STC13681-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC13681-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03390-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de doce de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Magda Karina Nieto, Carlos Julio Qui\u00f1onez, Sandra Lugo y el Conjunto Residencial Cerrado Samarkanda le instauraron a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 73001 31 03 002 2019 00295 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los actores reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abparticipaci\u00f3n\u00bb, \u00abelegir y ser elegido\u00bb y \u00abdesarrollo de la personalidad\u00bb, para que se ordenara a la Colegiatura censurada \u00absuprimir\u00bb el literal C del numeral 1\u00ba de la sentencia que emiti\u00f3 el 5 de abril de 2022, lo concerniente a dejar sin efecto jur\u00eddico \u00ablas dem\u00e1s decisiones adoptadas por el Consejo de Administraci\u00f3n a partir del 02 de octubre de 2019 en adelante\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujeron que aquella en el juicio de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea que Francisco Alberto Lugo N\u00fa\u00f1ez promovi\u00f3 contra el Conjunto Residencial Cerrado Samarkanda, resolvi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 1\u00ba de marzo de 2021, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 conforme a las consideraciones dadas en precedencia. EN CONSECUENCIA: <\/p>\n
A).- DECLARAR la nulidad absoluta del procedimiento adelantado para realizar la convocatoria a la asamblea general extraordinaria celebrada el 2 de octubre de 2019. <\/p>\n
B).- DECLARAR la nulidad absoluta del \u2018Acta No. 001 SAMARKANDA\u2019 de fecha octubre 2 de 2019 y de las actuaciones adelantadas por la se\u00f1ora Maria Elizabeth Beltran Carre\u00f1o, (\u2026) en calidad de Administradora y Representante Legal del \u2018Conjunto Residencial Cerrado Samarkanda\u2019. <\/p>\n
C).- DEJAR SIN EFECTO JUR\u00cdDICO la Resoluci\u00f3n No. 1520-00001150 del 7 de noviembre de 2019, por medio de la cual se inscribi\u00f3 a la se\u00f1ora Maria Elizabeth Beltr\u00e1n Carre\u00f1o, como representante Legal del \u2018Conjunto Residencial Cerrado Samarkanda\u2019 y las dem\u00e1s decisiones adoptadas por el consejo de administraci\u00f3n a partir del 2 de octubre de 2019 en adelante (\u2026). <\/p>\n
SEGUNDO.- NEGAR la prosperidad de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada: \u201c(…) temeridad o mala fe del demandante\u201d (\u2026). <\/p>\n
TERCERO.- DISPONER el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas dentro de la actuaci\u00f3n \u2026\u00bb (5 abr. 2022). <\/p>\n
Acusaron a dicha Corporaci\u00f3n de incurrir en v\u00eda de hecho, porque omiti\u00f3 pronunciarse respecto de: <\/p>\n
i) Las Asambleas Generales Ordinarias celebradas en los a\u00f1os 2020 a 2022, primera de ellas en que se \u00abescogi\u00f3 un nuevo Consejo de Administraci\u00f3n\u00bb; actuaciones que, resaltaron, est\u00e1n revestidas de legalidad en tanto se efectuaron al tenor del art\u00edculo 39 de la Ley 675 de 2001 y el Reglamento de Propiedad del Conjunto, \u00abno fueron impugnadas\u00bb y \u00abno hab\u00edan [sido decretadas] medidas cautelares que impidieran\u00bb su materializaci\u00f3n. <\/p>\n
ii) Que Beltr\u00e1n Carre\u00f1o \u00abno asisti\u00f3 ni hizo parte de la asamblea ordinaria convocada por Ley para el a\u00f1o 2020, y (\u2026) renuncio a su cargo como representante legal de la copropiedad, d\u00edas despu\u00e9s de haberse celebrado\u00bb, lo que implica que \u00absus actuaciones (\u2026) solo se pueden dejar sin efecto durante el tiempo que esta fungi\u00f3 como Administradora, es decir, hasta el d\u00eda anterior (\u2026) de su renuncia\u00bb. <\/p>\n
iii) La declaraci\u00f3n rendida por la nueva \u00abadministradora\u00bb de la copropiedad, Alison Eliane Calder\u00f3n Olaya, elegida por el Consejo de Administraci\u00f3n el 5 de mayo de 2020, quien corrobor\u00f3 la ocurrencia de tales situaciones. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque fall\u00f3 \u00abm\u00e1s all\u00e1 de lo pedido\u00bb, en atenci\u00f3n a que el demandante solicit\u00f3 que \u00abse declarara la Ineficacia y\/o nulidad de la convocatoria y la nulidad del Acta 001 del 02 de octubre de 2019; m\u00e1s nunca solicito (\u2026) que se dejara sin efectos jur\u00eddicos \u201clas dem\u00e1s decisiones adoptadas por el Consejo de Administraci\u00f3n a partir del 02 de octubre de 2019 en adelante\u201d. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dijo atenerse a las reflexiones vertidas en el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito destac\u00f3 la inviabilidad del amparo por no haber vulnerado \u00abderecho fundamental\u00bb alguno de las partes. <\/p>\n
Francisco Alberto Lugo se opuso al ruego debido a la \u00ablegalidad\u00bb de la providencia reprochada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa de las personas naturales acudientes y por incuria de la propiedad horizontal. <\/p>\n
1.1.- Como se desprende del pliego superlativo y de la encuadernaci\u00f3n digital allegada, Magda Karina Nieto, Carlos Julio Qui\u00f1onez y Sandra Lugo no son parte ni terceros reconocidos en la \u00abimpugnaci\u00f3n de acta de asamblea\u00bb de Francisco Alberto Lugo N\u00fa\u00f1ez contra el Conjunto Residencial Cerrado Samarkanda (rad. 2019-00295), circunstancia que descarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar por esta extraordinaria v\u00eda las determinaciones all\u00ed dictadas, particularmente, la que revoc\u00f3 el veredicto absolutorio para acceder a las pretensiones de la demanda (5 abr. 2022). <\/p>\n
Se aclara que, la calidad de copropietarios del aludido Conjunto Residencial no les otorga el atributo extra\u00f1ado y, por tanto, carecen del \u00abinter\u00e9s\u00bb que habilite su intervenci\u00f3n, ya que \u00abno son titulares de los derechos\u00bb cuya infracci\u00f3n invocan y, la propiedad horizontal es una persona jur\u00eddica (art. 4\u00b0 de la Ley 675 de 2001) distinta de los \u00abcopropietarios individualmente considerados\u00bb, quien, adem\u00e1s debe actuar a trav\u00e9s de su representante legal (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negrita ajena al texto – STC12873-2018, citada hace poco en STC10027-2022). <\/p>\n
Ello por cuanto, <\/p>\n
(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (Negrita Adrede- STC4993-2018, reiterada recientemente en STC8199-2022). <\/p>\n
1.2.- Ahora, aunque el Conjunto Residencial Cerrado Samarkanda s\u00ed est\u00e1 \u00ablegitimado\u00bb en este rito, el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
Es as\u00ed, porque a lo que anhela es que en la \u00abimpugnaci\u00f3n de actas de asamblea\u00bb adelantada en su contra (rad. 2019-00295, se elimine del literal C del numeral 1\u00ba del fallo emitido por el Tribunal de Ibagu\u00e9 (5 abr. 2022), el aparte concerniente a invalidar \u00ablas dem\u00e1s decisiones adoptadas por el Consejo de Administraci\u00f3n a partir del 02 de octubre de 2019\u00bb, debido a que \u00abno dijo nada\u00bb en punto a: a) Las Asambleas Generales Ordinarias correspondientes a los a\u00f1os 2020 (en la que se seleccion\u00f3 un nuevo Consejo de Administraci\u00f3n) a 2022, b) La renuncia que present\u00f3 Maria Elizabeth Beltr\u00e1n Carre\u00f1o en calidad de \u00abrepresentante legal\u00bb de la mencionada copropiedad en abril de 2020 y, los efectos de sus inasistencia a la Asamblea de la misma anualidad, as\u00ed como de la declaratoria de nulidad de sus \u00abactuaciones\u00bb y, c) Del relato que bajo la gravedad del juramento hizo la nueva administradora (Alison Eliane Calder\u00f3n Olaya) frente a los hechos acaecidos con posterioridad al acta 001 del 02 de octubre de 2019 y, de tal manera, tambi\u00e9n, desconoci\u00f3 que lo pretendido por el demandante solamente versaba sobre la declaratoria de invalidez de la convocatoria y la referida acta. <\/p>\n
Sin embargo, se encuentra acreditado que dicha resoluci\u00f3n qued\u00f3 en firme, toda vez que no fue objeto de \u00absolicitud de adici\u00f3n\u00bb a pesar que contra ella era procedente en consonancia con el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abCuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la Litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la quejosa tuvo la oportunidad de exponer ante la autoridad criticada la inconformidad que ahora plantea en este sendero especial\u00edsimo, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 fenecer la posibilidad para hacer uso de la figura de la \u00abadici\u00f3n\u00bb, y requerir el an\u00e1lisis de los supuestos f\u00e1cticos acaecidos con posterioridad a la Asamblea rebatida, que en su entender, llevaba a concluir que no era viable restar valor a las providencias \u00abadoptadas por el consejo de administraci\u00f3n a partir del 2 de octubre de 2019 en adelante\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias de su omisi\u00f3n por haber desaprovechado esa herramienta. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que <\/p>\n
(…) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) STC6663-2018, citada en STC6916-2020. <\/p>\n
Ello, en virtud a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020). <\/p>\n
2.- Ergo, surge claro el fracaso de la guarda suplicada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por el Conjunto Residencial Cerrado Samarkanda, Magda Karina Nieto, Carlos Julio Qui\u00f1onez y Sandra Lugo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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