STC13622-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC13622-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 15693-22-08-000-2022-00136-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que la accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 23 de agosto de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Doris del Rosario Molina Mora contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que dice vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitar ordenar al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, \u00ab[l]e sea aceptada la correcci\u00f3n monetaria basada en el \u00cdndice de Precios al Consumidor \u201cIPC\u201d, as\u00ed como la liquidaci\u00f3n de intereses\u00bb y adem\u00e1s \u00abse compulsen copias requeridas y necesarias para que solicite ese Despacho Judicial a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se inicie a la mayor brevedad posible la investigaci\u00f3n correspondiente por el delito anunciado y cometido por el se\u00f1or Nairo Armando Fonseca L\u00f3pez, en asocio con los familiares y c\u00f3mplices que se prestaron para este fraude penal\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La accionante adelanta proceso ejecutivo contra Nairo Armando Fonseca L\u00f3pez y Rufina L\u00f3pez de Fonseca ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, para la ejecuci\u00f3n de la sentencia emitida en proceso declarativo previo, actuaci\u00f3n aquella dentro de la cual el 5 de septiembre de 2006 se libr\u00f3 mandamiento de pago, el 14 de agosto de 2012 fue embargado un inmueble de propiedad del demandado y el 11 de febrero de 2013 fue secuestrado, diligencia \u00e9sta a la cual se opuso Edgar Chaparro Cely alegando ser due\u00f1o del bien, quien presento unos documentos que \u00aba la postre resultaron ser falsos\u00bb, por lo cual la oposici\u00f3n fue rechazada mediante decisi\u00f3n confirmada el 3 de octubre de 2017 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa <\/p>\n
2.2. Se\u00f1ala la accionante que han sido m\u00faltiples las actuaciones de los demandados para dilatar el proceso en su contra, caus\u00e1ndole un perjuicio patrimonial, por lo cual en febrero de 2021 radic\u00f3 ante el juzgado liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito que compensaba la desvalorizaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n reconocida a su favor, pero la misma fue rechazada. <\/p>\n
2.3. Agrega que el 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021 radic\u00f3 peticiones al juzgado solicitando informaran si por la demora en el proceso se hab\u00eda entablado denuncia penal por fraude procesal en contra de Nairo Armando Fonseca L\u00f3pez, pero su requerimiento fue rechazado y se le acus\u00f3 de dirigirse al estado con \u00abexpresiones injuriosas\u00bb. <\/p>\n
2.4. Expone que en proceso adelantado contra Nairo Armando Fonseca L\u00f3pez ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Duitama, se decret\u00f3 el embargo de los remantes de la ejecuci\u00f3n en comento y el salario del deudor, lo cual, afirma, constituye un fraude procesal, porque dicho decurso es adelantado por la c\u00f3nyuge de \u00e9ste, en representaci\u00f3n de su hija, pese a que conviven bajo el mismo techo y ella tiene a su nombre los bienes de su esposo. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Nairo Armando Fonseca expuso que dentro de la ejecuci\u00f3n la aqu\u00ed accionante no pidi\u00f3 el pago de intereses sobre el capital, por lo cual en el mandamiento de pago de 5 de septiembre de 2006 el juzgado no libr\u00f3 ninguna orden de pago por ese concepto, de ah\u00ed que la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito correspondiera a una suma determinada de capital. <\/p>\n
En cuanto a las peticiones de la actora, indic\u00f3 que no fueron atendidas por el juzgado, porque \u00e9sta las elev\u00f3 sin la mediaci\u00f3n de un abogado, adem\u00e1s de que puede presentar directamente las denuncias penales que considere pertinentes. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que debido al proceso que contra la aqu\u00ed accionante adelanta la hija de \u00e9sta, al parecer simulado, el juzgado le entreg\u00f3 una considerable suma de dinero embargada. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del proceso cuestionado, dentro del cual se resalta que el 13 de septiembre de 2018 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, el 5 de abril de 2021 se resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n contra la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, decisi\u00f3n mantenida el 5 de mayo siguiente y confirmada en sede de apelaci\u00f3n el 24 de septiembre posterior por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, lo que deja en evidencia que la solicitud de protecci\u00f3n incumple con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo neg\u00f3 el amparo por incumplir el requisito de procedibilidad de la inmediatez, porque la gestora pretende rebatir el mandamiento de pago dictado dentro del asunto, el cual se profiri\u00f3 \u00abhace m\u00e1s de 15 a\u00f1os\u00bb, sin exponer motivo alguno para la tardanza verificada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, insistiendo \u00fanicamente en que el juzgado accionado no ha resuelto sus peticiones, donde le solicit\u00f3 copia de la \u00abposible denuncia\u00bb interpuesta para investigar al ejecutado por el delito de fraude procesal, pese a que \u00e9ste dilata el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener respuesta oportuna, coherente y sim\u00e9trica con el tenor de la solicitud. As\u00ed mismo, el contenido de la respuesta deber\u00e1 ser adecuado, es decir, \u00e9ste ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable, adem\u00e1s de que ella ha de ser suministrada de manera completa frente a todos los interrogantes planteados y comunicada al peticionario. <\/p>\n
2. Deviene, circunscrito el debate a los reparos impugnatorios, que la gestora se duele porque no fue emitida respuesta a las peticiones que elev\u00f3 el 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama, con que busc\u00f3 que dicho estrado le enviara copia de la \u00abposible denuncia penal\u00bb por fraude procesal, que debi\u00f3 presentar contra Nairo Armando Fonseca L\u00f3pez, dentro del proceso ejecutivo adelantado contra \u00e9ste por aquella. <\/p>\n
3. Tocante a la premisa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Se destac\u00f3. CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867, reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
3.1. Bajo el prenotado contexto, se tiene que las solicitudes elevadas por la ahora quejosa ante el estrado requerido, fueron resueltas por esa autoridad mediante auto del d\u00eda 13 de diciembre de 2021, \u00abdentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial\u00bb (proceso ejecutivo individualizado l\u00edneas atr\u00e1s). <\/p>\n
Providencia en la que, en lo medular, se previno: <\/p>\n
Memoriales provenientes de la demandante Doris del Rosario Molina y allegados por el correo electr\u00f3nico intercom2pote@gmail.com, incluido derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a estos \u00faltimos escritos, se advierte que la demandante no anex\u00f3 copia de tarjeta profesional, ni tampoco existe prueba en el expediente de ser abogada titulada, como para que pueda actuar a nombre propio ante esta categor\u00eda de juzgados, tal como lo consagra el Decreto 196 de 1971, \u201cEstatuto del Abogado\u201d, el que en sus art\u00edculos 24 y 25 del cap\u00edtulo 1\u00ba t\u00edtulo III, en su orden dispone; <\/p>\n
\u201cARTICULO 24. No se podr\u00e1 ejercer la profesi\u00f3n de abogado ni anunciarse como tal sin estar inscripto y tener vigente la inscripci\u00f3n. <\/p>\n
ARTICULO 25. Nadie podr\u00e1 litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto. <\/p>\n
La violaci\u00f3n de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estar\u00e1n sujetos a las sanciones se\u00f1aladas para el ejercicio ilegal de la abogac\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se avizora que la demandante carece de derecho de postulaci\u00f3n, al no ostentar la condici\u00f3n de profesional del derecho, encontr\u00e1ndose por dem\u00e1s representada por uno que s\u00ed la ostenta y quien ha venido actuando dentro del proceso en defensa de sus intereses, raz\u00f3n suficiente para que este despacho se abstenga de realizar pronunciamiento alguno sobre el escrito proveniente de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, resulta improcedente, pronunciamiento alguno por parte del despacho sobre dicho particular. <\/p>\n
Con todo, es del caso recordarle a las partes y a sus apoderados, que dentro de sus deberes est\u00e1 el de \u201cAbstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de \u00e9ste, a las partes y a los auxiliares de la justicia.\u201d (negrilla fuera de texto), tal como lo prev\u00e9 el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 78 del C.G.P., so pena de hacerse acreedores a las sanciones a que hubiere lugar por virtud de su desatenci\u00f3n. (art. 44 ib\u00eddem). <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, y de cara al debido proceso, como la trasgresi\u00f3n atribuida es inexistente \u2013toda vez que antes de la tramitaci\u00f3n tutelar se produjo la contestaci\u00f3n echada de menos\u2013, ning\u00fan tipo de injerencia al respecto encontrar\u00eda raz\u00f3n de cabida; acerca de lo que esta Sala tiene delineado: <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que <\/p>\n
\u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
4. Valga resaltar que, si la inconformes considera que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido la autoridad acusada o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
5. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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