STC13386-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13386-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00278-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 12 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00063. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que el gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Grupo Empresarial La Aurora S.A., como propietario del establecimiento de comercio ubicado en Gu\u00e1tica (Risaralda), en procura de que se ordenara \u00abque contrate con entidad id\u00f3nea la atenci\u00f3n para la poblaci\u00f3n que manda la ley 982 de 2005\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, bajo el radicado n\u00ba 2022-00063, quien, en prove\u00eddo del 23 de marzo de 2022, admiti\u00f3 la causa tendiente a salvaguardar los derechos colectivos invocados. <\/p>\n
Expuso el promotor que, en esa instancia \u00abse incumple art 34 ley 472 de 1998 al no existir fallo en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998 al tutelado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que \u00abse ordene al tutelado fallar mi acci\u00f3n popular art 34 ley 472 de 1998, en un t\u00e9rmino no superior a 24 horas tal como lo ha ordenado la H CSJ SCC en tutela.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez Civil del Circuito enjuiciado inform\u00f3, luego de un recuento de las actuaciones por \u00e9l desplegadas, que el pasado 9 de septiembre profiri\u00f3 sentencia por medio de la cual se acogieron las pretensiones del actor. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, por su parte, se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n denunciada resulta ajena a esa dependencia del Ministerio P\u00fablico, por cuanto ni siquiera se ha verificado actuaci\u00f3n de aquella al interior de la causa que cimenta este amparo, por lo que solicita su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Finalmente, el Grupo Empresarial La Aurora S.A., defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n adelantada por la c\u00e9lula judicial accionada, tras advertir que ninguna vulneraci\u00f3n logra verificarse, motivo por el cual, solicit\u00f3 desestimar el ruego tuitivo. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la carencia actual de objeto, por hecho superado, con fundamento en que \u00abDe las pruebas allegadas al plenario (archivo \u201c18CorreoContestaci\u00f3nYLinkJuzgPromCtoChinch\u00eda\u201d -expediente digital), se tiene que, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda, el 9 de septiembre de 2022, profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la acci\u00f3n popular 2022-00063. Por lo anterior, es evidente que la pretensi\u00f3n del actor, motivo de este amparo, ya se encuentra satisfecha, en consecuencia, no hay objeto jur\u00eddico sobre el cual fallar y ser\u00eda vano adoptar en esta sede cualquier decisi\u00f3n al respecto, por la ausencia de inter\u00e9s jur\u00eddico o sustracci\u00f3n de materia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, para se\u00f1alar que \u00abtanto tarda la tutela que ni con ella nada se ampara lamentable situacion que solo con tutela se trate de cumplir terminos perentorios de tiempo apelo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinch\u00eda vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, al no haber proferido sentencia respecto de la acci\u00f3n popular n\u00b0 2022-00063, lo cual inobserva, en sentir del actor, lo consagrado por el art\u00edculo 34 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC17367-2021, 15 dic. 2021, rad. 00811-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja iusfundamental y lo que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, habida cuenta que la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada, en relaci\u00f3n con la expedici\u00f3n de la providencia que resolviera de fondo sobre la protecci\u00f3n de los intereses colectivos se\u00f1alados como conculcados, fue corregida por el estrado encartado durante el curso de esta salvaguarda, espec\u00edficamente, a trav\u00e9s de la determinaci\u00f3n de 9 de septiembre de 2022, notificada por estado n\u00ba 108 del 12 de septiembre hoga\u00f1o. <\/p>\n
Ciertamente, mediante el citado prove\u00eddo, el accionado resolvi\u00f3 \u00abPrimero: Declarar no probadas las excepciones denominadas: falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; inexistencia de norma reglamentaria que desarrolle el art\u00edculo 8 de la ley 982 de 2005; e improcedencia de la acci\u00f3n popular -inexistencia de derechos e intereses colectivos vulnerados establecidos en la ley 472 de 1998, en lo que se refiere a acciones u omisiones de Grupo Empresarial la Aurora S.A.S. sede Gu\u00e1tica, Risaralda, propuestas a trav\u00e9s de la apoderada judicial de la accionada, por lo anotado en la parte considerativa. Segundo: Declarar que el Grupo Empresarial La Aurora S.A.S. de Gu\u00e1tica, Risaralda, representada legalmente por el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Ospina Isaza, vulnera los derechos colectivos, al no contar en sus instalaciones, con int\u00e9rprete o gu\u00eda int\u00e9rprete y las se\u00f1ales de que trata la normativa ya citada. Tercero: Ordenar al Grupo Empresarial La Aurora S.A.S., sede Gu\u00e1tica, Risaralda, a trav\u00e9s de su representante legal, se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Ospina Isaza, o quien haga sus veces, que dentro de los treinta (30)d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, proceda a la implementaci\u00f3n de int\u00e9rpretes del lenguaje de se\u00f1as a las personas con discapacidad auditiva y\/o promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad ciegas y sordociegas para asegurar su acceso a la informaci\u00f3n, as\u00ed como el acceso a los nuevos sistemas y tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, incluida Internet (\u2026)\u00bb, con lo cual dispuso el impulso procesal echado de menos por el reclamante. <\/p>\n
Las circunstancias descritas son suficientes para colegir, v\u00e1lidamente, como lo hizo el tribunal a quo, que el ruego tuitivo se muestra inviable al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado, se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, en raz\u00f3n a que las circunstancias descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales del reclamante, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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