STC13679-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC13679-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-10-000-2022-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 3 de agosto de 2022, dictado por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos P\u00e9rez Gil, en nombre propio y de sus dos menores hijos, contra el Juzgado Octavo de Familia de Cali y la Comisar\u00eda Quinta de esa misma especialidad y ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en incidente de incumplimiento de medidas de protecci\u00f3n con radicado n\u00b0 760013110008 -2022-00364-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos la resoluci\u00f3n emitida por la comisar\u00eda accionada, mediante la cual se abstuvo de sancionar a la progenitora de sus hijos (17 jun. 2022) y, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 modificar el r\u00e9gimen de custodia y cuidado personal de sus descendientes. <\/p>\n
En sustento, adujo que en contra de la madre de sus hijos y ante la comisar\u00eda querellada, solicit\u00f3 la apertura de un incidente de incumplimiento de las \u00f3rdenes y medidas de protecci\u00f3n que ella misma dispuso, relativas al r\u00e9gimen de custodia y cuidado personal de sus descendientes. Relat\u00f3 que ese tr\u00e1mite finaliz\u00f3 con la resoluci\u00f3n 065 de 17 de junio pasado, en la que se decidi\u00f3 no sancionar a la progenitora. Manifest\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n interpuso impugnaci\u00f3n vertical que fue declarada inadmisible por parte del juzgado encartado (1\u00b0 jul. 2022). <\/p>\n
De esas determinaciones deriva la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales pues, en su criterio, la comisar\u00eda de familia err\u00f3 al valorar las pruebas que la llevaron a abstenerse de sancionar y, el juzgado de familia no debi\u00f3 declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n contra esta \u00faltima determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Las autoridades accionadas e intervinientes en el asunto hicieron un relato de las actuaciones a su cargo y remitieron los respectivos paginarios. Lo propio hizo la progenitora, quien destac\u00f3 la existencia de considerables diferencias con el accionante, en relaci\u00f3n al v\u00ednculo que los une como padres. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo tras predicar la razonabilidad de las decisiones acusadas. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3 con reiteraci\u00f3n de sus argumentos iniciales y reproch\u00f3 los raciocinios del juez de amparo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n objet\u00f3 el veredicto el Procurador 8\u00ba Judicial II de Familia de Cali tras considerar que la Comisar\u00eda accionada \u00abdio un tr\u00e1mite radicalmente diferente al que correspond\u00eda para resolver la petici\u00f3n de sanci\u00f3n por incumplimiento [pues] en lugar de aplicar los art\u00edculos 54 y 55 de la ley de infancia, aplic\u00f3 el incidente del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996 (modificada por la Ley 575 de 2000)\u00bb. Agreg\u00f3 que la petici\u00f3n de sanci\u00f3n fue resuelta extempor\u00e1neamente y, que la autoridad accionada se abstuvo de hacer seguimiento a la declaratoria de vulnerabilidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo que respecta a la impugnaci\u00f3n del accionante, la denegaci\u00f3n del resguardo ser\u00e1 confirmada porque las decisiones cuestionadas, al margen de que se compartan, no lucen antojadizas o irracionales en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por las autoridades accionadas. <\/p>\n
1.1. Referente a la censura contra el auto del juzgado querellado, en virtud del cual se declar\u00f3 inadmisible la impugnaci\u00f3n del censor (1\u00b0 jul. 2022), pronto se advierte que el fallador tom\u00f3 esa decisi\u00f3n tras predicar que el eventual incumplimiento a las medidas de protecci\u00f3n impuestas daba lugar a sanciones de multa o arresto conforme lo dispon\u00eda la legislaci\u00f3n respectiva1. <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea argumentativa, se\u00f1al\u00f3 que en virtud del art\u00edculo 12 del Decreto 652 de 2001, el tr\u00e1mite relativo a verificar el cumplimiento de tales medidas deb\u00eda surtirse incidentalmente por las reglas contenidas en los art\u00edculos 52 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan los cuales, la alzada \u2013 o consulta- se habilitaba para aquellos casos en los que se emit\u00eda un auto sancionatorio, que no absolutorio. <\/p>\n
As\u00ed, como en el caso concreto la comisar\u00eda accionada se abstuvo de sancionar a la incidentada, el juzgado coligi\u00f3 que no era dable tramitar la consulta prevista por el legislador para la revisi\u00f3n de prove\u00eddos sancionatorios. <\/p>\n
F\u00edjese entonces, que las consideraciones del juzgador, independientemente de que se compartan, obedecieron a la interpretaci\u00f3n razonable que despleg\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica conocida y la respectiva normativa aplicada, lo que impide la injerencia constitucional. <\/p>\n
1.2. Ahora bien, debido a que la queja del tutelante se dirigi\u00f3, en esencia, a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria que despleg\u00f3 la comisar\u00eda encartada para abstenerse de sancionar a la incidentada, y dado que contra esa decisi\u00f3n se declar\u00f3 inadmisible la impugnaci\u00f3n propuesta, con el fin de ahondar en las garant\u00edas superiores de los hijos menores del promotor, se habilita el estudio de fondo respecto de la decisi\u00f3n en comento. <\/p>\n
En ese sentido, pronto se advierte el fracaso de la salvaguarda como quiera que la decisi\u00f3n de no sancionar a la progenitora de los hijos comunes, as\u00ed como de mantener el r\u00e9gimen de custodia y cuidado personal en la forma en que ven\u00eda ejecut\u00e1ndose, no luce irreflexiva o antojadiza, sino conforme a una interpretaci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria conocida por la autoridad convocada. <\/p>\n
Para tomar la decisi\u00f3n que se critica la comisar\u00eda encartada inici\u00f3 por predicar que los seguimientos al cumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n en favor de los ni\u00f1os, as\u00ed como el relato de ellos, demostraban que la madre cumpl\u00eda su rol de forma adecuada. Destac\u00f3 el cambio de residencia de la familia, cuya ubicaci\u00f3n fue reservada con ocasi\u00f3n de lo ordenado por la Fiscal\u00eda 105 de Cali. <\/p>\n
Refiri\u00f3 a los informes de la \u00abIPS Creciendo con Cari\u00f1o\u00bb y la \u00abasociaci\u00f3n Creemos en t\u00ed\u00bb, seg\u00fan los cuales se presentaron algunas dificultades para fortalecer la relaci\u00f3n del n\u00facleo familiar que fueron mejorando a lo largo de las sesiones practicadas. Tambi\u00e9n aludi\u00f3 a las visitas realizadas al plantel educativo de los ni\u00f1os, en las que se verific\u00f3 su proceso pedag\u00f3gico y emocional. No obstante, recalc\u00f3 que \u00ablas posiciones dominantes de los padres [afectaran] la comunicaci\u00f3n asertiva en torno a las necesidades de los ni\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el r\u00e9gimen de visitas internacionales previsto por el Juzgado 7\u00b0 de Familia de Cali se ven\u00eda materializando, en parte, por los cambios actitudinales de la progenitora quien \u00abse ha exhibido respetuosa (\u2026) en el proceso de fortalecimiento de v\u00ednculos, tanto con el padre como red extensa paterna\u00bb. <\/p>\n
Respecto del \u00abcambio de medida de protecci\u00f3n, para delegar el cuidado de los ni\u00f1os a cargo del padre\u00bb indic\u00f3 que, a pesar del fortalecimiento del v\u00ednculo filial con el acompa\u00f1amiento de la psic\u00f3loga de la comisar\u00eda, no era recomendable proceder en ese sentido dado el riesgo de traumatismos que podr\u00edan generarse en los menores \u00abal ser alejados de su referente de protecci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 luego de valorar los dict\u00e1menes de la pediatra y la psic\u00f3loga de \u00abIPS Creciendo con Cari\u00f1o\u00bb y los \u00abconceptos emitidos por los profesionales de tres equipos de ICBF como por el equipo psicosocial\u00bb de la comisar\u00eda. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que en procura del bienestar de los ni\u00f1os deb\u00edan los padres asumir posturas cr\u00edticas y asertivas en torno a las necesidades de sus hijos, as\u00ed como facilitar los acercamientos presenciales atendiendo al r\u00e9gimen de visitas vigente. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
1.3. De otra parte, dado que de los escritos de tutela e impugnaci\u00f3n logra extraerse que la real inconformidad del censor radica en la forma en la que actualmente se ejecuta el r\u00e9gimen de cuidado y custodia personal de sus hijos -tanto que en ese sentido elev\u00f3 una de sus pretensiones tutelares-, baste recordar que la acci\u00f3n de tutela no comporta el mecanismo procesal id\u00f3neo para tal fin. <\/p>\n
Ciertamente, el censor tiene la posibilidad de acudir a los distintos procedimientos judiciales ordinarios que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico con el fin de modificar los derechos y obligaciones que le asisten respecto de sus menores hijos. <\/p>\n
2. De otra parte, en lo que ata\u00f1e a la impugnaci\u00f3n propuesta por el Procurador 8\u00ba Judicial II de Familia de Cali, pronto se advierte el fracaso de la objeci\u00f3n por distintas razones a saber. <\/p>\n
2.1. La primera, porque como pudo constatarse del expediente de este sumario y de las intervenciones recapituladas en la sentencia impugnada, los argumentos expresados por el recurrente no fueron expuestos oportunamente ante el a quo constitucional. De all\u00ed, que las manifestaciones de ese profesional resulten novedosas para los intervinientes en la salvaguarda, quienes no tuvieron la posibilidad de pronunciarse al respecto. <\/p>\n
2.2. La segunda, porque de pasar por alto lo anterior, tampoco se vislumbra la lesi\u00f3n ius fundamental invocada por aquel. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al reproche consistente en que la Comisar\u00eda accionada \u00abdio un tr\u00e1mite radicalmente diferente al que correspond\u00eda para resolver la petici\u00f3n de sanci\u00f3n por incumplimiento [pues] en lugar de aplicar los art\u00edculos 54 y 55 de la ley de infancia, aplic\u00f3 el incidente del art\u00edculo 17 de la Ley 294 de 1996 (modificada por la Ley 575 de 2000)\u00bb, baste indicar que, al margen del sendero procedimental acogido por la accionada para verificar el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas, lo cierto es que pudo constatarse del paginario que en el caso concreto se garantiz\u00f3 el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los intervinientes en el asunto con el fin de verificar la materializaci\u00f3n de las medidas adoptadas en beneficio de los ni\u00f1os. <\/p>\n
A decir verdad, resulta evidente que tanto la Ley 1098 de 2006 -art. 54 ss.-, como la Ley 294 de 1996 -art. 17, modificado por la Ley 575 de 2000-, apuntan a que las medidas de restablecimiento de derechos de los ni\u00f1os y las de protecci\u00f3n de la familia -respectivamente- se materialicen en provecho del postulado constitucional que reconoce a la familia como \u00abn\u00facleo fundamental de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, independientemente del tr\u00e1mite aplicado por la encartada, es importante destacar que se garantiz\u00f3 la participaci\u00f3n de los intervinientes en el proceso administrativo con el fin de verificar el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas. <\/p>\n
2.3. Ahora, respecto del reproche por el tiempo que se tom\u00f3 la comisar\u00eda para rituar el asunto, es suficiente indicar que la eventual tardanza fue superada con la decisi\u00f3n que defini\u00f3 el incidente de incumplimiento que nos ocupa. En ese orden, la eventual lesi\u00f3n por la mora en resolver fue superada, incluso con antelaci\u00f3n a la radicaci\u00f3n de este resguardo. <\/p>\n
2.4. Frente a la queja por la presunta falta de seguimiento a las \u00f3rdenes impartidas por la comisar\u00eda, basta con remitirse a la motivaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis constitucional para desdibujar el reproche del impugnante. Ciertamente, la autoridad se refiri\u00f3 a las distintas actuaciones que se adelantaron como consecuencia de las medidas que emiti\u00f3 y de ellas coligi\u00f3 la ausencia de incumplimiento por parte de la progenitora. <\/p>\n
Ahora bien, no se pierda de vista que la decisi\u00f3n absolutoria no fue la \u00fanica determinaci\u00f3n adoptada por la comisar\u00eda en la resoluci\u00f3n criticada; en realidad, en ese pronunciamiento tambi\u00e9n se conmin\u00f3 a ambos progenitores a desplegar conductas tendientes a fortalecer el bienestar del n\u00facleo familiar, independientemente de las diferencias que les pudiera asistir, as\u00ed como abstenerse de incurrir en comportamientos contrarios al prop\u00f3sito en cita. De all\u00ed que pueda descartarse la desidia denunciada por el recurrente. <\/p>\n
Adicionalmente, se le recuerda al procurador que de considerar que existe amenaza o lesi\u00f3n concreta a los derechos de los ni\u00f1os, tiene la posibilidad y el deber de acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios previstos por el legislador para superar tales supuestos. <\/p>\n
3. En suma, i). debido a que las decisiones acusadas descansan en un discernimiento razonable sobre el escenario conocido por las autoridades accionadas, ii). dado que el tutelante cuenta con mecanismos procesales id\u00f3neos para pretender modificar el r\u00e9gimen de custodia y cuidado personal de sus menores hijos, y iii). como quiera que se descartaron los reproches del procurador recurrente, no queda alternativa distinta a confirmar la denegaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 17 de la ley 2126 de 2021 que modifica el art\u00edculo 17 de la Ley 1257 de 2008 que a su vez modific\u00f3 el art\u00edculo 2 de la Ley 575 de 2000 da lugar a las sanciones de multa o arresto contempladas en el art\u00edculo 4 de la Ley 575 de 2000 que modific\u00f3 el art\u00edculo 7 de la Ley 294 de 1996\u00bb <\/p>\n
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