STC13380-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13380-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01617-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el Centro Comercial Plaza de las Am\u00e9ricas – Propiedad Horizontal frente al fallo proferido el 18 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abverdad, justicia y reparaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad encausada al disponer la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n seguida contra Martha Luc\u00eda Stella S\u00e1nchez. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab(i) revocar el auto proferido el 1 de abril de 2022 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1; (ii) negar la solicitud de preclusi\u00f3n presentada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; e (iii) instar a [\u00e9sta]\u2026 al desarrollo de las actividades investigativas necesarias para corroborar la existencia de las irregularidades puestas de presente en el Informe de Auditor\u00eda Forense presentado por la Firma EY\u00bb. <\/p>\n
2. La siguiente es la situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso: <\/p>\n
2.1. En la investigaci\u00f3n seguida contra Martha Luc\u00eda Stella S\u00e1nchez (quien desde 1998 y aproximadamente por 10 a\u00f1os fue administradora y gerente del accionante) y Jos\u00e9 Alejandro Soracipa Soler (jefe de operaciones de ese centro comercial), por la supuesta malversaci\u00f3n e irregularidades en el manejo de los fondos de la persona jur\u00eddica reclamante, el 22 de noviembre de 2021 el Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 no accedi\u00f3 a la solicitud de preclusi\u00f3n que la Fiscal\u00eda formul\u00f3; determinaci\u00f3n que el 14 de marzo \u00faltimo revoc\u00f3 el Tribunal convocado para, en su lugar, i) \u00abdecretar la preclusi\u00f3n de la actuaci\u00f3n, \u00fanicamente respecto de\u2026 Stella S\u00e1nchez por los presuntos delitos de estafa, hurto agravado, abuso de confianza y falsedad en documento privado\u00bb; y ii) \u00abDEVOLVER\u2026 la actuaci\u00f3n al juzgado\u2026 para lo pertinente en relaci\u00f3n con el indiciado\u2026 Soracipa Soler\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, el gestor adujo que con esa decisi\u00f3n, reproduciendo las inexactas \u00abafirmaciones dadas por la Delegada Fiscal\u00bb, el ad-quem incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y de error inducido, desconociendo, de un lado, que la investigaci\u00f3n no estaba en cabeza de las v\u00edctimas, y de otra parte, la suficiencia de las probanzas que omiti\u00f3 valorar conjuntamente y acreditaban la necesidad de continuar la investigaci\u00f3n contra Stella S\u00e1nchez, al estar demostrada su apropiaci\u00f3n irregular de altas sumas de dinero de propiedad del Centro Comercial, a trav\u00e9s de la falsificaci\u00f3n de documentos, as\u00ed como la deficiente direcci\u00f3n y planificaci\u00f3n de los proyectos de construcci\u00f3n que finalmente no se culminaron. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, injustificadamente, dando \u00abcredibilidad a lo afirmado falsamente por la se\u00f1ora Fiscal respecto de haberse comunicado con la Firma auditora EY obteniendo como respuesta que ese informe no pod\u00eda ser usado por la Fiscal\u00eda\u00bb, dej\u00f3 de sopesarse el informe presentado por la representaci\u00f3n de las v\u00edctimas, suscrito por la firma Ernst & Young Audit S.A.S. (EY), el cual \u00abmostraba la posible materializaci\u00f3n de conductas punibles y eventos de fraude en el proyecto Imax y Edurecreatuvo a cargo de la Administradora\u2026 Stella S\u00e1nchez\u00bb; que ese trabajo forense s\u00ed era apto para usarse en la investigaci\u00f3n, sin que la Fiscal\u00eda pudiese desestimarlo bajo el falaz argumento de que tal firma no se hac\u00eda responsable de su contenido, mucho menos por su nota final, donde se se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda utilizarse por personas diferentes a sus destinatarios; sumado a que nunca se adelantaron las actividades investigativas que propuso el tutelante, \u00abtendientes a determinar el estado real del proyecto denominado Universo Edurecreativo\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 copia de la decisi\u00f3n que se le cuestion\u00f3 e indic\u00f3 que en ella \u00abaparecen claramente expuestos los argumentos que la sustentaron y en donde no se advierte vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno al demandante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la capital de la Rep\u00fablica pidi\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela extendida a [ese] despacho judicial\u00bb porque \u00abno ha incurrido en ning\u00fan atentado contra garant\u00edas constitucionales en contra del\u2026 promotor de la salvaguarda\u00bb. <\/p>\n
3. La vinculada Martha Luc\u00eda Stella S\u00e1nchez, a trav\u00e9s de mandatario judicial, deprec\u00f3 el despacho adverso del ruego constitucional, por incumplir \u00ablos requisitos que permiten su procedencia\u00bb y \u00ablas causales de procedibilidad excepcional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional desestim\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que, en su decisi\u00f3n de 14 de marzo de 2022, el Tribunal acusado, con apoyo en las pruebas recaudadas, justificadamente \u00abprecluy\u00f3 la indagaci\u00f3n en favor de\u2026 Stella S\u00e1nchez, luego de considerar que las conductas desplegadas por la aludida no eran constitutivas de delito alguno\u00bb; resalt\u00f3, en cuanto al informe de la firma Ernst & Young Audit S.A.S., que \u00abera claro en indicar que no constitu\u00eda una auditoria ni revisi\u00f3n de los estados financieros del Centro Comercial, de acuerdo con cualquier est\u00e1ndar de auditoria o de revisi\u00f3n generalmente aceptada, que adem\u00e1s el mismo\u2026 es claro en indicar que no puede ser utilizado por persona distinta al Centro Comercial\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, resalt\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n censurada estuvo soportada en elementos de convicci\u00f3n debidamente se\u00f1alados, dando suficiente explicaci\u00f3n al por qu\u00e9 no era factible la utilizaci\u00f3n del reporte de la empresa EY, por disposici\u00f3n de la misma firma que as\u00ed lo contemplaba, adem\u00e1s de que los hallazgos del mismo no estaban debidamente soportados y encumbrando c\u00f3mo, a partir de las restantes piezas, se pod\u00eda concluir que no se hab\u00eda demostrado la participaci\u00f3n de la administradora en conductas de raigambre penal\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con esas premisas, descendiendo al caso concreto, de entrada advierte la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, en la medida en que no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos en la decisi\u00f3n aprobada por el Tribunal acusado el 14 de marzo de 2022, cuya lectura se produjo el 1\u00ba de abril siguiente, en la que se dispuso \u00abla preclusi\u00f3n de la actuaci\u00f3n, \u00fanicamente respecto de\u2026 Stella S\u00e1nchez[,] por los presuntos delitos de estafa, hurto agravado, abuso de confianza y falsedad en documento privado\u00bb. <\/p>\n
2.1. En efecto, en dicha providencia previamente se anot\u00f3 que seg\u00fan el sistema penal con tendencia acusatoria reglado en la Ley 906 de 2004, al ente Fiscal \u00abse le ha otorgado\u2026 la funci\u00f3n de investigar y acusar a los implicados en infracciones al estatuto punitivo, pero a la vez tiene la posibilidad de solicitar la preclusi\u00f3n, cuando no exista m\u00e9rito para acusar, acorde con lo dispuesto por la preceptiva 331 de la referida codificaci\u00f3n\u00bb, espec\u00edficamente, de conformidad con el canon 332 ib\u00eddem, entre otras situaciones, ante la \u00ab[a]tipicidad del hecho investigado\u00bb o la \u00ab[a]usencia de intervenci\u00f3n del imputado\u00bb en \u00e9l; supuestos contemplados en las causales 4\u00aa y 5\u00aa de esa norma, los cuales invoc\u00f3 la Fiscal\u00eda \u00abtras advertir que del material probatorio que recopil\u00f3, no se estableci\u00f3 la existencia de alguna conducta punible, y en consecuencia no encuentra que\u2026 Stella S\u00e1nchez haya intervenido los comportamientos denunciados\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, destac\u00f3 que \u00abla representante de la v\u00edctima insisti\u00f3 en que los informes de auditor\u00eda que aport\u00f3 su compa\u00f1\u00eda revelan que s\u00ed existi\u00f3 un manejo irregular de los dineros de la empresa y que era deber de la fiscal\u00eda corroborar el \u00faltimo estudio que le alleg\u00f3 en tal sentido\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, tras efectuar una cita jurisprudencial respecto a los prop\u00f3sitos de la investigaci\u00f3n (CSJ SP, 6 oct. 2021, rad. 54.379), afirm\u00f3 que \u00ab[p]ara tomar la decisi\u00f3n correspondiente acerca de la preclusi\u00f3n solicitada, es importante tener en cuenta la amplia exposici\u00f3n que realiz\u00f3 la titular de la acci\u00f3n penal, en la cual revel\u00f3 que esta investigaci\u00f3n se ha venido retomando cada vez que la representaci\u00f3n de v\u00edctimas allega informes nuevos, los cuales ha desestimado uno a uno con fundamento en los dict\u00e1menes periciales, evidencia f\u00edsica y entrevistas recaudados\u00bb; de lo cual rescat\u00f3, in extenso, que: <\/p>\n
La fiscal\u00eda explic\u00f3 que la denuncia inicial estuvo relacionada con: i) el presunto manejo indebido del dinero del parqueadero; ii) el uso incorrecto de las tarjetas de cr\u00e9dito asignadas a la indiciada para \u201cel buen cumplimiento de sus funciones\u201d; y iii) los pagos a terceros mediante falsedades. Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que en virtud de la ampliaci\u00f3n de la denuncia que se efectu\u00f3 el 5 de enero de 2011, la investigaci\u00f3n se extendi\u00f3 a los sobrecostos de la sala de cine Imax, la cual formaba parte un macroproyecto de 25 obras denominado \u201cUniverso Edurecreativo\u201d. <\/p>\n
Parte del andamiaje investigativo adelantado por la fiscal\u00eda se describi\u00f3 en la primera orden de archivo de\u2026 13 de octubre de 20151, de modo que resulta \u00fatil su an\u00e1lisis, como a continuaci\u00f3n se procede. <\/p>\n
En ese acto, se mencion\u00f3 que el denunciante anex\u00f3 la carta de despido de Martha Stella, en la que se indicaron los diversos motivos que llevaron a esa determinaci\u00f3n, los cuales estaban relacionados con la malversaci\u00f3n de dinero -incluido el sobre costo del proyecto-. Sobre ese punto, la fiscal\u00eda transcribi\u00f3 parte del interrogatorio que rindi\u00f3 la indiciada -a solicitud de su defensor-, en el que dio una explicaci\u00f3n amplia y detallada respecto de cada una de las causales que se arguyeron para su despido, como tambi\u00e9n de los otros sucesos denunciados en su gesti\u00f3n como administradora y gerente del centro comercial. <\/p>\n
El 28 de noviembre de 2011 un investigador del C.T.I. realiz\u00f3 inspecci\u00f3n judicial al centro comercial, para solicitar la documentaci\u00f3n necesaria a efecto de llevar a cabo un estudio contable, pero advirti\u00f3 que la misma no estaba debidamente organizada, y que los soportes contables de este caso no se encontraban en el correspondiente departamento. <\/p>\n
En consecuencia, el 12 de julio de 2012, se solicit\u00f3 al representante de la v\u00edctima los citados documentos y en respuesta de ello el 6 de septiembre siguiente se allegaron dos cajas. <\/p>\n
El 10 de diciembre de 2014 se orden\u00f3 realizar inspecci\u00f3n judicial para obtener del centro comercial numerosas actas del consejo y de la asamblea, as\u00ed como los informes financieros y libros de gesti\u00f3n. Adicionalmente, se solicit\u00f3 al perito realizar un estudio del informe presentado por la auditor\u00eda Price Wather House Coopers suministrada por el centro comercial. <\/p>\n
En virtud de esa orden, el 22 de mayo de 2015 el contador del CTI present\u00f3 un informe en el que comunic\u00f3 que el centro comercial no cumpli\u00f3 con aportar la documentaci\u00f3n requerida, ya que en lo que alleg\u00f3 (2 cajas con 9 AZ) no reposaba lo siguiente: i) el informe de auditor\u00eda firmado y certificado por la contadora o revisor fiscal de esa compa\u00f1\u00eda; ii) los soportes que dieron origen a este y; iii) las certificaciones del faltante y los auxiliares de la cuenta donde fue contabilizado. <\/p>\n
Tales elementos, seg\u00fan ese experto, eran necesarios para establecer con certeza si en la contabilidad se registr\u00f3 un faltante y que este puede ser atribuido a los indiciados. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al informe de la precitada firma de auditor\u00eda, el investigador expres\u00f3 que ese trabajo no se realiz\u00f3 acorde con las normas \u201cgeneralmente aceptadas\u201d y consign\u00f3 que las falencias que all\u00ed se enunciaron solo se respaldaron en el dicho de la contadora Sandra Franco. <\/p>\n
El siguiente 27 de agosto se present\u00f3 otro dictamen contable solicitado por el ente acusador, relacionado con el informe que tambi\u00e9n aport\u00f3 la indiciada en el que concluy\u00f3: <\/p>\n
i) Respecto del asunto \u201cUniverso Edurecreativo\u201d la delegaci\u00f3n de la funci\u00f3n de construir el proyecto no le fue hecha a\u2026 Stella S\u00e1nchez ni era un asunto de sus funciones, ya que el Consejo de Administraci\u00f3n lo adjudic\u00f3 al constructor y al gerente de obra -firma Ingeoimpacto-, as\u00ed como a la interventora -Quorum-. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que no era procedente hablar de sobrecostos cuando no fue establecido un l\u00edmite del estos y; <\/p>\n
ii) Sobre los temas de los manejos de dinero por concepto de parqueaderos, caja menor y proveedores, coligi\u00f3 que tampoco avizor\u00f3 alg\u00fan acto irregular por parte de la indiciada. <\/p>\n
En la orden de archivo que se viene analizando, tambi\u00e9n se relacionaron las entrevistas que se practicaron a Yosman Serrano, \u2026Bernal Cruz, \u2026Reyes Gonz\u00e1les, Sandra Franco, Sandra Cipriano, Oswaldo Medina y Ana Isabel Coba. De igual modo se interrog\u00f3 a\u2026 Soracipa Soler, se realiz\u00f3 inspecci\u00f3n judicial al proceso radicado 11001 60 000 49 2009 12090 y se ofici\u00f3 al representante legal del centro comercial para que informara sobre las funciones asignadas a los denunciados. <\/p>\n
Por estas razones, entre otras, la fiscal\u00eda determin\u00f3 que la investigada no incurri\u00f3 en los comportamientos denunciados, ya que no se pod\u00eda hacer responsable de los atrasos ocasionados por el desorden del departamento contable a cargo de\u2026 Franco Mart\u00ednez, ni por los contratos que firmaron los jefes de \u00e1rea, quienes dieron el visto bueno para que se pagaran las facturas a los proveedores. En ese pronunciamiento tambi\u00e9n indic\u00f3 que no existi\u00f3 claridad en la denuncia, en cuanto al monto del presunto desfalco, ni de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que esto ocurri\u00f3, por lo cual archiv\u00f3 esas diligencias. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de archivo fue revocada por la misma fiscal\u00eda, ante la entrega de nuevos elementos probatorios aportados por el representante de la v\u00edctima; pero despu\u00e9s de desestimarlos, mediante resoluci\u00f3n del 1\u00b0 de diciembre de 2016, dicha funcionaria reiter\u00f3 la necesidad de archivar la investigaci\u00f3n. Sin embargo, como el Juzgado 35 Penal del Circuito de Conocimiento revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n, se vio conminada a radicar la presente solicitud de preclusi\u00f3n. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, la fiscal\u00eda asever\u00f3 que existe un fallo de tutela a favor de Stella S\u00e1nchez, en la que se conmin\u00f3 a esa funcionaria a finiquitar esta indagaci\u00f3n y para ello se le concedi\u00f3 30 d\u00edas, pero ese plazo se modific\u00f3 en segunda instancia a 4 meses, dado que el 22 de enero de 2021 la v\u00edctima aport\u00f3 otro dictamen con 116 folios, relacionado con el manejo de dinero del centro comercial, el cual deb\u00eda analizar. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sala observa que en ese documento se consign\u00f3: \u201cEste reporte est\u00e1 destinado \u00fanicamente a la informaci\u00f3n y uso del centro comercial, y no est\u00e1 dise\u00f1ado para ser y no debe ser utilizado, por cualquier otra persona diferente a las indicadas, sin nuestro consentimiento por escrito.\u201d <\/p>\n
Ante esta observaci\u00f3n, la fiscal se\u00f1al\u00f3 que se contact\u00f3 con esa compa\u00f1\u00eda y le respondieron que la informaci\u00f3n que les solicitaron era para el uso exclusivo del centro comercial y de sus asesores. <\/p>\n
Seguidamente, indic\u00f3 el Tribunal que \u00abal momento en que la fiscal\u00eda solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n, cit\u00f3 nuevamente aquellos informes y entrevistas primarias en los que se coligi\u00f3 un desorden administrativo contable y que los pagos se realizaban con el visto bueno de cada \u00e1rea administrativa, lo cual no fue controvertido por el denunciante\u00bb; y aunque \u00abdichas circunstancias indican que eventualmente se le podr\u00eda reprochar una conducta negligente o descuidada a la indiciada, dado su cargo de gerente, ello tampoco tiene la connotaci\u00f3n de alguno de los il\u00edcitos denunciados, ya que estos solo se pueden atribuir a t\u00edtulo de dolo, aspecto subjetivo este que no se advierte en su proceder\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
En lo tocante \u00abcon los sobrecostos del\u2026 proyecto Universo Edurecreativo\u00bb, el ente fiscal i) \u00abexpres\u00f3 que en un punto la v\u00edctima asever\u00f3 que este ascendi\u00f3 a\u2026 $2.300.000.000, pero asegur\u00f3 que ello no se estableci\u00f3 porque de las actas del consejo y la asamblea, se conoci\u00f3 que esa construcci\u00f3n se ampli\u00f3 gradualmente2, de modo que inicialmente solo se hablaba de \u201cpresupuestos estimados\u201d3\u00bb; y ii) asegur\u00f3 que tal \u00aban\u00e1lisis lo extract\u00f3 del informe del perito contable de la SIJIN del 27 de agosto de 2015, quien revis\u00f3 las 36 actas del consejo y de la asamblea, y concluy\u00f3\u00bb: <\/p>\n
\u201cseria improcedente hablar de sobrecostos si inicialmente no se habl\u00f3 de presupuesto l\u00edmite\u2026 y de llegar a existir un supuesto sobrecosto los encargados de este proceso como se evidencia en los soportes era: el gerente de la obra\u2026 y el interventor\u2026 toda vez que\u2026 eran ellos quienes ten\u00edan el manejo directo de las finanzas de la obra como ejecutor y otro como interventor\u201d <\/p>\n
Posteriormente, de cara a \u00ablas funciones de la administradora Martha Stella en esa obra\u00bb, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026de conformidad con el acta de asamblea N\u00b0 26 del 29 de noviembre de 2007, solo le asignaron tres: 1) suscribir los contratos que firmara el consejo y directores del proyecto; 2) registrar las marcas de los proyectos y 3) gestionar los permisos y licencias necesarias, lo cual controvierte lo se\u00f1alado en la ampliaci\u00f3n de la denuncia, respecto a que la investigada deb\u00eda \u201cconstruir, controlar, intervenir, invertir, o tomar decisiones\u201d en el proyecto. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la Fiscal\u00eda i) \u00abtambi\u00e9n desestim\u00f3 el informe presentado por la firma \u201cP\u00e1ez\u201d[,] contratada por la v\u00edctima, en el que se indic\u00f3 que el presupuesto abarc\u00f3 6.884 m2 por un valor superior a $17.000.000.000, ya que ello no concuerda con lo consignado en el acta de asamblea N\u00b0 28 de 2008[,] en la que se relacion\u00f3 un total de 11.801 mt2 con una inversi\u00f3n superior a $23.000.000.0000 (sic)\u00bb; ii) respecto \u00abal estudio de la firma \u201cInvestigaciones Estrat\u00e9gicas\u201d del 29 de diciembre de 2014, el cual ten\u00eda el prop\u00f3sito de establecer si existi\u00f3 fraude mediante cantidades de obra no ejecutadas y\/o el cobro de mayores valores relacionadas con el Imax, encontr\u00f3 que estaba incompleto y pod\u00eda inducir en error porque lo solicitado solo abarcaba el proyecto Imax y no la totalidad de las obras \u201cUniverso Edurecreativo\u201d; y iii) \u00ab[a]dvirti\u00f3 que, mediante informe del 18 de noviembre de 2016, el investigador de la SIJIN manifest\u00f3 que en la inspecci\u00f3n judicial ante la fiscal\u00eda 100 Local hall\u00f3 un radicado contra la misma indiciada en el que se aport\u00f3 el precitado informe, cuando al mismo tiempo la v\u00edctima solicitaba con ese documento el desarchivo de esta investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Tras ese recuento, enfatiz\u00f3 que \u00ab[n]inguna de estas aseveraciones fue objetada ni desvirtuada por la denunciante, quien bas\u00f3 su solicitud de continuar con esta investigaci\u00f3n, en que se deb\u00eda analizar a profundidad el \u00faltimo dictamen que present\u00f3 -el de la firma EY-, el cual, tal como se anunci\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, fue desestimado por el perito contable de la fiscal\u00eda al encontrar que\u2026 no pod\u00eda ser objeto de pesquisa porque la compa\u00f1\u00eda no solo no se hac\u00eda responsable de su contenido, sino adem\u00e1s, porque tiene una nota en la cual se se\u00f1al\u00f3 que no puede ser utilizado por personas diferentes a sus destinatarios\u00bb; exhortaci\u00f3n por la cual ese \u00abmedio suasorio\u2026 no pod\u00eda ser utilizado por el perito\u00bb, de donde era inviable \u00abla solicitud de la representaci\u00f3n de las v\u00edctimas, de verificar por la fiscal\u00eda si la informaci\u00f3n del dictamen es ver\u00eddica\u2026, dado que el uso de esa informaci\u00f3n le est\u00e1 vedado, adicionalmente, ese estudio carece de cualquier est\u00e1ndar de auditor\u00eda o de revisi\u00f3n generalmente aceptada\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, al contrastar esa \u00abcircunstancia con el resto del material suasorio\u00bb, hall\u00f3 palmaria \u00abla atipicidad de las conductas\u00bb por las que se denunci\u00f3 a Stella S\u00e1nchez; y aunque \u00abla orden de desarchivo por parte de la judicatura se fundament\u00f3 en que la fiscal\u00eda no pod\u00eda justificarse en que los denunciantes no le entregaron la informaci\u00f3n completa, ya que cuenta con la posibilidad de exigir los documentos requeridos mediante un juez de control de garant\u00edas; esta falencia fue superada en el decurso de la indagaci\u00f3n[,] ya que el ente acusador asever\u00f3 que finalmente tuvo acceso a las actas del consejo y de la asamblea de Plaza de las Am\u00e9ricas\u00bb; en tanto que \u00absi a lo que se refer\u00eda la operaria de justicia era al informe de auditor\u00eda firmado y certificado por la contadora o revisor fiscal de esa compa\u00f1\u00eda, a los soportes que dieron origen a este y a las certificaciones del faltante y de los auxiliares de la cuenta donde fue contabilizado, es claro que, si no existen o no se tiene certeza de ello, resulta inane acudir ante un juez de control de garant\u00edas para que ordene su entrega\u00bb. <\/p>\n
Luego, iter\u00f3 que aunque \u00abdesde el inicio de esta investigaci\u00f3n preliminar, el ente instructor estableci\u00f3 que existi\u00f3 un \u201cdesorden administrativo contable\u201d por parte del centro comercial, -el cual, como se anot\u00f3, no puede ser adjudicado a Martha Stella a t\u00edtulo de conductas dolosas-, y ello se refleja en que el denunciante se ha visto conminado a contratar agentes externos con el fin de obtener una informaci\u00f3n clara acerca de la presunta malversaci\u00f3n de las sumas de esa copropiedad en el periodo en que la indiciada labor\u00f3 como administradora; sin embargo, esos dict\u00e1menes han sido desestimados por m\u00e1s de una d\u00e9cada\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la cr\u00edtica del juez a-quo en torno a que la delegada fiscal omiti\u00f3 explicar \u00abde manera pormenorizada el plan metodol\u00f3gico que sigui\u00f3\u00bb, era insuficiente \u00abpara motivar su decisi\u00f3n de negar la solicitud, porque con los medios de prueba allegados pudo haber solventado esa duda. Adem\u00e1s, esa descripci\u00f3n no era menester ya que la delegada relacion\u00f3 suficientemente los medios de prueba obtenidos m\u00e1s relevantes en esta indagaci\u00f3n, con los que demostr\u00f3 que el denunciante no solo ha variado en m\u00faltiples oportunidades el comportamiento que atribuye a la indiciada, sino adem\u00e1s, que los medios de prueba aportados por ellos y los dem\u00e1s recaudados, no dan cuenta de la comisi\u00f3n de alg\u00fan delito por parte de Martha Stella\u00bb. <\/p>\n
Para afianzar esa \u00faltima afirmaci\u00f3n, apoy\u00e1ndose en pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la materia (C-1177\/05), anot\u00f3 que el precepto 69 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal ense\u00f1a que \u00abla denuncia tiene unos requisitos entre los cuales est\u00e1 el de presentar una \u201crelaci\u00f3n detallada de los hechos que conozca el denunciante\u201d; as\u00ed mismo se consagr\u00f3 que se inadmitir\u00e1n las denuncias sin fundamento y que esta solo podr\u00e1 ampliarse por una sola vez sobre aspectos de importancia para la investigaci\u00f3n\u00bb; constituyendo el caso auscultado \u00abun claro ejemplo de las consecuencias que genera la inobservancia de esa disposici\u00f3n, ya que la fiscal\u00eda adelant\u00f3 una investigaci\u00f3n desde el 2009, sobre unos hechos imprecisos y abstractos en cuanto el denunciante advirti\u00f3 que se trataba de \u201challazgos preliminares\u201d porque a\u00fan se adelantaban labores de auditor\u00eda a efecto de encontrar otras posibles conductas punibles que \u201cse informar\u00e1n oportunamente\u201d, y esto signific\u00f3 la presentaci\u00f3n de m\u00faltiples informes, cuyo \u00faltimo data del 2021\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que la falencia rese\u00f1ada \u00abtrasgredi\u00f3 el t\u00e9rmino previsto en el primer par\u00e1grafo del art\u00edculo 175 de la Ley 906 de 2004 en el que se dispone: La fiscal\u00eda tendr\u00e1 un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos a\u00f1os contados a partir de la recepci\u00f3n de la noticia criminis para formular imputaci\u00f3n u ordenar motivadamente el archivo de la indagaci\u00f3n. Este t\u00e9rmino m\u00e1ximo ser\u00e1 de tres a\u00f1os cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o m\u00e1s los imputados\u2026 imputados\u2026\u201d; lo cual, en palabras de la Corte Constitucional, ha representado un alto costo para los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de\u2026 Stella S\u00e1nchez y un uso indebido del aparato jurisdiccional que ocasionaron la dispersi\u00f3n de esfuerzos y recursos\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en todas esas disquisiciones, hall\u00f3 que \u00abaunque el operador de primera instancia argument\u00f3 que la fiscal\u00eda no acredit\u00f3 con suficiencia las causales de preclusi\u00f3n\u00bb, lo cierto era que \u00abs\u00ed cumpli\u00f3 con la carga argumentativa con la que demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de la\u2026 contenida en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 332 del C.P.P. – atipicidad del hecho investigado-, ya que no existen medios suasorios de los que se pueda afirmar que la conducta de\u2026 Stella S\u00e1nchez comporta trasgresi\u00f3n de la ley penal y menos a t\u00edtulo doloso, \u00fanica forma de comisi\u00f3n de los presuntos il\u00edcitos denunciados\u00bb; por lo que se impon\u00eda \u00abrevocar la providencia impugnada para en su lugar, aceptar la solicitud de prelusi\u00f3n en lo que respecta a la indiciada Stella S\u00e1nchez\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala observa que tal decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3, muy a pesar de sus alegaciones, no es m\u00e1s que una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal acusado, respondiendo a una interpretaci\u00f3n admisible de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, y contrario a lo aducido por aqu\u00e9l, bajo el an\u00e1lisis conjunto de todo el material suasorio que recopil\u00f3 el ente fiscal tras el agotamiento de las indagaciones que encontr\u00f3 adecuadas, evidenci\u00f3 la falta de comprobaci\u00f3n de la comisi\u00f3n de alguna conducta punible dolosa por parte de Stella S\u00e1nchez, siendo esa la \u00ab\u00fanica forma de comisi\u00f3n de los presuntos il\u00edcitos denunciados\u00bb; de donde tales inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De la cual, la fiscal\u00eda asegur\u00f3 que qued\u00f3 en firme ya que contra este no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
2\u0002 Precis\u00f3 que en la Asamblea Extraordinaria N\u00b0 27 se ampli\u00f3 a\u00fan m\u00e1s el megaproyecto en total de 25 obras -ciudad de los peses, observatorio, plazoleta de angelitos, muro de escalar entre otros-. <\/p>\n
3\u0002 Ya que solo en la asamblea N\u00b0 28 del 3 de septiembre de 2008, se aprob\u00f3 el total de la inversi\u00f3n a esa fecha y ah\u00ed s\u00ed se defini\u00f3 que ser\u00eda sobre los $23.000 millones. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC13380-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13380-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01617-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el Centro Comercial Plaza de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67903","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67903","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67903"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67903\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67903"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67903"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67903"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}