STC13381-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13381-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03222-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Navik Said Lamk Espinosa y Mar\u00eda Eugenia Espinosa, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicitan, en consecuencia, se \u00abdecrete la nulidad de todo lo actuado y exija a Titularizadora Colombiana SA para que\u2026 allegue\u2026 copia del contrato de compraventa del portafolio\u2026 suscrito entre el Banco Caja Social y, esa titularizadora\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Titularizadora Colombiana SA Hitos promovi\u00f3 juicio ejecutivo en contra Navik Said Lamk Espinosa y Mar\u00eda Eugenia Espinosa, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que en auto de 1\u00ba de julio de 2008 libr\u00f3 mandamiento de pago y en prove\u00eddo de 14 de marzo de 2011 dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en auto de 9 de diciembre de 2021 reconoci\u00f3 a Teresa G\u00f3mez Torres como cesionaria del cr\u00e9dito, decisi\u00f3n corregida el 23 de marzo de 2022, pues el cesionario era el Banco Caja Social SA. <\/p>\n
2.3. Con auto de 21 de enero de 2022 resolvi\u00f3 que se estuvieran a lo resuelto el 9 de diciembre anterior, decisi\u00f3n que tras ser recurrida en reposici\u00f3n por la parte ejecutada, en prove\u00eddo de 23 de marzo siguiente se revoc\u00f3 parcialmente, en tanto que estaban pendientes de pronunciarse sobre unas solicitudes que la oficina de apoyo no agreg\u00f3, adem\u00e1s se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad impetrado; y el 1\u00ba de junio de los corrientes se mantuvo la decisi\u00f3n de no conceder la alzada impetrada frente al auto de 21 de enero y se expidieron copias. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron los accionantes que el proceso lo inici\u00f3 Titularizadora Colombiana SA con un pagar\u00e9, resultado de un contrato de compraventa de un portafolio suscrito con el Banco Caja Social; que no se cumplieron los requisitos para realizar la cesi\u00f3n; y que no fueron notificados de la compraventa de dicho t\u00edtulo. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que si bien la nulidad no la sustentaron en las causales taxativas del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, las pruebas recaudadas constitu\u00edan suficiente material probatorio para que se ejerciera el control de legalidad y se valorara todo el proceso en busca de la verdad y la correcta administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2.6. Refirieron que el juicio tuvo como origen un t\u00edtulo que conten\u00eda un contrato inexistente, pues se omitieron los requisitos formales; que no se ejerci\u00f3 una apreciaci\u00f3n razonable de las pruebas; y que ten\u00edan la urgencia de evitar el remate o que con la aprobaci\u00f3n de una nueva cesi\u00f3n se hiciera efectiva la garant\u00eda real. <\/p>\n
2.7. Aseveraron que no pretend\u00edan eludir sus obligaciones de pago, pues al corte de julio de 2019 ya hab\u00edan pagado m\u00e1s de $347.500.000, adem\u00e1s de los honorarios; y que se incurr\u00eda en los defectos procedimentales, f\u00e1cticos y exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso en cuatro ocasiones; y que se estar\u00eda a lo dispuesto en la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad se\u00f1al\u00f3 que las determinaciones adoptadas se hab\u00edan proferido teniendo en cuenta los principios de publicidad y oponibilidad; que los intervinientes procesales hab\u00edan contado con los t\u00e9rminos previstos en la ley adjetiva para controvertir las providencias; que las determinaciones adoptadas fueron soportadas normativamente; y que no conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
3. Banco Caja Social SA refiri\u00f3 que no hab\u00eda efectuado conductas transgresoras de los derechos fundamentales de la parte accionante; que en el proceso se han brindado todas las garant\u00edas procesales; que no exist\u00eda un perjuicio irremediable; y que el tr\u00e1mite se hab\u00eda surtido conforme con el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre los prove\u00eddos de 1\u00ba de julio de 2008 -libr\u00f3 mandamiento de pago-, 14 de marzo de 2011 -orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n-, 2 de junio del mismo a\u00f1o -rechaz\u00f3 de plano una nulidad-, 19 de enero de 2012 -inadmiti\u00f3 la alzada presentada frente a ese \u00faltimo prove\u00eddo- y 9 de diciembre de 2021 -reconoci\u00f3 a la cesionaria-; y la interposici\u00f3n de la tutela el 12 de julio de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que los promotores desaprovecharon los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tuvieron a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantean, pues guardaron silencio frente al prove\u00eddo de 23 de marzo de 2022, con el que se rechaz\u00f3 la nulidad impetrada, lo que torna improcedente la protecci\u00f3n invocada debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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