar\u00e1 al juzgado acusado que, tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada de 9 de junio de 2022, en cuanto a la negativa de la cauci\u00f3n solicitada, proceda a dictar una nueva providencia que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Analyda Margarita Messa de Aristizabal. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales que, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo criticado de 9 de junio de 2022, en el proceso ejecutivo que promovi\u00f3 Edgar Salvador Arango Huertas contra la accionante (radicaci\u00f3n 17001-31-03-002-2021-00129), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes, emita una nueva providencia en la que resuelva sobre la cauci\u00f3n deprecada, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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