STC13391-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13391-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Cer\u00f3n Alzate contra la Corte Constitucional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y su Delegatura para Asuntos Penales, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y su Direcci\u00f3n Anticorrupci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Presidencia de la Rep\u00fablica, el Congreso de la Rep\u00fablica y su Comisi\u00f3n de Derechos Humanos, la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n, toda vez que, el 12 de julio hoga\u00f1o, present\u00f3 una solicitud ante la Corte Constitucional, con la que procur\u00f3 que esa colegiatura intercediera en su favor y \u00aboficiara\u00bb a varios organismos internacionales para exponer sus condiciones personales y los tr\u00e1mites que ha agotado ante el Estado colombiano para \u00abdemostrar\u00bb su inocencia en relaci\u00f3n con los delitos por los cuales se encuentra privado de la libertad; pero, a la fecha de interponer el amparo, no habr\u00eda recibido una respuesta acorde a sus pedimentos. <\/p>\n
2. En tal virtud, pidi\u00f3 \u00abque en un plazo perentorio proceda a darme respuesta oportuna, de fondo, suficiente, clara, precisa, completa y correspondiente\u00bb y que se corra traslado de su requerimiento a los entes de control y dem\u00e1s autoridades \u00abcompetentes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de la C\u00e1mara de Representantes del Congreso de la Rep\u00fablica manifest\u00f3 que \u00abdespu\u00e9s de verificar todo el inventario documental, archivo y base de datos de esta Comisi\u00f3n, no se registra existencia alguna de peticiones instauradas por el accionante JUAN CARLOS CERON ALZATE, y mucho menos de las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia adujo que \u00abno ha recibido petici\u00f3n alguna del se\u00f1or Juan Carlos Cer\u00f3n Alzate, como quiera que al revisar el buz\u00f3n electr\u00f3nico de esta Presidencia no encontr\u00f3 registro de mensaje de datos por parte del se\u00f1or Juan Carlos Cer\u00f3n Alzate. Adicional a ello, el actor no hace menci\u00f3n de que su petici\u00f3n hubiese sido radicada ante esta presidencia\u00bb. <\/p>\n
3. Una abogada adscrita a la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 D.C. precis\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00aben la entidad no hay antecedentes sobre el tema\u00bb. <\/p>\n
4. La Presidencia de la Corte Constitucional expuso que \u00aba trav\u00e9s de los oficios ECC2022- 0650 y 4851, los cuales se adjuntan, le indic\u00f3 al accionante que en virtud del art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica este Tribunal solo se pronuncia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales y tales pronunciamientos se adoptan a trav\u00e9s de autos o sentencias que se profieren en ejercicio de control abstracto de constitucionalidad de la ley, o en ejercicio del control concreto mediante la eventual revisi\u00f3n de las acciones de tutelas. 4.3. En los anteriores t\u00e9rminos, se advierte que esta Corporaci\u00f3n de manera alguna ha vulnerado el derecho fundamental invocado por el se\u00f1or Juan Carlos Cer\u00f3n \u00c1lzate toda vez que ha tramitado y respondido en t\u00e9rmino, las peticiones formuladas\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abpor lo anterior, se procedi\u00f3 a requerir a la dependencia en menci\u00f3n, la cual mediante Oficio del 27 de septiembre de 2022 inform\u00f3: \u201c\u20261.- En atenci\u00f3n a petici\u00f3n elevada por el se\u00f1or JUAN CARLOS CER\u00d3N ALZATE, encontramos luego de analizar la solicitud contenida en su escrito que manifiesta una serie de situaciones permiten inferir que el prop\u00f3sito del peticionario era dejar sin efecto la sentencia por medio de la cual fue condenado, por considerar que se trat\u00f3 de un \u201cfalso positivo judicial\u201d, misma que ya se encontraba ejecutoriada, entendi\u00e9ndose entonces que pretend\u00eda que se ejerciera Acci\u00f3n de Revisi\u00f3n a su sentencia. 2.- Se brind\u00f3 respuesta seg\u00fan los documentos adjuntos, inform\u00e1ndole que una vez revisados los documentos aportados no se evidenciaba causal alguna de las consagradas en el art\u00edculo 192 de la norma adjetiva penal; sin embargo, encontr\u00e1ndose la carpeta bajo seguimiento del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, dimos traslado de la solicitud al Procurador 30 Judicial I de Apoyo a V\u00edctimas, quien ejerc\u00eda las funciones de Ministerio P\u00fablico ante ese despacho judicial, con la finalidad que revisara la actuaci\u00f3n, teniendo en cuenta las afirmaciones y que verificara si advert\u00eda la necesidad de la concurrencia del Ministerio P\u00fabico en ejercicio de una eventual Acci\u00f3n de Revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. La Presidencia del Consejo de Estado indic\u00f3 que \u00abrevisado el Sistema de Gesti\u00f3n de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales del Consejo de Estado-SIGOBius no se advierte que el se\u00f1or Juan Carlos Cer\u00f3n Alzate haya presentado alguna petici\u00f3n ante esta Corporaci\u00f3n, o que se haya recibido a partir de alguna remisi\u00f3n efectuada por otra entidad o autoridad judicial\u00bb. <\/p>\n
Con todo, resalt\u00f3 que \u00abno ha incurrido, por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, en la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n que se invoca, en la medida en que no ha recibido ninguna petici\u00f3n que deba ser contestada y el tr\u00e1mite de tutela que se menciona surti\u00f3 la instancias que determina la normativa aplicable; de manera que las razones del \u00abarchivo\u00bb del expediente en la Corte Constitucional que se\u00f1ala en accionante en la demanda de tutela, podr\u00edan referirse a la no selecci\u00f3n del expediente para el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n, actuaci\u00f3n de la que deber\u00e1 dar cuenta esa Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep\u00fablica arguy\u00f3 que \u00abuna vez consultado el sistema de radicaci\u00f3n de correspondencia de la Presidencia de la Rep\u00fablica se encuentra en relaci\u00f3n con los hechos se\u00f1alados por el accionante que: EXT21-00111838: (\u2026) recibi\u00f3 la comunicaci\u00f3n remitida por el se\u00f1or Cer\u00f3n en la que solicita intervenci\u00f3n ante una entidad p\u00fablica. Mediante el oficio OFI21-00131652 \/ IDM 12000002 del 14 de septiembre se le inform\u00f3 al se\u00f1or Cer\u00f3n que: \u201cla Presidencia de la Rep\u00fablica de conformidad con el Decreto 1784 de 2019, no tiene facultad alguna para otorgar beneficios carcelarios, rebajas de condenas o modificaciones a las decisiones judiciales (\u2026). En consecuencia, esta entidad no puede acceder a su petici\u00f3n. Sin embargo, hemos dado traslado a la Defensor\u00eda del Pueblo, con fundamento en las funciones que le corresponden a la citada Entidad (\u2026)\u201d Lo anterior, con el fin de evidenciar que la Presidencia de la Rep\u00fablica no ha vulnerado ning\u00fan derecho del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental de petici\u00f3n que le asiste al libelista, por, supuestamente, no haber atendido la solicitud que formul\u00f3 el pasado 12 de julio de 2022, tendiente a \u00abesclarecer\u00bb su situaci\u00f3n jur\u00eddica y \u00aboficiar\u00bb a organismos internacionales. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por el memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine a la Corte Constitucional a dar respuesta a la petici\u00f3n que el gestor present\u00f3 el 12 de julio de 2022, en la que, de forma et\u00e9rea, expuso su situaci\u00f3n jur\u00eddica y algunos aspectos relacionados con la comisi\u00f3n del punible por el cual se encuentra privado de la libertad, con el prop\u00f3sito de que esa corporaci\u00f3n \u00aboficiara\u00bb a varios organismos internacionales; frente a lo cual, con documento n.\u00ba 2022-2514 de 25 de julio \u2013notificado al d\u00eda siguiente\u2013, la citada colegiatura contest\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEn virtud de las funciones que la Presidenta de la Corte Constitucional me ha delegado, de manera atenta respondo la comunicaci\u00f3n de la referencia, en la que solicita compulsar copias a varias entidades internacionales para que sea \u201cesclarecimiento (sic) del homicidio del dirigente pol\u00edtico Dr. Manuel Jos\u00e9 Reina Collazos, hechos que ocurrieron el 25 de febrero de 2008\u201d. <\/p>\n
Sobre su comunicaci\u00f3n, de manera respetuosa le informo que este Tribunal solo se pronuncia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales previstas en el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. De conformidad con dicha norma, tales pronunciamientos se adoptan a trav\u00e9s de autos o sentencias que se profieren en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de la ley, o en ejercicio del control concreto mediante la eventual revisi\u00f3n de las acciones de tutela. <\/p>\n
Debido a lo anterior, no es posible emitir un pronunciamiento frente a su comunicaci\u00f3n, toda vez que la misma no se circunscribe a los referidos controles jurisdiccionales. Es decir, no est\u00e1 planteada en el marco de un caso particular cuyo conocimiento corresponda a la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, deviene di\u00e1fano para esta Sala que, con independencia del sentido desfavorable de la resoluci\u00f3n rese\u00f1ada, el Tribunal Constitucional dio respuesta al aqu\u00ed libelista \u2013incluso con antelaci\u00f3n a la formulaci\u00f3n del amparo\u2013, precis\u00e1ndole que, en atenci\u00f3n a sus competencias constitucionales, no le es posible oficiar a organismos internacionales para \u00abesclarecer\u00bb los hechos por los cuales el interesado fue procesado y condenado, por lo que, en esas condiciones, no se evidencia la vulneraci\u00f3n iusfundamental endilgada. <\/p>\n
3.2. De otra parte, en lo que respecta a la pretensi\u00f3n de que remitan sus comunicaciones a los entes de control y dem\u00e1s vinculadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, colige la Sala que nada obsta para que el censor acuda directamente ante las autoridades para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela propuesta por Juan Carlos Cer\u00f3n Alzate, comoquiera que no se acredit\u00f3 la existencia de una amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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