STC13662-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13662-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2022-00073-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que Aidaly Pati\u00f1o Tovar formul\u00f3 frente al fallo emitido el 25 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le formul\u00f3 a los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Segundo Civil Municipal de dicha ciudad, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo hipotecario 2009-00953. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 la anulaci\u00f3n de lo actuado en el ejecutivo hipotecario que le promovi\u00f3 el Banco Caja Social S.A. y, en consecuencia, se disponga su terminaci\u00f3n, de conformidad con lo prescrito en el art\u00edculo 42 de la Ley 542 de 1999. <\/p>\n
Adujo, en esencia, que la finalizaci\u00f3n del coercitivo es procedente a la luz de las pautas trazadas por la Corte Constitucional y esta Corporaci\u00f3n, porque el cr\u00e9dito ejecutado es de vivienda, no ha sido reestructurado por el Banco, y pese a que ha alegado dicha circunstancia en el proceso, las autoridades han negado sus rogativas. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la \u00faltima actuaci\u00f3n del proceso corresponde a la realizada por la Inspecci\u00f3n Quinta Urbana de Polic\u00eda de Pasto, quien dej\u00f3 un aviso a los moradores del inmueble que fue objeto de hipoteca, inform\u00e1ndoles que lo entregar\u00eda el 12 de agosto de 2022. <\/p>\n
2.- Los despachos enjuiciados se opusieron al amparo. El Banco Caja Social, por su parte, destac\u00f3 que, desde marzo de 2019, es el due\u00f1o del inmueble que fue objeto de garant\u00eda real, a ra\u00edz de su adjudicaci\u00f3n por cuenta del cr\u00e9dito. Precis\u00f3, adem\u00e1s, que no hay afectaci\u00f3n del derecho de vivienda digna de la actora, comoquiera \u00abno ocupa actualmente el inmueble sino que lo tiene entregado a otra persona, Magdalena D\u00edaz, bajo un contrato de anticresis\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal declar\u00f3 improcedente el amparo. Tras precisar los presupuestos que deb\u00eda cumplirse para obtener, v\u00eda tutela, la extinci\u00f3n del coercitivo, se\u00f1al\u00f3 que la quejosa no hab\u00eda actuado con m\u00ednima diligencia en el asunto, al no haber alegado la ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en las etapas procesales respectivas. Asimismo, destac\u00f3 que el ruego era inoportuno, al haberse propuesto siete (7) a\u00f1os despu\u00e9s de que el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto adjudicara el predio a la entidad ejecutante. <\/p>\n
4.- La actora, inconforme, impugn\u00f3. Puntualiz\u00f3 que para la prosperidad del resguardo bastaba que, como lo hizo, hubiese alegado en cualquier oportunidad la omisi\u00f3n denunciada. A su vez, nada obstaba para que intentara el auxilio despu\u00e9s de la adjudicaci\u00f3n del inmueble, toda vez que, seg\u00fan esta Corporaci\u00f3n, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante, como en el caso, la acci\u00f3n pod\u00eda intentarse incluso con posterioridad a dicho instante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El veredicto opugnado se ratificar\u00e1, pero no porque la acci\u00f3n sea inoportuna, o la censora hubiese omitido defender sus garant\u00edas con un \u00abm\u00ednimo de diligencia\u00bb, sino porque no se acredit\u00f3 la afectaci\u00f3n del derecho a la vivienda digna. <\/p>\n
1.1.- Como lo se\u00f1ala la promotora, y tambi\u00e9n lo hizo ver el Tribunal de Pasto, la concesi\u00f3n del amparo dirigido a obtener la reestructuraci\u00f3n de obligaciones hipotecarias prevista en la Ley 546 de 1999, y sus secuelas, est\u00e1 supeditado1, a que: <\/p>\n
(i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado o, a\u00fan, con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999 (STC6968-2015, STC3055-2021, STC5013-2022, STC3070-2022, entre otras). <\/p>\n
El primer requisito se justifica para proteger el derecho de terceros ajenos a la controversia, quienes pueden ver afectados sus intereses en caso de la adopci\u00f3n de medidas a favor del deudor, quien ha perdido su vivienda, en virtud del proceso ejecutivo hipotecario. Inicialmente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-2017, estableci\u00f3 que el t\u00e9rmino razonable dentro del cual el afectado pod\u00eda defender sus derechos despuntaba desde la decisi\u00f3n judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate o de la adjudicaci\u00f3n del inmueble. Esta Corporaci\u00f3n, en STC6968-2015, reiterada en STC3500-2021, bajo ese entendido, consider\u00f3 que la oportunidad se extend\u00eda con posterioridad a la adjudicaci\u00f3n, si la misma se hab\u00eda efectuado a favor de la entidad ejecutante. Ello, \u00aben la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de una persona ajena al juicio ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
El segundo presupuesto tiene que ver con el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de este mecanismo. Dado su car\u00e1cter residual y excepcional, se exige a su promotor, haber intentado ante el juez de conocimiento la protecci\u00f3n de sus derechos, por ser \u00e9l el primer llamado a restaurarlos. Claro, en estos casos, como est\u00e1 envuelta la garant\u00eda del debido proceso en relaci\u00f3n con el derecho a la vivienda digna, no se requiere, como equivocadamente lo entendi\u00f3 el Tribunal, que la defensa del lesionado se realice en los tiempos prescritos por el estatuto procesal civil. Basta, como lo precis\u00f3 cierta diligencia, que \u00abconsiste en haber solicitado la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo o la nulidad del mismo por haber continuado ileg\u00edtimamente\u00bb, \u00aben cualquiera de las oportunidades de defensa al alcance del ejecutado o de manera espec\u00edfica en cualquiera de las etapas del proceso ejecutivo\u00bb, antes de que se transfiera el derecho de dominio en cabeza de un tercero. <\/p>\n
La \u00faltima exigencia, relativa a la afectaci\u00f3n del derecho a la vivienda digna, en la que ahondar\u00e1 la Sala, por ser la que determina la suerte de las aspiraciones de la censora, tiene que ver con el hecho de que la protecci\u00f3n de dicha garant\u00eda es el fin \u00faltimo de la terminaci\u00f3n del ejecutivo hipotecario, cuando el cr\u00e9dito no ha sido reestructurado. De suerte que, si esa prerrogativa no resulta lesionada, a causa de dicha omisi\u00f3n, la intromisi\u00f3n constitucional es innecesaria y, por ende, deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
Al respecto, importa memorar, que el deber de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, exigible frente a los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos en UPAC antes del 31 de diciembre de 1999, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 19992, surgi\u00f3, entre otras razones, en beneficio de \u00abquienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla\u00bb. <\/p>\n
A finales de los a\u00f1os noventa el pa\u00eds sufri\u00f3 una fuerte crisis financiera que golpe\u00f3 especialmente a los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda. Dicha crisis, suscitada por diversos factores, que no son del caso especificar aqu\u00ed, unida a los t\u00e9rminos en que tales obligaciones deb\u00edan ser sufragadas3, provoc\u00f3 que los colombianos dejaran de pagarlas, fueran demandados para su soluci\u00f3n, perdieran sus viviendas, o desmejoraran sus condiciones de vida en el esfuerzo de cubrir mes a mes la cuota de la deuda4. <\/p>\n
Entonces, el camino de superar ese estado de cosas, am\u00e9n de los mandatos que la Corte Constitucional imparti\u00f3 al Congreso de la Rep\u00fablica, para que cumpliera el deber del Estado de fijar \u00ablas condiciones necesarias para hacer efectivo\u00bb el derecho a la vivienda digna, \u00abas\u00ed como el promover \u2018planes de vivienda de inter\u00e9s social\u2019, y \u2018sistemas adecuados de financiaci\u00f3n a largo plazo\u2019\u00bb, se expidi\u00f3 la Ley 546 de 1999, de cuyo art\u00edculo 42 surge el referido deber de reestructurar los cr\u00e9ditos otorgados en UPAC a 31 de diciembre de 2009, como condici\u00f3n para su ejecuci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte Constitucional destac\u00f3 (SU813-07): <\/p>\n
En efecto, como desarrollo de mandatos constitucionales, el legislador modific\u00f3 el sistema de financiaci\u00f3n de vivienda. Con la finalidad de que este nuevo sistema permitiera a los deudores conservar sus viviendas, la Ley 546 de 1999 estableci\u00f3 que los cr\u00e9ditos hipotecarios deb\u00edan ser reliquidados y una vez acordada la reliquidaci\u00f3n entre deudor y acreedor, deb\u00edan terminarse los procesos ejecutivos vigentes a 31 de diciembre de 1999. S\u00f3lo ante un nuevo incumplimiento del deudor, en las condiciones fijadas por la Ley 546 de 1999 mencionada, pod\u00eda comenzar un nuevo proceso para el cobro ejecutivo de la (nueva) obligaci\u00f3n incumplida. En este sentido, el derecho a la terminaci\u00f3n de los juicios era un derecho procesal directamente vinculado con el derecho a conservar una vivienda digna. <\/p>\n
<\/p>\n
En virtud de lo anterior, ante la negativa judicial de terminar el proceso, la parte interesada pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n de tutela para que el juez constitucional protegiera su derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el derecho a conservar su vivienda (se enfatiza). <\/p>\n
Ahora se entiende, por qu\u00e9 para la viabilidad del amparo no basta que en el caso se predique la obligaci\u00f3n de reestructurar el cr\u00e9dito, sino que, es necesario, que la infracci\u00f3n de dicho mandato comprometa el derecho a la vivienda del deudor, esto es, que exista el riesgo de que el tutelante sea privado de la tenencia del lugar donde desarrolla su proyecto de vida. <\/p>\n
Sobre el punto, n\u00f3tese que el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la \u00abObservaci\u00f3n General No. 4: el derecho a la vivienda adecuada (p\u00e1rrafo 1 del art\u00edculo 11 del Pacto5)\u00bb, ha dicho que la referida garant\u00eda puede definirse como la posibilidad de \u00abdisponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminaci\u00f3n y ventilaci\u00f3n adecuadas, una infraestructura b\u00e1sica adecuada y una situaci\u00f3n adecuada en relaci\u00f3n con el trabajo y los servicios b\u00e1sicos, todo ello a un costo razonable\u00bb. Asimismo, ha destacado que uno de los criterios para determinar los alcances de la prerrogativa es la \u00abseguridad jur\u00eddica de la tenencia\u00bb, en el sentido de indicar: <\/p>\n
La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (p\u00fablico y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupaci\u00f3n por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupaci\u00f3n de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protecci\u00f3n legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. <\/p>\n
En suma, a efectos de obtener, v\u00eda tutela, la reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito de vivienda concedido en UPAC, al 31 de diciembre de 1999, as\u00ed como los efectos de su omisi\u00f3n, el interesado debe promover la acci\u00f3n en i) un plazo razonable (antes de la consolidaci\u00f3n del derecho de dominio del rematante, y despu\u00e9s, si el adjudicatario es el ejecutante), ii) haber provocado del juez natural un pronunciamiento, y iii) acreditar que la infracci\u00f3n del deber de reestructuraci\u00f3n hiere su derecho a la vivienda digna. <\/p>\n
No obstante, la suerte es distinta frente al requisito relativo a la afectaci\u00f3n de la vivienda, en la medida en que la quejosa no ha desarrollado ni desarrolla, en la actualidad, su proyecto de vida en el inmueble ligado a la ejecuci\u00f3n, situado en la capital de Nari\u00f1o, en la Manzana A Casa 3 de la Urbanizaci\u00f3n Nueva Aranda. <\/p>\n
As\u00ed es, comoquiera que la peticionaria, en el escrito que radic\u00f3 el 19 de julio de 2010, inform\u00f3 que era \u00abresidente y domiciliada en Mocoa (P)\u00bb. La notificaci\u00f3n de la orden de apremio no se pudo realizar en la direcci\u00f3n del mencionado predio (25 nov. 2010). La diligencia de secuestro del bien fue atendida por Adriana Soler (2 jun. 2010). En el \u00abincidente de nulidad\u00bb, por indebida notificaci\u00f3n, formulado por el representante judicial de la actora, se precis\u00f3 (nov. 2011): \u00abMi mandante manifiesta que nunca habit\u00f3 en esa direcci\u00f3n, puesto que dicho inmueble lo adquiri\u00f3 para darlo en arrendamiento\u00bb; igualmente se dijo que Adriana Soler era la arrendataria del inmueble6. Por otra parte, la actora afirm\u00f3 que era \u00abvecina de Mocoa (Putumayo)\u00bb, en el poder conferido al profesional del derecho que present\u00f3 esta acci\u00f3n (ag. 2022). La entidad ejecutante, al descorrer el traslado del libelo se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ocupa actualmente el inmueble sino que lo tiene entregado a otra persona, Magdalena D\u00edaz, bajo un contrato de anticresis\u00bb. <\/p>\n
1.4.- Entonces, toda vez que la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito reclamada por la actora no hiere su derecho a la vivienda digna, la injerencia supralegal no se justifica. <\/p>\n
En un caso de similares contornos a este la Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Para resolver el presente asunto, es necesario destacar que aunque la accionante cumpli\u00f3 con los presupuestos relativos a (i) formular la tutela antes de la entrega del bien al cesionario del cr\u00e9dito, por cuenta de la adjudicaci\u00f3n hecha en su favor, y (ii) obrar con un \u00abm\u00ednimo de diligencia\u00bb, dado que en varias oportunidades ha puesto en conocimiento de los jueces naturales la problem\u00e1tica aqu\u00ed expuesta; no cumple con el (iii) requisito, relativo a buscar con este amparo la protecci\u00f3n de su derecho a la vivienda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Lo anotado porque, como lo refiri\u00f3 la abogada del cesionario y la titular del despacho municipal censurado, la actora no habita en el predio hipotecado desde hace \u00abvarios a\u00f1os\u00bb, hall\u00e1ndose en el mismo una persona que dijo ser arrendataria y a quien se le confiri\u00f3 un plazo adicional para desalojar el predio; aspectos que muestran, sin duda, que este amparo no puede salir avante para proteger el derecho a la vivienda de la accionante, como quiera que ella no est\u00e1 ocupando el inmueble con tal prop\u00f3sito (STC3070-2022). <\/p>\n
1.5. Por tanto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La Sala, en casos en los que existen embargos de remanentes vigentes frente al deudor, ha destacado que, tambi\u00e9n, es importante establecer si este se encuentra en la capacidad de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario (STC5248-2021, mediante la cual se unific\u00f3 el criterio). <\/p>\n
2\u0002 La norma, tras la eliminaci\u00f3n de los apartes declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, tiene el siguiente contenido, en lo que aqu\u00ed interesa: <\/p>\n
\u201cLos deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podr\u00e1n beneficiarse de los abonos previstos en el art\u00edculo 40, (\u2026) la entidad financiera proceder\u00e1 a condonar los intereses de mora y a reestructurar el cr\u00e9dito si fuere necesario. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1o. (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2o. (\u2026) <\/p>\n
Par\u00e1grafo 3o. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales (\u2026) tendr\u00e1n derecho a solicitar suspensi\u00f3n de los mencionados procesos. Dicha suspensi\u00f3n podr\u00e1 otorgarse autom\u00e1ticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde {dentro del plazo} la reliquidaci\u00f3n de su obligaci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en este art\u00edculo el proceso se dar\u00e1 por terminado y se proceder\u00e1 a su archivo sin m\u00e1s tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 La UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) era el instrumento mediante el cual, antes de la expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, se calculaba el monto de los cr\u00e9ditos hipotecarios; se actualizaba, inicialmente, de acuerdo con el \u00cdndice de Precios del Consumidor. Pero con el paso de los a\u00f1os, y las medidas tendientes a controlar el sistema financiero, dicha Unidad, empez\u00f3 a depender de la Tasa de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino Fijo (DTF), que, seg\u00fan el Banco de la Rep\u00fablica, es el promedio ponderado de las tasas efectivas de captaci\u00f3n de los Certificados de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino (CDT) a 90 d\u00edas, que reconoce el sistema financiero a sus clientes. Dicho valor alcanz\u00f3, a mediados de los 90, valores hist\u00f3ricos, lo que encareci\u00f3 los cr\u00e9ditos hipotecarios, al punto superar la capacidad de pago de los deudores. <\/p>\n
5\u0002 Numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 11 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para s\u00ed y su familia, incluso alimentaci\u00f3n, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomar\u00e1n medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperaci\u00f3n internacional fundada en el libre consentimiento. <\/p>\n
6\u0002 Ver Pdfs. \u00ab001.CuadernoPrincipal\u00bb y \u00ab006IncidenteNulidad\u00bb, expediente digital 2009-00953. <\/p>\n
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