STC13635-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-01761-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 6 de septiembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Isabel Garc\u00eda Orozco contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00411. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
. La solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, \u00abdefensa y contradicci\u00f3n, primac\u00eda de la constituci\u00f3n (\u2026), seguridad social (\u2026), junto con el derecho adquirido\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mar\u00eda Isabel Garc\u00eda Orozco promovi\u00f3 declarativo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, en procura del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez bajo las reglas del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; toda vez que \u00abnaci\u00f3 el 8 de octubre de 1953 y reuni\u00f3 un total de 558.7 semanas [cotizadas] al 8 de octubre de 2008\u00bb2, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, quien concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de la all\u00ed querellada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 lo resuelto, en tanto consider\u00f3 que \u00abla transici\u00f3n que pudo tener la demandante, la cual (\u2026) no fue la del acuerdo 049, la perdi\u00f3, pues a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no reuni\u00f3 las 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicio para conservar dicho r\u00e9gimen, finalmente estudiada la pretensi\u00f3n pensional a la luz de la Ley 100 del 93 modificada por la Ley 797 del a\u00f1o 2003, se advierte que la demandante no cumple con los requisitos para adquirir el derecho\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, la promotora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, dej\u00f3 inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, pues coligi\u00f3 que \u00abal haber cotizado la casacionista antes del ingreso al Sistema de Seguridad Social, a Cajanal y adem\u00e1s, superar los 35 a\u00f1os de edad a la entrada en vigencia de \u00e9ste, no puede llevarse a cabo el computo de tiempos como pretende ampar\u00e1ndose en la decisi\u00f3n CC SU769-2014 respecto del Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora, incurri\u00f3 en defecto sustantivo \u00ab[d]ebido a que el juzgador analiza la situaci\u00f3n pensional con base en exigencias que en ning\u00fan momento el ordenamiento legal al tenor de lo [establecido] en la ley 100 de 1993 o el decreto 758 de 1990 exige\u00bb, y desconocimiento del precedente. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos del 31 de julio de 2019 y del 12 de julio de 2022 y, en consecuencia, se confirme \u00abla sentencia emitida por el JUZGADO 06 LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA que se arraig\u00f3 al precedente decantado por la honorable Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que aquella \u00absigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, justific\u00f3 razonadamente y enunci\u00f3 las [determinaciones] en las que apoy\u00f3 la decisi\u00f3n, mismas que, la hoy tutelante pretende mostrar como erradas, buscando con la acci\u00f3n, las resultas favorables de un proceso ordinario ya concluido\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga remiti\u00f3 el expediente digital del asunto reprochado. <\/p>\n
3. Colpensiones refiri\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite alegado ya hab\u00eda sido objeto de estudio por otro Juez, el cual no accedi\u00f3 a las pretensiones solicitadas por la accionante, por lo que la presente acci\u00f3n (\u2026) debe ser declarada improcedente ante la existencia de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., se\u00f1al\u00f3 que \u00abla tutela de la referencia NO se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00abaunque la accionante era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no pod\u00eda ampararse en el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto no estructur\u00f3 en \u00e9l una expectativa leg\u00edtima, en tanto que nunca efectu\u00f3 cotizaciones durante su vigencia, de ah\u00ed \u00fanicamente tuviera cierta confianza de que pod\u00eda pensionarse con apego a las Leyes 71 de 1988 o 100 de 1993, pero jam\u00e1s con los reglamentos del ISS, donde nunca estuvo afiliada\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abrevisadas las particularidades del caso concreto y los elementos de prueba allegados, encuentra esta Sala que la demanda resulta improcedente, pues la providencia que se pretende dejar sin efectos en virtud de esta acci\u00f3n no es el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de la autoridad accionada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[l]a sala Penal realizo una interpretaci\u00f3n restrictiva basada en los precedentes elucidados por la Sala Laboral en desmedro de los precedentes que ha desarrollado nuestra honorable Corte Constitucional donde aduce la posibilidad de ser beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n plasmado en el acuerdo 049 de 1990, toda vez que \u201c..el Acuerdo 049 de 1990, puede aplicarse a las personas que no contaban con cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero que cotizaron a alg\u00fan otro r\u00e9gimen pensional.\u201d, desde esta posici\u00f3n de la CORTE CONSTITUCIONAL NO ES REQUISITO encontrarse afiliado o efectuar cotizaciones exclusivamente al ISS\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por la gestora (SL2384-2022, rad. 86922), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abal haber cotizado la casacionista antes del ingreso al Sistema de Seguridad Social, a Cajanal y adem\u00e1s, superar los 35 a\u00f1os de edad a la entrada en vigencia de \u00e9ste, no puede llevarse a cabo el computo de tiempos como pretende ampar\u00e1ndose en la [resoluci\u00f3n] CC SU769-2014 respecto del Acuerdo 049 de 1990\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los tres cargos, en los que se acus\u00f3 a la decisi\u00f3n del tribunal de: (i) violar \u00abla ley sustancial por la v\u00eda directa en la modalidad de infracci\u00f3n directa \u00abpor cuanto dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 12 del acuerdo 049 de 190, acogido por el DECRETO Reglamentario 758 art\u00edculo 20 de 1990\u00bb; (ii) \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea, por dar, el colegiado, un sentido diferente al art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 acogido por el Decreto 758 de 1990 y al art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, las interpret\u00f3, pero \u00abentendiendo que esas normas contienen o reconocen un derecho, que fue desconocido en este caso\u00bb\u00bb y (iii) \u00abaplicaci\u00f3n indebida de la ley sustancial en el entendido de que \u00ablas sentencias de unificaci\u00f3n son de obligatorio cumplimiento por las autoridades judiciales \u2013jueces y magistrados- ya que la Corte Constitucional es el \u00f3rgano de cierre en materia constitucional\u00bb, por lo que incurre en la evocada causal al desconocer la CC SU769-2014, adem\u00e1s de lo ya expuesto para el primer cargo\u00bb el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]l problema jur\u00eddico que abordar\u00e1 la Sala consiste en determinar si el Tribunal err\u00f3 al no reconocer la pensi\u00f3n de vejez a favor de la recurrente de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, y computar los tiempos que cotiz\u00f3 a Cajanal antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones introducido por dicha normativa, con los tiempos privados; y con las limitaciones de que trata el art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, estableci\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) la recurrente naci\u00f3 el 8 de octubre de 1953; ii) para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cumpli\u00f3 41 a\u00f1os; iii); cotiz\u00f3 432 d\u00edas equivalentes a 61.71 semanas a Cajanal, de manera interrumpida entre el 30 de abril de 1984 y el 29 de enero del a\u00f1o 1989; iv) reuni\u00f3 657 semanas con el Seguro Social, desde el 22 de abril del 1994 hasta el 30 de junio del a\u00f1o 2009; v) solicit\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez al ISS y el 25 de septiembre del a\u00f1o 2009, \u00e9ste la neg\u00f3, y vi) para el 31 de julio de 2010, conforme al art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, no alcanz\u00f3 las 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 en lo pertinente la providencia SL1161-2022, para indicar que \u00abal haber cotizado la casacionista antes del ingreso al Sistema de Seguridad Social, a Cajanal y adem\u00e1s, superar los 35 a\u00f1os de edad a la entrada en vigencia de \u00e9ste, no puede llevarse a cabo el computo de tiempos como pretende ampar\u00e1ndose en la decisi\u00f3n CC SU769-2014 respecto del Acuerdo 049 de 1990, pues le asiste raz\u00f3n al colegiado al afirmar que en virtud del prementado art. 36 y lo aclarado en sendos pronunciamientos posteriores a dicha sentencia por esta sala, como los que mencion\u00f3 en la sentencia, el reconocimiento pensional se circunscribe al \u00abr\u00e9gimen anterior al cual se encuentren afiliados\u00bb, y como aquella fungi\u00f3 como empleada p\u00fablica, le corresponden inicialmente la Ley 33 de 1985 o el Decreto 546 de 1971\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 destacando que \u00abtambi\u00e9n acierta al estudiar la posible aplicaci\u00f3n de la Ley 71 de 1988 para el derecho reclamado, dado el grado de consulta que le corresponde y para el que finalmente determina, que, sin lograr reunir sus requisitos, tampoco es dable extender la transici\u00f3n de la cual fue inicialmente beneficiada, pues no alcanz\u00f3 las 750 semanas para el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, razon\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[A]unque en la CC SU769-2014 se dispone que para el reconocimiento de las pensiones de vejez establecidas en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, es posible acumular tiempos cotizados en el sector p\u00fablico y privado, lo cierto es que, la recurrente no cuenta con afiliaci\u00f3n alguna que permita dicha sumatoria para la entrada en vigencia del evocado sistema y en cambio, a la luz de los reg\u00edmenes especiales que le precedieron, dada la transici\u00f3n inicial de la que se beneficia, le son aplicables los ya expuestos\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
De esta manera, concluy\u00f3 que \u00abcomo los cargos no aciertan en derruir de manera eficaz los pilares en que el ad quem soporta su decisi\u00f3n, pues la demostraci\u00f3n invocada no refleja m\u00e1s que un alegato de instancia, buscando la aplicaci\u00f3n de una norma que no le corresponde a la casacionista, sin incurrir el colegiado en la falta que pregona la censora por dar prevalencia al precedente de la Sala cuando la plurievocada sentencia constitucional no encuentra cabida en el asunto, los cargos no est\u00e1n llamados a prosperar\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 27 de septiembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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