STC13623-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13623-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03014-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n doce de octubre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que el Conjunto Residencial Quintas de Altalucia PH instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, extensiva al Juzgado 9\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2019-00313-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La copropiedad gestora pretende que se declaren nulas las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por los despachos accionados (30 abril 2021 y 3 marzo 2022) y, en consecuencia, se ordene seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Subsidiariamente solicit\u00f3 que se ordene que el pago de las expensas comunes de administraci\u00f3n se cancelen conforme a los metros cuadrados que tiene la manzana K y no de acuerdo al coeficiente que representa el edificio multifamiliar en el reglamento de propiedad horizontal. <\/p>\n
En sustento adujo que, en el a\u00f1o 2018, el Conjunto Residencial Quintas de Altalucia PH instaur\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Jos\u00e9 Ignacio Guti\u00e9rrez Palacio, con el fin de obtener el pago de las expensas comunes de administraci\u00f3n causadas desde el mes de mayo de 2007 hasta junio de 2018 y las que en lo sucesivo se generaran. El asunto le correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado 1\u00ba de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Cartagena, despacho que por acumulaci\u00f3n remiti\u00f3 el expediente al Juzgado 9\u00ba Civil del Circuito de la misma ciudad, quien profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito de inexistencia de causa de la obligaci\u00f3n ejecutada y el cobro de lo no debido (30 abril 2021); aunque la copropiedad promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n (3 marzo 2022). <\/p>\n
A juicio del censor, las autoridades judiciales pasaron por alto que Jos\u00e9 Ignacio Guti\u00e9rrez Palacio, por ser propietario y por tener el uso y disfrute de las \u00e1reas comunes de la copropiedad, debe pagar las expensas comunes de administraci\u00f3n que por mandato de la ley 675 de 2001, deben tasarse de acuerdo al coeficiente que representa cada una de sus unidades privadas. <\/p>\n
2. La Sala civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena se remiti\u00f3 a los raciocinios consignados en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo reclamado ser\u00e1 negado, porque la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable. <\/p>\n
Para dirimir el asunto es preciso memorar que el proceso ejecutivo por cuotas de administraci\u00f3n tiene consagraci\u00f3n legal en el art\u00edculo 48 de la ley 675 de 2001, norma que a su tenor literal establece que: <\/p>\n
\u00abEn los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jur\u00eddica a que se refiere esta ley para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, con sus correspondientes intereses, s\u00f3lo podr\u00e1n exigirse por el Juez competente como anexos a la respectiva demanda el poder debidamente otorgado, el certificado sobre existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica demandante y demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad, el t\u00edtulo ejecutivo contentivo de la obligaci\u00f3n que ser\u00e1 solamente el certificado expedido por el administrador sin ning\u00fan requisito ni procedimiento adicional y copia del certificado de intereses expedido por la Superintendencia Bancaria o por el organismo que haga sus veces o de la parte pertinente del reglamento que autorice un inter\u00e9s inferior\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El correcto entendimiento de la norma, entonces, lleva a concluir que lo que se pretendi\u00f3 fue permitir que s\u00f3lo el certificado expedido por el administrador constituyese t\u00edtulo ejecutivo, lo que no implica que esa certificaci\u00f3n pueda versar sobre hechos ajenos a la realidad, sino que responde al deseo del legislador de simplificar el procedimiento para efectuar el cobro ejecutivo de las multas y obligaciones derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, tal y como consta en los antecedentes legislativos de la norma acusada. <\/p>\n
Los apartes acusados no conceden licencia al administrador para que certifique situaciones contrarias a la realidad, como lo entiende el accionante, sino que busca facilitar la expedici\u00f3n de un documento que debe corresponder con la verdad de los hechos. As\u00ed las cosas, el legislador acudi\u00f3 al principio de racionalidad, en aras de simplificar el cobro ejecutivo de las deudas por expensas comunes, sin que por esa raz\u00f3n se afecte el derecho a la defensa de los deudores, quienes cuentan con el escenario del proceso ejecutivo para controvertir la validez del mismo y, por tanto, el verdadero monto de lo debido. <\/p>\n
En efecto, del texto demandado se deduce claramente, que quien juzga la procedencia del cobro de las expensas no es el administrador del conjunto, sino el juez de la causa, quien deber\u00e1 estimar la validez y veracidad de los documentos que se alleguen al proceso y ordenar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento del asunto planteado, tr\u00e1mite durante el cual el deudor tiene la posibilidad de controvertir los hechos y elementos probatorios que se alleguen en su contra (\u2026)1\u00bb. Destaca la Sala <\/p>\n
Bajo el marco referido y descendiendo al caso objeto de estudio se advierte que la copropiedad accionante inici\u00f3 57 procesos ejecutivos con el fin de cobrar cada una de las cuotas de administraci\u00f3n de los inmuebles que debieron construirse en la manzana \u201ck\u201d del Conjunto Residencial Quintas de Altalucia. Esos procesos fueron acumulados para que el juzgado del circuito accionado los tramitara. Con tal fin y comoquiera que el demandado aleg\u00f3 como excepciones: i) \u00abINEXISTENCIA DE LA OBLIGACI\u00d3N\u00bb porque el t\u00edtulo no contiene los requisitos para obligarse, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil, ii) \u00abINEXISTENCIA DE CAUSA GENERADORA\u00bb con base en que no hay objeto ni causa, toda vez que los inmuebles cuyas cuotas se persiguen no existen y iii) ) \u00abPRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N EJECUTIVA\u00bb porque dicha acci\u00f3n prescribe a los 5 a\u00f1os -la ordinaria- y a los 10 a\u00f1os -la extraordinaria-. La referida sede judicial practic\u00f3 una inspecci\u00f3n judicial sobre la manzana mencionada y encontr\u00f3 que los inmuebles respecto de los cuales fueron expedidos los certificados base de la ejecuci\u00f3n no existen porque no han sido construidos, circunstancia a partir de la cual el Juzgado bas\u00f3 su decisi\u00f3n de terminar el cobro, toda vez que el contenido de los t\u00edtulos ejecutivos no correspond\u00eda a la realidad. <\/p>\n
Ahora, encuentra la Sala que el recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la copropiedad actora no fue pr\u00f3spero, toda vez que el Tribunal tambi\u00e9n consider\u00f3 que las cuotas de administraci\u00f3n cobradas se pretendieron respecto de inmuebles inexistentes toda vez que la manzana \u201ck\u201d corresponde a un lote de terreno que se destina como parqueadero informal, lo que condujo a que la Magistratura considerara que las certificaciones base de la ejecuci\u00f3n carec\u00edan de claridad. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn efecto, obs\u00e9rvese que respecto de los 24 apartamentos, 27 garajes y 6 locales por los que el administrador del Conjunto Residencial Quintas de Altaluc\u00eda se pretende obtener el pago de expensas ordinarias y extraordinarias de administraci\u00f3n causadas desde el mes de mayo de 2007 hasta el mes de junio de 2018, las que se hallan contenidas en los documentos denominados \u201cCERTIFICACI\u00d3N\u201d, acordes al reglamento de propiedad contendido en la escritura p\u00fablica No. 0314 del 12 de febrero de 2019 de la Notar\u00eda 1\u00aa del C\u00edrculo de Cartagena, las que se aportan por el ejecutante en cada uno de los procesos acumulados. <\/p>\n
Pues bien, ha de verse que dichos t\u00edtulos ejecutivos carecen de claridad, por ende, no prestan m\u00e9rito ejecutivo, en la medida que el lote de terreno identificado como la manzana K, ubicado dentro de dicho conjunto residencial, destinado para la construcci\u00f3n del edificio multifamiliar que, seg\u00fan los hechos de las demandas, es donde se encuentran ubicadas las referidas 57 unidades privadas, que no han sido edificadas, como as\u00ed lo declararon los propios litigantes en los interrogatorios de parte que absolvieron ante el a quo, el que, a su vez, lo corrobor\u00f3 con la inspecci\u00f3n que realiz\u00f3 a dicho predio. <\/p>\n
Significa lo anterior que, si en la referida \u201cmanzana K\u201d no se encuentra edificada ninguna construcci\u00f3n, pues en ese lugar s\u00f3lo existe un lote de terreno, las certificaciones que sirvieron como t\u00edtulo ejecutivo corresponden a hechos ajenos a la realidad, lo que conlleva a establecer que no hay claridad frente a las obligaciones demandadas, pues no existen las \u00e1reas privadas construidas por las que el ejecutante pretende obtener el pago de expensas ordinarias y extraordinarias de administraci\u00f3n causadas desde el mes de mayo de 2007 hasta el mes de junio de 2018, a efectos de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. En consecuencia, en tales circunstancias, los reparos formulados por el apoderado judicial de la parte demandante est\u00e1n llamados al fracaso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Debe se\u00f1alarse que la decisi\u00f3n del Tribunal tuvo como fundamento el art\u00edculo 26 de la ley 675 de 2001 que establece que \u00abSalvo lo dispuesto en la presente ley para casos espec\u00edficos, los coeficientes de copropiedad se calcular\u00e1n con base en el \u00e1rea privada construida de cada bien de dominio particular, con respecto al \u00e1rea total privada del edificio o conjunto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Confrontado lo aducido al desatarse la alzada con las escrituras No. 1884 de 4 de mayo de 2007 y No.0314 de 2 de febrero de 2009 que contienen, respectivamente, el contrato de compraventa de la manzana \u201ck\u201d y el reglamento de la copropiedad mencionada, se advierte que en ambos documentos qued\u00f3 establecido que dicho lote ser\u00e1 destinado para la construcci\u00f3n de 57 unidades privadas; sin embargo, nada se dijo respecto del cobro de administraci\u00f3n o expensas hasta que las mismas existan, por el contrario, expresamente se acogi\u00f3 el contenido de los art\u00edculos 25 y 26 de la ley 675 de 2001 para establecer los coeficientes de propiedad y los m\u00f3dulos de contribuci\u00f3n (clausula d\u00e9cimo quinta del reglamento). <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que la hermen\u00e9utica efectuada por la Magistratura no luce irrazonable o desproporcionada. Es decir, que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
De otro lado, aunque la accionante solicit\u00f3 subsidiariamente que \u00abse ordene, que el pago de las expensas comunes de administraci\u00f3n se cancelen conforme a los metros cuadrados que tiene la manzana K y no de acuerdo al coeficiente que representa el edificio multifamiliar en el reglamento de propiedad horizontal\u00bb, tal pedimento no puede ser acogido en sede de tutela, pues para tal fin la copropiedad debe iniciar el proceso ejecutivo respectivo con base en la certificaci\u00f3n que contenga dicha obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo expuesto, se negar\u00e1 el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada. Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13623-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC13623-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03014-00 (Aprobado en sesi\u00f3n doce de octubre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que el Conjunto Residencial Quintas de Altalucia PH instaur\u00f3 contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67923","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67923"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67923\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}