STC13630-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13630-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03389-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por F\u00e1tima Liliana \u00d1a\u00f1ez Arciniegas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio de rendici\u00f3n provocada de cuentas, radicado n\u00ba 2013-00039. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, por conducto de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra Aracelly Solarte Burbano, Elva Janeth y Marvi Lorena \u00d1a\u00f1ez Solarte, pretendiendo obtener los frutos civiles y\/o arrendamientos de un inmueble que perteneci\u00f3 a su difunto padre, cuya administraci\u00f3n se encontraba a cargo de las demandadas, sin que dieran r\u00e9ditos por su usufructo. <\/p>\n
Relata que, el 13 de marzo de 2013 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto admiti\u00f3 el libelo; posteriormente, el 4 de octubre de esa anualidad tuvo por contestada la demanda; el 6 de octubre de 2014 adelant\u00f3 la audiencia del art\u00edculo 101 C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, el 22 de octubre de 2015 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, periodo probatorio que fue ampliado el 18 de noviembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, entre las pruebas decretadas se encontraban dos oficios dirigidos a los bancos AV Villas y Davivienda, en los que se solicitaba informaci\u00f3n financiera de las demandadas, cumpliendo con la carga de remitirlos; sin embargo, como dichas entidades financieras no los respondieron, el juzgado las requiri\u00f3 mediante auto del 10 de junio de 2016. <\/p>\n
Afirma que, para ese momento el t\u00e9rmino probatorio hab\u00eda culminado, luego, \u00abhabi\u00e9ndose recaudado las pruebas suficientes para emitir un pronunciamiento de fondo, lo procedente en cabeza del juzgado era adecuar el tr\u00e1mite seg\u00fan el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n dispuesto en el art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, convocando a las partes a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento (\u2026)\u00bb; empero, contrario a ello, el despacho accionado el 18 de noviembre de 2021 profiri\u00f3 auto decretando la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o de inactividad de las partes desde la \u00faltima actuaci\u00f3n (18 de febrero de 2020). <\/p>\n
Resalta que, en determinaci\u00f3n del 10 de febrero de 2022 el juzgado al pronunciarse sobre el recurso de reposici\u00f3n que interpuso, mantuvo su decisi\u00f3n de decretar la terminaci\u00f3n de la litis y concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Indica que, el 9 de mayo de 2022, Sala Civil Familia (unitaria) del Tribunal Superior de Pasto, confirm\u00f3 en su integridad la providencia confutada, es decir, ratific\u00f3 la finalizaci\u00f3n del juicio refrendando lo arg\u00fcido por el a quo. <\/p>\n
Cuestiona los rese\u00f1ados prove\u00eddos y los acusa de constituir v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo, procedimental absoluto y desconocimiento de precedente\u00bb; el primero porque, los accionados aplicaron de manera \u00abr\u00edgida y exeg\u00e9tica lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C.G.P.\u00bb, pues alega que, como el periodo probatorio hab\u00eda concluido, le correspond\u00eda al juzgado convocar a la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento seg\u00fan lo prev\u00e9 el literal b) del art\u00edculo 625 de esa normativa, pero, pese a lo reglado, el accionado \u00ab(\u2026) procedi\u00f3 a decretar el desistimiento t\u00e1cito del proceso [\u2026] atendiendo un requisito objetivo del mero transcurso del tiempo [\u2026] no se hizo una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica del estatuto procesal civil\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, con fundamento en el canon 8\u00ba del c\u00f3digo general, el juez en este evento deb\u00eda darle impulso a la actuaci\u00f3n, dado que \u00fanicamente restaba programar la audiencia referida, lo que no es una carga de las partes. <\/p>\n
En cuanto al segundo defecto denunciado, sostiene que tambi\u00e9n se configur\u00f3 al omitirse aplicar \u00ab(\u2026) las disposiciones consagradas en el art\u00edculo 625 del actual C\u00f3digo General del Proceso, siendo esta una obligaci\u00f3n del [juez] como director del proceso\u00bb; y, en cuanto al desconocimiento del precedente, resalt\u00f3 que no se tuvieron en cuenta diversos pronunciamientos de las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral en sede de acci\u00f3n de tutela, en las que se tuvo como razonables decisiones que negaron solicitudes de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito (STC4282-2022; STC4720-2022 y STL4081-2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se dejen sin efectos \u00abtodas y cada una de las providencias mencionadas [\u2026] y en su lugar se ordene a las autoridades accionadas [\u2026] procedan a adecuar el proceso abreviado de rendici\u00f3n de cuentas [\u2026] de conformidad con el tr\u00e1nsito legislativo [\u2026] procediendo a convocar a la correspondiente audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento con el \u00fanico prop\u00f3sito de alegar de conclusi\u00f3n y emitirse sentencia conforme a lo probado y alegado por las partes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Elva Janeth \u00d1a\u00f1ez Solarte, vinculada, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de la presente acci\u00f3n constitucional por cuanto las determinaciones que decretaron el desistimiento t\u00e1cito estuvieron ajustadas a derecho. Se\u00f1al\u00f3 que, en el litigio al hallarse pendientes dos pruebas por recaudar, le concern\u00eda a la demandante \u00abinsistir en el recaudo o desistir de ellas para permitir que se abriera la posibilidad de que el juez profiera el fallo de instancia (\u2026)\u00bb, y agreg\u00f3 que, \u00ab(\u2026) no est\u00e1 prohibido para las partes [\u2026] insistir de manera particular para que los encargados de dar la informaci\u00f3n reclamada formalmente por el juez, realicen las acciones necesarias para que obren en el expediente las pruebas solicitadas [\u2026] ese silencio y esa inactividad es que la que [\u2026] debe analizarse [de ah\u00ed que] se hayan tenido por satisfechos los requisitos que validan el decreto del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
2. El apoderado de la ac\u00e1 accionante, replic\u00f3 a la anterior contestaci\u00f3n y refut\u00f3 sus afirmaciones de la vinculada, indic\u00f3 que, contrario a lo manifestado por aqu\u00e9lla, el recaudo probatorio estaba completo pues las entidades financieras finalmente allegaron el informe solicitado, por lo tanto, lo subsiguiente era que el juez programara la fecha para la realizaci\u00f3n de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento como lo prev\u00e9 la norma procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por la querellante en el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas \u2013 radicado n\u00ba 2013-00039 \u2013 al decretar su terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, incurriendo con ello en v\u00eda de hecho por defectos sustantivo y procedimental absoluto por aplicar, supuestamente, de forma \u00abr\u00edgida y exeg\u00e9tica\u00bb el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso; y, no adecuar el procedimiento en virtud del tr\u00e1nsito legislativo, conforme lo dispone el canon 625 ejusdem. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Las providencias cuestionadas. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que les sirvieron a las autoridades convocadas para tomar la decisi\u00f3n que se reprocha, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto aqu\u00e9llas no son resultado de un subjetivo criterio que suponga evidente desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de la actora. <\/p>\n
3.1. En efecto, el juzgado accionado con interlocutorio del 18 de noviembre de 2021 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 3171 del estatuto adjetivo tras constatar que, luego de finalizar la etapa probatoria, el expediente se hallaba inactivo desde el 18 de febrero de 2020, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o sin que mediara solicitud o actuaci\u00f3n de los interesados. <\/p>\n
El despacho explic\u00f3 que, la hip\u00f3tesis contenida en el numeral 2\u00ba de la norma en cita refiere a \u00abla simple inactividad del proceso durante un a\u00f1o [\u2026] se decreta de plano, sin requerimiento previo, lo que invita a tener cuidado para no hacer nugatoria la tutela judicial, pues la misma norma indica que, \u201ccualquier actuaci\u00f3n, de oficio o a petici\u00f3n de parte de cualquier naturaleza interrumpir\u00e1 los t\u00e9rminos previstos en este art\u00edculo\u201d, lo que no sucedi\u00f3, y entonces, no es dable alegar que esa inactividad se derive o de las partes o del propio juzgado, pues los apoderados tiene a su mano la posibilidad de interrumpir el t\u00e9rmino de desistimiento y no lo hicieron\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, dicha decisi\u00f3n no fue en manera alguna sorpresiva, dado que la norma procedimental \u00fanicamente alude a \u00ab(\u2026) la constataci\u00f3n objetiva de que estuvo el expediente inactivo en la secretar\u00eda del juzgado ininterrumpidamente por dicho lapso, sin necesidad de que se cumpla ning\u00fan otro requisito adicional\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 en ese aspecto que, el apoderado judicial de la demandante, como principal interesada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) estaba en la obligaci\u00f3n de hacer cualquier petici\u00f3n de cualquier naturaleza para sacar el proceso de la inactividad, a sabiendas de que esta interrumpir\u00eda los t\u00e9rminos para evitar la terminaci\u00f3n anormal del proceso por desistimiento t\u00e1cito, declaraci\u00f3n que no requiere de expresi\u00f3n alguna, tan solo se da porque as\u00ed entiende el legislador el silencio y abandono de la causa, por el lapso de un a\u00f1o (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) La norma establece la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito por inactividad por m\u00e1s de un a\u00f1o, no hace distinci\u00f3n ni excepci\u00f3n alguna, por lo cual, el presente caso no puede escapar de la sanci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3.2. Confutado lo anterior por la demandada, el tribunal, previo an\u00e1lisis del precepto 317 del c\u00f3digo procedimental vigente y los supuestos en que procede la finalizaci\u00f3n del juicio bajo dicho instituto jur\u00eddico, apunt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los requisitos para la aplicaci\u00f3n de la norma en cuesti\u00f3n son meramente objetivos, es decir, \u00fanicamente se requiere el mero paso del tiempo, puesto que la norma no precisa la existencia de cargas a imponer o actuaciones o diligencias que est\u00e9n pendientes de llevar a cabo, como err\u00f3neamente lo esgrime el alzadista. Es por ello que el imperativo legal determina de forma literal que el proceso puede terminarse por desistimiento t\u00e1cito: \u201cporque no se realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia (para el caso dos a\u00f1os), contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima actuaci\u00f3n o notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Conforme con lo anterior, se plantea un interrogante por parte de este Despacho en el siguiente sentido: \u00bfdespu\u00e9s del d\u00eda dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), se realiz\u00f3 alguna actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza dentro del proceso ejecutivo de la referencia? Y la respuesta no puede ser otra que negativa\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, aclar\u00f3 que la disposici\u00f3n legal no prev\u00e9, \u00ab(\u2026) la existencia de cargas o diligencias que obligatoriamente deba asumir la parte actora o del juez, puesto que ellas son predicables \u00fanicamente del numeral primero del art\u00edculo 317 bajo an\u00e1lisis, a fin de que se impulse el proceso. Por lo tanto, como corolario de lo expuesto, se responde el problema jur\u00eddico planteado en el sentido de que se hallan satisfechos los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 317 del C.G. del P., numeral 2\u00ba, literal b) para dar por terminado el asunto por desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
3.3. De esta manera, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las determinaciones reprochadas, como aquellas se basaron en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, puntualizando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional, \u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta impertinente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador. <\/p>\n
Adicionalmente, en ese mismo sentido, se ha resaltado que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. rad. 00052-01). <\/p>\n
Ahora, el que la gestora del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; pues es necesario que la decisi\u00f3n se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
3.4. Finalmente, y acerca de los fallos constitucionales recientemente emitidos por esta Corporaci\u00f3n y citados por la interesada \u2013 STC4282-2022; STC4720-2022 y STL4081-2021 \u2013, con el fin de que fueran aplicados al caso sub judice y desconocidos por los accionados, basta con se\u00f1alar que las determinaciones all\u00ed adoptadas son interpartes, y no producen efectos erga omnes, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u2019\u00bb (STC1295-2022, 10 feb. 2022, rad. 2021-02655-01); lo que quiere decir que, no necesariamente tendr\u00e1n la virtualidad de extender de manera autom\u00e1tica sus efectos a la situaci\u00f3n que aqu\u00ed se plantea, m\u00e1xime si los contextos facticos no son id\u00e9nticos. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las decisiones recriminadas no constituyen arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio al de las autoridades cuestionadas en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 317. DESISTIMIENTO T\u00c1CITO. El desistimiento t\u00e1cito se aplicar\u00e1 en los siguientes eventos: <\/p>\n
(\u2026) 2. Cuando un proceso o actuaci\u00f3n de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretar\u00eda del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuaci\u00f3n durante el plazo de un (1) a\u00f1o en primera o \u00fanica instancia, contados desde el d\u00eda siguiente a la \u00faltima notificaci\u00f3n o desde la \u00faltima diligencia o actuaci\u00f3n, a petici\u00f3n de parte o de oficio, se decretar\u00e1 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habr\u00e1 condena en costas \u00abo perjuicios\u00bb a cargo de las partes. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13630-2022 Magistrado ponente STC13630-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03389-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por F\u00e1tima Liliana \u00d1a\u00f1ez Arciniegas contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67930","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67930\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}