STC13658-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13658-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00479-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 22 de septiembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel Mart\u00ednez Betancur contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Noveno Civil Municipal de esa urbe y los intervinientes en la simulaci\u00f3n n\u00ba 2020-00961. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, el accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al revocar en sede de apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n que hab\u00eda accedido a sus pretensiones. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, adelant\u00f3 contra Gregorio Acosta Mart\u00ednez proceso para que se declarara la simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa celebrado sobre varios inmuebles, los que fueron adquiridos inicialmente por su abuelo Luis Fernando Mart\u00ednez Arango, quien en el a\u00f1o 2004 se los hab\u00eda transferido a su progenitora Adriana Betancur Arango, pero \u00absin que efectivamente se hubiere hecho pago alguno por concepto del precio fijado en el correspondiente instrumento p\u00fablico, a la vez que tampoco se hizo entrega material de los inmuebles, en tanto que el supuesto vendedor continu\u00f3 haciendo uso de los mismos y sufragando los impuestos generados y las cuotas ordinarias y extraordinarias de administraci\u00f3n comunitaria de tales bienes\u00bb. <\/p>\n
Refiere que posteriormente, aqu\u00e9lla mediante escritura n\u00b0 692 del 6 de marzo de 2009 le transfiri\u00f3 a \u00e9l la propiedad de los bienes, pero \u00abtampoco se pag\u00f3 el precio fijado en el instrumento p\u00fablico\u00bb y \u00e9stos continuaron en cabeza de su abuelo, quien falleci\u00f3 el 21 de julio de 2020, por lo que, \u00abno obstante haber tenido la titularidad de los inmuebles durante un lapso de m\u00e1s de 10 a\u00f1os (\u2026) siempre tuvo presente que realmente los inmuebles hac\u00edan parte de la sociedad conyugal conformada entre sus abuelos\u00bb, lo que lo llev\u00f3 a adelantar el litigio de simulaci\u00f3n, \u00abcon el \u00fanico prop\u00f3sito de que los inmuebles ingresaran finalmente a ser parte del patrimonio\u00bb de esa sociedad. <\/p>\n
Aduce que agotado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia del 26 de enero del a\u00f1o en curso el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn accedi\u00f3 a sus pretensiones; empero, apelado lo resuelto por el demandado, mediante prove\u00eddo del pasado 29 de julio el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma urbe dej\u00f3 sin valor ni efecto lo resuelto para negar los pedimentos de la demanda, tras considerar que no le asist\u00eda inter\u00e9s para impetrar la acci\u00f3n. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 de dicha determinaci\u00f3n, que en ning\u00fan momento ese argumento fue objeto de los reparos expuestos en la alzada, por lo que \u00ablo debi\u00f3 haber hecho el juzgado en este caso espec\u00edfico, no era cosa distinta a la de declarar la NULIDAD de la sentencia impugnada por estar presente la causal y devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que \u00abse deje sin valor ni efecto la Sentencia Revocatoria proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad en fecha 29 de julio de 2022\u00bb, y subsidiariamente, \u00absi se considera que de acuerdo con la ley existe una causal de nulidad en el tr\u00e1mite del proceso, (\u2026) anula[r] la[s] sentencias de Primera y de Segunda Instancia y (\u2026) ordena[r] remitir el expediente al Juzgado que conoci\u00f3 del proceso en la Primera Instancia para que subsane la susodicha causal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn solicit\u00f3 denegar el amparo, \u00abcon la seguridad que las decisiones tomadas en el proceso [criticado] (\u2026) se hicieron con base en la normativa y en la jurisprudencia sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
2. Gregorio Acosta Mart\u00ednez, demandado dentro del litigio revisado, pidi\u00f3 desestimar lo reclamado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues \u00abla sentencia es una respuesta acertada a una demanda que jam\u00e1s debi\u00f3 admitirse y tramitarse, tomando en consideraci\u00f3n que el demandante carec\u00eda de un inter\u00e9s en la pretensi\u00f3n como presupuesto de la misma\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que la decisi\u00f3n censurada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque el gestor considera que ha debido declararse la invalidez de lo actuado al interior del pleito cuestionado, y no revocar el fallo de primera instancia, \u00abcomo bien lo dijo el fallador, en el proceso de simulaci\u00f3n no se demostr\u00f3 el inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar\u00bb, y si bien la parte demandada no present\u00f3 reparo alguno en relaci\u00f3n con ello al recurrir lo decidido, lo cierto es que, \u00abeste es uno de los presupuestos procesales que el fallador debe analizar, al punto que, de no encontrarlo acreditado, tendr\u00e1 que negar las pretensiones de la demanda, sin que, por ello, la sentencia pueda ser catalogada de incongruente\u00bb, raz\u00f3n por la cual, concluy\u00f3, no es posible evidenciar la vulneraci\u00f3n superior alegada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante reiterando las censuras a la decisi\u00f3n recriminada conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial, insistiendo en que, \u00ab(\u2026) en caso de considerarse que no se hab\u00eda integrado cabalmente el litis consorcio (sic) por activa, lo procedente era la declaratoria de nulidad del falo de primera instancia en el proceso de simulaci\u00f3n y no la revocatoria de la sentencia, tal como lo hizo el Juzgado accionado\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al revocar la sentencia de primera instancia proferida el 26 de enero de 2022 por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn, para negar las pretensiones de la demanda de simulaci\u00f3n presentada por Daniel Mart\u00ednez Betancur (aqu\u00ed tutelante) contra Gregorio Acosta Mart\u00ednez (n\u00b0 2020-00961). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales arrimadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de mantenerse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al examinar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en Oralidad de Medell\u00edn decidi\u00f3 \u00abREVOCAR la sentencia del 26 de enero de 2022, proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn, para en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda\u00bb, dentro del proceso de simulaci\u00f3n seguido por el tutelante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por \u00e9ste, en raz\u00f3n a que el referido pronunciamiento se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, el funcionario judicial acusado comenz\u00f3 por precisar que, dentro de los presupuestos procesales, y para poder fallar de fondo el asunto, era necesario estudiar el inter\u00e9s para obrar del demandante, quien pretendi\u00f3 expresamente en el libelo introductorio que se declarara la simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa celebrado respecto de tres inmuebles con Gregorio Acosta Mart\u00ednez mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 300 del 26 de junio de 2009, \u00abtoda vez que los celebrantes no ten\u00edan la voluntad real que se transfiriera la propiedad de los inmuebles, en tanto que lo \u00fanico que hicieron fue acatar lo dispuesto por su abuelo LUIS FERNANDO MARTINEZ ARANGO\u00bb, para que los mismos fueran regresados a la sociedad conyugal conformada por sus ascendientes. <\/p>\n
De este modo, se\u00f1al\u00f3 que aunque existe legitimaci\u00f3n en la causa frente a cada uno de los extremos procesales, pues \u00abson respectivamente vendedor y comprador en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1849 del CC, luego aquel (sic) pretende que se declare por parte de la jurisdicci\u00f3n que la venta realizada a este (sic) no fue real, lo fue ficticia\u00bb; no existe un real inter\u00e9s para promover la acci\u00f3n en cabeza del demandante, habida cuenta que si bien ciertamente \u00e9ste se\u00f1al\u00f3 en la demanda \u00abuna cadena ininterrumpida de actos simulatorios dispuestos y ordenados por el titular inicial de los bienes objeto de la pretensi\u00f3n, parqueaderos y cuarto \u00fatil, LUIS FERNANDO MARTINEZ ARANGO a su hija ADRIANA BETANCUR ARANGO, luego de esta a su hijo DANIEL MARTINEZ BETANCUR y despu\u00e9s de este a su primo y nieto de aquel GREGORIO ACOSTA MARTINEZ, el beneficio material o moral o juicio de utilidad no es para el demandante BETANCUR ARANGO, sino para la sucesi\u00f3n de LUIS FERNANDO MARTINEZ ARANGO\u00bb, raz\u00f3n por la cual, en lo fundamental, \u00abno existe un motivo serio y fundado para invocar la pretensi\u00f3n para s\u00ed, es decir, cuando la adquisici\u00f3n de los bienes tambi\u00e9n fue simulada como lo confiesa en los hechos de la demanda y lo ratifica en el interrogatorio de parte, resulta fallido el inter\u00e9s para obrar\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 el juzgador, al no estar demostrado uno de los presupuestos de la pretensi\u00f3n, como lo es, el inter\u00e9s del actor para promover la acci\u00f3n, \u00abejercicio de comprobaci\u00f3n que debe realizarse al dictarse la sentencia, es decir una vez agotada la tramitaci\u00f3n del proceso, puesto que la titularidad efectiva, en la mayor\u00eda de los casos no puede establecerse a priori, ni desde la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, lo procedente es \u00abrevocar la sentencia impugnada, para negar las pretensiones del demandante\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta demanda deviene inviable, porque la actuaci\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que, contrario a lo sostenido por el accionante, no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el hecho de que el actor disienta de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues no basta una providencia discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC12925-2022, 28 sep. 2022, rad. 03217-00). <\/p>\n
Del mismo modo, se ha sostenido que cuando la determinaci\u00f3n reprochada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto censurado (CSJ STC 21 jul. 1995, rad. 2397, citada entre otras en STC10347-2022, 10 ago. 2022, rad. 00144-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por el ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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