STC13621-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13621-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03323-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por John Freddy P\u00e9rez Rojas contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, el Director de la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n de Sanidad de la misma entidad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerado por los estrados accionados, con la decisi\u00f3n de fondo tomada dentro de la acci\u00f3n de tutela identificada con el radicado 11001-31-10-002-2022-00561-01. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se ordene \u00absean revocadas las decisiones tomadas en fallos emitidos por las accionadas, que deneg[aron] el amparo de [sus] derechos fundamentales, con el fundamento de que (\u2026) cuenta con otros medios jur\u00eddicos como lo es acudir a la jurisdicci\u00f3n [contencioso] administrativa, a la cual ya ha acudido en acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento de derecho\u00bb <\/p>\n
Que en consecuencia se ordene a la Direcci\u00f3n General y de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional \u00abel restablecimiento al sistema de seguridad social en salud (\u2026); actualizar [su] porcentaje de disminuci\u00f3n psicof\u00edsica (\u2026); asigne y pague (\u2026) pensi\u00f3n de invalidez (\u2026); se ordene que las mesadas causadas con anterioridad a la fecha en que sea reconocida la prestaci\u00f3n de invalidez se someter\u00e1n a decisi\u00f3n judicial que se tomar\u00e1 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, actualmente tramitado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Afirma el gestor que a pesar de que es una persona invidente, dentro del referido tr\u00e1mite el juzgado y la colegiatura accionados le negaron el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, pese a que perdi\u00f3 el 83.4% de su capacidad laboral, seg\u00fan dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez Regional de Bogot\u00e1 y Cundinamarca de 28 de julio de 2022, pedimento al cual no se accedi\u00f3 por un \u00abexceso ritual manifiesto por una renuencia consciente de la verdad jur\u00eddica objetiva evidente de los hechos\u00bb. <\/p>\n
2.2. Narra que ingres\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional en \u00abcondiciones f\u00edsicas excelentes\u00bb, pero en el a\u00f1o 1997 tuvo un accidente de trabajo por la ca\u00eda de un muro en su humanidad, y la junta m\u00e9dico laboral dictamin\u00f3, entre varias dolencias, una disminuci\u00f3n de su campo visual y le asign\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 30.25%, resultado modificado por la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 para para asignarle una disminuci\u00f3n del 42.5%, padecimiento que se agrav\u00f3 con los a\u00f1os al punto de dejarlo ciego e impedirle emplearse. <\/p>\n
2.3. Expone que, pese al progresivo deterioro de su salud visual, auditiva y limitaciones funcionales orgn\u00e1nicas, en los a\u00f1os 2008 y 2010 la Polic\u00eda Nacional se neg\u00f3 a convocar otra junta m\u00e9dico laboral y a habilitarle los servicios m\u00e9dicos de la instituci\u00f3n; en el 2015 guard\u00f3 silencio frente a similar solicitud y; en el 2018 ante su petici\u00f3n para que le reconociera adem\u00e1s de lo anterior la pensi\u00f3n de invalidez, emiti\u00f3 respuesta negativa, <\/p>\n
2.4. Afirma que por la situaci\u00f3n present\u00f3 acci\u00f3n de tutela conocida por el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo de Bogot\u00e1, consecutivo 2019-00031-00, que el 28 de febrero de 2019 accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n reclamada y le orden\u00f3 a la instituci\u00f3n recalificar su p\u00e9rdida de capacidad laboral, la cual en agosto de 2021 arroj\u00f3 un 49.4%, por no haberse calificado las \u00absecuelas y progresividad\u00bb de sus patolog\u00edas, decisi\u00f3n contra la cual interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, pero fue confirmada el 2 de noviembre de 2021 por el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1ala que, tras agotar infructuosamente el requisito de conciliaci\u00f3n con la Polic\u00eda Nacional y el Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar, present\u00f3 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado 25000234200020220048100, con el fin de reclamar la pensi\u00f3n de invalidez, para lo cual obtuvo dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 que arroj\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 83.4%. <\/p>\n
2.6. Sostiene que con base en dicho dictamen present\u00f3 tutela con que reclam\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, la cual fue negada el 12 de agosto de 2022 por el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 7 de septiembre siguiente la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, con fundamento en que deb\u00eda exponer su inconformidad ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, protecci\u00f3n tutelar que intent\u00f3 tambi\u00e9n ante la especialidad laboral, pero le fue negada el 20 de septiembre de 2022 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, por cosa juzgada, debido a la decisi\u00f3n emitida por los estrados de familia. <\/p>\n
2.7. Asevera que es necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional para obtener la pensi\u00f3n, mientras ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa discute la nulidad de los actos administrativos de evaluaci\u00f3n de su p\u00e9rdida de capacidad laboral, pues a pesar de que el ente calificador reconoce que sus lesiones fueron causadas en desarrollo de sus actividades dentro de la Polic\u00eda Nacional, no reconoce las secuelas generadas por las mismas, las cuales est\u00e1n constatadas en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y lo tienen en estado de indefensi\u00f3n, situaci\u00f3n que en su criterio justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el acceso al expediente de la acci\u00f3n de tutela cuestionada. <\/p>\n
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho promovido por el aqu\u00ed accionante contra la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Defensa Nacional \u2013 Polic\u00eda Nacional \u2013 Direcci\u00f3n de Sanidad Policial y otro, pero lo remiti\u00f3 por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. Un profesional universitario de la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 que se desvincule a la entidad por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 12 de agosto de 2022 dict\u00f3 sentencia con que neg\u00f3 el amparo solicitado por el gestor decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 7 de septiembre siguiente la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asunto Civiles solicit\u00f3 se estudie si existe temeridad del actor en la formulaci\u00f3n de la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
7. El Jefe del \u00c1rea de Prestaciones Sociales de la Polic\u00eda Nacional indic\u00f3 que por los mismos motivos el actor radic\u00f3 acciones de tutela ante las especialidades de familia y laboral; puntualiz\u00f3 que han transcurrido 23 a\u00f1os desde que \u00e9ste se desvincul\u00f3 de la entidad; que no se ha radicado ninguna solicitud ante el Grupo de Pensiones del \u00c1rea de Prestaciones Sociales de la Secretar\u00eda General, pese a ser la dependencia competente; que, en todo caso, no puede otorgar un reconocimiento pensional que se encuentra fuera de la \u00f3rbita de sus funciones; y, que el concepto de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez es incompatible con las normas que rigen el sistema de salud de la entidad, que asignan esa funci\u00f3n al Tribunal M\u00e9dico Laboral de Revisi\u00f3n Militar y de Polic\u00eda. <\/p>\n
8. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que las inconformidades elevadas por el accionante se dirigen contra el fallo de tutela dictado la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 7 de septiembre de 2022, que confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 12 de agosto anterior del Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, con que se neg\u00f3 el amparo por aquel promovido contra el Director de la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n de Sanidad de la misma instituci\u00f3n, por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo evidenciado cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica, al encontrar la Sala que ya fue debatida en otra ocasi\u00f3n a trav\u00e9s de un mecanismo del mismo linaje constitucional del presente. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soport\u00f3 la sentencia constitucional ahora cuestionada con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que deviene insatisfecho el requisito de subsidiariedad en el sub examine, pues el ahora accionante a\u00fan puede acudir en forma directa ante la Corte Constitucional en busca de insistir en la eventual revisi\u00f3n del fallo supralegal de que se duele (y, por ende, de las providencias all\u00ed analizadas), m\u00e1xime si se pone de relieve que a la fecha ni siquiera aparecen remitidas a Sala de Selecci\u00f3n de dicha Corporaci\u00f3n las foliaturas correspondientes al descrito dossier. <\/p>\n
No en vano, en un asunto con cierta simetr\u00eda, esta Magistratura doctrin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la querellante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las irregularidades que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o su falta de notificaci\u00f3n, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo. <\/p>\n
(\u2026) sobre la viabilidad de exponer inconsistencias formales por v\u00eda de revisi\u00f3n al fallo de resguardo, la misma Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado[:] <\/p>\n
(\u2026) el mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencia de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio constituyente, es el de revisi\u00f3n\u2026\u201d, que \u201c\u2026incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela\u2026\u201d, que deben ser corregidas en ese tr\u00e1mite, adem\u00e1s de que cualquier afectado e inconforme con una decisi\u00f3n en estas acciones, puede acudir ante esa Corporaci\u00f3n para solicitar su revisi\u00f3n (fallo SU-1219 de 21 de noviembre de 2001). Sentencia de 28 de sep. 2007, exp. 01495-00, citada el 26 de en. 2012, rad. 2011-02523-01 y el 10 abr. 2014, rad. 00654-00, STC1673-2014, 13 ag. exp. 01761-00) (Resaltado con intenci\u00f3n. CSJ STC, 8 oct. 2014, rad. 02195-00; STC8658, 14 may. 2021, rad. 02101-00). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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