STC13638-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13638-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01557-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa libertad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de Granada lo conden\u00f3 a la pena de 150 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abactos sexuales con menor de 14 a\u00f1os\u00bb (proceso radicado n\u00ba 2013-80125), sentencia que su defensa apel\u00f3. <\/p>\n
Expuso que, luego de concedida la alzada, el 19 de octubre de 2015, el expediente fue remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, el tribunal no ha resuelto el recurso, cuyo tr\u00e1mite se encuentra radicado en esa corporaci\u00f3n el 28 de octubre de 2015, seg\u00fan lo registra la p\u00e1gina web de la Rama Judicial y la \u00faltima anotaci\u00f3n data del 15 de marzo de 2021 en la que se indica: \u00abeste expediente inicialmente fue asignado por reparto al magistrado Joel Dar\u00edo Trejos Londo\u00f1o. Mediante auto de la fecha y en cumplimiento del Acuerdo n\u00ba CSJMEA21-18 del 17 de febrero de 2021, migr\u00f3 al despacho 004 de la Sala Penal de este tribunal\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, reproch\u00f3 que, han transcurrido \u00abcasi 7 a\u00f1os\u00bb desde que el asunto fue remitido al tribunal accionado, sin que hasta el momento se haya proferido la decisi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que se ordene \u00ab(\u2026) al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n dentro de un t\u00e9rmino real y razonable\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada que tiene a cargo la ponencia de la sentencia de segunda instancia en el juicio que involucra al ac\u00e1 accionante cont\u00f3 que, esa corporaci\u00f3n ha sido objeto de varias vigilancias administrativas en ocasi\u00f3n de las diversas denuncias por mora judicial, pero el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta las ha archivado tras estimar que se encontraban justificadas por la alta congesti\u00f3n laboral. <\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 que, en 2020 el Consejo Superior de la Judicatura cre\u00f3 un cuarto despacho para la Sala Penal de ese tribunal al que fueron remitidos 350 expedientes, entre ellos, el del aqu\u00ed tutelante, al cual se le asign\u00f3, inicialmente, el turno 82 (pero debi\u00f3 darle prevalencia a los asuntos que se encuentran cercanos a la prescripci\u00f3n). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ha sido proactiva de cara a superar la situaci\u00f3n que afronta el tribunal y aport\u00f3 una completa relaci\u00f3n de la estad\u00edstica de los procesos recibidos y los que ha finalizado con providencia definitiva; as\u00ed mismo, resalt\u00f3 que actualmente el proceso del actor se encuentra en el turno 15, por lo que considera que \u00abno ha desatendido las tareas propias de su cargo y que nunca ha existido negligencia que constituya mora judicial injustificada\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Penal del Circuito de Granada manifest\u00f3 que, en lo que le concierne, no \u00abse evidencia alguna situaci\u00f3n que comprometa el proceder del juzgado de conocimiento de primera instancia\u00bb por lo que pidi\u00f3 se deniegue el amparo. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al no advertir injustificada la mora judicial denunciada y resalt\u00f3 que \u00abno puede imputarse o reprochase una conducta descuidada y negligente cuando se evidencia un avance en la situaci\u00f3n que refiere el actor [\u2026] a pesar de la congesti\u00f3n judicial, la togada ha desplegado una actuaci\u00f3n proactiva tendiente a superar esta situaci\u00f3n que aqueja a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, por lo que mal podr\u00eda, en este examen constitucional, cuestionarse [\u2026] su proceder, (\u2026)\u00bb; finalmente a\u00f1adi\u00f3 que, la congesti\u00f3n judicial del tribunal demandado se ha expuesto en otras ocasiones y el Consejo Superior de la Judicatura en los a\u00f1os 2020 y 2022 cre\u00f3 dos despachos m\u00e1s para la Sala Penal de esa colegiatura a los cuales redistribuyeron los procesos pendientes de decisi\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando los argumentos del escrito inicial, insisti\u00f3 en que cumple casi \u00ab7 a\u00f1os desde que el proceso se encuentra en la Sala del Tribunal Superior de Villavicencio sin que a la fecha [haya] un pronunciamiento del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb; y adujo que, de acuerdo con pronunciamientos en sede de revisi\u00f3n de tutela de la Corte Constitucional, \u00abno es suficiente aducir el exceso de trabajo para tener por justificada la mora, sino que es menester demostrar las gestiones adelantadas con la finalidad de evitar la congesti\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado est\u00e1 transgrediendo las prerrogativas invocadas por el quejoso al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada por no haber resuelto el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia condenatoria proferida en primera instancia el 30 de septiembre de 2015 (proceso radicado n\u00ba 2013-80125). <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al estudiar acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 nov. 2016, rad. 88998) <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ STC 5 ag. 2011, rad. 1359-01; reiterada en STC10755-2015, 12 ag.). <\/p>\n
2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisado este asunto, como lo advirti\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, la inobservancia de los t\u00e9rminos procesales para la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo penal de primer grado no es resultado de una probada apat\u00eda o arbitrariedad de la colegiatura demandada, sino consecuencia de la congesti\u00f3n hist\u00f3rica que aqu\u00e9lla padece a diferentes niveles, y que ha sido objeto de an\u00e1lisis en diversos pronunciamientos de tutela en los que se plante\u00f3 dicha problem\u00e1tica1. <\/p>\n
2.2.1. En este evento, se aprecia oportuno considerar las particulares dificultades de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio detalladas por la accionada al pronunciarse en estas diligencias, una realidad situacional acreditada estad\u00edsticamente que revela una carga laboral desbordante que incluso amerit\u00f3 la intervenci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura que, mediante los Acuerdos PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020 y PCSJA22-11975 del 28 de julio de 2022, debi\u00f3 crear dos despachos de magistrados adicionales como medida de soluci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.3. As\u00ed mismo, destac\u00f3 que, en virtud de la redistribuci\u00f3n de procesos autorizada por el Consejo Seccional del Meta, recibi\u00f3 alrededor de 138 asuntos con personas privadas de la libertad y 24 de ejecuci\u00f3n de penas (15 de marzo de 2021), y debi\u00f3 darle prioridad a los que se encontraban pr\u00f3ximos a prescribir, no siendo el del accionante uno de ellos. <\/p>\n
2.2.4. Complement\u00f3 que, una vez establecidos los turnos, al proceso de Jose Libardo Escobar Murillo le fue asignado el n\u00ba 82, no obstante, inform\u00f3 que \u00abactualmente se encuentra a 15 turnos\u00bb. <\/p>\n
2.2.5. En cuanto a la gesti\u00f3n realizada, expuso que desde el 18 de marzo de 2021 ha proyectado 103 sentencias anticipadas de ley 906 y 67 de ley 600; 97 autos de ley 906 y 7 de ley 600; 159 providencias de ejecuci\u00f3n de penas; 54 decisiones relacionadas con impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia; 69 sentencias de ley 906 y 24 de ley 600; 9 recursos de queja; 4 incidentes de reparaci\u00f3n; 14 aclaraciones y salvamentos de voto; 4 habeas corpus; 12 consultas y 6 incidentes de desacato; y, 425 fallos de tutela (214 de primera instancia y 211 de impugnaci\u00f3n). A lo anterior, precis\u00f3 que se suman los tr\u00e1mites penales que conoce en primera instancia y los temas de \u00edndole administrativo propios, as\u00ed como los concernientes con la presidencia de la Sala que detenta en la anualidad que transcurre, todo lo cual, \u00abpermite evidenciar la ardua labor realizada con el fin de impartir celeridad a los procesos a cargo\u00bb. <\/p>\n
2.2.6. De otro lado, agreg\u00f3 que el reparto no ha sido equitativo con su despacho, pues la estad\u00edstica refleja que, pese a tener mayor producci\u00f3n que la de sus hom\u00f3logos, recibi\u00f3 en el \u00faltimo semestre de 2021 y en el primero de 2022 una mayor carga laboral, situaci\u00f3n que, seg\u00fan adujo, fue reconocida por el Consejo Seccional del Meta. <\/p>\n
2.2.7. Tambi\u00e9n sostuvo que, considerando el volumen de trabajo, los colaboradores con que cuenta no son suficientes para evacuar con la celeridad requerida todos los tr\u00e1mites, y aunque solicit\u00f3 al Consejo Seccional una medida de descongesti\u00f3n consistente en la designaci\u00f3n transitoria de otro empleado, \u00abno se ha accedido a ello\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, esta Sala, luego de ponderar el escenario puesto de presente por la magistrada convocada y prohijando lo dilucidado por la Sala a quo, ratificar\u00e1 la negativa del amparo deprecado en tanto que, la mora endilgada no luce puntualmente injustificada, ya que, no se trat\u00f3 de un comportamiento flagrantemente omisivo o desidioso; es decir, la dilaci\u00f3n obedece a factores objetivos, como qued\u00f3 rese\u00f1ado. En otra ocasi\u00f3n, frente a reclamaciones de igual tenor se dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterada en STC11785-2017, 9 ago. 2017, rad. 01040-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Y es que, debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se demuestre que la falta de definici\u00f3n denunciada ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues, como se plasm\u00f3 en los precedentes jurisprudenciales precitados, el paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad criticada. <\/p>\n
Por lo tanto, se reitera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los plazos legales, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por dejadez del operador jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del sistema de turnos. <\/p>\n
Ahora bien, es cierto, el actor (procesado-sentenciado) no est\u00e1 obligado a permanecer en la indefinici\u00f3n, pero tampoco puede pasarse por alto que, adem\u00e1s de las explicaciones dadas por la funcionaria tutelada ya referidas, los tribunales y sus operadores judiciales est\u00e1n sometidos a un sistema de turnos determinado para fallar los procesos seg\u00fan el orden de ingreso el cual les corresponde respetar, puesto que, un obrar contrario implicar\u00eda quebrantar el derecho a la igualdad del resto de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia que se hallan en las mismas condiciones, o a\u00fan peores. <\/p>\n
En tal sentido, esta Corte ha resaltado que no es posible pretender, a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela, que se alteren esos turnos; as\u00ed lo explic\u00f3 la Sala en un caso similar, <\/p>\n
\u00abla tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque \u2026la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ STC, 5 ag. 2011, rad. 1359-01; reiterada en STC16975-2015, 10 dic. rad. 02027-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 19982 dispone, que \u00abes obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelaci\u00f3n legal\u00bb, y si bien el canon 16 de la Ley 1285 de 20093 – que modific\u00f3 el 63A de la Ley 270 de 1996 \u2013 permite a los jueces dar prelaci\u00f3n cuando se percaten de \u00abrazones de seguridad nacional o para prevenir la afectaci\u00f3n grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de cr\u00edmenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social\u00bb o \u00abasuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su soluci\u00f3n sea de inter\u00e9s p\u00fablico o pueda tener repercusi\u00f3n colectiva\u00bb, son caracter\u00edsticas que no se evidencian en el sub-examine. <\/p>\n
De igual forma, sobre el tema, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n
Dado que el principio del respeto de turno de fallo no es absoluto, pues las circunstancias especiales del caso pueden autorizar un trato prioritario, resulta necesario indicar que la ley confiere al funcionario judicial la valoraci\u00f3n de las circunstancias que permitir\u00edan modificar ese orden de decisi\u00f3n. Los criterios fijados por el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, \u201cla naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio P\u00fablico en atenci\u00f3n a su importancia jur\u00eddica y trascendencia social\u201d, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cu\u00e1ndo un asunto puesto a su consideraci\u00f3n puede ser resuelto sin atenci\u00f3n al turno de respuesta que le ha sido fijado. <\/p>\n
Por ello, debe entenderse que es el juez de la causa el \u00fanico funcionario habilitado por la ley para evaluar las condiciones especiales del caso y autorizar un posible cambio en el turno de resoluci\u00f3n del pleito. Los principios de autonom\u00eda e independencia judicial obligan a considerar que el \u00fanico autorizado para modificar el orden regular de soluci\u00f3n de los asuntos puestos a consideraci\u00f3n es el juez que tramita el proceso correspondiente. La Corte ha defendido este principio al advertir que el juez de tutela est\u00e1 inhabilitado, en principio, para subvertir el orden de prelaci\u00f3n de los fallos judiciales, pues tal determinaci\u00f3n hace parte de la \u00f3rbita de decisi\u00f3n del juez natural. (CC. T-945A\/08) Se resalta. <\/p>\n
As\u00ed entonces, es la magistrada encargada quien debe fijar el orden en que abordar\u00e1 los expedientes que le son asignados y s\u00f3lo cuando medien circunstancias excepcional\u00edsimas, podr\u00eda variarse ese mecanismo por esta v\u00eda, dado el car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional, improcedente para desplazar la competencia en ese \u00e1mbito de quien est\u00e1 habilitado para fijar la prelaci\u00f3n de los procesos. <\/p>\n
En suma, no hay lugar a otorgar la s\u00faplica bajo el supuesto de una tardanza injustificada de la corporaci\u00f3n accionada, teniendo en cuenta que no se demostraron los componentes previamente indicados en la jurisprudencia referida que permitir\u00edan al fallador constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando la soluci\u00f3n de los juicios se prolonga sin aparente raz\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del retraso judicial recriminado, as\u00ed como de las exculpaciones ofrecidas por la funcionaria tutelada, no puede atribu\u00edrsele a una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como lo demostr\u00f3 en estas diligencias, aqu\u00e9l se explica a partir de circunstancias objetivas que justifican el contexto particular de su despacho puesto a consideraci\u00f3n; de suerte que, no resulta viable proveer el auxilio en los t\u00e9rminos reclamados por el actor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 STP9754-2022, 7 de jul, rad. 124102; STP6299-2022, 17 de may., rad. 123744; STP3665-2022, 22 de feb, rad. 122184; STP1043-2022, 27 de ene, rad. 121590, entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Por la cual se adoptan como legislaci\u00f3n permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del C\u00f3digo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongesti\u00f3n, eficiencia y acceso a la justicia. <\/p>\n
3\u0002 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
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