STC13675-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13675-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2022-01231-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Roberto Castro Triana contra el Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, dignidad humana, \u00abdefensa (\u2026) [y] libertad\u00bb, petici\u00f3n, entre otros, presuntamente conculcados por la autoridad enjuiciada, toda vez que no habr\u00eda adoptado \u00abmedidas verdaderamente efectivas\u00bb para aliviar la congesti\u00f3n judicial que \u00abatraviesan los despachos del tribunal superior del distrito de Villavicencio por la ostensible carga laboral que soporta (sic)\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, agreg\u00f3 que \u00ab[n]o es l\u00f3gico que el Consejo Superior de la Judicatura se justifique en su bajo prepuesto y que las medidas tornadas son suficientes pues son muchas personales inocentes a la espera de ser resueltas su segunda instancias (sic) que llevan 4, 5, 6 o 7 a\u00f1os en espera\u00bb. <\/p>\n
2. En tal virtud, pretende que se ordene a la querellada \u00abpriori[zar] la adopci\u00f3n\u00bb de medidas que garanticen la descongesti\u00f3n judicial en la referida colegiatura. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. El Consejo de la Judicatura expuso que \u00abha adoptado medidas pertinentes que denotan un impacto positivo en la gesti\u00f3n judicial. Es decir, la Corporaci\u00f3n ha venido realizando ingentes esfuerzos para brindar una justicia pronta y oportuna a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, adoptando distintas medidas de descongesti\u00f3n en los despachos. El present[e] asunto evidencia un desconocimiento de las diferentes gestiones que se han realizado y sus impactos positivos en la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
En escrito posterior, inform\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Castro Triana present\u00f3 ante la Corporaci\u00f3n solicitud de medida de descongesti\u00f3n para procesos que surten segunda instancia en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, la cual fue atendida con el oficio UDAEO20-487 del 3 de marzo de 2020\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 20 Seccional de Granada solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, en tanto \u00ab[e]la acci\u00f3n se encuentra encaminada en contra de la sala Penal del (\u2026) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Consejo Superior de la Judicatura vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el accionante, por no pronunciarse sobre la solicitud que efectu\u00f3 para que se adoptaran \u00abmedidas verdaderamente efectivas\u00bb para solucionar la congesti\u00f3n judicial que presuntamente se suscita en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
2. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) (\u2026) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales, pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del estudio realizado a los argumentos de la demanda y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, especialmente la informaci\u00f3n suministrada por el Consejo Superior de la Judicatura se concluye que la salvaguarda habr\u00e1 de desestimarse por ausencia de vulneraci\u00f3n, debido a que antes de instaurarse el amparo la autoridad accionada brind\u00f3 respuesta de fondo sobre todos los puntos que formaban parte de la solicitud. <\/p>\n
En la referida comunicaci\u00f3n, la accionada le inform\u00f3 al gestor que: \u00abla Corporaci\u00f3n ha adoptado medidas para fortalecer la oferta judicial en el distrito judicial de Villavicencio, en materia penal. Con el Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 se dispuso creaci\u00f3n de (…) [algunos] despachos y cargos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, relacion\u00f3 las \u00faltimas medidas, las cuales son: <\/p>\n
\u00aba. Acuerdo PCSJA17-10677 de 2017 dispuso que la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio ser\u00e1 descongestionada en 178 procesos para fallo de Ley 600 de 2000 en segunda instancia. b. Acuerdo PCSJA18-11097 de 2018 dispuso crear transitoriamente a partir del 1.\u00b0 de octubre y hasta el 14 de diciembre de 2018, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio un (1) cargo de auxiliar judicial grado 1 en cada uno de los despachos de magistrado. c. Acuerdo PCSJA19-11192 de 2019 dispuso crear con car\u00e1cter transitorio, a partir del 1.\u00b0 de febrero al 30 de junio de 2019, un cargo de auxiliar judicial grado 1 para para el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. d. Acuerdo PCSJA19-11322 de 2019 dispuso prorrogar el cargo transitorio creado mediante Acuerdo PCSJA19-11192 de 2019 para el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, hasta el 13 de diciembre de 2019. e. Acuerdo PCSJA20-11486 de 2020 dispuso crear con car\u00e1cter transitorio, a partir del 3 de febrero al 30 de junio de 2020, un cargo de auxiliar judicial grado 1 para para el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sobre los correctivos de descongesti\u00f3n para el a\u00f1o 2019, explic\u00f3 que \u00aben consideraci\u00f3n a la reducci\u00f3n de recursos por parte del Gobierno Nacional para la creaci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n en esa vigencia fiscal, el Consejo Superior de la Judicatura aplic\u00f3 la metodolog\u00eda de matriz de prioridades donde se tiene en cuenta como prioridad 1 aquellos despachos judiciales que presenten alto nivel de inventarios y mayor egreso efectivo, para adoptar decisiones en los casos identificados como m\u00e1s urgentes, encontr\u00e1ndose en esa situaci\u00f3n el despacho 001 de la sala penal. Esta misma metodolog\u00eda se aplic\u00f3 para las medidas establecidas en los acuerdos expedidos el 30 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, agreg\u00f3 que \u00abactualmente se cuenta con unos recursos que requieren el concepto previo de la Direcci\u00f3n General de Presupuesto P\u00fablico Nacional y se debe surtir el tr\u00e1mite de su traslado a esta Corporaci\u00f3n. Con estos recursos el Consejo Superior de la Judicatura tiene como objeto la creaci\u00f3n de cargos permanentes en los despachos de tribunales y juzgados. Una vez se surta dicho tr\u00e1mite la Corporaci\u00f3n analizar\u00e1 con base en las dem\u00e1s necesidades existentes en el territorio nacional lo correspondiente al Distrito Judicial de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, se constat\u00f3 que, antes de la formulaci\u00f3n del presente amparo, la Corporaci\u00f3n querellada dio respuesta clara y de fondo a la petici\u00f3n elevada por el actor, de modo que, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la enjuiciada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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