STC13646-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13646-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de septiembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura, ambos de Risaralda; Leandro Giraldo, la Alcald\u00eda y Personer\u00eda Municipal de Sevilla (Valle del Cauca), el Procurador Delegado en Acciones Populares, la Defensor\u00eda del Pueblo y el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada en la acci\u00f3n popular n\u00famero 2015-001315. <\/p>\n
Solicit\u00f3, se ordene (i) al despacho encartado \u00abresolver [su] recurso de reposici\u00f3n y se le ordene que cumpla [los] art[\u00edculos] 12, 117 120 CGP\u00bb; (ii) al Consejo Seccional de la Judicatura y a la hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda \u00aba fin que informen en derecho el estado actual, todas y cada una de las quejas o solicitudes de vigilancia que existan contra la juez 3 civil circuito de Pereira, sin que pueda decir que lo actuado es confidencial o se puede negar a responder lo pedido\u00bb; y (iii) al Procurador Delegado en acciones populares y al Defensor del Pueblo \u00abprobar en derecho la forma que actuaron en esta acci\u00f3n popular tutelada\u2026 a fin de garantizar[le] art. 29 CN y un acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, y adem\u00e1s\u2026 en [su] nombre y representaci\u00f3n hagan una acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa contra la administraci\u00f3n judicial, por posible error judicial y abuso de autoridad\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Leandro Giraldo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A.1, bajo el radicado 2015-01315, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, despacho que, en el curso del proceso, el 25 de junio de 2018 decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito; determinaci\u00f3n que mantuvo el 27 de julio siguiente. <\/p>\n
2.2. El 12 de agosto de 2021 el actor solicit\u00f3 dar continuidad a su acci\u00f3n popular, as\u00ed como impulso oficioso a la misma; petici\u00f3n denegada el 26 de octubre de ese a\u00f1o; petici\u00f3n insistida el 22 de abril de los corrientes, sin embargo, el 8 de agosto de 2022 el estrado judicial neg\u00f3 tras indicar que el juicio est\u00e1 archivado desde 2018 y si bien la Corte Suprema cambi\u00f3 su postura en punto a la oficiosidad del tr\u00e1mite, aquella fue con posterioridad al prove\u00eddo que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito; determinaci\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n por el actor. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, que el estrado judicial no ha resuelto su remedio horizontal, desconociendo los art\u00edculos 12, 117 y 120 del C\u00f3digo General del Proceso e \u00abincumpliendo los t\u00e9rminos que la ley le impone\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que ha solicitado vigilancias administrativas y quejas disciplinarias ante Consejo Seccional de la Judicatura y a la hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, \u00abempero nada se resuelve por estos al respecto y cuando h[a] solicitado informaci\u00f3n [le] responden que es confidencial\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que la Procuradur\u00eda Delegada en acciones populares y el Defensor del Pueblo \u00abno act\u00faan en [sus] acciones populares y men[os] garantizan art. 29 CN, como es su deber y funci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Personer\u00eda Municipal del Sevilla \u2013 Valle del Cauca manifest\u00f3 que consultado los archivos, constat\u00f3 que en el 2021 y 2022 el promotor promovi\u00f3 acciones de tutela con similares hechos, las que fueron resueltas con sentencias Nros. TSP-ST1-0339 y ST1-0213-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial \u2013 Seccional Risaralda indic\u00f3 que no ha tenido participaci\u00f3n al interior de la acci\u00f3n popular 2015-01315; que verificadas las bases de datos, encontr\u00f3 queja bajo el radicado 2018-00283 que tuvo como g\u00e9nesis la compulsa de copias de la Procuradur\u00eda Provincial de Neiva, donde figura como disciplinado el Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite surtido al interior de 68 acciones populares, entre ellas, la 2015-01315, sin embargo, desde el 24 de enero de 2019 se profiri\u00f3 auto de archivo de la investigaci\u00f3n; que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa con Funciones de Procurador Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda anot\u00f3 que la acci\u00f3n popular criticada no fue promovida por esa autoridad, ni ha tenido participaci\u00f3n alguna dentro de ella; que lo se\u00f1alado por el quejoso es ajeno a esa agencia, pues su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos emitiendo concepto de rigor, sin que tenga facultad para tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial; que el promotor no ha formulado ninguna solicitud, queja o reclamo con lo discutido en la salvaguarda. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Alcald\u00eda Municipal de Sevilla \u2013 Valle del Cauca pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, al considerar que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para atender los reclamos supralegales. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda refiri\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es temeraria, pues con oficio n\u00b0 CSJRIO22-1041 de 18 de agosto de 2022 dio respuesta en iguales pretensiones al interior de la solicitud de amparo 2022-00247; que consultado el sistema de gesti\u00f3n, lo pretendido por el quejoso es que el fallador se pronuncie sobre una acci\u00f3n popular archivada por terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito desde el 2018; que Javier El\u00edas no ha solicitado vigilancia judicial contra el fallador criticado con relaci\u00f3n al tr\u00e1mite impartido en la acci\u00f3n popular 2015-01315; que su vinculaci\u00f3n a la salvaguarda es aparente, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Risaralda destac\u00f3 que pese a que existe un sin numero de peticiones formuladas por el actor, no existe ninguna que haya realizado solicitando orientaciones, o asistencia para la interposici\u00f3n de la misma, por lo que no ha vulnerado las garant\u00edas invocadas, raz\u00f3n por la que debe ser desvinculada; que eventualmente el llamado a responder es el estrado judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que la acci\u00f3n popular querellada termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito el 25 de junio de 2018; que por los mismos hechos se tramit\u00f3 una primigenia acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n 2022-00247; que lo pretendido por Arias Id\u00e1rraga es revivir una acci\u00f3n popular archivada desde hace 4 a\u00f1os; remiti\u00f3 link de consulta del expediente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 la salvaguarda al considerar que revisada la acci\u00f3n de tutela 2022-00247, frente al Juzgado accionado no se configuraba la temeridad reclamada, pues lo ahora censura en la tardanza en resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado contra el auto que neg\u00f3 el impulso oficioso, por lo que atendiendo el caso concreto, dicha mora era inexistente, comoquiera que, para cuando se formul\u00f3 la petici\u00f3n de amparo, esto es, el 5 de septiembre de 2022, aun no se hab\u00eda vencido el t\u00e9rmino dispuesto en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso . <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la queja enrostrada al Consejo Seccional de la Judicatura y la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial de Risaralda, encontr\u00f3 configurada la temeridad indicada, pues revisada la acci\u00f3n supralegal 2022-00247, se concluye identidad de hechos y de derechos, sin que se encuentre justificaci\u00f3n en tal proceder, por lo que \u00abconde[n\u00f3] en \u201ccostas\u201d al se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga\u2026 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, en la suma de un (1) smlmv, que deber\u00e1 pagar en un t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, en la cuenta \u201cCSJ \u2013 MULTASY SUS RENDIMIENTOS -CUN\u201d No. 3-0820-000640-8 del Banco Agrarios de Colombia S.A.\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a las s\u00faplicas elevadas contra la Procuradur\u00eda Delegada en Acciones Populares y la Defensor\u00eda Regional del Pueblo, la salvaguarda tambi\u00e9n se torna improcedente, toda vez que, no existen peticiones de esa \u00edndole realizadas de forma directa ante la autoridad competente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 sus peticiones consignadas en el escrito primigenio respecto al Juzgado y solicit\u00f3 se le revoque la sanci\u00f3n impuesta en su contra y se le prueba su temeridad o mala fe, garantiz\u00e1ndosele el debido proceso; indic\u00f3 que si present\u00f3 varias tutelas iguales fue por descuido, pero no por mala fe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n presentada, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del Tribunal; en primer lugar en relaci\u00f3n con la supuesta tardanza del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en resolver el recurso de reposici\u00f3n que inco\u00f3 contra el auto de 8 de agosto de 2022 que no atendi\u00f3 favorablemente su solicitud de impulso oficioso en la acci\u00f3n popular 2015-01315, pues aqu\u00e9lla termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito en junio de 2018, se advierte lo que la doctrina constitucional denomina \u00abhecho superado\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, el estrado querellado el 19 de septiembre de los corrientes, resolvi\u00f3 el remedio horizontal que el quejoso predicaba como insatisfecho, manteniendo lo decidido, por cuanto la mencionada acci\u00f3n popular culmin\u00f3 con desistimiento t\u00e1cito antes del 1\u00b0 de diciembre de 2018, data en la que la Corte Suprema cambi\u00f3 su postura en punto del impulso oficioso (STC14483-2018), raz\u00f3n por la que no era procedente acceder a lo pedido. <\/p>\n
Entonces, como la mora censurada fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u201d. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de la mora en la que pudo incurrir el despacho querellado, lo cierto es, en la actualidad, desapareci\u00f3 la omisi\u00f3n de la que se duele el tutelante, lo que imposibilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3. En segundo lugar, en punto a la omisi\u00f3n de informaci\u00f3n endilgada al Consejo Seccional de la Judicatura y a la hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda respecto de la acci\u00f3n popular 2015-01315, tambi\u00e9n se mantendr\u00e1 la negativa al amparo rogado, puesto que los medios de convicci\u00f3n arrimados al tr\u00e1mite tutelar ponen de manifiesto que el reclamante en anterior oportunidad instaur\u00f3 otra tutela con apoyo en id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la aqu\u00ed denunciada. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal, mediante sentencia de 25 de agosto de 2022 (rad. n.\u00b0 2022-00247) neg\u00f3 del amparo por los mismos hechos que ahora acude el censor a este medio de protecci\u00f3n residual, esto es, la falta de informaci\u00f3n sobre la queja formulada contra el Juez Tercero Civil del Circuito de Pereira, en punto a la acci\u00f3n popular 2015-01315, donde se le indic\u00f3 que la misma hab\u00eda sido archivada en febrero de 2019. <\/p>\n
Por ende, la inconformidad y los presupuestos f\u00e1cticos aducidos en el caso que actualmente ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, as\u00ed como las partes, son iguales a los del reclamo denegado en pasada ocasi\u00f3n, lo que indefectiblemente evidencia que el juez constitucional ya efectu\u00f3 un pronunciamiento frente a la referida situaci\u00f3n, por lo que forzosamente debe concluirse la improcedencia del resguardo suplicado, conforme a la previsi\u00f3n del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.1. En asuntos que guardan similitud con el presente, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, 4 ago., rad. 2016-00554-01; y STC16973-2016, 24 nov., rad. 2016-00362-01). <\/p>\n
En suma, resulta inadmisible un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan el art\u00edculo 38 del Decreto 2595 de 1991, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la solicitud del gestor. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, respecto a la condena en costas que el Tribunal impuso al accionante, observa la Corte que la decisi\u00f3n de primer grado deber\u00e1 confirmarse, pues evidenciada la temeridad en el proceder del quejoso respecto al reclamo contra el Consejo Seccional de la Judicatura y a la hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, se daban los presupuestos del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991 para proceder en aquella forma, pues tal aparte normativo ense\u00f1a que \u00ab[s]i la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
En casos an\u00e1logos al de ahora, ha dejado dicho la Sala que: <\/p>\n
\u2026se ratificar\u00e1 el mandato del a quo constitucional concerniente a la condena en costas, por cuanto deviene de la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, la cual se funda en el actuar temerario del accionante, muchas veces evidenciado, incluso, por esta Sala. El inciso final de la citada regla ense\u00f1a \u00abSi la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, \u00e9ste condenar\u00e1 al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurri\u00f3 en temeridad\u00bb. <\/p>\n
El fundamento normativo de la sanci\u00f3n, fue encontrado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, sobre el cual se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abTiene raz\u00f3n uno de los demandantes cuando afirma que la condena en cuanto a indemnizaciones y costas s\u00f3lo puede ser el resultado de un debido proceso, pero esta aseveraci\u00f3n no lleva necesariamente a la inexequibilidad de la norma acusada, pues el proceso de tutela, aunque sumario y preferente, debe surtirse con plena observancia de las previsiones generales consagradas en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, de las cuales no ha sido ni podr\u00eda haber sido excluido en cuanto se trata de un derecho fundamental. Si en un proceso espec\u00edfico tales requerimientos constitucionales se transgreden, tiene competencia el superior ante quien se impugne el fallo y, en su caso, esta Corporaci\u00f3n, para revocar la correspondiente decisi\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
\u00ab\u2026 Tampoco es contrario a la Carta Pol\u00edtica que se disponga el pago de las costas procesales a cargo del responsable de la violaci\u00f3n o del peticionario que incurri\u00f3 en temeridad, seg\u00fan el caso, pues ello es apenas l\u00f3gico y equitativo trat\u00e1ndose de procesos judiciales\u00bb 2. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el referido \u00f3rgano de cierre se ha pronunciado acerca de la condena en costas, interpretando que \u00abse aplica cuando \u201cfundadamente\u201d se estime que el petente de la tutela incurri\u00f3 en temeridad\u00bb3, la cual como se dijo fue evidenciada en el caso concreto (STC4244-2017, 24 mar., rad 2017-00105-01; reiterado en STC4576-2017, 30 mar., rad. 2017-00158-01). <\/p>\n
Es de destacarse que la denominada \u00abcondena en costas\u00bb en el tr\u00e1mite de tutela al denegarse el resguardo por el proceder temerario de su gestor, ha sido avalada por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, imponiendo directamente tal condena, entre otros, en los radicados T-280\/98 y T-117\/02. <\/p>\n
3.3. En adici\u00f3n a lo expresado, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, se tiene que la nominada \u00abcondena en costas\u00bb impuesta por el Tribunal a-quo ante la acreditada temeridad del accionante respecto a la acci\u00f3n de tutela formulada contra el estrado judicial acusado, se asemeja a una multa o sanci\u00f3n. En cuanto a ello, la Corte Constitucional sostuvo que: <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). <\/p>\n
Fuera de la temeridad no puede existir otro factor cuantificable en la liquidaci\u00f3n de estas costas y hubiera sido m\u00e1s apropiado emplear la expresi\u00f3n multa por temeridad, puesto que, en la moderna ciencia procesal las \u00abcostas\u00bb responden a factor objetivo y la temeridad a lo subjetivo. (Se destac\u00f3 – CC T-443\/95). <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, ha de anotarse que la patente temeridad del quejoso hac\u00eda innecesario que previo a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n se agotara tr\u00e1mite incidental alguno, aspecto frente al que ha sostenido esta Corte en casos similares al de ahora, que: <\/p>\n
\u2026en este caso s\u00ed resulta procedente dicho correctivo aun cuando no se surti\u00f3 un decurso incidental para definirlo. <\/p>\n
Lo aducido porque, de un lado, como lo esgrimi\u00f3 el a quo constitucional, han sido incontables las oportunidades en las cuales se ha negado la pretensi\u00f3n del censor esbozada en id\u00e9nticos t\u00e9rminos frente a la Defensor\u00eda del Pueblo, advirti\u00e9ndosele, en todos los casos, que su actuar contrar\u00eda la moralidad procesal, evidencia un abuso del derecho y se revela como temerario. <\/p>\n
No obstante, aqu\u00e9l ha continuado erigiendo la misma acusaci\u00f3n respecto de ese ente sin explicitar razones para justificarse o allegar prueba alguna que lo excuse, incluso, en este espec\u00edfico asunto, ciment\u00f3 su impugnaci\u00f3n reiterando los reproches contra la autoridad mencionada y se\u00f1alando la ausencia de prueba de su mala fe, cuando los expedientes contentivos de los m\u00faltiples amparos contra la Defensor\u00eda del Pueblo dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n
Y, de otro, por cuanto, esta Sala, para decursos como el presente, se acoge desde ahora a lo considerado por su hom\u00f3loga Laboral en la sentencia STL6749-2016 de 16 de noviembre de 2016\u2026 (STC4576-2016, 30 mar., rad. 2017-00158-01). <\/p>\n
Finalmente, es menester enfatizar que la beneficiaria de la sanci\u00f3n que ha de pagar el censor es la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s del Consejo Superior de la Judicatura, lo que encuentra soporte en que, como de anta\u00f1o lo ha sostenido el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, espec\u00edficamente al abordar el tema del proceder temerario respecto a la proposici\u00f3n de acciones de tutela, tal tipo de actuaci\u00f3n afecta de manera general a la administraci\u00f3n de justicia, dificultando a los dem\u00e1s coasociados el acceso a ella. As\u00ed lo dej\u00f3 sentado la Corte Constitucional desde el 3 de octubre de 1995, al consignar: <\/p>\n
Hay que decir que, trat\u00e1ndose de la tutela, la condenaci\u00f3n en costas no obedece a un car\u00e1cter disuasivo porque el Constituyente consagr\u00f3 la tutela como una acci\u00f3n p\u00fablica, es de su esencia la gratuidad, est\u00e1 \u00edntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un se\u00f1alamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administraci\u00f3n de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de OTROS se desarrolle normalmente\u2026 <\/p>\n
…si se ha dicho que en realidad lo que se castiga es la temeridad, entonces es coherente aceptar que estas \u00abcostas\u00bb son m\u00e1s multa que cualquier otra cosa y ante esta interpretaci\u00f3n es el aparato judicial el afectado por la temeraria tutela instaurada porque lo desgasta en todo sentido, luego ser\u00e1 la administraci\u00f3n de justicia quien recibir\u00e1 el monto de las \u00abcostas\u00bb que el Juez competente se\u00f1alar\u00e1, dentro de los par\u00e1metros del art\u00edculo 73 del C. de P.C.: 10 a 20 salarios m\u00ednimos mensuales, QUANTUM que fijar\u00e1 el Juez de Tutela porque la Corte es Juez de Revisi\u00f3n (Se destac\u00f3, CC T-443\/95; criterio reiterado por esa Corporaci\u00f3n, entre otras decisiones, en T-322\/96, T-679\/96, T-280\/98 y A-031\/99). <\/p>\n
4. Lo consignado impone ratificar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sucursal ubicada en la Carrera 51 n\u00b0 50-03 de Sevilla (Valle del Cauca) <\/p>\n
2\u0002 CC C-543\/92. <\/p>\n
3\u0002 CC T-032\/94. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC13646-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC13646-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00327-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-67945","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-octubre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67945\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}