STC13387-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC13387-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01644-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
. <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 23 de agosto de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Antonio G\u00f3mez Ram\u00edrez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de esta misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00269. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, \u00abSeguridad Social (\u2026), pago oportuno y completo de la pensi\u00f3n legal\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Carlos Antonio G\u00f3mez Ram\u00edrez promovi\u00f3 declarativo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, en procura del reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00abprevista en el art\u00edculo 1 de la Ley 33 de 1985, a partir del 23 de octubre de 2011\u00bb, en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Veintid\u00f3s Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien concedi\u00f3 dicho beneficio desde el 1 de junio de 2018, \u00aben cuant\u00eda de $9.108.898\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la all\u00ed querellada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, en tanto consider\u00f3 que \u00ab[l]a pensi\u00f3n de vejez se reconoce a solicitud de la parte interesada reunidos los requisitos m\u00ednimos, pero su disfrute est\u00e1 condicionado al retiro del sistema\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el promotor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, pues advirti\u00f3 que: (i) \u00abpara el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de que trata la Ley 33 de 1985, [es exigible] la desvinculaci\u00f3n formal del sistema pensional de G\u00f3mez Ram\u00edrez\u00bb y (ii) \u00abla norma aplicable en materia de ingreso base de liquidaci\u00f3n era la Ley 100 de 1993 y no las disposiciones de la Ley 33 de 1985\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del censor, incurri\u00f3 en efecto sustantivo, toda vez que \u00abel art\u00edculo 13 del Acuerdo 049 de 1990 no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, ya que la pensi\u00f3n que se (\u2026) reconoci\u00f3 fue la prevista en el 1\u00ba de la Ley 33 de 1985 que s\u00f3lo exige los 20 a\u00f1os de servicio al Estado y el cumplimiento de los 55 a\u00f1os de edad sin condicionar su causaci\u00f3n a ning\u00fan otro requisito o a la desafiliaci\u00f3n a alg\u00fan sistema\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abno se encuentra raz\u00f3n ni fundamento para la anulaci\u00f3n de la sentencia y menos, cuando lo que ahora pretende el accionante es revivir el conflicto jur\u00eddico ordinario que ya fue resuelto por el juez natural y su legalidad y constitucionalidad fue confirmada por esta Sala de la Corte como organismo de cierre\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones refiri\u00f3 que \u00abno puede atender lo solicitado por el accionante en el presente tr\u00e1mite (\u2026), teniendo en cuenta que (\u2026) no va dirigido contra esta Administradora y adem\u00e1s no se tienen la competencia para entrar a responder por lo requerido\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., se\u00f1al\u00f3 que \u00abla tutela de la referencia NO se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abla providencia atacada por la v\u00eda de amparo, respondi\u00f3 a las consideraciones del caso concreto y no puede pretender CARLOS ANTONIO G\u00d3MEZ RAM\u00cdREZ convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una controversia legal que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela, la cual fue analizada por la autoridad demandada en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente sin manifestar motivos adicionales de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (SL450-2022, rad. 87849), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos, en los que se acus\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal de ser \u00abdirectamente violatoria, por INTERPRETACI\u00d3N ERR\u00d3NEA [y aplicaci\u00f3n indebida] (\u2026) del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 33 de 1985, infracci\u00f3n legal que produjo la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 21 de la Ley 100 de 1993 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios (1\u00ba del Decreto 758 de 1990), en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 31 y 36 de la Ley 100 de 1993, 1\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005, 48 de la CP y 2\u00ba del Decreto 4937 de 2009\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00abPara la censura el fallador colegiado se equivoc\u00f3 al exigir la desafiliaci\u00f3n formal del sistema general de pensiones como presupuesto para ordenar el pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, pues, en su sentir, tal requisito es para quienes persigan el pago de la prestaci\u00f3n por vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 en lo pertinente las sentencias SL6398-2016, SL163-2018, SL3277-2019, para colegir que \u00ab[d]e conformidad con el criterio jurisprudencial expuesto, no se equivoc\u00f3 el ad quem al exigir, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de que trata la Ley 33 de 1985, la desvinculaci\u00f3n formal del sistema pensional de G\u00f3mez Ram\u00edrez, pues se acogi\u00f3 al precedente fijado por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi bien esta Corporaci\u00f3n, ante situaciones particulares y excepcionales, ha considerado la viabilidad de ordenar el reconocimiento de la pensi\u00f3n en momento anterior a la desvinculaci\u00f3n del afiliado, tal verificaci\u00f3n implica el estudio de las pruebas calificadas en casaci\u00f3n y allegadas oportunamente al proceso, a efectos de determinar si el demandante despleg\u00f3 alguna conducta tendiente a no continuar vinculado al sistema o si la entidad de seguridad social fue renuente al reconocimiento de la prestaci\u00f3n, lo que no es posible por la senda de ataque seleccionada\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 analizando el segundo cargo, en el que el promotor reproch\u00f3 que \u00abla continuidad en las cotizaciones no es impedimento para ordenar el pago de la referida pensi\u00f3n oficial a partir del cumplimiento de los requisitos, pues permite una eventual subrogaci\u00f3n por la pensi\u00f3n de vejez\u00bb y al respecto refiri\u00f3 que \u00abtal discusi\u00f3n es novedosa, pues no se propuso en las instancias, por ende, inaceptable en este tr\u00e1mite extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre la forma de establecer el valor de la mesada pensional, la autoridad enjuiciada se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a decisi\u00f3n del juez plural se acompasa con la l\u00ednea jurisprudencial reiterada, uniforme y pac\u00edfica de esta Sala (CSJ SL, 15 feb. 2011, rad. 43336, CSJ SL, 10 may. 2011, rad. 37929, CSJ SL12845-2015, CSJ SL9808-2016, CSJ SL12419-2017, CSJ SL3106-2018, CSJ SL193-2019, entre otras), seg\u00fan la cual el r\u00e9gimen de transici\u00f3n regulado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 solo conserv\u00f3 a sus beneficiarios lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto porcentual de la prestaci\u00f3n; los dem\u00e1s aspectos, tales como el ingreso base de liquidaci\u00f3n, quedaron sometidos al imperio normativo de la nueva ley de seguridad social, de modo que no es posible acudir a disposiciones precedentes\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, arguy\u00f3 que \u00abel ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de las personas beneficiarias del r\u00e9gimen de transici\u00f3n que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993 les faltare menos de 10 a\u00f1os para adquirir el derecho, se rige por lo previsto en el inciso 3.\u00b0 del art\u00edculo 36 ibidem y, para aquellos que les faltare 10 a\u00f1os o m\u00e1s para consolidar su derecho, se liquida de acuerdo con lo contemplado en el art\u00edculo 21 del mismo precepto legal\u00bb. <\/p>\n
De esta manera concluy\u00f3 que \u00abal haber definido el juez plural que la norma aplicable en materia de ingreso base de liquidaci\u00f3n era la Ley 100 de 1993 y no las disposiciones de la Ley 33 de 1985, no incurri\u00f3 en ning\u00fan error, pues lo cierto es que la base salarial deb\u00eda liquidarse con fundamento en la nueva ley de seguridad social\u00bb, por lo que desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 14 de septiembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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