STC13407-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13407-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-03345-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cinco de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Margarita Alonso Garnica contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2019-00169. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, \u00aben nombre propio\u00bb, procura la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y legalidad. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narra que en la causa 2019-001691, el juzgado cognoscente no tuvo en cuenta las notificaciones que del auto admisorio aduce haber realizado a una de las demandadas, Trucks By Colombia S.A.S., lo cual motiv\u00f3 que decretara su terminaci\u00f3n el 15 de diciembre de 20212, por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil del Colegiado accionado el 19 de julio de los cursantes3. <\/p>\n
3. La censora tacha de irregular las decisiones adoptadas por los juzgadores de instancia, pues considera, en s\u00edntesis, que no se reun\u00edan los presupuestos para finiquitar la controversia por desistimiento t\u00e1cito, por cuanto \u00abpresent\u00f3 notificaciones e impulsos lo cual traduce que el t\u00e9rmino para el decreto del desistimiento t\u00e1cito se interrumpi\u00f3, Al realizar los actos procesales propios para continuar el proceso\u00bb; conforme a ello, se extrae que la tutelante pretende que se dejen sin efectos las determinaciones que en ese sentido se emitieron. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado derecho alguno a la accionante, pues lo resuelto se \u00abencuentra en armon\u00eda con las disposiciones procesales que ha establecido el legislador sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 tambi\u00e9n defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Equidad Seguros Generales se opuso a la prosperidad del ruego, ya que el decurso censurado se ajust\u00f3 a lo prescrito en la ley y con pleno respeto de las garant\u00edas de todos quienes en \u00e9l intervinieron. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se dejen sin efectos los autos proferidos el 15 de diciembre de 2021 y el 19 de julio de 2022 por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, en la causa civil de radicado 2019-00169, que corresponde al proceso impulsado por la se\u00f1ora Amalia Mu\u00f1oz Bedoya en contra de Trucks By Colombia S.A.S. y Seguros Generales La Equidad. <\/p>\n
2. El amparo solicitado se desestimar\u00e1, por improcedente, en tanto la peticionaria no est\u00e1 legitimada para reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores que denuncia como trasgredidas por los falladores accionados y no alleg\u00f3 poder especial que la faculte para intervenir en esta sede extraordinaria; tampoco aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso de la persona autorizada para impulsar la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, la norma establece que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya) (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
De igual forma, esta Sala ha dicho: <\/p>\n
En ese orden, son los sujetos procesales los legitimados para acudir a la acci\u00f3n de tutela que se intente contra las decisiones adoptadas en el respectivo juicio, de manera que cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que <\/p>\n
todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)4. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se habr\u00edan vulnerado en el juicio rebatido; no obstante, revisadas las piezas allegadas se advierte que aquella no es parte en dicho tr\u00e1mite, pues tal calidad la ostentan Amalia Mu\u00f1oz Bedoya, demandante, a quien la tutelante represent\u00f3 judicialmente, y Trucks By Colombia S.A.S. y Seguros Generales La Equidad, como accionados. <\/p>\n
Luego, la promotora carece de legitimaci\u00f3n para proponer la acci\u00f3n de tutela que se examina, por no ser ella la titular de las prerrogativas presuntamente vulneradas y, por tanto, no puede actuar \u00aben nombre propio\u00bb. <\/p>\n
Y, si en gracia de discusi\u00f3n se pudiera entender que impulsa la tutela en representaci\u00f3n de la all\u00ed demandante, tampoco est\u00e1 acreditada la legitimaci\u00f3n por activa, pues la actora no alleg\u00f3 el poder especial requerido, en los t\u00e9rminos de la normativa y la jurisprudencia citada, y no aleg\u00f3 ni acredit\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso de aquella, lo cual impide analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
3. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Que corresponde, seg\u00fan la informaci\u00f3n suministrada por los accionados, a un proceso declarativo de responsabilidad civil impulsado por la se\u00f1ora Amalia Mu\u00f1oz Bedoya en contra de Trucks By Colombia S.A.S. y Seguros Generales La Equidad. <\/p>\n
2\u0002 Ese auto lo ratific\u00f3 el juzgado del circuito convocado mediante pronunciamiento de 27 de mayo de los cursantes. <\/p>\n
3\u0002 De acuerdo con la informaci\u00f3n allegada al proceso. <\/p>\n
4\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
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