STC13640-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13640-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01719-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 30 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por H\u00e9ctor Albeidis Arboleda Buitrago contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes reconocidas en el proceso penal 2017-00077. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, el actor acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, defensa, favorabilidad penal y procesal e igualdad\u00bb, que considera vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en la actuaci\u00f3n se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra H\u00e9ctor Albeidis Arboleda Buitrago se adelant\u00f3 un proceso penal por los delitos de \u00ababorto forzado\u00bb, \u00abtortura\u00bb y \u00abhomicidio\u00bb, todos ellos cometidos sobre personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, as\u00ed como \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia de 6 de mayo de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira lo conden\u00f3 a purgar 480 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n y a resarcir los perjuicios causados en cuant\u00eda de 2.001,91 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como autor, de las dos primeras conductas punibles indicadas, absolvi\u00e9ndolo por las restantes. <\/p>\n
2.3. El 26 de febrero del a\u00f1o en curso la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, al desatar las apelaciones interpuestas por el procesado y su defensor, confirm\u00f3 la declaratoria de responsabilidad hecha por el juzgado a quo, revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n por el il\u00edcito de concierto para delinquir agravado e impuso, como penas definitivas, 417 meses y 29 d\u00edas de internamiento penitenciario y 1.790,728 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa. <\/p>\n
2.4. El apoderado del quejoso interpuso exclusivamente impugnaci\u00f3n especial frente a la primera condena, en segunda instancia, por el atentado contra la seguridad p\u00fablica, sin realizar manifestaci\u00f3n alguna respecto del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. No obstante, transcurrido el t\u00e9rmino para la sustentaci\u00f3n de la aludida defensa, el profesional del derecho guard\u00f3 silencio por lo que, mediante auto del pasado 7 de junio fue declarada su deserci\u00f3n. <\/p>\n
3. El actor estima que en la \u00faltima providencia mencionada la colegiatura ad quem incurri\u00f3 en un defecto procedimental pues declar\u00f3 desierto el medio de impugnaci\u00f3n especial obviando que, en ejercicio de su defensa material, \u00abel 12 de mayo hoga\u00f1o hago un escrito interponiendo los recursos de alzada, posterior el d\u00eda 12 de junio del corriente presento otro documento como complemento de la apelaci\u00f3n\u2026 y posterior el abogado que se desempe\u00f1a como defensa t\u00e9cnica interpone los recursos de alzada el d\u00eda 23 de junio del mismo a\u00f1o [sic]\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente acusa la incursi\u00f3n en un defecto sustantivo pues, dice, los delitos por los que se imparti\u00f3 condena \u00abno estaban consagrados\u2026 en el Estatuto Penal vigente a la fecha de los hechos\u00bb. <\/p>\n
4. Por ello solicita, \u00abrevocar o dejar sin efecto el fallo del 26 de enero de 2022\u2026 ordenar al Tribunal\u2026 conceder nulidad total a partir de todo lo actuado desde la medida de aseguramiento con detenci\u00f3n preventiva interpuesto por la fiscal\u00eda el d\u00eda 28 de abril de 2016\u2026 ordenar a los accionados las decisiones que en derecho corresponda de acuerdo al nivel de su competencia y responsabilidades [y] solicitar las acciones de oficio que los se\u00f1ores Magistrados de tutela considere [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, ponente de la determinaci\u00f3n acusada, solicit\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda por desatender el presupuesto de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, \u00abal no haberse interpuesto los recursos tanto ordinarios como extraordinarios a los que ten\u00eda derecho y, por consiguiente, si a bien lo tiene, podr\u00e1 acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n del mencionado fallo, en caso de acreditar las exigencias que para ello contempla el ordenamiento adjetivo\u00bb <\/p>\n
2. La Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Pereira, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas, se opuso a la prosperidad del amparo en tanto lo pretendido es \u00abconvertir este mecanismo excepcional\u2026 en una tercera instancia\u00bb a trav\u00e9s de la cual se retome un debate que se encuentra debidamente superado; as\u00ed mismo, resalt\u00f3 que se incumple el presupuesto de la subsidiariedad \u00abdado que [el actor] tiene la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en el evento de que se cumplan los requisitos exigidos para ello\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, la Fiscal Cincuenta y Dos adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos advirti\u00f3 que, el medio de defensa id\u00f3neo para corregir las presuntas irregularidades se\u00f1aladas por el gestor era el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo que torna inviable acudir a este remedio constitucional, m\u00e1xime que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir incumplido \u00abel presupuesto de la subsidiariedad, porque el demandante pudo controvertir el fallo de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n y la impugnaci\u00f3n especial -escenarios adecuado[s] para debatir sus inconformidades y en los cuales habr\u00eda podido aducir argumentos similares a los expuestos en el presente tr\u00e1mite- pero opt\u00f3 por no sustentar los recursos procedentes\u00bb, permitiendo as\u00ed que las decisiones que considera lesivas de sus derechos alcanzaran firmeza. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, resalt\u00f3 que la sentencia de segundo grado no adolece de defecto alguno habida cuenta que en ella se abordaron los reparos formulados tanto por el acusado -en ejercicio de su defensa material-, como por el profesional del derecho que represent\u00f3 sus intereses en la causa penal, al tiempo que la hermen\u00e9utica desarrollada por la colegiatura ad quem descansa sobre el principio de autonom\u00eda jurisdiccional consagrado en el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n porque, seg\u00fan dice, \u00abno se [le] puede exigir a que utilice el recurso de casaci\u00f3n\u00bb pues acudi\u00f3 al resguardo con el fin de evitar un perjuicio irremediable, al tiempo que insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales en torno a la incursi\u00f3n, por parte de la autoridad querellada, en los defectos procedimental y sustantivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Pereira vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales denunciadas por H\u00e9ctor Albeidis Arboleda Buitrago, dentro del juicio penal que se sigui\u00f3 en su contra (i) al ratificar la condena impuesta por los delitos de aborto forzado y tortura cometidos sobre personas protegidas por el DIH, pese a que, para el momento de los hechos, tales conductas no se hallaban tipificadas en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano y (ii) por declarar la deserci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial formulada contra la declaratoria de responsabilidad penal en sede de segunda instancia, por el il\u00edcito de concierto para delinquir agravado, obviando que, seg\u00fan dice, el referido recurso hab\u00eda sido sustentado por su defensor. <\/p>\n
2. La tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. Sobre el tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
H\u00e9ctor Albeidis Arboleda Buitrago acudi\u00f3 a esta especial herramienta en procura de obtener la protecci\u00f3n del derecho consagrado en el art\u00edculo 29 Superior, que considera vulnerado por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Pereira y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, toda vez que, seg\u00fan manifest\u00f3, fue condenado por unos delitos que no se encontraban tipificados en el ordenamiento patrio para el momento en que las conductas fueron cometidas, al tiempo que se declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial formulada contra la primera condena en segunda instancia, por el il\u00edcito de concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, la acci\u00f3n de tutela se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios -lo que constituye incuria- o porque a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la primera modalidad puesto que el accionante tuvo a su alcance los medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, pero, injustificadamente, los desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la informaci\u00f3n extra\u00edda de los medios de convicci\u00f3n allegados a la presente actuaci\u00f3n, Arboleda Buitrago no formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente al fallo de segundo grado, pese a haber sido advertido de su procedencia, siendo ese el escenario propicio para que el Tribunal de cierre, en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico examinara la presunta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que hoy alega por esta v\u00eda subsidiaria. <\/p>\n
Asimismo, tambi\u00e9n se echa de menos que el promotor no hubiera recurrido en reposici\u00f3n la providencia por medio de la cual el colegiado ad quem declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial, conforme la regla consagrada en el art\u00edculo 194 de la Ley 600 de 2000, mostr\u00e1ndose as\u00ed de acuerdo con tal resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n de la Sala a quo de desestimar el amparo result\u00f3 acertada, porque la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
El amparo establecido en el art\u00edculo 68 superior, contra decisiones judiciales es improcedente salvo que se presente alguna de las \u00abcausales gen\u00e9ricas de procedibilidad\u00bb a las que ha hecho referencia la jurisprudencia constitucional, pues su finalidad es la protecci\u00f3n de derechos fundamentales que resulten vulnerados cuando en el curso del proceso el funcionario judicial act\u00fae y decida de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los que la decisi\u00f3n es emitida desbordando el \u00e1mbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, siempre que no se disponga de otro medio de defensa, y no la de revivir oportunidades o momentos procesales precluidos ni restablecer t\u00e9rminos de ejecutoria que permitan la impugnaci\u00f3n de las decisiones que se perdieron por la inactividad de la parte interesada pues, de lo contrario, este instrumento supralegal contrariar\u00eda principios y valores superiores como la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre el tema la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
As\u00ed, para la Corte la no utilizaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n extraordinario y especial, rese\u00f1ados en precedencia, torna inviable la presente acci\u00f3n de tutela por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, sin que sea necesario realizar consideraci\u00f3n adicional respecto de otras tem\u00e1ticas tales como el acierto de las decisiones cuestionadas pues, precisamente para ello, se debi\u00f3 hacer uso de los referidos instrumentos defensivos. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, por la incuria revelada, pues la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la Sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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