STC13657-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13657-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03433-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Orteg\u00f3n Cufi\u00f1o contra la Homologa de Casaci\u00f3n Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito de Gachet\u00e1 y las partes e intervinientes en la causa penal 2017-000651. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en causa propia, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00aba la igualdad\u2026 debido proceso\u2026 y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la extensa demanda y las pruebas recaudadas se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2018, el Juzgado Penal del Circuito de Gachet\u00e12, conden\u00f3 a Rosa Orteg\u00f3n Cufi\u00f1o a purgar 72 meses de prisi\u00f3n y a sufragar una multa de 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como autora del delito de fraude procesal, concedi\u00e9ndole la sustituci\u00f3n del internamiento penitenciario por domiciliario. <\/p>\n
Contra esta determinaci\u00f3n la procesada formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, desatado el 30 de enero de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el sentido de confirmar la declaratoria de responsabilidad penal, al tiempo que aclar\u00f3 que la sanci\u00f3n econ\u00f3mica deb\u00eda calcularse con base en el salario m\u00ednimo vigente para el a\u00f1o 2016. <\/p>\n
El defensor de la condenada recurri\u00f3 en casaci\u00f3n el fallo de segundo grado, la que, luego de ser admitida, fue resuelta por la Hom\u00f3loga Penal con sentencia SP2879-2022 del pasado 10 de agosto, desestimando los cargos formulados en la respectiva demanda. <\/p>\n
3. La promotora considera lesionadas sus garant\u00edas constitucionales dado que, previo a concederse el recurso de casaci\u00f3n impetrado, solicit\u00f3 la invalidaci\u00f3n de lo actuado \u00aba partir de la sentencia condenatoria\u2026 calendada el 28 de septiembre de 2018 inclusive\u00bb dado que para esa \u00e9poca la acci\u00f3n penal se hallaba prescrita, sin que la colegiatura ad quem se hubiera pronunciado. <\/p>\n
Ante esa omisi\u00f3n, dice, acudi\u00f3 la Corte a efectos de solicitar la devoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n al tribunal con el fin de que se diera tr\u00e1mite al incidente; empero, tampoco obtuvo respuesta alguna. <\/p>\n
4. Sin atribuir defecto espec\u00edfico alguno, de aquellos que viabilizan la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales3, la gestora solicita: \u00abDecretar la nulidad de lo actuado, a partir del 28 de septiembre de 2018 inclusive[,] declarar la prescripci\u00f3n del punible de fraude procesal [y] cesar todo procedimiento y decretar, la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y civil, derivadas del punible por el que fui condenada\u00bb <\/p>\n
Subsidiariamente depreca \u00abdevolver el expediente a la Sala Penal del H. Tribunal Superior para que se pronuncie sobre la nulidad pendiente o, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u2026 para que, emita un nuevo pronunciamiento, ajustado a la Constituci\u00f3n, a la ley y a los precedentes de las Altas Cortes\u00bb. <\/p>\n
Y DEM\u00c1S VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por conducto del Magistrado ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada, pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo o, en su defecto, desestimarlo, por cuanto \u00aben la decisi\u00f3n emitida\u2026 se explic\u00f3 de forma clara (i) porque [sic] no se vulnera el principio de favorabilidad\u2026 y (ii) porqu\u00e9 [sic] la acci\u00f3n penal en el delito de fraude procesal por el que se conden\u00f3 a la accionante, no se encontraba prescrita, aspecto este donde se present\u00f3 controversia y la disparidad de criterios jur\u00eddicos\u2026 pero, donde se debe resaltar\u2026 se respet\u00f3 el precedente judicial fijado por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Cuarenta y Nueve Penal del Circuito (Ley 600 de 2000) confirm\u00f3 que, en efecto, adelant\u00f3 el proceso sobre el que recae la presente queja constitucional hasta la culminaci\u00f3n de la audiencia p\u00fablica, pero que, por virtud de una medida de descongesti\u00f3n dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, remiti\u00f3 el diligenciamiento a su hom\u00f3logo de Gachet\u00e1, despacho que profiri\u00f3 el fallo de primer grado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que su actuaci\u00f3n, luego de la emisi\u00f3n de la sentencia, se limit\u00f3 a llevar a cabo las notificaciones de rigor y tramitar las apelaciones formuladas por la bancada defensiva, de all\u00ed que no haya tenido \u00abinjerencia alguna en los pronunciamientos\u00bb censurados, por lo cual solicit\u00f3 ser desvinculado del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. El Juez Penal del Circuito de Gachet\u00e1 dijo que, contrario a lo manifestado por la quejosa, el tema de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal fue estudiado en ambas instancias e, incluso, en sede de casaci\u00f3n, de manera que es inexistente la lesi\u00f3n atribuida en el escrito tutelar. <\/p>\n
4. El Procurador 317 Judicial Penal II de esta ciudad tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que lo pretendido por la actora es \u00abrevivir etapas procesales que ya fueron superadas\u00bb, como si la acci\u00f3n de tutela fuera una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento procedimental. <\/p>\n
5. La Fiscal 215 Seccional de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 ser desvinculada de la actuaci\u00f3n en tanto la queja \u00abse direcciona contra corporaciones y juzgados diferentes a esta fiscal\u00eda\u00bb, al tiempo que no intervino en la actuaci\u00f3n objeto de censura \u00aby por lo mismo no tengo conocimiento del tr\u00e1mite del proceso seguido contra la accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte verificar si las accionadas vulneraron las prerrogativas fundamentales de Rosa Orteg\u00f3n Cufi\u00f1o dentro del proceso penal en el que fue condenada porque, supuestamente, omitieron resolver una solicitud de invalidaci\u00f3n formulada, inclusive, antes de concederse el recurso de casaci\u00f3n; adem\u00e1s, deber\u00e1 establecerse si la acci\u00f3n de tutela es la herramienta id\u00f3nea para decretar la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la queja de Rosa Orteg\u00f3n Cufi\u00f1o se contrae a que, seg\u00fan dice, las autoridades jurisdiccionales querelladas no dieron tr\u00e1mite ni resolvieron el incidente de nulidad propuesto con antelaci\u00f3n al otorgamiento del recurso extraordinario, solicitud que se fund\u00f3 en el supuesto acaecimiento de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y que fue reiterada en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, de conformidad con el material probatorio recaudado en este tr\u00e1mite, es preciso resaltar que no existe situaci\u00f3n alguna susceptible de ser corregida a trav\u00e9s de este instrumento supralegal, puesto que en la providencia por medio de la cual la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria formulada por la quejosa (SP2879-2022, 10 de agosto), se abord\u00f3, in extenso, el estudio de la aludida censura, advirti\u00e9ndose que no se encontraba configurado el mencionado fen\u00f3meno extintivo en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) frente a conductas punibles como la ac\u00e1 descrita (inscripci\u00f3n ap\u00f3crifa en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos), al delito de fraude procesal es de mera conducta y tambi\u00e9n de conducta permanente, esto por cuanto se consuma con la inducci\u00f3n en el error provocada al servidor p\u00fablico (descartando con ello que se trate de un delito \u201cde resultado\u201d que admite el grado de tentativa, impensable en el ordenamiento colombiano para el frade procesal), y la agresi\u00f3n al bien jur\u00eddicamente tutelado persiste en el tiempo hasta cuando el funcionario salga del error en el que fue inducido. <\/p>\n
Es por ello que, para descartar contradicciones jur\u00eddicas, debe establecerse que en el delito de fraude procesal se debe imponer, en eventos de tr\u00e1nsito legislativo, la pena establecida en la normatividad en la cual el delito se sigue ejecutando (en este caso la pena que consagr\u00f3 el art\u00edculo 11 de la Ley 890 de 2004), y que la prescripci\u00f3n inicia su conteo desde que desaparezcan los efectos jur\u00eddicos de la inducci\u00f3n en el error al servidor p\u00fablico, y a la sociedad en general por cuanto el certificado de libertad y tradici\u00f3n de un bien inmueble es el oponible a terceros. <\/p>\n
(\u2026) en el presente caso el injusto de fraude procesal\u2026 se prolong\u00f3 hasta\u2026 cuando por orden de la Fiscal\u00eda el Registrador inscribi\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la transferencia fraudulenta del dominio, dada la naturaleza del punible de car\u00e1cter permanente que la jurisprudencia le ha otorgado\u2026 es claro que, conforme a la l\u00ednea jurisprudencial atr\u00e1s citada, se aplic\u00f3 acertadamente el art\u00edculo 11 de la Ley 890 de 2004, vigente a partir del 7 de julio de 2004, que contiene un aumento punitivo aut\u00f3nomo para el delito de fraude procesal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otra parte, con trasgresi\u00f3n del principio de correcci\u00f3n material, que exige que entre las piezas procesales en las que se apoyan las censuras y la presentaci\u00f3n que de ellas se haga en el escrito de sustentaci\u00f3n, debe existir una relaci\u00f3n de correspondencia objetiva, respetando siempre su realidad, el censor reprocha la omisi\u00f3n de pronunciamiento del Tribunal frente a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, situaci\u00f3n que s\u00ed fue analizada por esa judicatura. <\/p>\n
A partir de considerar que en el caso concreto resultaba aplicable el art\u00edculo 11 de la Ley 890 de 2004, conforme a la postura jurisprudencial acabada de memorar, y de acoger el criterio de la Corte que explica que el punible de fraude procesal finaliza cuando los efectos del enga\u00f1o cesan, vale decir, mientras dura el estado de ilicitud, as\u00ed discurri\u00f3 el juez corporativo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Id\u00e9ntico an\u00e1lisis efectu\u00f3 el a quo, al referirse espec\u00edficamente al asunto de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En otras palabras, en este asunto no le fue desconocido a la procesada el principio de la ley penal m\u00e1s favorable. <\/p>\n
El demandante ten\u00eda la obligaci\u00f3n de justificar que el criterio judicial de esta Corporaci\u00f3n no es el llamado a regular la situaci\u00f3n examinada, o bien, que las subreglas establecidas en los anotados precedentes son erradas y deben ser recogidas, modificadas o moduladas, pues, solo as\u00ed podr\u00eda sugerir razonablemente que las instancias incurrieron en el error denunciado al elegir la norma sustantiva aplicable al asunto y condenar\u2026 por el punible de fraude procesal. <\/p>\n
Esa carga no fue satisfecha por el casacionista quien, a pesar que esgrimi\u00f3 algunas referencias jurisprudenciales y legales que apuntalan su postura, en esencia, simplemente denotan su desacuerdo con la pac\u00edfica de la Corte (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por Orteg\u00f3n Cufi\u00f1o habida consideraci\u00f3n que su postulaci\u00f3n fue resuelta por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal al desatar el recurso extraordinario, evidenci\u00e1ndose, entonces, que lo pretendido por ella es perpetuar el debate sobre si en su caso se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal e insistir, por esta senda, en un alegato que fue debidamente abordado y desestimado por la autoridad judicial competente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No se acceder\u00e1 al amparo reclamado por cuanto los hechos expuestos por el actor en esta sede excepcional no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 tramitada bajo los par\u00e1metros de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
2\u0002 Despacho que actu\u00f3 por virtud de una medida de descongesti\u00f3n otorgada al Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que era quien ven\u00eda conociendo del asunto. <\/p>\n
3\u0002 La promotora se limit\u00f3 a indicar \u00abbasta con decir que, se infringieron mis derechos fundamentales\u2026 por cuanto la H. Sala Mayoritaria exprofeso, cambi\u00f3 los par\u00e1metros tenidos en cuenta en casos similares [sic]\u00bb <\/p>\n
<\/p>\n
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