STC13670-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13670-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68679-2214-000-2022-00030-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 25 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en la tutela que promovi\u00f3 Gabriela P\u00e9rez Ram\u00edrez en representaci\u00f3n de su menor nieto Eduardo Jes\u00fas Garz\u00f3n Botero, contra el Juzgado 2\u00b0 Promiscuo de Familia de Socorro, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso con radicado n\u00b0 68755-3184-002-2022-00041-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos el \u00abrechazo de la demanda\u00bb ejecutiva de alimentos promovida a favor del menor (12 abr. 2022), e igualmente aquel que lo confirm\u00f3 (09 may. 2022). Para que, en su lugar, se libre el mandamiento de pago solicitado. <\/p>\n
En sustento, adujo que, en representaci\u00f3n de su nieto Eduardo Jes\u00fas Garz\u00f3n Botero, promovi\u00f3 compulsivo de alimentos contra los herederos de M\u00f3nica Alejandra G\u00f3mez G\u00f3mez, abuela paterna del ni\u00f1o. Manifest\u00f3 que el asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00b0 Promiscuo de Socorro, Santander, quien inadmiti\u00f3 la demanda debido a que, en su criterio, el acta N\u00b0 023 del 4 de julio de 2012, invocada como t\u00edtulo, no cumpl\u00eda los requisitos del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso. Luego, como en el t\u00e9rmino que se le concedi\u00f3 para subsanar, no aport\u00f3 documento distinto a la referida acta, el despacho rechaz\u00f3 el libelo; decisi\u00f3n que ratific\u00f3 pese a los recursos interpuestos. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la agencia judicial incurri\u00f3 en \u00abun defecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb, habida cuenta que la citada conten\u00eda una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible a cargo de M\u00f3nica Alejandra G\u00f3mez. <\/p>\n
2. El Juzgado remiti\u00f3 el link del expediente acusado, hizo un relato de las actuaciones surtidas y defendi\u00f3 su respectiva legalidad. La Defensor\u00eda del Pueblo, se\u00f1al\u00f3 que no fungi\u00f3 como parte dentro del proceso objeto de revisi\u00f3n. Pedro Jos\u00e9 Garz\u00f3n G\u00f3mez, padre del menor e hijo de M\u00f3nica Alejandra G\u00f3mez, manifest\u00f3 que ha dado cumplimiento a sus obligaciones alimentarias, por intermedio de su progenitora, por lo que solicit\u00f3 se nieguen las pretensiones. Mar\u00eda Eduvina R\u00e1mirez, madre del menor coadyuv\u00f3 el resguardo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El tribunal neg\u00f3 el amparo, por improcedente, argumentando que la actora no subsan\u00f3 la demanda, como se le orden\u00f3 el despacho enjuiciado al inadmitirla. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La promotora impugn\u00f3 el fallo, insistiendo en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
El veredicto se revocar\u00e1 y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo, comoquiera que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del Socorro neg\u00f3, injustificadamente, el mandamiento de pago solicitado a favor del menor Eduardo Jes\u00fas Garz\u00f3n Botero. <\/p>\n
Para ello, se analizar\u00e1, en primer lugar, el requisito de subsidiariedad de la acci\u00f3n. A continuaci\u00f3n, y a prop\u00f3sito de que la agencia convocada rechaz\u00f3 la demanda, al argumentar la inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo, en lugar de negar el mandamiento de pago, se analizar\u00e1n las circunstancias que originan una y otra resoluci\u00f3n. Despu\u00e9s, se analizar\u00e1n los requisitos para cobrar una obligaci\u00f3n por la v\u00eda ejecutiva. Y, finalmente, se analizar\u00e1 el caso concreto. <\/p>\n
1.- Del cumplimiento del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
El auxilio, contrario a lo sostenido por el Tribunal, satisface el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Cuando lo acusado es una providencia judicial, el requisito en cuesti\u00f3n se cumple, cuando el tutelante haya agotado los recursos que ten\u00eda, en el proceso, para obtener la revocatoria o modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. De suerte que si no hace uso de ellos, o habi\u00e9ndolo hecho, a\u00fan no han sido definidos, la injerencia constitucional no podr\u00e1 suscitarse. <\/p>\n
En el caso, la directriz cuestionada es el \u00abrechazo de la demanda\u00bb ejecutiva instaurada a favor del menor Eduardo Jes\u00fas Garz\u00f3n Botero frente a los herederos de su abuela, M\u00f3nica Alejandra G\u00f3mez. Contra dicha determinaci\u00f3n la actora interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El primero se desat\u00f3 adversamente a sus intereses, y el segundo se rechaz\u00f3 porque el asunto se tramita en \u00fanica instancia. Luego, aprovech\u00f3 la herramienta a su disposici\u00f3n para conjurar el yerro alegado. <\/p>\n
Ahora, que la quejosa hubiese guardado silencio dentro del t\u00e9rmino conferido para subsanar la demanda, no significa que haya sido negligente, comoquiera que el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso establece que [l]os recursos contra el auto que rechace la demanda comprender\u00e1n el que neg\u00f3 su admisi\u00f3n (\u2026)\u00bb, lo cual, como lo ha dicho la Sala, se traduce en que \u00abla oportunidad para aducir reparos contra la inadmisi\u00f3n del escrito demandatorio es, justamente, al proponerse la apelaci\u00f3n frente al posterior rechazo\u00bb (STC2025-2020). Adem\u00e1s, mal pod\u00eda la censora atender los requerimientos del despacho, vertidos en el auto inadmisorio de la demanda, si con ninguno de ellos estaba de acuerdo, por considerarlos improcedentes. <\/p>\n
En fin, nada obsta para que la Sala desate el fondo de la controversia planteada. <\/p>\n
2.- De la improcedencia del rechazo de la demanda, cuando el motivo es la inexistencia jur\u00eddica del t\u00edtulo. <\/p>\n
Las demandas ejecutivas, al igual que otros libelos, son susceptibles de ser inadmitidos con estribo en los motivos contemplados en el art\u00edculo 90 del C.G.P. Claro, dada la naturaleza del derecho que a trav\u00e9s de ellas se pretende hacer valer, no le son aplicables todas las circunstancias all\u00ed previstas, concretamente las de los numerales 6\u00b0 y 7\u00b0, relativas a no realizar el juramento estimatorio y no agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial. <\/p>\n
Y si dichos libelos son susceptibles de inadmisi\u00f3n, tambi\u00e9n son pasibles de ser rechazados, pero \u00fanicamente por las aludidas causas. <\/p>\n
Ahora, cuando con la demanda no se aporta el t\u00edtulo base de la acci\u00f3n, es factible inadmitirla con estribo en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 90, por no haberse acompa\u00f1ado los anexos ordenados en la ley. Ello, porque al tenor del canon 30 de dicho estatuto, a la demanda debe adjuntarse el \u00abdocumento que preste m\u00e9rito ejecutivo\u00bb. De modo que si dentro del plazo otorgado para subsanar no se allega, ser\u00e1 del caso rechazar la demanda. El acreedor, entonces, estar\u00e1 facultado para presentar un nuevo libelo, en el que, ahora s\u00ed, adjunte el documento que pretende hacer valer como t\u00edtulo. <\/p>\n
Pero cuando lo que sucede, es que la pieza aportada no tiene car\u00e1cter de ejecutivo, o el sentenciador echa de menos esa calidad al evaluarlo, no hay razones para inadmitir la demanda. El art\u00edculo 90 ni ninguna otra norma lo autoriza. Y de los preceptos 430 y 438 se desprende, que la presencia del documento, pero sin las calidades consagradas en el art\u00edculo 422, debe provocar una decisi\u00f3n de fondo: la negativa a librar mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que a voces del canon 430 del C.G.P., \u00abpresentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que presta m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuera procedente, o en la que aqu\u00e9l considere legal\u00bb. Y, al tenor del 438: \u00ab[e]l mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por v\u00eda de reposici\u00f3n lo revoque, lo ser\u00e1 en el suspensivo. Los recursos de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo se tramitar\u00e1n y resolver\u00e1n conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados\u00bb. <\/p>\n
Significa entonces, que en la hip\u00f3tesis de que el documento aducido como t\u00edtulo no preste m\u00e9rito ejecutivo, es improcedente inadmitir o rechazar la demanda. Lo apropiado ser\u00e1 negar la orden de apremio solicitada, al carecer el ejecutante del derecho a reclamar, por la v\u00eda del coercitivo, la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
3.- De los requisitos para cobrar una obligaci\u00f3n por la v\u00eda ejecutiva. <\/p>\n
Respecto a los requisitos que deben cumplirse para demandar ejecutivamente el pago de una obligaci\u00f3n, el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso contempla que \u00ab[p]ueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, (\u2026) y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley(\u2026)\u00bb (negrillas propias). Sobre ellos, la Corte ha dicho: <\/p>\n
La claridad de la obligaci\u00f3n, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequ\u00edvoco y sin confusi\u00f3n en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relaci\u00f3n al cr\u00e9dito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligaci\u00f3n, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el v\u00ednculo jur\u00eddico. Tanto el pr\u00e9stamo a favor del sujeto activo, as\u00ed como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo. <\/p>\n
La expresividad, como caracter\u00edstica adicional, significa que la obligaci\u00f3n debe ser expl\u00edcita, no impl\u00edcita ni presunta, salvo en la confesi\u00f3n presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligaci\u00f3n, por cuanto lo meramente indicativo o impl\u00edcito o t\u00e1cito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulaci\u00f3n de teor\u00edas o hip\u00f3tesis para hallar el t\u00edtulo. Y es exigible en cuanto la obligaci\u00f3n es pura y simple o de plazo vencido o de condici\u00f3n cumplida. (STC3298-2019) (Subraya la Sala). <\/p>\n
Luego, a efectos de librar o negar el mandamiento ejecutivo correspondiente el fallador debe determinar si el documento aducido como t\u00edtulo releva la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
4.- Del caso concreto: la existencia de la obligaci\u00f3n de suministrar alimentos en el acta de no conciliaci\u00f3n y su m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
Bajo los anteriores lineamientos, se advierte, en primer lugar, que si en criterio de la juzgadora la documental aducida como t\u00edtulo no prestaba m\u00e9rito ejecutivo, debi\u00f3 negar el mandamiento de pago solicitado, y no inadmitir la demanda, para posteriormente rechazarla. <\/p>\n
En segunda medida, tras revisar el \u00abacta de no conciliaci\u00f3n N\u00b023\u00bb, celebrada en la Comisaria Municipal de Familia de Socorro 1, la Sala evidencia que, en efecto, incorporara una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. <\/p>\n
N\u00f3tese que all\u00ed, tras se\u00f1alarse que el objeto de la conciliaci\u00f3n era el aumento de la cuota alimentaria que sufragaba la abuela del ni\u00f1o, M\u00f3nica Alejandra G\u00f3mez, se hizo constar respecto de ella, y en lo que aqu\u00ed interesa: \u201cPor su parte la se\u00f1ora M\u00f3nica Alejandra G\u00f3mez manifest\u00f3 que no est\u00e1 en condiciones de incrementar la cuota (\u2026), y que contin\u00faa asumiendo el aporte de $100.0000 mensuales m\u00e1s la obligaci\u00f3n de vestir al ni\u00f1o y acompa\u00f1arlo en sus cumplea\u00f1os y dem\u00e1s ocasiones especiales. <\/p>\n
Luego, se trata de una declaraci\u00f3n de voluntad, mediante la cual M\u00f3nica Alejandra G\u00f3mez reconoci\u00f3 de manera clara y expresa una obligaci\u00f3n: la de pagar alimentos, pasados y futuros, a favor del menor Eduardo Jes\u00fas Garz\u00f3n Botero. Igualmente, precis\u00f3 la cuant\u00eda de la prestaci\u00f3n y el tiempo en la sufragar\u00eda: dijo que aportar\u00eda $100.000 mensuales para pagarla. <\/p>\n
Ahora, ciertamente el referido documento, como acta, no presta m\u00e9rito ejecutivo, en tanto las partes no lograron un acuerdo sobre el aumento de la cuota alimentaria. Pero eso no descarta la existencia ni la exigibilidad de la obligaci\u00f3n reclamada, porque ella no depende de la denominaci\u00f3n o el car\u00e1cter que tenga el documento, sino de que, en efecto, ella conste en \u00e9l. Al respecto, en un caso en el que se le neg\u00f3 efectos a la obligaci\u00f3n contra\u00edda por las partes en la conciliaci\u00f3n, por estar incorporada en un \u201cacta de no conciliaci\u00f3n\u201d, la Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que el estrado judicial convocado debi\u00f3 tener en cuenta que la conciliaci\u00f3n es un mecanismo de resoluci\u00f3n de conflictos de car\u00e1cter autocompositivo, asunto en el cual el conciliador funge como un tercero neutral e imparcial, cuya funci\u00f3n es facilitar la comunicaci\u00f3n y la negociaci\u00f3n entre las partes y proponer f\u00f3rmulas de arreglo. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que el acuerdo suscitado entre Deisy Estefany Macabeo Correa y Hern\u00e1n Dar\u00edo Fl\u00f3rez Jaimes, sin la intervenci\u00f3n de la funcionaria de la Comisar\u00eda de Familia, no tuviese un efecto jur\u00eddico. Todo lo contrario, conserva validez y eficacia. As\u00ed, aunque el convenio celebrado entre las partes no tuviera el car\u00e1cter de una conciliaci\u00f3n, el Juzgado fustigado debi\u00f3 advertir que pod\u00eda estar frente a la existencia de un negocio jur\u00eddico, es decir, un acuerdo de voluntades dirigido a modificar la obligaci\u00f3n alimentaria, de donde pod\u00eda colegirse que la novaci\u00f3n invocada s\u00ed existi\u00f3. En consecuencia, como ese instrumento presta m\u00e9rito no como acta de conciliaci\u00f3n, sino como un documento privado que contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, la agencia judicial convocada debi\u00f3 examinar si los t\u00e9rminos consignados corresponden a lo que realmente se acord\u00f3 y si el objeto era susceptible de arreglo directo, luego, como as\u00ed no sucedi\u00f3, resulta plausible colegir que la sede judicial acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico (se enfatiza, STC9780-2021). <\/p>\n
Significa, entonces que el accionado realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n del \u00abacta de no conciliaci\u00f3n N\u00b023\u00bb, base de ejecuci\u00f3n, habida cuenta que, contrario a lo discurrido, dicho documento si presta m\u00e9rito ejecutivo en tanto es \u00abclaro, expreso\u00bb, previamente concertado y fijado en la suma de $100.000 cada mes. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no sobra precisar, que la eventual discordancia entre las pretensiones de la demanda y el t\u00edtulo ejecutivo que pretende hacerse valer, no es raz\u00f3n para denegar la orden de apremio. Mem\u00f3rese que, en ese sentido, el precepto 430 establece que \u00abpresentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que presta m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuera procedente, o en la que aqu\u00e9l considere legal\u00bb. <\/p>\n
Conforme a la exposici\u00f3n que antecede, no queda alternativa distinta a conceder el resguardo para que el Juzgado accionado decida nuevamente la controversia, de acuerdo con los lineamientos aqu\u00ed trazados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. En su lugar, CONCEDE la tutela implorada Gabriela P\u00e9rez Ram\u00edrez en representaci\u00f3n de su menor nieto Eduardo Jes\u00fas Garz\u00f3n Botero. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin vigor la providencia de 12 de abril de 2020, mediante la cual el Juzgado 2\u00b0 Promiscuo de Familia de Socorro rechaz\u00f3 la demanda ejecutiva en cuesti\u00f3n, as\u00ed como las determinaciones que dependan de ella. Y, se le ordena que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva nuevamente sobre el libelo, atendiendo las consideraciones antes expuestas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 00002.2. Anexo pruebas. 24.marzo.22, del expediente digitalizado. <\/p>\n
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