STC13383-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13383-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2022-00184-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, seis (6) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 1 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mariela C\u00e1rdenas Ram\u00edrez contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de Pitalito, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el verbal n\u00b0 2017-00481. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en nombre propio, invoca el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que la querellante promovi\u00f3 verbal de pertenencia contra los herederos determinados e indeterminados de Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas Ram\u00edrez y otros, asunto que, sometido a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Pitalito, bajo el radicado n\u00ba 2017-00481. <\/p>\n
Agotadas las etapas de rigor, el despacho, el 19 de marzo de 2021, profiri\u00f3 fallo, declarando la prosperidad de la excepci\u00f3n denominada \u00abno haber transcurrido el tiempo de posesi\u00f3n m\u00ednimo exigido por la ley\u00bb y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Apelada la anterior determinaci\u00f3n por la all\u00ed demandante, el 27 de abril de 2022, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa urbe, confirm\u00f3 lo decidido en primer grado. <\/p>\n
En sentir de la censora, la decisi\u00f3n anterior entra\u00f1a m\u00faltiples defectos, al no analizar en debida forma las pruebas, por cuanto, en su opini\u00f3n, no se les dio el alcance demostrativo pertinente a los testimonios de Lucila Velandia Urrea, Beatriz Calder\u00f3n Claros y Argemiro L\u00f3pez, ni a los otros medios de convicci\u00f3n, lo cual, de haberse efectuado, hubiera conducido a la prosperidad de sus pedimentos, al encontrar configura la posesi\u00f3n alegada por el lapso requerido. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se ordene a \u00ablos juzgados accionados en esta presente tutela, dicte[n] sentencia acorde a las pretensiones propuestas por mi abogado al presentar la demanda las cuales fueron desechadas desfavorables por el Juzgado de la Primera y Segunda Instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Pese a que se efectu\u00f3 el traslado respectivo, no se obtuvo respuesta por ninguno de los integrantes del extremo pasivo al interior de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal neg\u00f3 la salvaguarda, al concluir que el pronunciamiento atacado se advierte razonable, pormenorizando que \u00abno se advierte un comportamiento arbitrario, ni caprichoso del despacho judicial accionado, o la presencia de un exceso de rigor procedimental, toda vez que las sentencias de primera y segunda instancia de fechas 19 de marzo del 2021 y 27 de abril del 2022 se encuentran motivadas en el cotejo de las pruebas practicadas y en las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que los Juzgados demandados no actuaron con exceso de rigor procedimental, ni restringieron los derechos fundamentales invocados por la accionante, descart\u00e1ndose la posibilidad de predicar una v\u00eda de hecho en los prove\u00eddos rese\u00f1ados, porque no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte de los accionados, por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, con los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Mariela C\u00e1rdenas Ram\u00edrez, con la providencia del 27 de abril de 2022, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil Municipal de esa ciudad, dentro del verbal de pertenencia promovido por la aqu\u00ed convocante contra los herederos determinados e indeterminados de Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas Ram\u00edrez y otros, porque, supuestamente, no valor\u00f3 de forma adecuada el material probatorio recaudado, lo que, de haberse efectuado, llevar\u00eda a la convicci\u00f3n de que estaban dados los requisitos para acceder a la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio en favor de la tutelante, respecto del bien inmueble all\u00ed identificado. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo, tal como lo concluy\u00f3 el tribunal en primer grado, en tanto que, del examen del pronunciamiento censurado, no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, para confirmar la sentencia del a quo, el juzgado del circuito precis\u00f3 inicialmente, en lo atinente a la valoraci\u00f3n de los testimonios se\u00f1alados como inobservados con miras a demostrar el cumplimiento del t\u00e9rmino de posesi\u00f3n exigido, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien es cierto los testimonios recibidos en primera instancia, dan cuenta que la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas Ram\u00edrez ha vivido en el inmueble objeto de Litis por m\u00e1s de diez a\u00f1os, procurando el mantenimiento del mismo, pagando impuestos y recibos de servicios p\u00fablicos, se pudo establecer que esos actos no son de due\u00f1o y se\u00f1or, sino de mero tenedor al haber convivido con su madre, se\u00f1ora Mar\u00eda Ver\u00f3nica Ram\u00edrez Cajic\u00e1, anterior titular del derecho real de dominio y con el siguiente propietario, se\u00f1or Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas Ram\u00edrez, hermano de la accionante\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al abordar los reparos expuestos por la apelante frente a la determinaci\u00f3n de primera instancia, en torno al momento a partir del cual era dable iniciar el conteo del t\u00e9rmino para adquirir por usucapi\u00f3n, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Le asiste raz\u00f3n entonces al Juez A-quo al afirmar que no se puede contar el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas Ram\u00edrez, desde que entr\u00f3 a residir con su madre en el inmueble (Enero de 2004), puesto que en el a\u00f1o 2007 la se\u00f1ora Mar\u00eda Ver\u00f3nica Ram\u00edrez Cajic\u00e1 dio en venta el mismo, a su hijo Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas Ram\u00edrez y por petici\u00f3n de esta, firm\u00f3 la escritura la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas, interrumpiendo cualquier posesi\u00f3n que pudiere alegar aquella en el inmueble. De all\u00ed que es l\u00f3gico pensar que, si la se\u00f1ora Mar\u00eda Ver\u00f3nica Ram\u00edrez Cajic\u00e1 hubiese reconocido a la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas Ram\u00edrez como due\u00f1a del predio, le hubiese elevado la escritura de venta que hizo en favor de su hijo Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas y tal como lo expres\u00f3 el se\u00f1or Juez Primero Civil Municipal de la ciudad, este t\u00edtulo no fue atacado ni intervertido por la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas, luego goza de plena validez. De all\u00ed que siguiendo el orden sucesoral, a la muerte de Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas Ram\u00edrez en el a\u00f1o 2008, el inmueble pasar\u00eda a manos de sus padres, pero como su madre Mar\u00eda Ver\u00f3nica fallece en el a\u00f1o 2009 y seg\u00fan el dicho de uno de los testigos, el padre de aqu\u00e9l, se\u00f1or Carlos C\u00e1rdenas fallece tiempo despu\u00e9s sin que est\u00e9 demostrado en el expediente la fecha exacta, la masa sucesoral debe pasar a la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas en cabeza de todos los hermanos, es decir, de la misma Mariela C\u00e1rdena y los aqu\u00ed demandados como herederos de tercer orden del causante, al no existir herederos de orden ascendiente ni descendiente\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00abEntonces, si se cuenta el tiempo de posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas despu\u00e9s del fallecimiento de su madre en el a\u00f1o 2009 a la presentaci\u00f3n de la demanda en el a\u00f1o 2017, no le alcanza el tiempo exigido por la ley para que se le declare propietaria del inmueble por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio en raz\u00f3n a la posesi\u00f3n alegada; dado que tan solo contar\u00eda con ocho a\u00f1os de posesi\u00f3n; esto sin tener en cuenta que ya existe un proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas Ram\u00edrez, en cuyo tr\u00e1mite y al momento de realizarse diligencia de secuestro, la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas se opuso al mismo, siendo \u00e9ste acto, el \u00fanico demostrativo de posesi\u00f3n real sobre el predio objeto de este proceso; por lo que este Operador judicial comparte la apreciaci\u00f3n del se\u00f1or Juez A-quo, quien expone que la posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas sobre el predio, ser\u00eda a partir del 25 de julio de 2018, d\u00eda en que se opone a que se practique la diligencia de secuestro dentro del proceso de sucesi\u00f3n de su extinto hermano Jer\u00f3nimo C\u00e1rdenas Ram\u00edrez, por lo que tampoco cumple con el tiempo requerido por la ley para que se de la prescripci\u00f3n extraordinaria a su favor <\/p>\n
Ahora, seg\u00fan los dichos de los testigos, los actos ejercidos por la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas Ram\u00edrez, no pueden ser tenidos como actos de posesi\u00f3n en el \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a, toda vez que es comprensible que, si la se\u00f1ora Mariela C\u00e1rdenas resid\u00eda en ese inmueble, pagara los servicios p\u00fablicos domiciliarios y por la edad de su madre y el problema de salud de su hermano, fuera esta quien se encargara del mantenimiento del inmueble en aras de tener una vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el despacho accionado tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso, as\u00ed como las pruebas aportadas por las partes para examinarlas y darles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, deb\u00eda confer\u00edrseles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de anteponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, como qued\u00f3 claro, se circunscribi\u00f3 al an\u00e1lisis de los planteamientos del recurso de apelaci\u00f3n y de los medios de conocimiento que aportaron las partes, que, en conjunto, le permitieron concluir a la autoridad cognoscente, que no lograba configurarse la posesi\u00f3n por el tiempo requerido para estimar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio alegada, suficiente para confirmar la decisi\u00f3n inicial. <\/p>\n
Y es que, de manera insistente, la Sala ha se\u00f1alado que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque este instrumento no fue concebido como mecanismo para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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