STC13666-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13666-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-03-000-2022-00238-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 24 de agosto de 2022, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Elena del Socorro Ben\u00edtez contra el Juzgado 3\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el ejecutivo con radicado n\u00b0 760014003031-2016-00733-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Del escrito de tutela se extrae que la accionante aspira a que se deje sin efectos el auto que deneg\u00f3 su solicitud de nulidad, con la que pretend\u00eda la terminaci\u00f3n del ejecutivo por falta de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado (11 ene. 2022). <\/p>\n
En sustento, adujo que es ejecutada en el proceso objeto de revisi\u00f3n. Relat\u00f3 que solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado en el coercitivo y su terminaci\u00f3n porque el cr\u00e9dito cobrado no fue sujeto de restructuraci\u00f3n de conformidad con lo ordenado por la Ley 546 de 1999 y la reiterada jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que su petici\u00f3n fue rechazada por el juzgado municipal que conoce el proceso (19 abr. 2021), por lo que interpuso apelaci\u00f3n que desat\u00f3 la agencia del circuito de forma desfavorable a sus intereses (11 ene. 2022). De esta \u00faltima determinaci\u00f3n deriva la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues considera que la autoridad accionada no realiz\u00f3 una adecuada \u00abinterpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica\u00bb de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria, normativa y jurisprudencial que rode\u00f3 el caso concreto. <\/p>\n
2. El Juzgado 3\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali hizo un relato de las actuaciones a su cargo y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. El Juzgado 4\u00b0 municipal de esa misma especialidad y ciudad remiti\u00f3 el link del expediente acusado. El acreedor en el litigio acusado se opuso a la prosperidad del resguardo. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo por irrespeto al presupuesto de subsidiariedad tras predicar que el ejecutivo objeto de revisi\u00f3n se encuentra suspendido desde el 14 de marzo pasado, en virtud del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante que fue admitido por el centro de conciliaci\u00f3n \u00abAlianza efectiva\u00bb. Agreg\u00f3 que, con todo, la decisi\u00f3n acusada luce razonable. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La denegaci\u00f3n del resguardo ser\u00e1 confirmada porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la magistratura accionada. <\/p>\n
Ciertamente, la queja medular de la censora radica en la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria que la autoridad accionada despleg\u00f3 para denegar la nulidad y terminaci\u00f3n del ejecutivo pedida por ella. No obstante, revisada la providencia objeto de censura se observa que estuvo fundada en los siguientes argumentos. <\/p>\n
De manera preliminar, el juzgado del circuito querellado consider\u00f3 que su a quo se hab\u00eda equivocado al rechazar de plano la solicitud de la ejecutada, toda vez que la falta de restructuraci\u00f3n alegada pod\u00eda configurar una trascendental irregularidad susceptible de ser revisada, incluso, por el juez de la ejecuci\u00f3n, en tal sentido, se refiri\u00f3 a algunos pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n que soportaban tal postura. <\/p>\n
En seguida, cuestion\u00f3 tambi\u00e9n que el juzgado municipal afirmara que el cr\u00e9dito ejecutado no derivara de un cr\u00e9dito hipotecario. Al respecto, refiri\u00f3 que obraban pruebas en el paginario que desvirtuaban tal manifestaci\u00f3n -certificado de tradici\u00f3n y libertad, pagar\u00e9, etc.-. <\/p>\n
No obstante, predic\u00f3 que, al margen de esos yerros del juzgador de primer grado, lo cierto era que no hab\u00eda lugar a conceder la petici\u00f3n de la ejecutada como quiera que, en esencia, no se encontraba acreditado que la obligaci\u00f3n demandada hubiese tenido como destino la adquisici\u00f3n de una vivienda para uso familiar propio de la deudora. <\/p>\n
Sobre el particular, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla preexistencia de una garant\u00eda hipotecaria no conlleva per se [a] la aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999, que fue instituida para aquellos cr\u00e9ditos destinados a vivienda familiar adquiridos con anterioridad al a\u00f1o de expedici\u00f3n de tal conglomerado normativo\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa puso de relieve la escritura p\u00fablica n\u00b0 6124 contentiva del contrato de adquisici\u00f3n del inmueble, en la que los deudores manifestaron expresamente que hab\u00edan \u00abdecidido no someter el inmueble que adquieren por esta escritura a vivienda familiar\u00bb. <\/p>\n
De esa declaraci\u00f3n, coligi\u00f3 que no resultaba aplicable para el asunto \u00abla exigencia del requisito de restructuraci\u00f3n para continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 tras hacer referencia a los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley en comento y de las consideraciones realizadas al respecto por la hom\u00f3loga constitucional. <\/p>\n
As\u00ed, destac\u00f3 que no solamente se extra\u00f1aba la existencia de alguna probanza que acreditara que el cr\u00e9dito ejecutado ten\u00eda como finalidad la compra de un inmueble para vivienda propia, sino que exist\u00edan medios de prueba que permit\u00edan deducir lo contrario, en ese orden concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026) no fue adquirido para la destinaci\u00f3n a vivienda familiar y (\u2026) por ello, [no le es] aplicable la Ley [546] de 1999, pues aquella propende por salvaguardar el patrimonio de las familias representado en su vivienda, as\u00ed como facilitar el acceso a la vivienda en condiciones de equidad y transparencia\u00bb <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En suma, como quiera que la decisi\u00f3n acusada descansa en un discernimiento razonable sobre el escenario conocido por las autoridades accionadas, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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